El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, afirmó que es importante que el Presidente de la República, Martín Vizcarra, cumpla el compromiso expresado en su discurso al asumir el mando, de promover la transparencia en el Estado y priorizar la lucha contra la corrupción, que ha sumido al país en una profunda crisis política y moral.
2/04/2018
Por Walter Albán. Lo que viene ocurriendo con el arbitraje, tratándose de los procesos en los que participa el Estado, es verdaderamente escandaloso. En el Perú vivimos una situación excepcional, desde que en la década de los noventa se optó por hacer que esta manera de resolver conflictos fuera obligatoria para el conjunto del aparato estatal, allí donde surgiera una controversia. De esta manera, mientras que en el pasado el número de arbitrajes realizados en el país no pasaba seguramente de una decena al año, desde que se modificó la legislación con el propósito anotado, estos procesos se multiplicaron a centenas y miles en los años posteriores, como consecuencia de rol que cumple el Estado, sin duda el agente más importante en la economía nacional.
Tan inédita decisión, no reparó en el hecho de que esta obligatoriedad (la de recurrir necesariamente al arbitraje en caso de controversia) tratándose del Estado, quiebra uno de los principios esenciales en materia arbitral, el de la voluntariedad. Pero, peor aún, y en un sentido contrario, se ha mantenido vigente y casi en términos absolutos otro de sus principios, la confidencialidad. De esa manera, contra lo que dice la Constitución, la ley, y hasta el sentido común, las ingentes cantidades de dinero que se disputan en cada uno de estos arbitrajes y que pertenecen a todos los peruanos, se procesan al margen de escrutinio público o siquiera del de las entidades fiscalizadoras, como la OSCE o contraloría General de la República.
Esta opacidad del procedimiento arbitral, que tiene fundamento razonable cuando se trata de resolver un conflicto entre dos particulares, no es en modo alguno admisible si una de las partes es una entidad del Estado peruano. En este caso, nos encontramos ante una cuestión de interés público, que ha sido sin embargo dejada de lado cuando, en los hechos, lo único que se entiende como publicable, es el laudo que pone punto final a la controversia.
Es esa la razón por la que el Gobierno tomó una buena decisión en diciembre del 2016, cuando mediante Decreto Legislativo resolvió que, a futuro, los procesos arbitrales en los que participa el Estado, sean necesariamente institucionales y no Ad Hoc, procurando así condiciones de mayor orden y transparencia en estos procesos. Lo extraño es que el Congreso de la República, poco después, en mayo del 2017, aprobó una ley para derogar lo dispuesto por el Ejecutivo. En junio del mismo año, el Gobierno observó esta última ley pero, otra vez, el Congreso tomó el camino de la insistencia, y la derogatoria podría ser aprobada en cualquier momento por el pleno.
Paralelamente, otros congresistas (o de pronto los mismos) impulsan la aprobación de la llamada “Ley Cánepa”, para impedir que los centros arbitrales, que son los que administran los arbitrajes institucionales, puedan exigir estándares más elevados, particularmente los de naturaleza ética, a los profesionales que ejercen la función arbitral. El Congreso ha reaccionado entonces favoreciendo reglas que habrán de extender la corrupción en el arbitraje con participación del Estado. ¿A qué responde todo esto?
(Fuente: CDN 37). Compartimos la siguiente entrevista al Director Ejecutivo Adjunto de Proética, Samuel Rotta donde habla sobre el clima político tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynsk y el escenario que se vive en el país con el caso Odebrecht.
El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, afirmó que es vital enfrentar decididamente la enorme corrupción que ha degradado en extremo nuestro sistema político, corroído en forma alarmante nuestra ya débil institucionalidad y sumido al país en una profunda crisis, expresada la semana pasada a propósito del escándalo de los “Kenjivideos” y la presunta compra de votos para evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, lo que generó su renuncia al sillón presidencial.
“Es indispensable por eso comenzar por enfrentar decididamente esa corrupción, si queremos superar la crisis, teniendo presente que muchos de los también responsables, continúan siendo protagonistas de espacios importantes de poder, comenzando por el propio legislativo”, señaló en la última edición de La Voz de Proética.
Respecto al primer mensaje de la Nación que dio el pasado viernes 23 de marzo, el actual presidente del Perú, Martín Vizcarra, donde declaró como prioridad de su gobierno la lucha contra la corrupción, Albán sostuvo que “este compromiso, al lado de los otros aspectos contemplados en este discurso, ha generado enormes y positivas expectativas que, por el bien del país, esperamos que esta vez no se vean frustradas”.
Por ello, recomendó que se adopten decisiones para poner en marcha un programa de emergencia, capaz de permitirnos erradicar la impunidad y, al mismo tiempo, implementar las medidas necesarias para recuperar nuestras instituciones.
“Lo primero exige cautelar al máximo la independencia de nuestro sistema judicial; lo segundo, llevar a cabo un plan anticorrupción, que muy bien puede comenzar por retomar las propuestas que planteara al país la Comisión Presidencial de Integridad, hacia fines del 2016”, agregó.
