La suspensión del fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, por parte de la Autoridad de Control del Ministerio Público, no sólo desconoce los estándares internacionales de libertad de expresión de magistrados, sino que desestabiliza los esfuerzos para identificar responsabilidades y sancionar el más grande esquema de corrupción de las últimas décadas, el cual involucra a expresidentes, líderes políticos y grandes empresas. Además, Vela coordina las fiscalías de lavado de activos, las cuales investigan una larga lista de autoridades en ejercicio.
Las dilaciones, errores estratégicos y excesos del Equipo Especial deben valorarse y corregirse según criterios técnicos; no manipularse para garantizarle impunidad a los procesados removiendo fiscales incómodos atropellando la institucionalidad.
Además de Vela, también fue suspendido el procurador general del Estado, Daniel Soria, por decisión del Ministerio de Justicia, quien venía impulsando investigaciones a altas autoridades en ejercicio, incluyendo casos de este gobierno, reeditándose una arbitrariedad similar a la realizada por el expresidente Pedro Castillo y su primer ministro Aníbal Torres cuando su despacho promovió investigaciones por corrupción en contra de aquel.
Estas decisiones se suman a una serie de ataques a los avances sostenidos en la dimensión punitiva de la lucha contra la corrupción, como los intentos aún en curso por inutilizar la colaboración eficaz y la extinción de dominio, así como la amenaza vigente contra la Junta Nacional de Justicia.
Organismos y autoridades competentes deben respetar la institucionalidad vigente y la ciudadanía debiera mantenerse alerta para defender el Estado de derecho en nuestro país.
Lima, 26 de noviembre de 2023