Posición de los capítulos nacionales de Transparencia Internacional (TI) ante la VIII Cumbre de las Américas “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”

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Transparencia Internacional considera que los gobiernos y las organizaciones de sociedad civil reunidas en la VIII Cumbre de las Américas deben aprovechar esta oportunidad para generar consensos y recomendaciones sobre las áreas estratégicas que realmente contribuyan a atacar la raíz de la corrupción.

Los recientes escándalos en la región, principalmente el caso develado por la operación “Lava Jato”, que expuso la actividad criminal de un cártel de empresas constructoras brasileras que operaba en gran parte de América, entre las cuales destaca Odebrecht, confirman que las áreas estratégicas para combatir la corrupción son: financiamiento de partidos y campañas, compras y contrataciones públicas y sistema de justicia. Asimismo, los compontes transversales de cada una de estas áreas son el derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas de calidad y la participación ciudadana efectiva.

Las propuestas concretas de los capítulos de Transparencia Internacional de América Latina y el Caribe para la VIII Cumbre de las Américas son:

1. Financiamiento de partidos y campañas:

1.1.Control del Estado: a) asignar la función de control de todos los recursos públicos y privados en efectivo y especies de los partidos y campañas en una institución específica, autónoma e independiente (sin limitar la capacidad de coordinación interinstitucional); b) crear dentro de esa institución una unidad especializada, c) asignarle a esa unidad funciones de revisión, verificación y auditoria; d) dotarla con los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios; y e) fortalecer la capacidad estatal de prevenir, sancionar y erradicar el financiamiento proveniente de fuentes ilegales.

1.2.Rendición de cuentas a cargo de los partidos: a) establecer la obligación de bancarizar todos los ingresos de los partidos y campañas; b) establecer mecanismos obligatorios complementarios para garantizar el registro de todos los ingresos y egresos (incluyendo los recursos en especies) de los partidos y campañas (recibos certificados, declaración de origen de fondos, comprobantes de pago, certificados de compra o adquisición); c) instaurar sistemas obligatorios de administración y control interno de todos los recursos (unidad especializada responsable, manuales y sistemas contables); d) instituir la obligación de presentar informes financieros integrados y abiertos a la ciudadanía (previos y posteriores a las elecciones); y e) establecer o fortalecer los sistemas electrónicos abiertos de presentación de informes y rendición de cuentas de los partidos.

1.3.Acceso a la información y participación ciudadana: a) establecer obligaciones y mecanismos para garantizar la máxima publicidad de toda la información sobre el financiamiento; b) establecer normas e instrumentos para garantizar el acceso y monitoreo ciudadano de toda la información sobre financiamiento; c) eliminar el secreto bancario y fiscal de las finanzas de los partidos y campañas; d) establecer la obligación de que las personas jurídicas que financien partidos y campañas brinden información a las autoridades y al público en general sobre las personas naturales que las controlan y reciben beneficios de ellas; y e) crear bases de datos abiertas con la información pública de todos los donantes de los partidos y campañas, es decir, personas jurídicas y las personas naturales que las controlan, así como personas individuales.

1.4. Limitación del gasto de campaña: a) instaurar límites de duración de campañas, b) establecer límites de gastos de campaña, y c) crear límites y controles específicos de los disparadores del gasto.

1.5. Prohibición del uso indebido de recursos públicos: a) prohibir la publicidad de asuntos estatales durante la campaña; b) prohibir la contratación de bienes y servicios públicos durante la campaña; c) prohibir el proselitismo desde cargos públicos; d) prohibir la entrega de beneficios o ingreso a programas sociales durante la campaña; y e) establecer la separación obligatoria del cargo de aquellos funcionarios públicos que sea precandidatos y candidatos.

1.6.Sanciones: a) establecer sanciones administrativas y penales efectivas, proporcionales y disuasivas de todas las conductas (acciones y omisiones) que transgredan las reglas (prohibiciones y obligaciones) del sistema de financiamiento imputables a personas individuales (dirigentes de partidos y funcionarios públicos) y colectivas (partidos e instituciones públicas); b) establecer las autoridades competentes en materia administrativa y penal y las reglas procesales necesarias para que el Estado en general garantice la aplicación efectiva de las sanciones; y c) fortalecer los mecanismos de protección de denunciantes especialmente para quienes denuncian financiamiento de fuentes ilegales.

