Proética: Gobierno debería tomar la iniciativa de revisar el indulto a Fujimori

Comparte Comparte Comparte Comparte

(Por Ideeleradio) El Gobierno debería, de oficio, tomar la iniciativa de revisar el indulto concedido a Alberto Fujimori, dijo Walter Albán, director ejecutivo de Proética, al referirse a los videos que grabó el congresista Moisés Mamani, en los que Kenji Fujimori le dice “nosotros lo hemos sacado” y que su voto contra la vacancia “iba a consolidar la libertad” del exmandatario.

“¿Lo dicho en el video esa podría ser causal para que se pueda revisar ese indulto? Sin duda, siempre ha habido la sospecha de que las habían sido así, pero lo que ahora tenemos es la confirmación de que todo fue fraudulento, por tanto, se podrían tomar iniciativas de oficio”, indicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Me imagino, sin embargo, que va a resultar más cómodo para quienes están ahora en la situación de decidir, esperar la decisión de la Corte Interamericana, dado que se sabe que este asunto va a ser resuelto en cualquier momento”, agregó.

Albán Peralta comentó que, si el gobierno de Martín Vizcarra no llegara a tomar una decisión, lo más probable es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) termine exhortando al Estado a declarar nula la resolución que concedió el indulto humanitario y la gracia presidencial a Fujimori Fujimori.

“Tengo la impresión de que la Corte o resolvía de esa forma o, eventualmente, hubiera pedido demostrar una serie de cosas que es imposible de demostrar, porque sabemos cómo fue el proceso, y por la constatación que ahora se ha producido mi opinión es que lo más probable es que diga que ese indulto es nulo”, aseveró.

Gobierno de Fujimori dañó el sistema

Finalmente, sostuvo que lo que demuestran los keikovideos o Kenjivideos es que esto marca el grado en el cual la política se ha deteriorado, tras el gobierno de Alberto Fujimori. Mencionó que son deleznables los hechos que se describen, y que se pone en cuestión la regulación del sistema que permite que personajes de este tipo lleguen al Congreso.

“Creo que nos confirma lo peor de lo que sospechábamos. En efecto, aquí, sin embargo, más allá de quiénes están de un lado y el otro, creo que todos están francamente manchados por esta situación, y es muy difícil decir que unos son los responsables y otros son inocentes”, precisó.

“Eso permite ver el grado en el que el gobierno de Alberto Fujimori dañó el sistema y la institucionalidad del país. Las prácticas que, en ese momento, se afirmaron como un modo de hacer política, lejos de haber sido erradicadas se han ido sofisticando, y estamos ante una proyección prácticamente de lo mismo”, refirió.

9/04/2018

Agenda de indígenas y sociedad civil abre foros de la Cumbre de las Américas

Comparte Comparte Comparte Comparte

(Por Agencia EFE) La problemática que afecta a los pueblos indígenas y la sociedad civil frente a la corrupción será debatida a partir de mañana en Lima en sendos foros que abren las actividades de la VIII Cumbre de las Américas, que se celebra este viernes y sábado con la lucha anticorrupción como tema central.

El Foro de los Pueblos Indígenas analizará la forma en que repercute la corrupción “en el retraso de la agenda histórica de nuestros pueblos, como la seguridad jurídica de nuestro territorio, la seguridad jurídica al indígena y la consulta previa”, declaró a Efe la lideresa nativa peruana Ketty Marcelo.

La presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), coordinadora del encuentro, agregó que el foro permitirá también conocer el impacto que tienen las actividades extractivas en las mujeres.

“Somos las que más sufrimos con el impacto del extractivismo, pues la violencia cruza toda la agenda central de la mujer indígena, por el mismo hecho de ser mujeres en un país con tantas altas tasas de violencia como el Perú”, expresó Marcelo.

Este foro, que ha convocado a 250 representantes indígenas y siete organizaciones, presentará hasta el miércoles paneles y mesas redondas para discutir sobre los sistemas de gobierno indígena, la libre determinación de los pueblos y la aplicación de la Declaración Americana sobre los derechos de los pueblo Indígenas.

Por su parte, el Foro de la Sociedad Civil contará con la participación de una serie de coaliciones y organizaciones que abordarán la transparencia y gobernanza, derechos humanos, personas con discapacidad, religiones, afrodescendientes, y comunidades de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, entre otros.

