En Perú, el camino a la igualdad de género pasa por la policía

(Por New York Times) Kelly Ccanto aún no entiende por qué su hija decidió matricularse en la escuela de policía. Ningún pariente suyo trabajaba para las fuerzas del orden. Tampoco recuerda que de niña le atrajera vestir el uniforme de la Policía Nacional del Perú (PNP). Pero ya no puede indagar en la vocación de su hija: Sara Victoria Rocha Ccanto es una de las peruanas que han perdido la vida cumpliendo su deber en la policía. Un domingo de marzo de 2016, mientras estaba en comisión, la suboficial de 26 años fue embestida por un conductor ebrio.

Rocha Ccanto estaba asignada a la Dirección de Control de Tránsito en la zona sur de Lima y, junto con sus colegas mujeres, formaba parte de uno de los rostros más visibles del avance de género en el país. En Perú, el 18,7 por ciento de toda la policía nacional está formada por mujeres, una proporción que supera a muchos países del continente: en Estados Unidos, por ejemplo, al igual que en Ecuador, solo un 12 por ciento de los oficiales de policía son mujeres; en Bolivia apenas una de cada 10; en Colombia representan solo el 9 por ciento de la fuerza policial. Dos veces al año, más de tres mil jóvenes peruanas solteras de entre 18 y 24 años postulan a la escuela de suboficiales de San Bartolo, la única que hoy admite mujeres en el país.

Hay incentivos concretos que hacen más atractiva la vocación policial. En su despacho, la comandante Rosa Yuli Hidalgo, primera mujer que dirige esta escuela fundada en 1969, explica: “A veces uno estudia cinco, seis años en la universidad y no encuentra trabajo. En la Policía te internas tres años y sales con un sueldo fijo”.

Una suboficial recién egresada gana más de 3000 soles (921 dólares). Bastante para un país donde el salario mínimo ronda los 260 dólares, y los profesores de colegio consiguieron el año pasado que les aumentaran el salario a unos 600 dólares.

Evelyn Quintana, una de las nueve agentes reconocidas por su trabajo el sábado 3 de marzo en una ceremonia por el Día de la Mujer, tiene 15 años de servicio y reconoce que no tenía planes de postular a la policía. “Yo vendía ropa en un mercado”, dice. Cuando su papá se quedó sin trabajo, una amiga la convenció de reunir el dinero suficiente para presentarse a la escuela de suboficiales.

La paga podría compensar el peligro de la profesión, pero no el desprestigio: el 76,9 por ciento de los peruanos considera que la policía nacional no es una institución confiable. Pero esta percepción es diferenciada: una encuesta realizada por Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional, encontró en 2012 que, aunque el 66 por ciento de los peruanos consideraba que los policías varones son corruptos, solo el 19 por ciento creía que sus contrapartes femeninas lo eran.

Esta percepción favorable tiene un efecto perverso, explica Sabrina Karim, profesora adjunta de gobierno en la Universidad de Cornell. Durante su estancia como becaria Fulbright en Lima, a Karim le intrigaba ver a tantas mujeres dirigiendo el tráfico en las caóticas calles de la capital. Así que en 2010 entrevistó a más de cuatrocientas policías peruanas y observó que esta política de integración era muy visible y ventajosa para el gobierno pero tenía un efecto negativo: “A las mujeres se les pide limpiar una situación que ellas no necesariamente crearon y también se las encasilla en una posición de la cual no siempre pueden ascender o acceder a otras divisiones”.

La académica encontró que la división de tránsito parecía ser una especie de trampa: el 81 por ciento de la carrera promedio de una mujer policía se daba dirigiendo el tránsito. La comandante Hidalgo, que pasó casi una década en esa división, coincide en que se trata de la labor más sacrificada de la PNP: los horarios son peores y se está expuesto al tráfico, a accidentes y a la contaminación.

Las policías de tránsito peruanas llamaron la atención del mundo por primera vez en 1998, cuando el gobierno de Alberto Fujimori anunció que para el fin del milenio toda la fuerza de tránsito de Lima sería femenina. La medida iba en parte impulsada por distintos estudios del Banco Mundial, que sugerían que la paridad de género en las instituciones públicas ayuda a disminuir la corrupción. Perú había sido pionero en América Latina en integrar mujeres a la fuerza policial: sucedió en 1955, un año después de logrado el voto femenino, el mismo año que la policía de Sao Paulo admitió mujeres en sus filas.