2. Compras y contrataciones públicas:

2.1.Control del Estado: a) fortalecer los órganos de control gubernamental independientes garantizando su autonomía y dotándolos de los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios; b) fortalecer las unidades internas de control de todas las instituciones que procesan compras y contrataciones públicas; c) asignar a las unidades internas las competencias y los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios; d) crear mecanismos para garantizar un control interno eficaz (asignación de cada fase a equipos distintos y rotación de funcionarios); e) crear un sistema de precalificación que establezca criterios de integridad que las empresas deben cumplir para participar en los proceso de compras y contrataciones; y f) establecer la obligación de comparar y analizar la información pública contenida en las bases de datos de financistas de partidos y las de contratistas estatales y publicar los resultados periódicamente.

2.2.Rendición de cuentas: a) instituir la obligación de detectar, prevenir y resolver los conflictos de intereses de los funcionarios involucrados en todas las fases de los procesos de compras y contrataciones; b) fortalecer los sistemas de declaración y evaluación patrimonial de los funcionarios involucrados en todas las fases de los procesos de compras y contrataciones; c) establecer cláusulas anticorrupción en los contratos y mecanismos efectivos para su cumplimento; d) crear o fortalecer mecanismos de apelación robustos, independientes y efectivos para los oferentes en cualquier fase del proceso; y e) crear o fortalecer mecanismos adecuados y eficientes de defensa para las instituciones públicas que permitan resolver las apelaciones de forma oportuna y justa.

2.3.Acceso a la información: a) garantizar la publicidad y acceso a toda la información de las fases de los procesos de compras y contrataciones (desde la planificación hasta la evaluación) en formatos inteligibles; b) prohibir cláusulas de confidencialidad en los contratos, salvo excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico nacional, justificadas, limitadas y públicas; c) instaurar o fortalecer los sistemas electrónicos de compras y contrataciones públicas y garantizar su uso en todos los niveles del Estado; (nacional, federal, departamental o provincial y local o municipal); d) garantizar la publicación de las declaraciones de intereses y patrimonio de los funcionarios involucrados en todas las fases de los procesos de compras y contrataciones; y e) establecer la obligación de que las personas jurídicas que compitan en los procesos de compras y contrataciones brinden información a las autoridades y al público en general sobre las personas naturales que las controlan y reciben beneficios de ellas.

2.4. Participación ciudadana: a) instituir mecanismos de consulta y monitoreo ciudadano eficientes, formales y obligatorios previa, durante y posteriormente a la celebración de los contratos; y b) establecer la obligación de las autoridades públicas de responder a las conclusiones y recomendaciones derivadas de las consultas y el monitoreo ciudadano.

2.5.Sanciones: a) establecer sanciones administrativas y penales efectivas, proporcionales y disuasivas de todas las conductas (acciones y omisiones) que transgredan las reglas (prohibiciones y obligaciones) y malas prácticas (colusión, fraccionamiento de compras u obras, tráfico de influencia, acceso a información privilegiada, entre otras) en los procesos de compras y contrataciones imputables a personas individuales (empresario y funcionarios) y colectivas (empresas e instituciones); b) garantizar la aplicación efectiva de las sanciones mediante el fortalecimiento institucional y el perfeccionamiento del marco legal procesal en materia administrativa y penal.

3. Sistemas de justicia

3.1.Consolidar la independencia de las instituciones del sistema de justicia: a) crear procesos transparentes, competitivos y objetivos de selección de todos los funcionarios del sistema de justicia; b) establecer sanciones contra la injerencia en los procesos de selección de los funcionarios del sistema; c) fortalecer los sistemas de carrera judicial, fiscal y de defensores públicos transparentes, competitivos y objetivos; y d) asignar los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios.

3.2.Cooperación internacional: a) promover la ratificación de los instrumentos internacionales sobre cooperación internacional anticorrupción, así como facilitar su implementación, promoviendo los mecanismos institucionales necesarios para su eficaz actuación; b) mejorar los ordenamientos jurídicos, innovando y actualizando los instrumentos normativos nacionales e internacionales existentes, así como armonizando la legislación de carácter sustantivo; c) fortalecer los equipos nacionales de las entidades a cargo de la investigación de la corrupción, dotándoles de los suficientes recursos económicos, humanos y tecnológicos; d) avanzar hacia la cooperación directa, sin intermediarios, entre los responsables de la investigación de casos de corrupción mediante la realización de encuentros periódicos y el fortalecimiento de las redes especializadas de las autoridades competentes, así como la creación de centros de coordinación regional o equipos internacionales de investigación que permitan atender casos transnacionales y servir como repositorios de información; e) crear herramientas formales de cooperación internacional, tomando como referente los modelos exitosos de otras regiones del mundo, pero también explorar el uso de herramientas informales de comunicación e interacción entre las autoridades responsables de la persecución penal; y f) impulsar la creación y funcionamiento de registros centralizados de cuentas bancarias, de beneficiarios reales de personas jurídicas, así como dotar de más medios a las unidades de inteligencia financiera.