Una de las entidades participantes en el Foro de la Sociedad Civil, Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional, anunció para el viernes una actividad al pie de la estatua del Cristo del Pacífico, donada por la empresa brasileña Odebrecht al ahora expresidente Alan García, para representar “cómo afecta la corrupción a las personas, tanto en Perú como en América”.

“Solo si los jefes de Estado asumen acuerdos ambiciosos en esta Cumbre de las Américas y se comprometen a implementarlos a cabalidad, se podrá pensar en reducir la corrupción en nuestra región”, indicó Walter Albán, director ejecutivo de Proética.

Alan García recibió la estatua donada por Odebrecht durante su segundo gobierno (2006-2011), investigado actualmente por los sobornos declarados por la constructora para ganar la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima.

La corrupción desplegada por Odebrecht y otras empresas brasileñas ha atravesado las gestiones de los últimos gobiernos en Perú, incluido, aparentemente, el del exgobernante Pedro Pablo Kuczynski cuando fue ministro de Alejandro Toledo (2001-2006).

Consultado sobre esta situación, el presidente peruano, Martín Vizcarra, afirmó hoy que su intención es “mostrar un Perú unido para forjar su desarrollo” durante la cumbre.

Vizcarra hizo alusión de esa forma a los enfrentamientos entre el Congreso y el Ejecutivo, que forzaron la renuncia de Kuczynski después de que se revelara un intento de compra de votos de parlamentarios para evitar su destitución en marzo pasado.

Las propuestas presentadas en el foro por los capítulos americanos de Transparencia Internacional están referidas a mejorar los estándares de transparencia y sanciones en la financiación de la política, y aumentar la eficiencia de los controles sobre los procesos de adquisiciones y ejecuciones de proyectos de infraestructura, entre otros, citó Proética.

Las conclusiones de los foros serán entregadas el jueves a los Estados participantes en la VIII cumbre, como parte de la asamblea que tendrán con la sociedad civil.

En esta Cumbre de las Américas Perú recibirá a los representantes de 34 Estados invitados, de los cuales 21 estarán encabezados por sus jefes de gobierno, según las confirmaciones recibidas por la Cancillería, así como también a unos 2.000 periodistas.

09/04/2018

Proética se pronuncia ante la falta de ética del Congreso y en contra de la inmunidad parlamentaria

Comparte Comparte Comparte Comparte
El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, consideró lamentable la actuación de la denomina Comisión de Ética en el Congreso de la República a propósito de lo que viene ocurriendo en ella desde tiempo atrás y saludó la propuesta de la Congresista Patricia Donayre para eliminar la inmunidad parlamentaria. Esta medida sin embargo no habrá de caminar si depende solamente de la voluntad de los Congresistas, señaló, por lo que se requiere una amplia movilización ciudadana que la exija como parte de una cruzada por adecentar la política en el Perú.
 
Precisó además, que es urgente evaluar uno a uno a quienes llegan al Congreso de la República, ya que las organizaciones abandonando su responsabilidad, no se han preocupado de conocer sobre sus antecedentes o trayectorias. “cada vez crece el número de congresistas que debieran encontrarse enfrentando procesos por diverso tipo de delitos, en lugar de pretender fiscalizar y legislar en el parlamento”, afirmó.
09/04/2018

La corrupción no desaparece por arte de magia: Proética y Transparencia Internacional hacen un llamado a los jefes de Estado que participarán de la VIII Cumbre de las Américas

Comparte Comparte Comparte Comparte

La corrupción no desaparece por arte de magia, se necesitan compromisos concretos y ambiciosos.

Este lunes 09 de abril, corrieron reportes en redes sociales sobre la supuesta desaparición del Cristo del Pacífico, monumento donado por la empresa Odebrecht  durante el gobierno del ex presidente Alan García en el año 2011, hecho que muchos han interpretado como la utilización de la imagen de Cristo para ocultar la corrupción que ahora ha quedado al descubierto.

Evidentemente, la estatua, de 37 metros de alto, que  está inspirada en el Cristo de Corcovado, situado en Rio de Janeiro, no ha desaparecido; sigue allí.  Como también sigue allí lo que simboliza para muchos peruanos y peruanas. De alguna manera, esta campaña constituye también un desagravio a esa imagen.