El informe que la profesora Karim publicó sobre sus hallazgos en 2011 indicaba que la feminización de la policía de tránsito peruana había logrado transformar a las fuerzas del orden público. Para entonces, de los 2500 policías de tránsito de Lima, el 93,3 por ciento eran mujeres. Pero aún no había generalas ni coronelas. Recién en 2017 dos mujeres ascendieron al máximo grado del escalafón.

Una de ellas, la generala Jacqueline Hinostroza, reconoce que la transparencia fue una de las razones que impulsaron la fuerza de tránsito femenina. “La mujer está más asociada con los valores, la honestidad. Si tiene que poner una papeleta es inflexible”, dice.

Hinostroza, hija de un policía retirado, es neurocirujana y asegura que el escalafón de la policía permite que hombres y mujeres asciendan con igualdad en la organización: “En esta meritocracia la mujer puede posicionarse bien con trabajo, empeño, tenacidad”.

En Perú, la buena imagen de las uniformadas trasciende a las encuestas de opinión. En los años noventa, La guardia Serafina fue la primera teleserie protagonizada por una mujer y mostraba las aventuras cómicas de una agente de tránsito. En 2008 se estrenó Fuerza Fénix, una telenovela sobre cuatro policías motorizadas de la capital. Y en la vida real las oficiales de tránsito también ocupan la pantalla: durante las inundaciones de 2017 se viralizó el video de una policía cantando un arreglo de “Despacito“ con una letra para animar a la población luego del desastre.

En fiestas patrias, un grupo de policías del escuadrón Fénix realizaba acrobacias en motocicleta, paseaba a los niños alrededor de la Plaza de Armas y se tomaba selfies con los asistentes. A fines del año pasado, una suboficial de la PNP recibió un saludo oficial en el pleno del Congreso luego de haber resultado ganadora en el certamen de belleza Miss Sudamérica.

Lejos de los reflectores, más de veintitrés mil mujeres peruanas llevan el uniforme kaki y verde y se encargan de tareas con menos exposición pública pero más diversas. En la ceremonia de premiación a la Mejor Mujer Policía 2018, las ganadoras se distinguieron por rescatar a ancianas y bebés atrapados en inundaciones y tormentas de granizo, infiltrarse en organizaciones de minería ilegal y trata de personas, resolver homicidios y organizar redes comunitarias de informantes, patrullas vecinales y talleres para niños y jóvenes. Ninguna de las ganadoras forma parte de la unidad de tránsito.

Mujeres derribando puertas

Aunque quejarse de tener el peor tráfico del mundo parezca un deporte latinoamericano, en Lima hay razones de sobra para aspirar al campeonato. “No hay noción, interés, ni política de planificación del transporte en el país. Tampoco hay gestión vial, importante para administrar el flujo de los vehículos, peatones, metro, buses”, explica Mariana Alegre, experta en urbanismo y coordinadora general del Observatorio Lima Cómo Vamos. El observatorio encontró en 2016 que el 10 por ciento de los habitantes de Lima sufre un accidente de tránsito cada año y el 24 por ciento es víctima de algún tipo de maltrato en el transporte público.

Esta violencia se traslada a las policías encargadas de ordenar el caos vial. En el mismo país donde el 58 por ciento de los peruanos y el 45 por ciento de las peruanas opina que las esposas están obligadas a obedecer a sus maridos, una cuarta parte de la policía de tránsito son mujeres. Esa cultura machista se traduce en maltrato hacia ellas. “Sienten que es más fácil atacar a una mujer que un hombre. De la mano va este buen estereotipo de que a la mujer no se le puede corromper. Entonces está el machismo y la moralidad: como no la puedes coimear le metes el carro”, explica Alegre.

Youtube almacena una creciente videoteca de estos incidentes. Uno de los últimos abusos se hizo viral luego de que una conductora publicase en su muro de Facebook el momento en que una mujer intentó atropellar, dos veces, a una policía. La conductora solo recibió una multa de 486 soles (150 dólares).

En 2017, más de 400 policías se retiraron por asuntos disciplinarios y el Ministerio Público detuvo a 69 policías involucrados en organizaciones delictivas. Al preguntarle al entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío, si habían detenido a alguna policía mujer en esos operativos contra el crimen, dijo que no lo recordaba. (Desde su oficina confirmaron después que hubo 2 mujeres detenidas). Pero Basombrío —que renunció al ministerio en enero de 2018— sí recordaba que en esas operaciones había “algunas mujeres derribando puertas y logrando arrestos” a la par que sus colegas hombres.