3.3.Acceso a la información, rendición de cuentas y participación ciudadana: a) establecer obligaciones y mecanismos para que la información sobre el desempeño del sistema en general sea de acceso público y verificable; b) instituir la obligación de detectar, prevenir y resolver los conflictos de intereses de los funcionarios del sistema de justicia; c) fortalecer los sistemas de declaración y evaluación patrimonial de los funcionarios del sistema; d) fortalecer los sistemas de inhabilidades de jueces y magistrados y garantizar su acceso público; e) establecer la obligación de publicar las declaraciones de intereses y de patrimonio; y f) garantizar el efectivo y eficaz monitoreo ciudadano del desempeño del sistema de justicia en general.

3.4.Protección de denunciantes y testigos: a) delimitar el ámbito de aplicación de la protección; b) crear normas y mecanismos para la protección de los denunciantes y testigos; b) difundir extensamente el ámbito, las normas y mecanismos; c) establecer medidas específicas de asistencia y protección a los denunciantes y testigos; y d) crear agencias independientes con las competencias necesarias (recibir, investigar, evaluar y asignar medidas) y dotarlas de recursos económicos, humanos y tecnológicos suficientes.

3.5. Recuperación de activos: a) armonizar y fortalecer la legislación existente para facilitar la eficiente cooperación y recuperación de activos; b) crear los mecanismos necesarios para que los países donde se encuentran los activos ilegales respondan inmediatamente a las solicitudes; c) desarrollar medidas y regulaciones que faciliten la congelación de activos; y d) establecer sanciones para las instituciones financieras que no cumplan con los procesos y normas de recuperación de activos.

4. Sistema interamericano:

El impacto de la corrupción sobre la seguridad, la calidad de vida, la limitación al desarrollo, y el progreso en general, nos obliga además solicitar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que el sistema interamericano incorpore en su concepción, análisis y trabajo a la corrupción y los incentivos perversos que genera como causales de violación de derechos humanos.

Puede descargar el documento aquí.

Walter Albán: “Si tenemos este tipo de representantes en la lucha anticorrupción, no podemos esperar milagros”

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(Por RPP) ¿Qué reformas deben realizarse para que la lucha anticorrupción se fortalezca en el país? Walter Albán, director ejecutivo de Proética, analiza los avances realizados, y los cambios que aún se necesita implementar.

Los peruanos consideran que el presidente es el principal encargado de liderar la lucha anticorrupción, señala una encuesta realizada por Proética en el 2017. Sin embargo, cinco presidentes peruanos han sido o son procesados por actos de corrupción. El más reciente escándalo es la acusación de compra de votos de Pedro Pablo Kuczynski, lo que motivó su renuncia.  

“Todo ello evidencia más de treinta años de líderes no comprometidos con la causa anticorrupción”, señala Walter Albán, director ejecutivo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional.

A inicios del gobierno actual se realizaron esfuerzos para contar con una agenda anticorrupción. La Comisión Presidencial de Integridad presentó cien recomendaciones para prevenir y sancionar actos corruptos, además de promover la ética en las instituciones. Sin embargo, más de un año desde su publicación, solo trece recomendaciones se han implementado de forma correcta, como detalla el Observatorio de Integridad.

Albán analiza las condiciones que hacen a las instituciones públicas vulnerables ante la corrupción. Además, evalúa las recomendaciones que deben incorporarse para que dicho panorama pueda cambiar en los próximos años.

¿Por qué hay corrupción en las instituciones públicas?

La fuente que alimenta los diversos insumos con los que funcionan las instituciones es la política. Y la política está contaminada. Se está haciendo muy poco para que eso se solucione, por lo cual los problemas que genera han ido en aumento en la última década, sin posibilidad que sea frenado.

¿Hay algún avance en materia de institucionalidad?