De esta manera, Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, busca llamar la atención de la opinión pública y, en particular, de los gobiernos del continente que se reúnen esta semana en Lima, sobre la importancia de asumir acciones concretas para combatir la corrupción. “Solo si los jefes de Estado asumen acuerdos ambiciosos en esta Cumbre de las Américas y se comprometen a implementarlos a cabalidad, se podrá pensar en reducir la corrupción en nuestra región”, indicó Walter Albán, director ejecutivo de Proética.

Las propuestas que hacen los capítulos americanos de Transparencia Internacional cubren aspectos cruciales, como mejorar los estándares de transparencia y sanciones en el financiamiento de la política, aumentar la eficiencia de los controles sobre los procesos de adquisiciones y ejecuciones de proyectos de infraestructura, fortalecer los sistemas de justicia y asegurar su autonomía para perseguir a los corruptos. El detalle de las mismas se puede encontrar aquí:

Proética y Transparencia Internacional realizó un evento en el Morro Solar, lugar donde se sitúa el Cristo del Pacífico, el viernes 13 de abril, para representar cómo afecta la corrupción a las personas, tanto en Perú como en América.

Plantean veeduría ciudadana en reemplazo de Comisión de Ética

Comparte Comparte Comparte Comparte

(Por Agencia Andina)  Una veeduría ciudadana, integrada por gente ajena a la política y de trayectoria impecable, planteó el director ejecutivo de Proética, Walter Albán, como reemplazo de la Comisión de Ética Parlamentaria, cuyo desempeño es objeto de serias críticas.

Según indicó, resulta claro que la referida comisión no funciona desde hace mucho tiempo y que el problema no se soluciona con la renuncia hecha por su titular, Juan Carlos Gonzales.
“Lejos de velar por la ética se ha usado para castigar al adversario político y proteger al propio. Corresponde entonces cambiar todo el diseño, pensar en algo distinto”, señaló a la Agencia Andina.
Dada las actuales condiciones, Albán planteó la posibilidad de promover una veeduría ciudadana, una suerte de comisión externa con participación de la sociedad civil.
 
“Tendría que estar compuesta por gente que no sea parlamentaria, que tenga trayectoria e independencia que le den legitimidad de origen a la veeduría”, remarcó Albán.
Para el representante de Proética, la situación a la que ha llegado la Comisión de Ética y el Parlamento en general es “alarmante”, por lo que una iniciativa como una veeduría con participación ciudadana resulta más que pertinente.
 
“La enfermedad en el Congreso está hace mucho rato, lo último que hemos visto demuestra que lo de hoy es un agravamiento”, añadió.
Las recientes críticas contra la Comisión de Ética iniciaron tras archivar una denuncia contra la legisladora fujimorista Yesenia Ponce, acusada de haber falsificado documentos de estudios que no habría realizado.
A dicha comisión, presidida por Fuerza Popular, se le atribuye defender a los parlamentarios fujimoristas denunciados.
8/04/2018

¡No más “Lava Jatos”! Transparencia Internacional y Proética presentaron propuestas anticorrupción en el marco de la VIII Cumbre de las Américas

Comparte Comparte Comparte Comparte

En los últimos años, se ha evidenciado cómo la gran corrupción estaba esparcida por toda América Latina, siendo el ejemplo más claro el caso “Lava Jato”. Ante esta situación, los capítulos nacionales de Transparencia Internacional en la región, consideran que la VIII Cumbre de las Américas, cuyo tema central es la gobernabilidad democrática frente a la corrupción, es una valiosa oportunidad para que los gobiernos de los países asuman compromisos concretos y ambiciosos para prevenir nuevos “Lava Jatos”.

Transparencia Internacional, cuyo capítulo en el Perú es Proética, prepararon un conjunto de recomendaciones específicas en áreas estratégicas, como el financiamiento de campañas políticas, las compras y contrataciones públicas, la ejecución de proyectos de infraestructura, el fortalecimiento de los sistemas de justicia y los mecanismos de cooperación interamericana, entre otras.

Estas recomendaciones fueron discutidas y expuestas en el foro “Hacia una nueva institucionalidad: la propuesta de Transparencia Internacional”, el cual se desarrollo el pasado miércoles, 11 de abril, a las 5 p.m.

