Seis desafíos y recomendaciones para minimizar los riesgos de corrupción en la gestión forestal y REDD+

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Proética, junto a ocho capítulos nacionales de Transparency International desde el año 2011 viene impulsando la gobernanza climática, y desde el 2015 incidiendo en la mejora de la gobernanza forestal, con el fin de responder a los desafíos de corrupción que prevalecen en este sector, buscando mejorar la gobernanza en los fondos climáticos destinados a proyectos REDD+, e incorporar la transparencia y accesos a la información, rendición de cuentas, participación plena y efectiva de actores, así como mecanismos efectivos para luchar contra la corrupción, en  las estrategias y políticas nacionales y sub-nacionales destinadas a gestionar los bosques y cumplir nuestros compromisos de disminuir la deforestación.

El Perú ocupa el cuarto puesto en cuanto a territorio ocupado por bosque tropical en el mundo. A nivel nacional, los bosques ocupan casi el 60% de nuestro territorio, así mismo reservan una gran biodiversidad y basta cantidad de pueblos indígenas. A pesar de contar con toda esta riqueza, en los últimos años la deforestación en el país ha ido en aumento por actividades económicas relacionadas a la agroindustria, la construcción de grandes proyectos de infraestructura, el cambio de uso de suelo, entre otros motores de deforestación.

En una coyuntura, en donde sabemos que la corrupción afecta todos los sistemas de gobierno, es prioridad poner candados firmes, para mejorar la gobernanza forestal y proteger nuestros bosques amazónicos y a las poblaciones que ahí habitan.

Por ello, en el día de los bosques y no ajenos a la crisis política que venimos enfrentado, donde la corrupción también pone en riesgo la buena gobernanza forestal y las acciones que como país venimos impulsando, planteamos seis desafíos y recomendaciones  para minimizar los riesgos de corrupción en la gestión forestal y REDD+ en:

  • Es necesario que los instrumentos de buena gobernanza sean medibles (cuantificables) y mejoren la gestión forestal. Aún hace falta mejorar las capacidades para gestionar procesos participativos, inclusivos e institucionalizados desde el Estado.
  • El financiamiento para el sector forestal necesita de estudios de mercado relativos a riesgos, retorno de la inversión, fichas técnicas por producto, beneficios de inversión, entre otros, para fomentar la inversión en el sector. Asimismo, las autoridades regionales forestales deben involucrarse en las diversas formas de financiamiento a las que pueden acceder y el gobierno central debe impulsar mecanismos de control eficientes para minimizar los riesgos de corrupción en estas áreas.
  • El rol de OSINFOR es fundamental para determinar el origen legal de la madera, por ello es necesario que esta institución siga manteniendo su independiente de la autoridad que da los títulos habilitantes. Es necesario dotar de mayores recursos a esta institución, a fin de mantener su autonomía.
  • El involucramiento del sector privado formal así como de las autoridades regionales con competencias en el sector forestal y órganos de control, es significativo para combatir la tala ilegal a nivel subnacional. El sector privado formal, puede exigir el origen legal de la madera así como los Gobiernos Regionales pueden mejorar sus sistemas de vigilancia involucrando a actores locales como comunidad indígenas, ONGs, y pequeños y medianos empresarios.
  • Para que el financiamiento climático sea efectivo, la comunidad internacional debe hacer enfrentar tres puntos cruciales: la transparencia de información; métodos de cuantificación homologados; y realizar un reporte de información accesible a los ciudadanos.
  • Los órganos con competencias en materia forestal, de fiscalización y de control, requieren contar con un estudio sobre economía de la ilegalidad y financiamiento ilícito a partidos y campañas políticas de las actividades ilegales que se vienen generando en la Amazonía peruana (como tala ilegal, minería ilegal, tráfico de tierras, entre otros), a fin de identificar los flujos ilícitos provenientes de actividades ilegales que podrían financiar puestos claves en el sector público.

 

21/03/18

Empresas y Sistema Penal

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Por Alberto Calixtro. Ocho años atrás, Everett Stern ingresó a trabajar al banco HSBC como oficial de cumplimiento. Ya en su oficina, en un centro comercial, las máquinas parecían no haberse encendido en semanas. Se sentó frente a su computadora y comenzó a trabajar revisando muchas alertas de sospecha de lavado de dinero que se habían generado por el sistema.

