Remesas de Hiro Fujimori remecen el caso Limasa

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Fuente: La República. Con el apoyo de Proética.

Una investigación de Edmundo Cruz 

No todo era como aparentaba. Se creía que las primeras remesas de dólares de Japón para los aumentos de capital social en Limasa ingresaron al país en mayo del 2012. Y que la remitente y titular de tales envíos era FM Capital Partners, razón social creada en Lima el 3 de mayo de ese año por los abogados Miguel Ángel Torres Morales, hoy congresista, y su hermano Carlos.

LOS GIROS DE HIRO

Ahora se conoce la verdad. Las sospechosas transferencias habían llegado a la almacenera chalaca de los Fujimori Higuchi dos meses antes. La remesa inaugural arribó el jueves 22 de marzo de aquel 2012, con destino a la Cuenta Corriente en Moneda Extranjera (CCME) de la empresa Logística Integral Marítima Andina S.A., más conocida como Limasa. En el BBVA de Lima se había abierto una cuenta especial.

¿Quién ordenó el envío? El ciudadano peruano Hiro Alberto Fujimori Higuchi, de 36 años de edad. La autorización partió de Yokohama –la ciudad más poblada de Japón después de Tokio–, donde el gestor reside. Hiro actuó a título personal, sin referencia a razón social alguna. FM Capital Partners, la empresa que a posteriori se ha presentado como promotora de esa remesa y otras, no existía. Se formó cinco semanas más tarde.

Un detalle intrigante: la cuenta receptora en el BBVA (CCME 117-0100085069) fue abierta tres días antes, el 19 de marzo. A esa fecha, Limasa ya contaba con una cuenta similar creada en julio del 2009, al inicio de sus actividades, pero para los movimientos en ciernes se prefirió usar una cuenta nueva.

La flamante cuenta no tardó en justificarse. Ese mismo jueves 22 de marzo, recibió una segunda transferencia proveniente de Japón, no de Yokohama, sino de la vecina Tokio. Remitente: Daniel Scott Matson, un ciudadano norteamericano radicado en el país de las 3 mil islas. Monto de la transferencia: 199.980 dólares, casi 200 mil.

La adrenalina del envío de billetes verdes en montos discretos empezó a cargarse. A las remesas de marzo siguieron las de abril. Los días 20, 23 y 30, partidas de 100 mil, 20 mil y 32 mil dólares ingresaron a la economía peruana por la misma ruta bancaria. Hasta el último día de abril la cuenta nueva de Limasa en el BBVA sumaba 412 mil 810 dólares.

Hiro Fujimori se había establecido en Yokohama al concluir sus estudios de ingeniería mecánica en Boston, EEUU, y luego que su padre renunciara a la presidencia de Perú y se refugiara en Japón.

Ahí lo cautivó el mundo de los negocios, tanto que el 2007 empezó a trabajar y hacer carrera en Halifax, reputado centro de asesoramiento financiero. En esas andanzas creció la amistad con Daniel Scott Matson, analista de la especialidad que había escalado a asesor financiero de la Corporación Sankyo, una transnacional de carga internacional de matrícula nipona con centro en Yokohama.

El año 2012, Hiro y Scott pasaron de amigos a socios con capacidad para hacer empresa, comenzando por giros de hasta 412.810 dólares, por lo pronto. Sí, “por lo pronto”, porque tres meses después, el 27 de julio, los envíos a la cuenta especial de Limasa en el BBVA se elevaron a 700 mil dólares. ¿Cómo y para qué?

Las transferencias de marzo y abril –reitero– precisan la procedencia del dinero y los nombres de los remitentes: giros a título personal, cuando FM Capital Partners no existía. Pero no aclaran el origen del dinero, o sea ¿qué actividad económica –legal o ilegal– generó tales capitales?

Claro, la presencia de los hermanos Fujimori Higuchi en ambas partes de la transacción acrecienta sospechas.

Los datos básicos de esta reseña son un hallazgo del fiscal Eduardo Cueva Poma, a cargo de la indagación preliminar del caso, con el apoyo de la policía de lavado de activos. Sus pesquisas las hemos desarrollado con fuentes notariales y bancarias.