Este evento contó con la participación de Delia Ferreira, Presidenta de Transparencia Internacional; Patricia Moreira, Directora de la Secretaría de Transparencia Internacional; Walter Albán, Director Ejecutivo de Proética (TI-Perú); Pablo Secchi, Director Ejecutivo de Poder Ciudadano (TI-Argentina); Mercedes De Freitas, Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela; y Bruno Brandao, Director Ejecutivo de Transparencia Internacional Brasil; y fue moderado por los periodistas Patricia Del Río y Augusto Álvarez Rodrich.

Además, puedes descargar las propuestas y recomendaciones de los capítulos nacionales de TI aquí.

Posición de los capítulos nacionales de Transparencia Internacional (TI) ante la VIII Cumbre de las Américas “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”

Comparte Comparte Comparte Comparte

Transparencia Internacional considera que los gobiernos y las organizaciones de sociedad civil reunidas en la VIII Cumbre de las Américas deben aprovechar esta oportunidad para generar consensos y recomendaciones sobre las áreas estratégicas que realmente contribuyan a atacar la raíz de la corrupción.

Los recientes escándalos en la región, principalmente el caso develado por la operación “Lava Jato”, que expuso la actividad criminal de un cártel de empresas constructoras brasileras que operaba en gran parte de América, entre las cuales destaca Odebrecht, confirman que las áreas estratégicas para combatir la corrupción son: financiamiento de partidos y campañas, compras y contrataciones públicas y sistema de justicia. Asimismo, los compontes transversales de cada una de estas áreas son el derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas de calidad y la participación ciudadana efectiva.

Las propuestas concretas de los capítulos de Transparencia Internacional de América Latina y el Caribe para la VIII Cumbre de las Américas son:

1. Financiamiento de partidos y campañas:

1.1.Control del Estado: a) asignar la función de control de todos los recursos públicos y privados en efectivo y especies de los partidos y campañas en una institución específica, autónoma e independiente (sin limitar la capacidad de coordinación interinstitucional); b) crear dentro de esa institución una unidad especializada, c) asignarle a esa unidad funciones de revisión, verificación y auditoria; d) dotarla con los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios; y e) fortalecer la capacidad estatal de prevenir, sancionar y erradicar el financiamiento proveniente de fuentes ilegales.

1.2.Rendición de cuentas a cargo de los partidos: a) establecer la obligación de bancarizar todos los ingresos de los partidos y campañas; b) establecer mecanismos obligatorios complementarios para garantizar el registro de todos los ingresos y egresos (incluyendo los recursos en especies) de los partidos y campañas (recibos certificados, declaración de origen de fondos, comprobantes de pago, certificados de compra o adquisición); c) instaurar sistemas obligatorios de administración y control interno de todos los recursos (unidad especializada responsable, manuales y sistemas contables); d) instituir la obligación de presentar informes financieros integrados y abiertos a la ciudadanía (previos y posteriores a las elecciones); y e) establecer o fortalecer los sistemas electrónicos abiertos de presentación de informes y rendición de cuentas de los partidos.

1.3.Acceso a la información y participación ciudadana: a) establecer obligaciones y mecanismos para garantizar la máxima publicidad de toda la información sobre el financiamiento; b) establecer normas e instrumentos para garantizar el acceso y monitoreo ciudadano de toda la información sobre financiamiento; c) eliminar el secreto bancario y fiscal de las finanzas de los partidos y campañas; d) establecer la obligación de que las personas jurídicas que financien partidos y campañas brinden información a las autoridades y al público en general sobre las personas naturales que las controlan y reciben beneficios de ellas; y e) crear bases de datos abiertas con la información pública de todos los donantes de los partidos y campañas, es decir, personas jurídicas y las personas naturales que las controlan, así como personas individuales.

1.4. Limitación del gasto de campaña: a) instaurar límites de duración de campañas, b) establecer límites de gastos de campaña, y c) crear límites y controles específicos de los disparadores del gasto.

1.5. Prohibición del uso indebido de recursos públicos: a) prohibir la publicidad de asuntos estatales durante la campaña; b) prohibir la contratación de bienes y servicios públicos durante la campaña; c) prohibir el proselitismo desde cargos públicos; d) prohibir la entrega de beneficios o ingreso a programas sociales durante la campaña; y e) establecer la separación obligatoria del cargo de aquellos funcionarios públicos que sea precandidatos y candidatos.

