El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, reiteró la necesidad una nueva normatividad que prohíba determinado tipo de donaciones o aportes para las campañas electorales, tras las declaraciones brindada por Marcelo Odebrecht de haber financiado a Keiko Fujimori.

 

Además, recalcó que el Ministerio Público y el Poder Judicial deben realizar investigaciones a fondo sobre este y otros casos, con absoluta independencia, imparcialidad y equidad.

 

“La reciente confirmación acerca de lo declarado por el Sr. Marcelo Odebrecht en Brasil, dando cuenta de los aportes que su empresa hizo también a la Sra. Keiko Fujimori durante la campaña del 2011, no dejan lugar a dudas respecto a las acciones que le corresponde adoptar al Ministerio Público,  para investigar a fondo estos hechos y obrar en consecuencia con los resultados que de allí se deriven”, dijo en la última edición de La Voz de Proética.

 

Precisó que, como ocurre también en el caso del ex presidente Ollanta Humala, se trata de asuntos que no los involucran en calidad de autoridades o funcionarios, sino como candidatos en un proceso electoral, por no haber declarado y rendido cuentas respecto a las importantes sumas de dinero provenientes de la denominada ‘Caja 2’ de la empresa Odebrecht, que usaba para actividades ilícitas, según el testimonio del máximo directivo de esta compañía.

 

“Nos encontramos entonces ante situaciones muy parecidas, que merecen sin duda un procesamiento riguroso por parte de las autoridades jurisdiccionales, a fin de establecer si, en efecto, hubo o no delito”, agregó.

 

Ambas situaciones, agregó, se distinguen de las que comprenden a otras personas involucradas en el escándalo Lava Jato, como el ex presidente Alejandro Toledo, a quienes se imputa haber recibido sobornos cuando ejercían cargo de la más alta autoridad en el Estado. Conductas de esta naturaleza, hace mucho que se encuentran tipificadas como graves delitos de corrupción, por lo que solamente se trata de una cuestión de probanza para que se se tengan que aplicar las penas correspondientes.

 

“En el caso de los aportes para campaña en cambio, no hay legislación que los prohibía,  ni conductas claramente tipificadas como delito, por no declararlos debidamente, y es esa la razón por la que el Ministerio Público recurre a otras figuras delictivas como el lavado de activos, que exigen la concurrencia de otros elementos para que puedan quedar acreditados ”, indicó.

 

Por ello, manifestó es evidente la necesidad de que el Congreso de la República legisle, para impedir que el dinero sucio continúe entrando en las campañas políticas.

 

“Aquí se trata de poner límites claros, para que todos estemos advertidos  y protegidos contra la economía ilegal en la política”, finalizó.