(Por La República) La corrupción ha llegado a niveles tan altos que los líderes políticos de América Latina han tenido que suscribir el Compromiso de Lima para generar mecanismos en la lucha contra este flagelo en la región. Así lo consideraron los especialistas que analizaron el pronunciamiento final de los 34 líderes políticos en la VIII Cumbre de las Américas que se realizó en el Perú.
Después de tratar el tema “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, se elaboró el documento final anticorrupción que demanda una mayor cooperación jurídica, gobernabilidad democrática, transparencia y participación ciudadana.
Walter Albán, director de Proética, sostuvo que pese a lo accidentado de la VIII Cumbre se debe destacar que se ha llegado a una declaración final, lo que no ha sido posible en otras cumbres, y ha quedado en evidencia que la corrupción es tan fuerte que no les ha sido posible a los gobiernos evitar reconocer que este flagelo tiene que ser confrontado con prioridad y se debe aplicar mecanismos que permitan un trabajo en conjunto.
Consideró que es un punto a favor que exista este compromiso público, y con ello la Sociedad Civil en cada país va a tener una herramienta de soporte para plantear acciones que son indispensables emprender.
“En Perú vamos a trabajar intensamente para que la Declaración de Lima se traduzca en políticas claras sobre el financiamiento de los partidos, la contratación pública, la independencia del sistema judicial y se apliquen mecanismos para hacer frente al fenómeno de la corrupción que no respeta fronteras”, anotó.
Explicó que en la declaración se establecen pautas que son necesarias llevar adelante y es responsabilidad de cada Estado ponerlas en práctica.
En lo que corresponde al Perú, dijo que la lectura tiene prioridades. “Por un lado, llevar adelante la reforma en el sistema electoral que tanto se ha querido frenar en el Congreso; y en lo que es transparencia del gobierno, recuperar una vieja aspiración de la sociedad civil, que el señor Kuczynski frustró: crear una autoridad autónoma para acceso a la información y transparencia”, detalló.
La creación de esa autoridad –prosiguió– quedó en un remedo del planteamiento original formulado, debido a que se creó una dirección dentro del Ministerio de Justicia que no tiene nada que ver con lo que se había propuesto.
Albán manifestó que con la conclusión de la Cumbre se debe retomar la búsqueda de un gobierno abierto y transparente y la Declaración de Lima permitirá establecer un parámetro para medir lo que se ha hecho o se dejó de hacer en cada país y “si nos ponemos a revisar lo que se ha hecho en el Perú, con lo que dice la declaración de la Cumbre, salimos desaprobados”.
Para el jurista y ex presidente del Congreso Raúl Ferrero Costa, el pronunciamiento de la Cumbre tiene un peso evidentemente político, pero es positivo que en una reunión de jefes de Estado se hable de luchar contra la corrupción.
“Es bueno que se tome conciencia a nivel internacional de este problema que es uno de los factores que más afectan la gobernabilidad democrática, la corrupción corroe y desarticula las instituciones”, comentó.
El reconocido abogado dijo que haberle dado importancia a la gobernabilidad y corrupción refleja que hay una nueva mirada política hacia este tema que atenta contra el desarrollo de los países.
Asimismo, consideró que es un llamado de atención para llevar a cabo una reforma electoral que resulta indispensable en el Perú.
“Vamos a ir a elecciones municipales y regionales a fin de año y elecciones generales en tres años. Mucho cuidado, pues con la institucionalidad que tenemos están debilitados el gobierno, los gobiernos municipales, regionales y el Congreso”, advirtió.
Ferrero consideró la Declaración de Lima como un llamado práctico, no tan teórico, para luchar contra la corrupción y “más bien se están apelando a principios que se estaban dejando de lado”.
El congresista Víctor A. García Belaunde (AP) sostuvo que el documento es positivo, pero “no todos los presidentes que han venido tienen autoridad moral para implementarlo”.
Destacó que el documento nos hace ver la necesidad de la reforma electoral que se tiene que hacer en el Perú de todas maneras.
“Es muy difícil hacer una reforma con personas que participan en las elecciones siguientes, siempre hay una inclinación partidaria, y por eso es mejor que la reforma se haga desde fuera, con una comisión multisectorial que proponga un código electoral y el Congreso lo apruebe”, planteó.
Por su parte, el internacionalista Miguel A. Rodríguez Mackay dijo que si se habla del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la Cumbre debió pronunciarse directamente sobre la situación en Venezuela, “donde la gobernabilidad democrática no existe y hacer la invocación para que haya elecciones libres y legítimas”.
Asimismo, lamentó que no haya habido un pronunciamiento contra el ataque de EEUU a Siria “que ha actuado al margen del derecho internacional, del consejo de seguridad de la ONU y del propio congreso de EEUU en un acto antijurídico”.