No hay avances que se puedan reconocer. Los más importantes se produjeron con la caída del régimen de Alberto Fujimori. Se identificó la corrupción como un problema grave y se expresaron propósitos de luchar contra ella. El gobierno transitorio de Paniagua fue el primer momento donde se legisló para que hubiera transparencia y acceso a la información pública.

¿En qué aporta la transparencia y la data abierta?

La ciudadanía tiene recursos para exigir que la información le sea brindada. El problema es que en la práctica, el Estado aún se resiste a que se pueda hacer un escrutinio a fondo sobre su actuación. A pesar de ello, la ciudadanía está hoy mejor informada, y con posibilidad de informarse más. Es indispensable que la sociedad se haga más protagonista de la realidad del país.

¿El esfuerzo de combatir la corrupción tiene que venir de la ciudadanía?

Tenemos una ley de participación ciudadana que hace falta mejorar para contar con mejores condiciones. Lo que está claro es que la ciudadanía tiene el derecho de asumir un rol más activo y exigir que la información sea brindada, que las autoridades rindan cuentas.

¿La ciudadanía ha desempeñado ese rol fiscalizador?

Hasta hace un tiempo había demasiada tolerancia y conformidad con la situación. Uno de los aspectos positivos del escándalo Lava Jato es que esa situación se ha frenado. Ahora hay una demanda para que la corrupción no quede impune y sea investigada a fondo. Pero aún hace falta acompañar esto de cambios institucionales.

Iniciativas como la Comisión Presidencial de Integridad, que se formó a inicios del Gobierno, ¿lograron realizar aportes en la lucha anticorrupción?

El informe final de la Comisión es el plan que ayudaría a la reforma institucional. No solo se debe pensar en meter a la cárcel a los corruptos, sino en cómo debemos diseñar el Estado para salir de la situación de debilidad en la que nos encontramos y estar más preparados para prevenir mayor corrupción.

¿Cuánto se ha cumplido del informe final de la Comisión?

Muy poco. No llegamos a la tercera parte y, si comenzamos a examinar medida por medida, la mayoría es un cumplimiento muy formal. Por ejemplo, la Autoridad Autónoma de Transparencia se convirtió en un remedo de lo que se pedía. No es autónoma, sino una dirección más del Ministerio de Justicia.

Se pidió que el Presidente y sus ministros pudieran, por propia voluntad, declarar sus intereses. Finalmente lo hicieron. Sin embargo, cuando se trató de avanzar hacia el Congreso de la República, no se pudo lograr. Solo 17 congresistas hicieron esta declaración. Aquí solo se trata de que esto se legisle y sea una obligación para todos los altos funcionarios del Estado.

¿El problema fundamental es de voluntad política?

Es complejo, pero la política es lo que está más contaminado. Si tenemos ese tipo de representantes en la lucha anticorrupción, no podemos esperar milagros.

¿Cómo deberíamos pensar nuestro sistema de sanción y prevención?

Hay que apostar por que las recomendaciones de la Comisión Presidencial de Integridad no se queden en el archivo. Ese es el camino y hay que llegar a cumplir todos esos campos que pasan desde la contratación pública hasta el financiamiento de la política. Todo está contemplado, y debería ser nuestro plan maestro en mediano y largo plazo. Y debemos comenzar desde ahora.

¿Qué es lo más urgente actualmente para la lucha contra la corrupción?

Las condiciones para llevar adelante esto exigen un punto cero: que exista un liderazgo claro contra la corrupción. Lamentablemente el Perú no lo tiene en este momento. La gente identifica en la institución del Presidente de la República como el principal actor en la lucha anticorrupción. Habrá desconfianza hasta que cambiemos ese contexto.

Foto: Diario Gestión

La transparencia y la contrarreforma en el arbitraje

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Por Walter Albán. Lo que viene ocurriendo con el arbitraje, tratándose de los procesos en los que participa el Estado, es verdaderamente escandaloso. En el Perú vivimos una situación excepcional, desde que en la década de los noventa se optó por hacer que esta manera de resolver conflictos fuera obligatoria para el conjunto del aparato estatal, allí donde surgiera una controversia. De esta manera, mientras que en el pasado el número de arbitrajes realizados en el país no pasaba seguramente de una decena al año, desde que se modificó la legislación con el propósito anotado, estos procesos se multiplicaron a centenas y miles en los años posteriores, como consecuencia de rol que cumple el Estado, sin duda el agente más importante en la economía nacional.