Grande fue su sorpresa cuando descubrió que, según varias de estas alertas, el banco había permitido que se laven millones de dólares y sean enviados para financiar a organizaciones terroristas como Hamas o Hezbollah, situadas en el Medio Oriente.

Luego de que rechazaran internamente sus reportes por estas alertas, Stern se comunicó secretamente con la CIA, comenzando así una de las más grandes investigaciones realizadas contra un banco. Finalmente HSBC fue encontrado responsable penalmente por los delitos de lavado de activos o encubrimiento de dinero ilícito, financiamiento a organizaciones terroristas y algunos otros más.

La regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el mundo es relativamente nueva. Apareció por primera vez en el código penal portugués hace 36 años. Antes, era inimaginable considerar a las empresas como criminales, puesto que no se concebía que asesinaran, robaran o violaran; tampoco se les percibía voluntad o sentido de culpa, y era imposible pensar que pudieran ser encerradas en cárceles o reformatorios.

Sin embargo, estas ideas ya han cambiado: las personas jurídicas, si bien no pueden coger una pistola y matar a alguien, sí tienen capacidad de realizar otras conductas criminales como fraudes, estafas o falsificaciones documentales; asimismo, las categorías de culpa y voluntad se han transformado para las personas jurídicas en infracciones a las normas (estatutos, leyes penales o sistemas de cumplimiento); y finalmente, la pena que puede recibir una empresa no es la cárcel, sino una multa o su propia liquidación.

Un buen ejemplo del avance legislativo que ha tenido esta regulación está consignado en el código penal español (del que Perú ha recogido muchas de sus normas), el cual instauró la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el año 2010. Cinco puntos son claves:

  • La responsabilidad penal solo está prevista para un número limitado de delitos.
  • Hay dos vías incriminadoras: actuar en nombre o provecho de una empresa o actuar en ausencia de control de esta.
  • La responsabilidad es autónoma de las personas naturales imputadas.
  • Las penas a imponerse están predefinidas en un catálogo.
  • Se exime de responsabilidad si la empresa adoptó y ejecutó con eficacia, antes del delito, sistemas de control y prevención.

En el Perú se viene implementando desde 2016. Aunque se le ha denominado “responsabilidad administrativa de las personas jurídicas”, en la práctica se les está responsabilizando por la vía penal, legitimando su autonomía frente a sus socios, directores o administradores. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha publicado una propuesta de reglamento de esta ley, y que tiene algunos aspectos positivos:

  • Regula la implementación de un sistema de cumplimiento para la prevención de específicos delitos, así como sus principios rectores.
  • Se crea el órgano de prevención que velará por la aplicación, ejecución, cumplimiento y mejora continua del modelo de prevención de estos delitos.
  • Establece el procedimiento de denuncia y control interno, implementado por la persona jurídica, para recibir sospechas de comisión de delitos o actos indebidos.
  • Obliga a la empresa a difundir y capacitar a todo su personal sobre el modelo de prevención de delitos.
  • Se regulan los requisitos que deberá comprender el informe que se envíe a la alores, pertinentes para la solicitud que requiera la Fiscalía.

Hay que tener en cuenta que los riesgos no se eliminarán. Como se mencionó al comienzo, HSBC ignoró y manipuló a su órgano de prevención para que este no detecte los delitos que el banco realizaba. Lo cual nos indica que si bien este tipo de dispositivos ayudan a combatir la corrupción, necesita articularse con otros mecanismos para evitar que la empresa salte las normas.

 

  • Fecha de publicación: 21/03/2018
  • Foto: cz.123rf.com

Proética se pronuncia sobre nuevo proceso de vacancia contra PPK

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A pocos días de que el Congreso de la República debata por segunda vez un nuevo pedido de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, el Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, sostuvo que el Estado peruano atraviesa por uno de los peores momentos de su historia y el factor determinante para ello, ha sido sin duda la corrupción.