1.6.Sanciones: a) establecer sanciones administrativas y penales efectivas, proporcionales y disuasivas de todas las conductas (acciones y omisiones) que transgredan las reglas (prohibiciones y obligaciones) del sistema de financiamiento imputables a personas individuales (dirigentes de partidos y funcionarios públicos) y colectivas (partidos e instituciones públicas); b) establecer las autoridades competentes en materia administrativa y penal y las reglas procesales necesarias para que el Estado en general garantice la aplicación efectiva de las sanciones; y c) fortalecer los mecanismos de protección de denunciantes especialmente para quienes denuncian financiamiento de fuentes ilegales.

2. Compras y contrataciones públicas:

2.1.Control del Estado: a) fortalecer los órganos de control gubernamental independientes garantizando su autonomía y dotándolos de los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios; b) fortalecer las unidades internas de control de todas las instituciones que procesan compras y contrataciones públicas; c) asignar a las unidades internas las competencias y los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios; d) crear mecanismos para garantizar un control interno eficaz (asignación de cada fase a equipos distintos y rotación de funcionarios); e) crear un sistema de precalificación que establezca criterios de integridad que las empresas deben cumplir para participar en los proceso de compras y contrataciones; y f) establecer la obligación de comparar y analizar la información pública contenida en las bases de datos de financistas de partidos y las de contratistas estatales y publicar los resultados periódicamente.

2.2.Rendición de cuentas: a) instituir la obligación de detectar, prevenir y resolver los conflictos de intereses de los funcionarios involucrados en todas las fases de los procesos de compras y contrataciones; b) fortalecer los sistemas de declaración y evaluación patrimonial de los funcionarios involucrados en todas las fases de los procesos de compras y contrataciones; c) establecer cláusulas anticorrupción en los contratos y mecanismos efectivos para su cumplimento; d) crear o fortalecer mecanismos de apelación robustos, independientes y efectivos para los oferentes en cualquier fase del proceso; y e) crear o fortalecer mecanismos adecuados y eficientes de defensa para las instituciones públicas que permitan resolver las apelaciones de forma oportuna y justa.

2.3.Acceso a la información: a) garantizar la publicidad y acceso a toda la información de las fases de los procesos de compras y contrataciones (desde la planificación hasta la evaluación) en formatos inteligibles; b) prohibir cláusulas de confidencialidad en los contratos, salvo excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico nacional, justificadas, limitadas y públicas; c) instaurar o fortalecer los sistemas electrónicos de compras y contrataciones públicas y garantizar su uso en todos los niveles del Estado; (nacional, federal, departamental o provincial y local o municipal); d) garantizar la publicación de las declaraciones de intereses y patrimonio de los funcionarios involucrados en todas las fases de los procesos de compras y contrataciones; y e) establecer la obligación de que las personas jurídicas que compitan en los procesos de compras y contrataciones brinden información a las autoridades y al público en general sobre las personas naturales que las controlan y reciben beneficios de ellas.

2.4. Participación ciudadana: a) instituir mecanismos de consulta y monitoreo ciudadano eficientes, formales y obligatorios previa, durante y posteriormente a la celebración de los contratos; y b) establecer la obligación de las autoridades públicas de responder a las conclusiones y recomendaciones derivadas de las consultas y el monitoreo ciudadano.

2.5.Sanciones: a) establecer sanciones administrativas y penales efectivas, proporcionales y disuasivas de todas las conductas (acciones y omisiones) que transgredan las reglas (prohibiciones y obligaciones) y malas prácticas (colusión, fraccionamiento de compras u obras, tráfico de influencia, acceso a información privilegiada, entre otras) en los procesos de compras y contrataciones imputables a personas individuales (empresario y funcionarios) y colectivas (empresas e instituciones); b) garantizar la aplicación efectiva de las sanciones mediante el fortalecimiento institucional y el perfeccionamiento del marco legal procesal en materia administrativa y penal.

3. Sistemas de justicia

3.1.Consolidar la independencia de las instituciones del sistema de justicia: a) crear procesos transparentes, competitivos y objetivos de selección de todos los funcionarios del sistema de justicia; b) establecer sanciones contra la injerencia en los procesos de selección de los funcionarios del sistema; c) fortalecer los sistemas de carrera judicial, fiscal y de defensores públicos transparentes, competitivos y objetivos; y d) asignar los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios.