Además, reiteró el compromiso de Proética en trabajar más intensamente en la formulación de iniciativas que contribuyan a ese propósito, así como para contribuir con articular una amplia movilización ciudadana.
“El éxito de la lucha contra la corrupción depende en lo fundamental de esto último. No podemos perder esta oportunidad”, finalizó.
26/03/2018
(Fuente: Radio Exitosa). Compartimos la siguiente entrevista al Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán donde analiza coyuntura política actual, donde habla sobre el nuevo presidente Martín Vizcarra, los “kenjivideos” y la conformación del nuevo gabinete ministerial.
(Fuente: Canal N). Compartimos la siguiente entrevista al Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán donde analiza los retos que deberá asumir el gobierno de Martín Vizcarra en materia de lucha contra la corrupción.
(Por Yaiza Martín/RFI en español). Con su dimisión, Pedro Pablo Kuczynski se ha convertido en el primer mandatario en funciones en renunciar a su cargo tras haber sido salpicado por el escándalo Odebrecht.
En Perú, hay que añadir los expresidentes Ollanta Humala, en prisión preventiva por blanqueo de dinero, y Alejandro Toledo, que será extraditado de Estados Unidos para ser juzgado por un presunto soborno de 20 millones de dólares. ¿Cómo los tentáculos de la constructora brasileña consiguen asfixiar las democracias latinoamericanas?
Elisabeth Ungar es analista política y exdirectora de Transparencia por Colombia. Explica que “que el poder devastador ha puesto a tambalear regimenes más o menos democráticos. Nunca se midieron las consecuencias. El objetivo de esta empresa era hacer negocios, sin importar a qué costo”.
La manera favorita de sobornar de Odebrecht: la financiación de campañas electorales, una lacra a nivel internacional.
En el caso de Perú, el escándalo de los vídeos donde se ve cómo supuestamente el oficialismo intentó comprar votos de congresistas, y que empujó a PPK a la renuncia, pone en evidencia el deterioro la clase política en el país.
Según Walter Alban, el director de Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional, “el Estado se ha ido debilitando en términos institucionales. El crecimiento económico ha sido paralelo a un crecimiento de una economía ilegal con narcotráfico, tráfico de tierras o de personas. Eso ha llegado a los propios puestos de poder.”
Para Walter Alban, la transición política que se presenta en Perú es la ocasión para hacer cambiar de rumbo el sistema.
En Colombia, Odebrecht habría financiado la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. Pero, ¿por qué el caso de corrupción más importante en América Latina no ha hecho renunciar al mandatario colombiano? Elisabeth Ungar afirma que “el Consejo Nacional Electoral, el órgano rector de los temas electorales en el país, tiene un origen político. Sus miembros son nombrados por el Congreso de la República en proporciones políticas equivalentes a su composición. Ese CNE y el Consejo de Estado son terriblemente ineficientes.”
Además de Perú y Colombia, no se puede obviar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas y el ex jefe de Estado de Brasil, Luiz Ignácio Lula da Silva. Los tentáculos de Odebrecht están extendidos por toda América Latina.
Las últimas graves denuncias de la negociación para obtener votos en el congreso, evidenciaron, una vez más, que la degradación de la política en nuestro país ha llegado a niveles extremos. Nos encontramos en una crisis profunda que, si bien ha tenido origen en el escándalo “Lava Jato”, no se explica solo por esto, sino que recoge y se alimenta de las precariedades de nuestro sistema político, en particular de los mecanismos de reclutamiento de candidatos y financiamiento de campañas electorales.
Debido a su profundidad y complejidad, la crisis no queda resuelta solamente con la renuncia del presidente Kuczynski. Bajo las actuales circunstancias, Proética considera indispensable que el nuevo gobierno, una vez constituido, adopte con prioridad una agenda contra la corrupción, la cual, poniendo énfasis en la prevención y las reformas necesarias del Estado, tenga como eje el informe de la Comisión Presidencial de Integridad, de diciembre 2016, y que fuera prácticamente abandonada por el Sr. Kuczynski.
Esta agenda debe priorizar aquellas medidas que garanticen la actuación independiente y efectiva de los órganos a cargo de las investigaciones y procesamiento de los casos de corrupción, hasta llegar a establecer todas las responsabilidades y sancionar ejemplarmente a quienes corresponda. Además, se deben establecer medidas que contribuyan a fortalecer el sistema institucional, siendo impostergable la incorporación al código penal del delito de financiamiento ilegal de las campañas políticas.
Finalmente, hacemos un llamado a que la ciudadanía asuma un rol protagónico, articulando esfuerzos para que la legítima indignación y protesta por lo que viene ocurriendo, se pueda transformar en una plataforma de demanda y apoyo a las medidas anticorrupción, que urge adoptar y poner en marcha, por parte del nuevo gobierno y el Congreso. Desde Proética, nos comprometemos a contribuir con este esfuerzo de definición de las medidas prioritarias y de articulación de la movilización ciudadana.
22/03/2018
Puedes descargar nuestro pronunciamiento aquí.