MAGIA CHALACA

En mayo del 2012, el escenario de la operación financiera y societal se trasladó al Callao. La magia contable no existe –dicen los expertos–, pero ¡cuidado!, la sapiencia de contadores, abogados y operadores aduaneros que asesoraron la inyección de capitales a Limasa, pueden desmentirlos.

El 3 de mayo, apenas tres días después de la última remesa de Japón, se creó en Lima, por arte de magia, una nueva empresa: FM Capital Partners. La criatura nació con su pan en el brazo, convertida desde la cuna en remitente y dueña del dinero enviado antes de su creación; virtual acreedora de Limasa, dispuesta por lo demás a cobrar la deuda de inmediato.

Para entonces habían entrado en escena el hoy congresista Miguel Ángel Torres y su hermano Carlos, ambos abogados. Figuraban como dueños iniciales de FM Capital Partners con un 50% (500 soles) de acciones de cada uno. Catorce días después, el 17 de mayo, Miguel Ángel devolvió a título gratuito sus acciones a Scott y su hermano hizo lo propio con Hiro. El gesto se dio en la más absoluta reserva pero quedó registrado en el libro de matrícula de acciones y se informó a Sunat.

Al parecer, los abogados intentaron ocultar a los verdaderos responsables de las remesas, es decir, a Hiro Fujimori y Daniel Scott. Y al mismo tiempo, eludir responsabilidades.

Sin embargo, Miguel Ángel siguió figurando como apoderado legal de FM Capital Partners, hasta el 14 de noviembre del 2014, según actas notariales y, de hecho, participó en la aprobación de los posteriores procesos de capitalización de deuda de Limasa con FM Capital Partners, siempre acompañado del gerente general Vladimir Alexeis Ortega Vidal.

¿DOBLE APORTE?

No todo obra en la investigación fiscal. Según fuentes del sistema bancario a las que accedió esta redacción, FM Capital Partners recibió en mayo del 2012 otras siete transferencias por un total de 409.810 dólares, desde Japón y Singapur. El monto es similar a los 412.810 dólares enviados en marzo y abril por Hiro Fujimori y Daniel Scott. Pero la ruta del dinero en estos casos pasó por un punto intermedio, Canadá, donde operó Sankyo Global Logistics (Canada) Inc., como filial de la Corporación Sankyo de Japón.

Surgen preguntas. Primero, ¿las remesas de mayo son las mismas de marzo y abril? Si son las mismas, ¿por qué los montos son distintos?, aunque la pequeña diferencia podría explicarse por las variaciones del tipo de cambio. Segundo: ¿por qué las primeras remesas volaron en directo Japón-Perú y las segundas pasaron por Canadá? Por último, ¿por qué las transferencias de mayo no fueron enviadas a la nueva cuenta de Limasa en el BBVA abierta el 19 de marzo del 2012, sino a una antigua del 2009?

LA FORMALIZACIÓN

El 22 de junio del 2012, FM Capital Partners, Limasa y el Grupo Begazo (integrado por accionistas de Limasa) firman un contrato para darle sustento legal a las remesas. Este documento impone el reconocimiento de FM Capital Partners como remitente de las remesas de marzo y abril. Se asume, entonces, que las remesas no son de Hiro Fujimori y Daniel Scott.

El contrato también establece que FM Capital Partners tiene como propósito invertir 700.000 dólares para tener el 30% de las acciones de Limasa.

De este modo, se percibe la intención de encubrir el origen último del dinero que la investigación fiscal no descarta que pudiera provenir de delitos cometidos por el padre de los hermanos Hiro y Kenji Fujimori.

lAS CAPITALIZACIONES

¿Cuáles son los resultados de todas estas operaciones? En el 2012, FM Capital Partners accedió al 30% de las acciones de Limasa con 700.000 dólares. Luego, en el 2014, a través de Inversiones Perú Japón, una nueva empresa creada para implementar nuevas argucias de capitalización, FM Capital Partners llegó a tener el 41% de acciones de Limasa.