Albán indicó que la decisión que se tome respecto a la permanecía de PPK en el sillón presidencial, será transcendental para el Perú. Sin embargo, preciso que esto no garantizará que lo que vendrá después, mejorará la situación política del país.

“Si bien muchos coinciden en señalar que el presidente Kuczynski ha labrado a pulso el trance por el que ahora atraviesa, la trayectoria de muchos de los congresistas que pretenden su vacancia, lejos de reflejar una posición de principios y de lucha contra la corrupción, parecen más bien expresar intereses muy distintos, ajenos a toda aspiración legítima o deseable”, dijo Albán en la última edición de La Voz de Proética.

A pesar que este nuevo pedido de vacancia surge de nuevas denuncias que deberá responder el mandatario ante las autoridades pertinentes, para algunos calificados constitucionalistas y analistas políticos esto no justifica el pedido de vacancia que, como se sabe, cuenta con el respaldo de congresistas que pertenecen a distintas bancadas hoy representadas en el Congreso.

Finalmente, afirmó que, ante la crisis de Estado por la que atravesamos, es indispensable promover en el Perú un gran movimiento ciudadano, capaz de transformar esta situación de raíz, y poner en marcha una estrategia pensada para impedir que la corrupción siga penetrando en las instituciones estatales.

19/03/2018
Foto: Agencia Andina

Supuesta falsedad de Espinosa-Saldaña ya fue archivada en el Congreso el 2014

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(Fuente: La República/ Wilber Huacasi). Este martes, los miembros del Tribunal Constitucional (TC) podrían sesionar con el fin de decidir la eventual destitución del magistrado Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, sobre quien pesa una acusación por la supuesta consignación de información falsa en la hoja de vida que presentó ante el Congreso, al momento de postular para el cargo en el 2014.

La denuncia fue tramitada por José Luis Sardón, otro miembro del TC, quien plantea vacar por incapacidad moral a Espinosa-Saldaña, por supuestamente consignar el grado académico de doctor en la hoja de vida que presentó ante el Congreso.

Sin embargo, el magistrado Espinosa-Saldaña hizo la rectificación formal, el 13 de mayo del 2014, incluso antes de ser elegido formalmente en el Pleno del Parlamento. Esto último no fue tomado en cuenta por Sardón.

Al archivo
Ahora bien, el 14 de mayo del 2014 fue tramitado ante el Congreso un recurso formal de tacha contra Espinosa-Saldaña. En la página 13 de este documento se consigna el mismo reclamo sobre el grado de doctor. Para entonces, el entonces postulante ya había efectuado la corrección.

En consecuencia, el 21 de mayo, el Pleno del Congreso aprobó archivar esta y todas las tachas contra los otros candidatos, por considerarlas irrelevantes.

“El tema del grado de doctor de Eloy Espinosa no estuvo como una tacha importante en su momento”, recuerda ahora el ex congresista José León, quien estuvo a cargo de la comisión especial que hizo la preselección de los candidatos para el TC.

El ex parlamentario precisa además que “Eloy Espinosa-Saldaña fue uno de los candidatos que más adhesiones tuvieron en el momento”.

De hecho, el acta de mayo del 2014, donde se define la lista de precandidatos, incluido el nombre de Saldaña-Espinosa, tiene las firmas del fujimorista Héctor Becerril y del aprista Javier Velásquez.

Fines políticos
El martes debe sesionar el TC para abordar el tema. Sin embargo, este fin de semana el magistrado Manuel Miranda fue internado en una clínica. Extraoficialmente se conoció que uno o dos miembros de este organismo solicitaría suspender la sesión hasta la próxima semana, para no obviar su voto en un caso de especial relevancia.

La denuncia de Sardón surgió luego de que fracasara en el Congreso el intento del fujimorismo y el Apra de destituir a Espinosa-Saldaña y a otros tres magistrados por el caso El Frontón. Fue la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que paralizó este intento de captura.

Walter Albán, de Proética, advierte ahora en este proceso contra Espinosa-Saldaña un nuevo intento de intervención del TC. “Lo que está detrás de esto es una movida de tipo político para tratar de controlar una mayoría en el TC que hoy día no tienen”, advierte.