3.2.Cooperación internacional: a) promover la ratificación de los instrumentos internacionales sobre cooperación internacional anticorrupción, así como facilitar su implementación, promoviendo los mecanismos institucionales necesarios para su eficaz actuación; b) mejorar los ordenamientos jurídicos, innovando y actualizando los instrumentos normativos nacionales e internacionales existentes, así como armonizando la legislación de carácter sustantivo; c) fortalecer los equipos nacionales de las entidades a cargo de la investigación de la corrupción, dotándoles de los suficientes recursos económicos, humanos y tecnológicos; d) avanzar hacia la cooperación directa, sin intermediarios, entre los responsables de la investigación de casos de corrupción mediante la realización de encuentros periódicos y el fortalecimiento de las redes especializadas de las autoridades competentes, así como la creación de centros de coordinación regional o equipos internacionales de investigación que permitan atender casos transnacionales y servir como repositorios de información; e) crear herramientas formales de cooperación internacional, tomando como referente los modelos exitosos de otras regiones del mundo, pero también explorar el uso de herramientas informales de comunicación e interacción entre las autoridades responsables de la persecución penal; y f) impulsar la creación y funcionamiento de registros centralizados de cuentas bancarias, de beneficiarios reales de personas jurídicas, así como dotar de más medios a las unidades de inteligencia financiera.

3.3.Acceso a la información, rendición de cuentas y participación ciudadana: a) establecer obligaciones y mecanismos para que la información sobre el desempeño del sistema en general sea de acceso público y verificable; b) instituir la obligación de detectar, prevenir y resolver los conflictos de intereses de los funcionarios del sistema de justicia; c) fortalecer los sistemas de declaración y evaluación patrimonial de los funcionarios del sistema; d) fortalecer los sistemas de inhabilidades de jueces y magistrados y garantizar su acceso público; e) establecer la obligación de publicar las declaraciones de intereses y de patrimonio; y f) garantizar el efectivo y eficaz monitoreo ciudadano del desempeño del sistema de justicia en general.

3.4.Protección de denunciantes y testigos: a) delimitar el ámbito de aplicación de la protección; b) crear normas y mecanismos para la protección de los denunciantes y testigos; b) difundir extensamente el ámbito, las normas y mecanismos; c) establecer medidas específicas de asistencia y protección a los denunciantes y testigos; y d) crear agencias independientes con las competencias necesarias (recibir, investigar, evaluar y asignar medidas) y dotarlas de recursos económicos, humanos y tecnológicos suficientes.

3.5. Recuperación de activos: a) armonizar y fortalecer la legislación existente para facilitar la eficiente cooperación y recuperación de activos; b) crear los mecanismos necesarios para que los países donde se encuentran los activos ilegales respondan inmediatamente a las solicitudes; c) desarrollar medidas y regulaciones que faciliten la congelación de activos; y d) establecer sanciones para las instituciones financieras que no cumplan con los procesos y normas de recuperación de activos.

4. Sistema interamericano:

El impacto de la corrupción sobre la seguridad, la calidad de vida, la limitación al desarrollo, y el progreso en general, nos obliga además solicitar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que el sistema interamericano incorpore en su concepción, análisis y trabajo a la corrupción y los incentivos perversos que genera como causales de violación de derechos humanos.

Puede descargar el documento aquí.

Walter Albán: “Si tenemos este tipo de representantes en la lucha anticorrupción, no podemos esperar milagros”

Comparte Comparte Comparte Comparte

(Por RPP) ¿Qué reformas deben realizarse para que la lucha anticorrupción se fortalezca en el país? Walter Albán, director ejecutivo de Proética, analiza los avances realizados, y los cambios que aún se necesita implementar.

Los peruanos consideran que el presidente es el principal encargado de liderar la lucha anticorrupción, señala una encuesta realizada por Proética en el 2017. Sin embargo, cinco presidentes peruanos han sido o son procesados por actos de corrupción. El más reciente escándalo es la acusación de compra de votos de Pedro Pablo Kuczynski, lo que motivó su renuncia.  

“Todo ello evidencia más de treinta años de líderes no comprometidos con la causa anticorrupción”, señala Walter Albán, director ejecutivo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional.

A inicios del gobierno actual se realizaron esfuerzos para contar con una agenda anticorrupción. La Comisión Presidencial de Integridad presentó cien recomendaciones para prevenir y sancionar actos corruptos, además de promover la ética en las instituciones. Sin embargo, más de un año desde su publicación, solo trece recomendaciones se han implementado de forma correcta, como detalla el Observatorio de Integridad.