Rosa Hidalgo, la comandante que dirige la escuela de San Bartolo, también tiene esas imágenes en la cabeza: “Ahora hay mujeres en el Grupo Terna [una unidad de élite de la PNP] que rompen puertas, se les ve más fuertes. Son más determinantes. Estamos en iguales condiciones que ellos”. Hidalgo se graduó como suboficial en San Bartolo en los años ochenta y también forma parte de la primera generación de oficiales de armas que graduó hombres y mujeres en 1996. Antes sirvió casi una década en tránsito y en tareas femeninas. “A lo mucho nos mandaban a comisarías de mujeres, a ver casos de mujeres o a trabajar con menores, como si no pudiéramos con más”, recuerda.

En 2008, la entonces ministra del Interior promovió a Hidalgo junto con otras tres colegas para ser las primeras comisarias del país. La oficial acababa de dar a luz, pero sabía que no podía rechazar la orden ni perder la oportunidad. “Tenía que traer a mi hijito para darle de lactar mientras trabajaba. En comisaría no hay hora de entrada ni de salida”, relata.

Si ser mujer policía en Perú sigue siendo un trabajo excepcional, los más grandes desafíos que enfrentan son comunes a los de todas las mujeres que trabajan, sin importar su rango. La suboficial Evelyn Quintana, que fue premiada como una de las mejores policías y ha servido en la dirección de tránsito, en atención a víctimas de violencia familiar y en comunidades remotas de provincia, dice que lo más difícil de ser policía es robarle tiempo a sus tres hijos; la menor no ha cumplido dos años. La generala Jacqueline Hinostroza, una neurocirujana destacada quien, desde que administra todo el sistema nacional de salud de la policía, no ha vuelto al quirófano, reflexiona: “Si tuviera cinco horas libres ahora, no haría una cirugía, iría a ver a mi hijo”.

Tal vez el impacto más duradero de la participación policial femenina no será —por ahora— en los índices de criminalidad, corrupción ni percepción sobre la inseguridad ciudadana. “Representamos a las madres de familia, a las adolescentes y jóvenes que están buscando una identidad, un prototipo en quien confiar”, dice la suboficial Evelyn Quintana.

Rodeada por más de cien alumnas uniformadas de la escuela de suboficiales de San Bartolo y por los altos mandos de la PNP, en el cementerio policial donde hace dos años enterró a su hija, Kelly Ccanto hace una pausa al recordarla. “No sé de dónde le nació querer ser policía”, dice, ocultando los ojos detrás de un par de lentes oscuros. Antes de Sara Victoria Rocha Ccanto nadie en su familia había pertenecido a la policía. Desde que ella murió, uno de sus primos postuló a la PNP, inspirado por el ejemplo de Sara. Tal vez no será el único. Su sobrina Camila, de 10 años, también quiere ser policía.

8/03/2018

Transparency International pide más acción en el caso Lava Jato

(Comunicado Transparency International). Transparency International (TI), la organización de la sociedad civil líder en la lucha en contra de la corrupción a nivel global, pide más acción en las investigaciones del caso Lava Jato.

Si bien advertimos una tendencia hacia la ruptura de la impunidad en la región a partir del caso Lava Jato, que ha impactado en 12 países de América Latina y África; notamos un estancamiento excesivo en el avance de las investigaciones en ciertos países.

En Panamá, las investigaciones están paralizadas por la inacción del poder judicial alegando tecnicismos; en México, hay plena conciencia de que el caso es un delito confeso, pero los nulos resultados de las investigaciones, han dado pie a cuestionar la independencia de la Procuraduría para actuar en este tema; en Venezuela, donde no existe Fiscal General, no hay ninguna investigación, pese a que es el país donde más contratos tuvo Odebrecht; y en Argentina,  se observan pocos avances producto de las demoras injustificadas en las actuaciones judiciales y la agudización de las injerencias del poder político.

Ante este lamentable panorama, planteamos a las autoridades nacionales de los países latinoamericanos lo siguiente:

  • Exhortamos a las autoridades centrales y ministerios públicos de la región a impulsar las investigaciones del caso Lava Jato sobreponiéndose a obstáculos formales y con un renovado impulso para avanzar en las investigaciones anticorrupción y acentuar los niveles de cooperación internacional.
  • Exigimos a los operadores judiciales observar el debido proceso legal y no utilizar tecnicismos legales, como pretexto para desestimar casos y favorecer la impunidad.
  •  Con ocasión de la Cumbre de las Américas, a realizarse en Lima, Perú en abril de este año, las autoridades responsables de las investigaciones de Lava Jato en la región deben reunirse para realizar una evaluación del estado de la situación y coordinar esfuerzos que permitan definir una estrategia articulada que culmine en una eficaz acción contra la corrupción.