Otros “doctores” en el TC
Para reforzar la acusación contra Espinosa-Saldaña, algunos miembros del TC optarían por incluir sobre la marcha información adicional difundida en medios, sobre la consignación del grado de doctor del citado magistrado en otros documentos.

De ser así, Walter Albán recuerda que también hay información de ese tipo relacionada a otros magistrados como del TC Ernesto Blume y el mismo José Luis Sardón.

Sobre este último, por ejemplo, consta su nombre en una resolución oficial del Organismo de la Inversión en Energía del 2006, donde lo citan como doctor, cuando él aún no obtenía tal grado.

“Que yo sepa él tampoco ha presentado rectificación”, apunta Walter Albán, al tiempo de insistir en que detrás de esto hay una intencionalidad política, por lo que instó a la ciudadanía a mantenerse alerta.

Corrupción vs. tolerancia: un importante paso en la dirección correcta

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Por Walter Albán. A propósito de la última encuesta de Proética sobre corrupción, aplicada por IPSOS y presentada a fines de septiembre del año pasado, vale la pena reparar en una de las respuestas que ha mostrado mayor variación en esta oportunidad, comparándola con la obtenida en nuestro anterior sondeo, de noviembre de 2015.

La pregunta fue la misma: ¿Considera usted que es necesario algo de corrupción para poder facilitar el crecimiento de la economía y el desarrollo? Para el año 20015, un 51% de los entrevistados respondió que sí, expresando en consecuencia una alta tolerancia a la corrupción.  En el año 2017, sin embargo, ha sido notorio el cambio en ese nivel, al haberse reducido a solamente un 15% el porcentaje de respuestas afirmativas. Una reducción tan drástica, de 36 puntos porcentuales, no puede pasar desapercibida y merece una explicación.

Es evidente que el resultado de una encuesta puede ser objeto de más de una interpretación, pero, ciertamente, será difícil discrepar en que esta significativa variación ha tenido, en el factor “Lavajato”, uno de carácter determinante. Podemos afirmar esto, no solamente por el hecho de que tan brusca reducción de la tolerancia en un lapso tan corto sólo puede derivar de algún hecho relevante vinculado al tema examinado, y eso sin duda ocurre con el escándalo desatado por el caso “Lavajato”, sino por otras respuestas brindadas también en la última edición de la encuesta.

En efecto, la verificación de que por primera vez en todos estos años, el flagelo de la corrupción sea percibido al interior del país como el problema que afecta más gravemente a los peruanos, incluso por encima de la delincuencia o inseguridad ciudadana y que a nivel nacional (es decir, incluyendo Lima), haya acortado sus distancias respecto a este último, de 16 a solamente 5 puntos porcentuales, fundamenta en buena medida nuestra hipótesis.  En la misma dirección, podemos señalar que la inclusión de los empresarios entre los agentes más importantes de la corrupción (71%), muy cerca de quienes ocupan los dos primeros lugares (congresistas 77% y jueces, 72%), abunda en apuntalar esta manera de entender los resultados.

A partir de lo expuesto, hemos sostenido que se advierte un giro importante en el estado de ánimo de la ciudadanía, al reducirse sensiblemente los elevados niveles de tolerancia frente a la corrupción, haciéndose evidente, más bien, una creciente indignación frente a lo que Transparencia Internacional califica como la Gran Corrupción, o sea, aquella vinculada al poder político y económico en los más altos niveles.

Esta constatación es, a no dudarlo, de la máxima relevancia, porque nos coloca en un escenario en el que, finalmente, después de muchos años de indiferencia o desánimo, es posible hablar en el Perú de condiciones que favorecen una amplia y creciente movilización ciudadana para enfrentar con éxito, la gangrena material y moral que viene frenando desde los inicios de nuestra vida republicana el desarrollo de un proyecto nacional, capaz de posibilitar condiciones de vida digna a todos los peruanos.

  • Fecha de publicación: 14/03/2018
  • Foto: capitalhumano.com.co

Walter Albán: “Intención de Fuerza Popular y del Apra de controlar el TC es clara”

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(Por La República) El director de Proética, el abogado Walter Albán, asegura que Fuerza Popular y el Apra están detrás del pedido de vacancia que presentó el magistrado del Tribunal Constitucional (TC) José Luis Sardón contra su colega Eloy Espinosa-Saldaña. Albán, quien defendió a Espinosa-Saldaña en otra denuncia ante el Congreso, alerta que ambas bancadas buscan manejar el TC.