El 2014 la transnacional Sankyo invirtió 1’470.000 dólares y accedió solo al 20% del accionariado total de Limasa. ¿Cómo es que esta transnacional japonesa invierte el doble que FM Capital Partners y obtiene solo la mitad de acciones?

Según Limasa, todas estas operaciones se realizaron con el fin de aumentar el capital social. Todo se inicia el 2012 y culmina a mediados del 2014.

Antes de las dos capitalizaciones por deudas, el capital social de Limasa era 991.000 soles. Después de efectuadas las mismas, el capital subió a 2’100.000. Se advierte un aumento de 1’100.000 soles, y el presunto lavado podría resumirse en esta suma.

Sin embargo, la introducción de dinero sospechoso podría ser incluso mayor. Esto debido a que hubo dos inyecciones de capital para Limasa: los 700.000 dólares del 2012 y la segunda por 1’470.000 dólares de Sankyo.

La suma de ambos montos supera los 8’000.000 soles que ingresaron a la economía legal nacional. Este monto es el blanco de las investigaciones. Y podría ser más si se toma en cuenta las siete transferencias por 409.810 dólares realizadas en mayo del 2012, y que tampoco han sido esclarecidas. 

FACTURACIONES

-Según fuentes financieras, en el 2010, la almacenera Limasa facturó S/ 605.487. Al año siguiente, incrementó a S/ 3.306.828 y el 2012 cerró con S/ 8.075.172, trece veces el valor inicial.

-El libro empresarial Perú Top Publications detalla que para el 2013 el monto osciló entre los 5 y 6 millones de dólares. El 2014 las cifras de facturación aumentaron en dos millones y el 2015 el crecimiento fue exponencial, donde lograron cerrar entre los 7 y 9 millones de dólares.

Amplían a 23 el número de investigados

-El pasado 12 de febrero, la investigación fiscal cumplió un año. En esa fecha, el fiscal Eduardo Cueva Poma, titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos, emitió una resolución de treinta páginas en la que dispone elevar el número de investigados de 3 a 23 personas.

-Inicialmente, los únicos investigados eran los hermanos Kenji, Hiro y Sachie.

-Ahora destacan entre los nuevos investigados Daniel Scott Matson, el congresista Miguel Ángel Torres Morales y su hermano Carlos. Además, el esposo de Sachie, Marc Koenig.

-Los otros diez investigados son los ejecutivos de empresas como la japonesa Sankyo, Limasa, Alinsa, FM Capital Partners, Inversiones Perú Japón, entre otras.

-La investigación fiscal fue declarada compleja y el plazo ha sido ampliado por otros ocho meses.

-Entre diciembre del 2017 y enero de este año, 22 personas fueron a rendir sus manifestaciones en calidad de testigos. Quienes aún no lo hacen son los investigados Kenji, Hiro y Sachie Fujimori.

INVESTIGADOS POR LAVADO

-Kenji Gerardo Fujimori Higuchi

-Sachie Marcela Fujimori Higuchi

-Marc Koenig, esposo de Sachie

-Marco Antonio Ynaba Reyna

-José Antonio Begazo Bedoya

-José Antonio Begazo Ramos

-Miguel Ángel Ramírez Huamán

-Congresista Miguel Ángel Torres

-Carlos Torres Morales (hermano)

-Vladimir Alexeis Ortega Vidal

-Arturo Makino Miura

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Denunciando la intolerancia

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Este viernes 13 de abril al mediodía, cuando nos aprestábamos a celebrar en el Morro Solar de Chorrillos, el cierre de la campaña “La corrupción no desaparece por arte de magia”, lanzada por Transparencia Internacional y Proética, capítulo peruano de esta organización, fue necesario suspender la actividad ante la presencia de un grupo de personas que irrumpieron en forma agresiva y amenazante para impedir la celebración. No obstante que se trataba de un acto de magia, como expresión artística y simbólica de un compromiso para luchar contra la corrupción, en el marco de la VIII Cumbre de las Américas, la prepotencia y ostensible ánimo violento de ese grupo de saboteadores, hizo aconsejable no continuar, a fin de no exponer a las personas que nos acompañaban en la actividad, varias de ellas procedentes de diferentes países de la región.

