Redes de pesca y redes de influencia: Produce debe aprovechar la oportunidad para adoptar reformas de fondo contra la corrupción

La conversación del congresista Roberto Vieira con un primo suyo, dedicado al negocio pesquero, publicada por Panorama la noche del domingo, en la cual el parlamentario le pide miles de dólares al empresario para ayudarlo a solucionar un problema administrativo en el Ministerio de Producción, ofrece sobradas evidencias para que el Congreso de la República y la Fiscalía de la Nación inicien en contra de Vieira, como ya lo han hecho de forma oportuna, investigaciones por haber incurrido en delitos contra la administración pública que deberían conllevar a un levantamiento de la inmunidad e, incluso, al desafuero.

Sería un error, sin embargo, que las investigaciones se limitasen a identificar y definir la responsabilidad individual de Vieira. Es fundamental determinar si el parlamentario, que tiene una larga actividad en el sector pesquero, pudo haber llegado a tejer redes de influencia dentro de algunas de las oficinas que regulan y supervisan ese sector, y determinar si el ofrecimiento registrado respondía a una mera fanfarronada o a un servicio prácticamente garantizado, pues el contenido del diálogo podría sugerir esto último. Y si así fuera, cabrían preguntas sobre la extensión, vigencia y construcción de esa red que deben hacerse, incluyendo el rol de Vieira en el tejido de la misma, pero también sobre la participación de otras autoridades y funcionarios del sector.

En ese esfuerzo, convendría no pasar por alto que, durante los primeros meses en su curul, el legislador presentó un proyecto de ley para cambiar los requisitos para ser jefe del Instituto del Mar Peruano (IMARPE). Una propuesta con la que, en principio, nadie podría estar en desacuerdo: que el presidente de esta institución ya no sea un almirante retirado, sino “un profesional investigador en áreas afines a las actividades del IMARPE”, pero que, a la luz de los intereses subalternos que parecieran gobernar las acciones de Vieira, termina siendo profundamente sospechosa.

Con respecto al caso específico, han sido saludables las primeras reacciones de la ministra de Produce, Rocío Barrios aclarando la naturaleza de la reunión sostenida el viernes pasado con el congresista, anunciando investigaciones internas e invitando a los administrados a denunciar casos en los que se hayan visto expuestos a funcionarios corruptos. Pero la experiencia muestra que en situaciones agravadas de corrupción, tomar medidas que busquen resolver un hecho puntual generalmente resulta insuficiente.

En un estudio exploratorio preliminar realizado por nuestra institución el año pasado sobre la vinculación entre pesca ilegal y corrupción, encontramos riesgos que pueden facilitar que se cometan actos de corrupción en distintos niveles y de distinto tipo. Entre estos riesgos, los menos sorprendentes son la falta de transparencia sobre información de la actividad pesquera, la insuficiencia de los controles tanto internos como externos sobre la gestión y la trazabilidad, así como la poca capacidad de disuasión de las sanciones, que favorece las reincidencias. Un mapeo de riesgos de corrupción más exhaustivo debería brindar un panorama más certero de la situación a enfrentar.

Las recomendaciones que correspondería implementar en seguimiento contemplan, entre varias otras, poner en marcha una plataforma de transparencia en formato abierto con información de la actividad industrial bajo control del gobierno, como, por ejemplo, la gestión de las capturas, desembarques o las mediciones biológicas, lo cual, además del control de actores externos, como periodistas de investigación o activistas medioambientales, incentivaría la producción científica independiente. También sería recomendable contar con un registro público de las licencias canceladas, particularmente de aquellos patrones de la pesca que incurrieran en actividades de pesca ilegal.

A lo que se debe apuntar es a una revisión y adaptación rigurosa del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción al 2021, que es el documento que debería estar en la cabecera de todo ministro y toda ministra para prevenir que los Vieiras arrojen sus redes en las aguas de sus carteras.

Fecha de publicación: 20/03/19

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