Tan inédita decisión, no reparó en el hecho de que esta obligatoriedad (la de recurrir necesariamente al arbitraje en caso de controversia) tratándose del Estado, quiebra uno de los  principios esenciales en materia arbitral, el de la voluntariedad. Pero, peor aún, y en un sentido contrario, se ha mantenido vigente y casi en términos absolutos otro de sus principios, la confidencialidad. De esa manera, contra lo que dice la Constitución, la ley, y hasta el sentido común, las ingentes cantidades de dinero que se disputan en cada uno de estos arbitrajes y que pertenecen a todos los peruanos, se procesan al margen de escrutinio público o siquiera del de las entidades fiscalizadoras, como la OSCE o contraloría General de la República.

Esta opacidad del procedimiento arbitral, que tiene fundamento razonable cuando se trata de resolver un conflicto entre dos particulares, no es en modo alguno admisible si una de las partes es una entidad del Estado peruano. En este caso, nos encontramos ante una cuestión de interés público, que ha sido sin embargo dejada de lado cuando, en los hechos, lo único que se entiende como publicable, es el laudo que pone punto final a la controversia.

Es esa la razón por la que el Gobierno tomó una buena decisión en diciembre del 2016, cuando mediante Decreto Legislativo resolvió que, a futuro, los procesos arbitrales en los que participa el Estado, sean necesariamente institucionales y no Ad Hoc, procurando así condiciones de mayor orden y transparencia en estos procesos. Lo extraño es que el Congreso de la República, poco después, en mayo del 2017, aprobó una ley para derogar lo dispuesto por el Ejecutivo. En junio del mismo año, el Gobierno observó esta última ley pero, otra vez, el Congreso tomó el camino de la insistencia, y la derogatoria podría ser aprobada en cualquier momento por el pleno.

Paralelamente, otros congresistas (o de pronto los mismos) impulsan la aprobación de la llamada “Ley Cánepa”, para impedir que los centros arbitrales, que son los que administran los arbitrajes institucionales, puedan exigir estándares más elevados, particularmente los de naturaleza ética, a los profesionales que ejercen la función arbitral. El Congreso ha reaccionado entonces favoreciendo reglas que habrán de extender la corrupción en el arbitraje con participación del Estado. ¿A qué responde todo esto?

  • Fecha de publicación: 28/03/2018
  • Foto: stockvault.net

Proética destaca la prioridad de la lucha contra la corrupción en el discurso del presidente Martín Vizcarra

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El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, afirmó que es vital enfrentar decididamente la enorme corrupción que ha degradado en extremo nuestro sistema político, corroído en forma alarmante nuestra ya débil institucionalidad y sumido al país en una profunda crisis, expresada la semana pasada a propósito del escándalo de los “Kenjivideos” y la presunta compra de votos para evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, lo que generó su renuncia al sillón presidencial.

“Es indispensable por eso comenzar por enfrentar decididamente esa corrupción, si queremos superar la crisis, teniendo presente que muchos de los también responsables, continúan siendo protagonistas de espacios importantes de poder, comenzando por el propio legislativo”, señaló en la última edición de La Voz de Proética.

Respecto al primer mensaje de la Nación que dio el pasado viernes 23 de marzo, el actual presidente del Perú, Martín Vizcarra, donde declaró como prioridad de su gobierno la lucha contra la corrupción, Albán sostuvo que “este compromiso, al lado de los otros aspectos contemplados en este discurso, ha generado enormes y positivas expectativas que, por el bien del país, esperamos que esta vez no se vean frustradas”.

Por ello, recomendó que se adopten decisiones para poner en marcha un programa de emergencia, capaz de permitirnos erradicar la impunidad y, al mismo tiempo, implementar las medidas necesarias para recuperar nuestras instituciones.

“Lo primero exige cautelar al máximo la independencia de nuestro sistema judicial; lo segundo, llevar a cabo un plan anticorrupción, que muy bien puede comenzar por retomar las propuestas que planteara al país la Comisión Presidencial de Integridad, hacia fines del 2016”, agregó.

Además, reiteró el compromiso de Proética en trabajar más intensamente en la formulación de iniciativas que contribuyan a ese propósito, así como para contribuir con articular una amplia movilización ciudadana.

“El éxito de la lucha contra la corrupción depende en lo fundamental de esto último. No podemos perder esta oportunidad”, finalizó.

26/03/2018