Hay que señalar que, por las características que rodearon esta amenazante movilización, no se trató de una irrupción espontánea o casual, por el contrario, tenemos indicios suficientes para afirmar que se trató de personas vinculadas al partido aprista que, equivocadamente, identificaron esta campaña como una crítica a su organización y a su líder, Alan García. Coincidentemente, en el mismo momento, en Twitter se difundía el hashtag #ElCristoEsDeTodos.

En ese sentido el “autogol” de este grupo resulta evidente y nos permitió recordar que la imagen del Cristo del Pacífico no solamente fue una donación de la empresa Odebrecht, sino que a ello contribuyó también, a pesar de sus magros ingresos como Presidente de la República, el propio Sr. García.

Queda para el registro la muestra de intolerancia que, como sabemos, no constituye el factor más peligroso a enfrentar en la lucha contra la corrupción, pero sí uno que debemos tener presente como un obstáculo más en esta cruzada.

Este evento era parte de nuestras acciones para difundir nuestras propuestas contra la corrupción, que confiamos en que sean asumidos por los jefes de Estado reunidos en nuestra ciudad en la Cumbre de las Américas. Puede revisar el documento aquí.

Lima, 13 de abril de 2018

Cumbre debe plantear lucha eficaz contra corrupción transfronteriza

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(Por Agencia Andina) La VIII Cumbre de las Américas, a realizarse los días 13 y 14 de abril en Lima, debe ser un espacio para plantear y discutir mecanismos que permitan luchar de manera eficaz contra la corrupción transfronteriza, sostuvo hoy el director ejecutivo de Proética, Walter Albán.

Al destacar que la cumbre venidera tenga como eje central la gobernabilidad democrática frente a la corrupción, consideró que es un error pensar que este flagelo ocurre solo en un determinado territorio, pues casos como Lava Jato y Odebrecht demostraron que esto traspasa las fronteras.

“Odebrecht y el modelo Lava jato tiene particularidades que deben servir como experiencia para modificar esto. La corrupción es transfronteriza, y no puede ser que nuestras instituciones quieran responder a este problema solo en base a la autoridad y competencia territorial”, agregó Albán.

En ese sentido, el directivo de Proética, resaltó la necesidad de establecer, por ejemplo, mecanismos más eficaces de colaboración entre los países participantes en la cumbre venidera, en función de las propuestas que sea presentadas en dicho espacio.

“Lo importante de las cumbres es que se discutan y traigan planteamientos, no solo lo que oficialmente se va a producir el viernes y sábado (…). Son cuestiones muy concretas que pueden ser aprobadas por los Estados y que serán presentadas a los jefes de Estado”, agregó.

En entrevista con TV Perú, Albán indicó, en ese sentido, que la adopción de acciones relativas al financiamiento de la política en los países es también un factor clave en la lucha contra la corrupción.

Según recalcó, este ha sido el común denominador en todos estos países cuya clase política ha estado ligada a empresas como la brasilera Odebrecht, que reconoció haber financiado campañas políticas y haber pagado sobornos a cambio de ganar licitaciones para ejecutar obras públicas.

“Si dejamos que la plata sucia siga alimentando campañas y candidaturas no tenemos manera de superarlo”, manifestó el también ex ministro del Interior, al opinar que, asimismo, son importantes la voz y participación de la sociedad civil y del sector empresarial frente a la corrupción.

En su opinión, la idea es que, ante la existencia de Estados “penetrados por la corrupción”, se pueda pasar del discurso a la acción.

13/04/2018

Transparency International (TI) position statement prior to the VIII Summit of the Americas “Democratic Governance against Corruption”

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Transparency International urges governments and civil society organizations meeting at the VIII Summit of the Americas to capitalize on the opportunity the summit provides in order to generate effective recommendations and consensuses on strategic matters related to the eradication of corruption.

