Martín Vizcarra llegó al poder en medio de dos escándalos: las acusaciones contra el entonces presidente Kuczynski por el uso “poco diligente” de sus empresas en sus pasados negocios con Odebrecht y el destape de los “Mamani-audios”, que evidenciaron la compra de votos de congresistas de oposición para salvar al todavía presidente de la vacancia y que terminaría forzándolo a renunciar. Además, desde la publicación de la confesión de Odebrecht ante la justicia norteamericana en diciembre de 2016, el caso Lava Jato ya llevaba más de un año salpicando a líderes de todo el espectro político.
Era necesario que el nuevo presidente pusiera el tema en un lugar prioritario dentro de su plan de acción. “Los graves acontecimientos que se han conocido ameritan que cualquier irregularidad cometida sea penada como corresponde. Estamos comprometidos a desmontar todo esquema corrupto que funcione en cualquier área del Estado”, dijo Vizcarra al asumir el mandato constitucional que le correspondía, reconociendo la gravedad del problema.
Posteriormente, el primer ministro, César Villanueva, al solicitar el voto de confianza del Congreso, propuso nueve medidas, de las cuales el gobierno ha cumplido siete, tal como se puede apreciar en el material gráfico que acompaña esta columna. Los compromisos cumplidos, como establecer la obligatoriedad de que altas autoridades del Ejecutivo presenten su declaración de interés o incorporar el delito de corrupción en el sector privado, por ejemplo, son importantes; sin embargo, son claramente insuficientes. Al respecto, basta con recordar que la Comisión Presidencial de Integridad (diciembre, 2016) recomendó 100 medidas para enfrentar la corrupción.
El escándalo de los “CNM-audios”, a pocas semanas de las fiestas patrias, obligó al gobierno a convocar a una comisión de expertos que elaboró propuestas de reforma judicial, que alimentaron el discurso por 28 de julio y que fueron entregadas al Congreso, bajo la forma de siete proyectos de ley. Solo se ha aprobado el que crea la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del CNM, el cual había sido sometido al referéndum junto con tres propuestas más que buscaban reformar el sistema político: el retorno a las dos cámaras parlamentarias, la prohibición de reelección de congresistas y el financiamiento de partidos políticos.
En gran parte del periodo, las investigaciones fiscales del caso Lava Jato también contribuyeron a remecer el escenario político con destapes y detenciones. El gobierno, tal vez fortalecido por el apoyo ciudadano, decidió apoyar la autonomía del equipo especial que se veía hostilizado desde la propia cabeza de la Fiscalía de la Nación.
Lo pendiente
Si bien el balance resulta positivo, hay grandes retos por delante y conviene señalar algunos. En cuanto a lo más urgente, aún deben aprobarse en el congreso seis proyectos sobre la reforma de justicia, algunos cruciales, como los referidos a los órganos de control de jueces y fiscales. Suponiendo que se superan los contrabandos y trampas y se aprueban sin desnaturalizarse, el siguiente gran reto será pasar a la implementación de las nuevas regulaciones.
También en este horizonte de urgencia se ubican, o deberían ubicarse, los proyectos de reforma política contenidos en el informe de la comisión Tuesta, entregado a inicios de marzo al presidente Vizcarra. Al respecto, convendría que el presidente y su primer ministro definan una postura clara y osada al respecto. Los cambios de fondo que necesita el sistema político son clamorosos.
Lejos del interés público van pasando varios temas. Señalo, para terminar, solo uno: el postergado fortalecimiento de la autoridad de transparencia, creada a inicios de 2017 con limitaciones que le impiden desplegar las acciones que deberían corresponderle como garante efectivo del derecho a acceder a la información pública.
Fecha de publicación: 26/03/19