Albán analiza las condiciones que hacen a las instituciones públicas vulnerables ante la corrupción. Además, evalúa las recomendaciones que deben incorporarse para que dicho panorama pueda cambiar en los próximos años.

¿Por qué hay corrupción en las instituciones públicas?

La fuente que alimenta los diversos insumos con los que funcionan las instituciones es la política. Y la política está contaminada. Se está haciendo muy poco para que eso se solucione, por lo cual los problemas que genera han ido en aumento en la última década, sin posibilidad que sea frenado.

¿Hay algún avance en materia de institucionalidad?

No hay avances que se puedan reconocer. Los más importantes se produjeron con la caída del régimen de Alberto Fujimori. Se identificó la corrupción como un problema grave y se expresaron propósitos de luchar contra ella. El gobierno transitorio de Paniagua fue el primer momento donde se legisló para que hubiera transparencia y acceso a la información pública.

¿En qué aporta la transparencia y la data abierta?

La ciudadanía tiene recursos para exigir que la información le sea brindada. El problema es que en la práctica, el Estado aún se resiste a que se pueda hacer un escrutinio a fondo sobre su actuación. A pesar de ello, la ciudadanía está hoy mejor informada, y con posibilidad de informarse más. Es indispensable que la sociedad se haga más protagonista de la realidad del país.

¿El esfuerzo de combatir la corrupción tiene que venir de la ciudadanía?

Tenemos una ley de participación ciudadana que hace falta mejorar para contar con mejores condiciones. Lo que está claro es que la ciudadanía tiene el derecho de asumir un rol más activo y exigir que la información sea brindada, que las autoridades rindan cuentas.

¿La ciudadanía ha desempeñado ese rol fiscalizador?

Hasta hace un tiempo había demasiada tolerancia y conformidad con la situación. Uno de los aspectos positivos del escándalo Lava Jato es que esa situación se ha frenado. Ahora hay una demanda para que la corrupción no quede impune y sea investigada a fondo. Pero aún hace falta acompañar esto de cambios institucionales.

Iniciativas como la Comisión Presidencial de Integridad, que se formó a inicios del Gobierno, ¿lograron realizar aportes en la lucha anticorrupción?

El informe final de la Comisión es el plan que ayudaría a la reforma institucional. No solo se debe pensar en meter a la cárcel a los corruptos, sino en cómo debemos diseñar el Estado para salir de la situación de debilidad en la que nos encontramos y estar más preparados para prevenir mayor corrupción.

¿Cuánto se ha cumplido del informe final de la Comisión?

Muy poco. No llegamos a la tercera parte y, si comenzamos a examinar medida por medida, la mayoría es un cumplimiento muy formal. Por ejemplo, la Autoridad Autónoma de Transparencia se convirtió en un remedo de lo que se pedía. No es autónoma, sino una dirección más del Ministerio de Justicia.

Se pidió que el Presidente y sus ministros pudieran, por propia voluntad, declarar sus intereses. Finalmente lo hicieron. Sin embargo, cuando se trató de avanzar hacia el Congreso de la República, no se pudo lograr. Solo 17 congresistas hicieron esta declaración. Aquí solo se trata de que esto se legisle y sea una obligación para todos los altos funcionarios del Estado.

¿El problema fundamental es de voluntad política?

Es complejo, pero la política es lo que está más contaminado. Si tenemos ese tipo de representantes en la lucha anticorrupción, no podemos esperar milagros.

¿Cómo deberíamos pensar nuestro sistema de sanción y prevención?

Hay que apostar por que las recomendaciones de la Comisión Presidencial de Integridad no se queden en el archivo. Ese es el camino y hay que llegar a cumplir todos esos campos que pasan desde la contratación pública hasta el financiamiento de la política. Todo está contemplado, y debería ser nuestro plan maestro en mediano y largo plazo. Y debemos comenzar desde ahora.

¿Qué es lo más urgente actualmente para la lucha contra la corrupción?

Las condiciones para llevar adelante esto exigen un punto cero: que exista un liderazgo claro contra la corrupción. Lamentablemente el Perú no lo tiene en este momento. La gente identifica en la institución del Presidente de la República como el principal actor en la lucha anticorrupción. Habrá desconfianza hasta que cambiemos ese contexto.

Foto: Diario Gestión