Usted asegura que existe un trasfondo en el pedido de vacancia que evalúa el TC contra su propio vicepresidente, el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, por presuntamente mentir en su hoja de vida. ¿Cuál es?

Está clara la intención de un sector representado por la mayoría del Congreso (Fuerza Popular) y algunos aliados de controlar el TC. Lo quieren hacer porque la tendencia autoritaria que muestran en el Congreso solo la pueden mantener si es que el TC les garantiza que no revisará las decisiones que tomen allí.

La denuncia contra Espinosa-Saldaña en el TC la presentó el magistrado José Luis Sardón, no el fujimorismo. ¿Cuál es el vínculo entre ambos?

Puedes leer todos los artículos publicados por el señor Sardón antes de ser magistrado del TC y verás que sus coincidencias con el fujimorismo son más que evidentes.

Eso lo lleva a pensar que Sardón trabaja en pared con el fujimorismo.

Es evidente. El magistrado Sardón, a quien públicamente también se le nombra doctor sin que lo sea y sin que lo haya rectificado, no está en situación de pedir una vacancia por una supuesta mentira del magistrado Espinosa-Saldaña. Además ha quedado absolutamente desacreditada esa denuncia.

¿Cómo podría el partido Fuerza Popular controlar al TC si vacan al magistrado Espinosa-Saldaña?

No solo Fuerza Popular, pues claramente el Apra tiene que ver en esto. Cuatro magistrados han mostrado una línea que los deja contrariados. Ellos son Manuel Miranda, Carlos Ramos, Marianella Ledesma y Espinosa-Saldaña. Si logran vacar a Espinosa-Saldaña, quedarían solo los otros tres, quienes serían minoría. Ellos (Fuerza Popular y el Apra) podrían asegurar que un cuarto magistrado se sume a los que ya consideran que están más cerca a sus pretensiones.

¿Por qué el Apra tendría un interés especial en este tema?

Todos sabemos cómo están trabajando ambas bancadas en el Congreso, de la mano. De hecho, la acusación constitucional contra los cuatro magistrados del TC presentada en el Congreso fue manejada entre la bancada fujimorista y la del Apra.

Esa denuncia contra cuatro magistrados aún está vigente en el Congreso pese a que la Corte IDH pidió que se archive.

Quedó truncada con la decisión de la Corte. El Congreso le ha pedido “aclaraciones”, pero no hay mucho que aclarar en la palabra archivar. Como esa denuncia está entrampada, buscan que sea el propio TC el que saque al magistrado Espinosa-Saldaña por presuntamente mentir, cuando él ha demostrado que se trató de un error. Y quien actúa aquí es el magistrado Sardón.

Espinosa-Saldaña aseguró que en su hoja de vida figuró con el grado de doctor por un error de tipeo. Ese argumento es poco creíble. ¿Quién se nombra doctor por error de tipeo?

En este país se califica al abogado como doctor. Es importante revertir eso. Lo que pasó en el caso del magistrado Espinosa – Saldaña es que sus estudiantes lo apoyaron (para elaborar su hoja de vida), y cuando registraron las universidades que ha visitado, colocaron: “Eloy Espinosa-Saldaña, doctor en derecho, ha visitado las universidades…” Pero cuando él advierte este error, decide corregirlo y manda cartas al Congreso informando sobre la nueva versión. Todo esto está acreditado.

Usted también alertó que el fujimorismo busca controlar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). ¿Estamos regresando a los 90′?

La creciente tendencia autoritaria efectivamente nos coloca en un escenario parecido al del 90′, pero más complejo. En el Perú tenemos un déficit de democracia.

13/03/2018

Exigimos al Congreso una actuación más transparente y ceñida al marco constitucional

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El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán exigió al Congreso de la República respetar la Constitución, sin pretender distorsionarla con medidas carentes de todo sustento jurídico. Al respecto, advirtió las tendencias autoritarias que se vienen afirmando peligrosamente en este Poder del Estado, al tiempo que se busca modificar la composición del Tribunal Constitucional, forzando la vacancia de uno de sus miembros. De esa manera, controlando dicho tribunal, impedirían cualquier rectificación o revisión de sus cuestionadas normas, así como cualquier medida autoritaria futura que pudieran aprobar, vulnerando la Constitución.

