La cochera que funcionaba como paradero donde se incendió el bus de la empresa Sajy el domingo pasado había sido clausurada un mes atrás por la Municipalidad de San Martín de Porres, debido a que no tenía licencia para operar dando este servicio, según los reportes periodísticos. Los buses de Sajy salían de ese lugar porque poco antes, a inicios de febrero, el municipio había encontrado que el terminal formal que usaban solo tenía licencia para una empresa, no para las 60 que lo utilizaban. Y, sin embargo, luego de los dos inconvenientes, los buses siguieron saliendo y llegando.
Se puede hacer una tipología tentativa de las relaciones entre informalidad y corrupción. Un primer tipo ocurre porque las actividades empresariales informales requieren romper algunas manos de funcionarios fiscalizadores para que sus ojos se hagan de la vista gorda, permitiéndoles reproducirse sin mayores contratiempos. Un ejemplo de manual es el conductor de la chatarra sobre ruedas que soborna a un policía para que pase por alto que no tiene la revisión técnica. La ineptitud o la escasez de recursos son una buena justificación de los órganos supervisores para ocultar la corrupción. Podría ser que estuviéramos ante este tipo de relación en el caso de los terminales informales.
En una segunda forma de la relación, la informalidad es una oportunidad para obtener proactivamente rentas ilegales por parte de funcionarios públicos. Era lo que ocurrió con la gestión del ex alcalde de La Victoria, Elías Cuba, que habría organizado un sistema de cobro de cupos a los ambulantes de Gamarra y otras zonas comerciales del distrito para permitirles vender sus productos. Es una relación inversa con respecto de la primera.
Hay un nivel más avanzado de relación, en el cual se complejizan las actividades y escalan hasta un punto en que informalidad y corrupción se vuelven indistinguibles. Es lo que pasaba con los alcaldes de Punta Negra, Santa Rosa y Tacna, entre otros, capturados en distintos “mega-operativos”, sospechosos de pertenecer a organizaciones criminales de tráfico de terrenos o liderarlas desde sus respectivos municipios.
Frente a las 17 muertes en el bus Sajy, las medidas reactivas son necesarias, pero insuficientes. En el mejor escenario, se podrá esclarecer responsabilidades y corregir deficiencias específicas: la empresa perderá su licencia, se clausurará el local, alguien irá a la cárcel y posiblemente se llegue a determinar qué órgano fiscalizador falló y por qué (si es que hubo corrupción) y se le sancione.
Sin embargo, el problema es claramente mayor. Se ha señalado de forma recurrente que ante la informalidad todos tenemos alguna responsabilidad. Solo como ejemplo, los datos de la última edición de la encuesta nacional sobre corrupción de Proética (setiembre 2017), recogen el nivel de tolerancia a conductas corruptas y transgresoras, una de las cuales es el “pirateo” de servicios, como electricidad, agua, TV cable e internet. Entre aquellas personas que toleraban abiertamente esa conducta y quienes respondían con una actitud ambigua, se agrupaba un sólido 72% de peruanos y peruanas.
El gobierno del presidente Martín Vizcarra está realizando un esfuerzo muy saludable por fortalecer la institucionalidad del país que, por ahora, está concentrado en el sistema de justicia y en la política. Esta nueva tragedia podría moverlo a pensar también en las actividades económicas informales, empezando por el transporte interprovincial. Pero, además, debiera servir para recordar que este impulso institucionalista no puede quedarse en la necesaria y, sin duda, complicada aprobación de reformas, sino que debe ir considerando la fase crucial de la implementación y el ambiente social en el que se van a tener que desplegar estas normas; un ambiente cruzado por la tolerancia a la corrupción y la prevalencia de relaciones informales.
Fecha de publicación: 02/04/19