7/03/18

Una UIF maniatada

 

Por Walter Albán. Tuvieron que pasar más de nueve años para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pudiera contar finalmente con las atribuciones con las que debió nacer una entidad como ésta, dedicada a investigar las actividades ilícitas que configuran el lavado de activos y que, año a año, siguen creciendo en el Perú de manera alarmante. Tales medidas son: acceso a la información bancaria y tributaria.

Pero las condiciones en las que el actual Congreso de la República aprobó estas atribuciones, que posibilitaron al Poder Ejecutivo promulgar el Decreto Legislativo 1249, de noviembre del año 2016, distan mucho de calificar como las herramientas idóneas con las que debería actuar una agencia como la UIF. En efecto, lo primero que debemos tener presente es que se mantiene el procedimiento de acceder a esa información sólo a través de una autorización judicial. Además, el pedido al Juez no puede ser de carácter general, sino limitado al caso que, en concreto, se encuentre en investigación en ese momento.

Esta última y seria restricción, implica que la UIF esté en la práctica imposibilitada de hacer estudios e investigaciones de una dimensión más amplia, lo que la priva de una mirada estratégica para su operación regular. Resta entonces presionar al Congreso para un real fortalecimiento de esta institución y, dado que uno de los pretextos para mantener el trámite judicial, fue que de otra manera se hubiera requerido una modificación constitucional, bien haríamos en exigirla, porque tal modificación no puede constituir un obstáculo insalvable, como ha quedado demostrado con la reciente y debatible reforma sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

Lo que tampoco podemos dejar de lado sin embargo, es que la tarea será difícil. Recordemos que el actual Congreso, como los anteriores, tampoco quiso en un primer momento al menos, aprobar estas facultades limitadas para la UIF. Fue la presión ciudadana y de medios, lo que dio pie a la delegación otorgada al Ejecutivo, pero con los límites señalados y negándose también la posibilidad de que la información obtenida pudiera ser compartida con los organismos electorales.

Un Congreso en el que casi el 90% de sus miembros continúa resistiéndose a declarar sobre posibles conflictos de intereses, no puede dejar de encontrarse bajo sospecha, y sobran ejemplos de quienes al interior del mismo, debieran estar haciendo frente a procesos judiciales por delitos graves. Hasta el momento ellos han burlado estas responsabilidades amparándose en la nefasta inmunidad parlamentaria, cuya vigencia tendrá que ser evaluada, más temprano que tarde, por el bien del país y la ciudadanía.

 

  • Fecha de publicación: 07/03/2018
  • Foto: pergaminoverdad.com.ar

Dinero de corrupción investigado por lavado suma US$ 1,118 mlls. en tres años

(Por Marco Alva Pino/Gestión). Los escándalos de corrupción que recientemente han sacudido al país muestran que todavía hay mucho por hacer para terminar con ese difícil problema.

Pero, además, los últimos datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la SBS, indican que la corrupción se ha convertido en la principal fuente de origen del dinero sucio investigado por lavado.

Así, en sus Informes de Inteligencia Financiera (IIF) del 2017 la UIF identificó que US$ 141 millones bajo sospecha de blanqueo de dinero provienen de delitos contra la administración pública, es decir, de la corrupción de funcionarios y el enriquecimiento ilícito. Ese monto se incrementa hasta los US$ 1,118 millones cuando se suman los tres últimos años.

Los IIF son documentos confidenciales mediante los cuales la UIF transmite al Ministerio Público información que presume que está vinculada a actividades de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

“Estoy seguro que en realidad los montos son aún mucho mayores considerando toda la corrupción que tenemos hoy en día”, estimó Carlos Hamann, experto de Hamann Albrecht Abogados Consultores.

Las obras públicas y compras del Estado son aprovechadas por algunas empresas para entregar coimas a funcionarios públicos a cambio de ser favorecidos en licitaciones. Hoy el Ministerio Público viene investigando a un grupo de compañías constructoras que son acusadas de corrupción bajo esquemas similares.

La defraudación tributaria es otro de los delitos precedente del lavado que más estaría creciendo. En los tres últimos años los montos de los IIF vinculados a este ilícito sumaron US$ 468 millones, de los cuales US$ 227 millones corresponden al 2017. “La defraudación tributaria proviene bien de la gran informalidad que existe en el país o de la evasión tributaria de empresas formales”, explicó Hamann.