Los 57 compromisos contra la corrupción
A. Gobernabilidad democrática
1. Fortalecer las instituciones democráticas para la prevención y combate de la corrupción.
2. Fortalecer la independencia judicial siguiendo los estándares interamericanos.
3. Articular esfuerzos competentes a la Agenda Interamericana de Educación de la OEA.
4. Desarrollar una cultura de transparencia.
5. Promover campañas de concientización pública y participación ciudadana.
6. Reconocer las contribuciones positivas de los pueblos indígenas.
7. Promover la equidad e igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
8. Incluir a los grupos en situación de vulnerabilidad en las medidas de gobernanza.
9. Transparencia en los procesos de selección de servidores públicos.
10. Promover medidas que prevengan conflictos de intereses.
11. Promover códigos de conducta para los servidores públicos.
12. Incentivar la participación eficaz del sector privado en la prevención de la corrupción.
B. Transparencia y libertad de expresión
13. Mejorar las condiciones para la efectiva participación de la sociedad civil.
14. Promover y/o fortalecer políticas de gobierno abierto.
15. Consolidar la autonomía e independencia de los órganos de control.
16. Fortalecer los órganos de transparencia y acceso a la información pública.
17. Promover el uso de nuevas tecnologías que faciliten el gobierno digital.
18. Elaborar indicadores para evaluar las políticas de transparencia.
19. Fomentar la transparencia y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.
20. Impulsar un Programa Interamericano de Datos Abiertos, en el marco de la OEA.
21. Fortalecer las medidas para tipificar los actos de corrupción y otros conexos.
22. Proteger a los denunciantes, testigos e informantes.
23. Proteger a los periodistas que investigan casos de corrupción.
24. Proteger a los servidores involucrados en hacer cumplir la ley.
C. Financiamiento de partidos
25. Fortalecer medidas que promuevan la transparencia en los partidos.
26. Restringir el acceso a la función pública de los condenados por corrupción.
D. Prevención en las obras públicas
27. Promover sistemas electrónicos para compras gubernamentales.
28. Implementar proyectos específicos para asegurar la transparencia.
29. Promover cláusulas anticorrupción en todos los contratos del Estado.
30. Solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) crear una plataforma sobre infraestructura.
31. Fomentar la transparencia en la gestión de la infraestructura.
32. Promover prácticas coordinadas y transparentes en la emisión gubernamental de permisos.
33. Implementar medidas para la reducción de la burocracia.
E. Cooperación jurídica internacional.
34. Avanzar en la lucha contra la corrupción, en particular la prevención y el combate del soborno.
35. Adoptar un marco legal para responsabilizar a las personas jurídicas por actos de corrupción.
36. Asistencia a las investigaciones y procedimientos sobre cuestiones civiles y administrativas.
37. Amplia cooperación entre las autoridades y unidades de inteligencia financiera.
38. Promover el uso de mecanismos ágiles de intercambio de información.
39. Promover la cooperación entre las instituciones financieras y los órganos de supervisión financiera.
40. Fortalecer la cooperación para prevenir la transferencia y ocultación de fondos en los sistemas financieros.
41. Fortalecer medidas para el embargo preventivo, la extinción de dominio y la confiscación de activos.
42. Profundizar las iniciativas multilaterales contra el lavado de activos.
43. Adoptar medidas efectivas contra la elusión, así como combatir la evasión fiscal.
44. Promover la transparencia en el intercambio de información tributaria.
F. Mecanismos interamericanos anticorrupción
45. Fortalecer el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).
46. Solicitar al MESICIC la promoción del intercambio y la difusión de buenas prácticas.
47. Solicitar al MESICIC que coordine con organismos internacionales para promover sinergias.
48. Implementación efectiva de las recomendaciones del MESICIC antes del 2020.
49. Una iniciativa para la observación y medición de las políticas de lucha contra la corrupción.
50. Impulsar el Mecanismo de Cooperación Interamericana para la Gestión Pública Efectiva (MECIGEP).
51. Solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) apoya en el fortalecimiento de programas nacionales.
G. Seguimiento e informes
52. Solicitar al GTCC que asista con recursos y capacidades técnicas a los Estados.
53. Tomar nota de las recomendaciones de los foros de la Cumbre.
54. Tomar nota del “Compromiso del sector privado para la transparencia”.
55. Actuar de manera que las acciones de seguimiento emanadas de este Compromiso deLima promuevan el avance sobre la equidad e igualdad de género.
56. Reconocer la importancia de la Secretaría de Cumbres para el seguimiento de los acuerdos.
57. Encomendar al Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) que informe sobre la implementación del presente Compromiso.
Walter Albán
Proética
“La Cumbre y la declaración son políticas orientadoras y su éxito va a depender de lo que cada Estado decida ejecutar en la lucha contra la corrupción”.
16/04/2018