Por Samuel Rotta
Director Ejecutivo de Proética
Capítulo Peruano de Transparencia Internacional
El Gobierno debe observar la autógrafa de ley que modifica el proceso de colaboración eficaz
El Congreso de la República ha aprobado una modificación al procedimiento de colaboración eficaz que, en la práctica, desvanecería su utilidad. Este instrumento legal ha sido una de las bases sobre las cuales se han elaborado y aplicado estrategias de investigación fiscal en casos de gran corrupción desde hace más de dos décadas.
Es importante recordar que la adopción de la colaboración eficaz se llevó a cabo en el marco de la lucha contra la organización criminal liderada por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, cuyos resultados reflejan su efectividad. Actualmente, viene siendo utilizada en distintos casos de alto interés público, en los cuales están involucrados líderes políticos de variada orientación ideológica, altos funcionarios y ex altos funcionarios, así como empresarios.
La decisión que tomó el Congreso a la medianoche, en el último día de la legislatura, va en contra de la opinión técnica de expertos independientes e instituciones especializadas, quienes han advertido que el cambio terminará desarmando este instrumento al establecer plazos inmanejables y prohibiciones que atarían de manos a los fiscales. Para ponerlo en sencillo: se les quitará a estos una herramienta efectiva y se les dará un martillo de juguete o un serrucho sin filo.
Como consecuencia, se pondrá en riesgo los delicados procesos de negociación en curso. Al respecto, la procuradora ad hoc del caso “Lava Jato” ha informado que hay 54 procesos de este tipo en este caso emblemático. Asimismo, se obstaculizará delaciones en los escándalos que vienen saliendo a la luz pública de forma recurrente. En un país donde la corrupción, en especial la que involucra a altas autoridades, es sistémica y estructural, el costo de esto será enorme.
Pero más allá de los procesos en sí mismos, este cambio también dará una señal muy perturbadora en el escenario internacional, en particular frente al proceso de adhesión de nuestro país a la OECD. Sin duda, el comité encargado de estudiar nuestras condiciones de gobernanza pública valorará este episodio de forma negativa y se generará una alerta muy seria al respecto.
Por todo ello, el Gobierno, haciendo uso de sus facultades constitucionales y tan pronto como sea posible, debe proceder a observar la autógrafa y detener esta seria amenaza sobre la dimensión punitiva de la lucha contra la corrupción. Asimismo, la Fiscalía de la Nación debiera manifestar su rechazo de manera categórica y sin ambigüedades a este grosero ataque a sus competencias.
Miércoles, 28 de junio de 2023.