Tipología

En el 2017 el sistema financiero fue el preferido por los lavadores de dinero sucio. Según los IIF fueron US$ 292 millones los investigados por blanqueo a través de fondos ilícitos o no justificados, los cuales se canalizaron con productos o instrumentos financieros y/o de inversión.

En cuanto a las visitas preventivas y de supervisión, en los últimos 12 meses la UIF ha puesto mayor foco el sector construcción e inmobiliario. Esas empresas representan el 43% de tales visitas.

(05/03/18)

Al menos, 19 supervisoras y 30 estudios de abogados en el radar de comisión Lava Jato

(Por Carlos Hinostroza Sánchez/Gestión).  La comisión Lava Jato no solo investiga a los funcionarios que recibieron presuntos sobornos de las empresas brasileñas para adjudicarse obras públicas, sino también analiza el aparato legal que se creó para beneficiar a estas constructoras.

Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) consideró que en este aparato jugaron un rol fundamental dos actores: los estudios de abogados, que asesoraron a las firmas brasileñas, y las empresas encargadas de supervisar las obras.

En lista de espera
El legislador confirmó que la comisión Lava Jato, hasta el momento, tiene en el radar a 19 empresas supervisoras y 30 estudios de abogados (ver tabla).

“No sé si estarán incluidas como investigadas después, por eso estamos invitando a una serie de personas para que nos puedan explicar sus vinculaciones”, dijo a Gestión.
En tanto, el vicepresidente de la comisión, Humberto Morales, informó que se espera convocar a los directivos de estas empresas antes de junio, fecha del fin de mandato del grupo de trabajo.

Pieza clave
Para García Belaunde, los estudios de abogados fueron una pieza clave en todo el engranaje legal, ya que elaboraron “informes fantasiosos, irreales y hasta, a veces, falsos”, que terminaron por beneficiar a estas empresas.

Morales, por su parte, reveló que la comisión tiene en su poder documentos que están bajo reserva y que ayudarán a explicar cómo operaron estas firmas.

Hasta le fecha, la comisión Lava Jato solo ha recibido el testimonio de Juan Monroy Gálvez, abogado que elaboró el informe legal que dio luz verde al contrato de concesión de la carretera Interoceánica Sur, tramos 2, 3 y 4.

De grado o fuerza
En otro momento, el acciopopulista dijo que es una posibilidad traer de grado o fuerza a la comisión a Jorge Peñaranda Castañeda, representante de la empresa Alpha Consult S.A.

Esto debido a que el empresario no acudió hasta en dos oportunidades a las citaciones que se le formularon.

“Es algo que vamos a evaluar. El señor Peñaranda tiene que responder por el estudio de factibilidad de la Interoceánica y por su cuenta en el banco de Andorra”, anotó.

Caso Odebrecht: Congreso no puede dilatar más la aprobación de leyes más firmes para frenar el ingreso de dinero sucio en las campañas políticas

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, consideró muy grave la suerte de descalificación ética de clase política peruana, luego que el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, declarara ante a los fiscales peruanos de lavado de activos, que la empresa brasileña financió con 8,4 millones de dólares, las campañas políticas en nuestro país durante el periodo 2006-2014.

“Hay un problema ya no solo de intoxicación o contaminación de esa clase política, sino también de una descomposición”, dijo en la última edición de La Voz de Proética.

Recalcó que esto ha sucedió porque no hay leyes firmes que controlen el ingreso de dinero proveniente de la corrupción para financiar campañas y candidaturas. Los sucesivos Congresos han evitado abordar este asunto y ahora podemos estar claros del por qué de esta situación

“Estamos ante la posibilidad de presionar ahora sí directamente al Congreso de la República para que estas medidas puedan ser finalmente aprobadas, comenzando por una que defina como delito, el hecho de recibir aportes para campañas sin declararlos. De esa manera, habremos emprendido el camino necesario para revertir la actual realidad en esta materia”, sostuvo.

Teniendo además presente los temas que aún quedan pendientes por declarar a Barata, en calidad ahora de colaborador eficaz ante la justicia peruana, Albán fue firme al señalar que se debe aplicar la frase “caiga quien caiga” para aquellos que se vean envueltos en uno de los casos de corrupción más grandes en el Perú y América Latina.

Por otro lado, reconoció el trabajo que viene realizando el Ministerio Público y espera que el Poder Judicial pueda hacer lo propio. Por ello, advirtió que es fundamental prevenir cualquier intento que afecte la independencia de nuestro sistema judicial ante los serios cuestionamientos que tiene en este momento toda la clase política.

“Quedamos muy atentos, porque acá se está juagando el futuro del Perú”, finalizó.

05/03/2018