No hay nada más fácil para una autoridad elegida que decir que va a luchar contra la corrupción. Lo hacen en campaña cada vez que pueden y lo repiten al asumir el poder. Muchas veces insisten en ello cuando es claro que no lo están haciendo. Y es que llevar ese discurso a la práctica debe ser uno de los fenómenos más excepcionales en la gestión pública.

¿Cómo saber si el presidente de la República tiene voluntad de convertir sus palabras en acciones concretas?

Hay varias cosas que puede hacer para demostrarlo: fortalecer las entidades autónomas de investigación y sanción, en coordinación con los respectivos titulares; no debe intervenir en ninguna investigación, especialmente las consideradas emblemáticas; tomar en cuenta las evaluaciones de los organismos externos sobre el cumplimiento de las convenciones suscritas por el país, entre otras.

Pero hay una señal clave y concreta adicional a la que se le puede y debe prestar atención: ver con qué funcionarios y funcionarias cuenta en los cargos públicos que encabezan oficinas que tienen competencias directas o indirectas para prevenir o combatir la corrupción.

En Proética hemos identificado un grupo de cargos dentro del propio Poder Ejecutivo; es decir, cuya designación, continuidad o remoción dependen directamente de la firma del Presidente de la República y sus ministros de Estado. Nos parece importante mantener a la ciudadanía informada al respecto y estar alertas de cambios que pueden poner en riesgo la ruta, aún larga y difícil, de fortalecer una institucionalidad de ética pública en el Estado peruano.

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Denuncias a altos funcionarios por infringir el código de ética de la función pública