A cuestiones como la nueva versión de la normatividad contra el supuesto transfuguismo o la prohibición para contratar publicidad estatal en medios privados, se suma ahora el proyecto de ley aprobado el último jueves por el parlamento, modificando los procedimientos de censura y presentación de la cuestión de confianza.

“Lo ocurrido en el Congreso la semana pasada, al trastocar el diseño constitucional estableciendo nuevas pautas para definir cuándo un primer ministro puede hacer cuestión de confianza, y bajo qué circunstancias se puede considerar que se ha producido una crisis de gabinete, debe darnos una voz de alarma”, dijo en la última edición de la Voz de Proética.

Pero no son los únicos cuestionamientos que pesan sobre el Congreso. Precisó que una amplia mayoría de congresistas se niega a tomar en serio las denuncias por graves faltas éticas de sus integrantes. Además, solo 20 de los 130 parlamentarios han publicado su declaración de intereses, y, lo más preocupante, es que hasta la fecha no se apruebe una real reforma electoral, que impida el financiamiento de campañas y organizaciones políticas con dinero proveniente de la corrupción.

Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía, para impedir que nuestro país sea presa del autoritarismo, poniendo en riesgo toda oportunidad de rescatar al Perú de las garras de la corrupción y de las mafias que han logrado penetrar, desde la política, una porción importante del Estado peruano.

12/03/2018

Declaración de Intereses debe ser obligatoria por ley

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(Por La República) La Declaración Jurada de Intereses tiene todavía carácter voluntario a pesar de su importancia. Reúne información sobre los empleos que han tenido los altos funcionarios en los últimos años y también de las empresas en las cuales han sido accionistas, aunque no hayan trabajado en ellas. La información incluye a sus familiares más directos.

Estos datos permitirán detectar la posibilidad de un conflicto de intereses entre la decisión que tome un funcionario y sus actividades privadas o la de sus familiares cercanos como esposa, hijos y hermanos.

Desde el año pasado en que se puso en práctica han sido muy pocos los funcionarios públicos que la han presentado. El Poder Ejecutivo lo ha hecho en razón al compromiso que adquirió. En el Poder Legislativo, solo 20 de los 130 parlamentarios presentaron el documento. Ningún legislador del Apra, Nuevo Perú y Acción Popular hizo la declaración.

A nivel de gobernadores regionales, la situación es lamentable. Ninguno lo ha presentado.

Ante esta situación, han surgido voces como la de Gerardo Távara, de la Asociación Civil Transparencia, para que esta práctica sea obligatoria a través de una ley.

De esta manera, ministros, viceministros, secretarios generales y directores del Poder Ejecutivo tendrán el deber imperativo de cumplirlo. Lo mismo que altos funcionarios de organismos autónomos como el Banco Central de Reserva, Sunat, Contraloría, Defensoría del Pueblo. También el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. Congresistas y funcionarios del Legislativo como el Oficial Mayor. Además de gobernadores regionales, directores regionales, alcaldes, provinciales y distritales.

“Que una ley los obligue a presentar la Declaración Jurada de Intereses y establezca dónde se colocan, ante quién se presentan y la sanción en caso no se cumpla. También, el órgano responsable de verificar que lo que allí se indica es verídico”, señaló Távara.

Proyecto de ley

El año 2016 se formó la Comisión Presidencial de Integridad presidida por el ex defensor del pueblo, Eduardo Vega. Esta comisión presentó cien recomendaciones.

La primera recomendación fue que los altos cargos del Poder Ejecutivo presenten una Declaración Jurada de Intereses y que, además, se entregue al Congreso un proyecto de ley para que sea obligatoria.

“Los altos funcionarios del Poder Ejecutivo cumplieron al 31 de enero con publicar esta declaración jurada. Lo que no se ha cumplido es con presentar el proyecto de ley”, cuestionó Gerardo Távara.