Recent scandals in the region — mainly the case uncovered by the “Lava Jato” operation in Brazil which exposed the criminal activity of a cartel of Brazilian construction companies operating throughout the Americas, of which Odebrecht was one of the main perpetrators — confirm that the most strategic areas in which to fight corruption are as follows: the financing of parties and campaigns, public procurement procedures, and justice system accountability. To successfully fight corruption in each of these areas, it is necessary that there is access to information, accountability, and effective citizen participation.

The concrete proposals of the chapters of Transparency International in Latin America and the Caribbean for the VIII Summit of the Americas are:

1. Financing of parties and campaigns:

1.1. State Oversight: a) assign the oversight function of all public and private resources (in cash and in-kind) belonging to political parties and campaigns to a specific, autonomous and independent institution (without limiting the scope for inter-institutional coordination); b) create a specialized unit within that institution; c) assign review, verification and audit functions to that unit ; d) provide the unit with the necessary finance, human and technological resources; and e) strengthen the state’s capacity to prevent, sanction and eradicate political financing from illegal sources.

1.2. Accountability of political parties: a) establish an obligation to receive and manage all income of parties and campaigns via the banking system; b) establish complementary and mandatory mechanisms to guarantee the registration of all income and expenses (including in-kind resources) of parties and campaigns (certified receipts, declaration of the sources of funds, payment vouchers, purchase certificates); c) establish mandatory systems of administration and internal control of all resources (responsible specialized unit, manuals and accounting systems); d) make mandatory the complete transparency of integrated financial reports to the public (before and after the day of elections); and e) establish or strengthen electronic systems for reporting and political party accountability.

1.3. Access to information and participation: a) establish responsibilities and mechanisms to guarantee the disclosure of all information on political financing; b) establish regulation and mechanisms to guarantee citizen access to and monitoring of all information on financing; c) eliminate banking and tax secrecy regarding the finances of political parties and campaigns; d) establish the responsibility for legal entities that finance parties and campaigns to provide information to the authorities and the general public about the natural persons who control and receive benefits from them; and e) create open databases with the public information of all donors of parties and campaigns, including legal persons and the natural persons who control them, as well as individuals.

1.4. Limitation of campaign spending: a) establish campaign time limits, b) establish campaign-spending limits, and c) create limits and specific controls on spending triggers.

1.5. Prohibition of the misuse of public resources: a) prohibit the advertising of state activities during the campaign; b) ban the public procurement process during the campaign; c) forbid proselytizing from public office; d) prohibit the delivery of benefits, good or registration in social programs during the campaign; and e) Public officials who are pre-candidates and candidates should be step down from their positions during the campaign.

1.6. Penalties: a) establish effective, proportional and dissuasive administrative and criminal sanctions for all behaviours (actions and omissions) that violate the rules (prohibitions and obligations) of the financing system attributable to individuals (party leaders and public officials) and legal entities (parties and public institutions); b) establish competent authorities in administrative and criminal matters and the procedural rules necessary for the State to guarantee the effective application of penalties; and c) strengthen mechanisms protecting whistle-blowers, especially for those who report political financing from illegal sources.

2. Public procurement:

2.1. State Oversight: a) strengthen the independent governmental oversight bodies, guaranteeing their autonomy and providing them with the necessary financial, human and technological resources; b) strengthen the internal control units of all institutions involved in public procurement; c) assign to these internal units the responsibilities and the necessary financial, human and technological resources; d) create mechanisms to guarantee effective internal oversight (allocation of each phase to different teams and rotation of officials); e) create a prequalification system that establishes an integrity criteria that companies must comply with in order to participate in the public procurement process; and f) assign to oversight bodies the responsibility to compare and analyse the public information contained in the databases of party financiers and those of state contractors and publish the results periodically.

2.2. Accountability: a) institute the obligation to detect, prevent and resolve conflicts of interest for officials involved in all phases of public procurement processes; b) strengthen the systems of assets declaration and evaluation of public officials involved in all phases of public procurement processes; c) establish anti-corruption clauses in contracts and effective mechanisms for their enforcement; d) create or strengthen independent and effective appeal mechanisms for bidders at any stage of the process; and e) create or strengthen effective defence mechanisms for public institutions to resolve appeals in a timely and fair manner.

2.3. Access to information: a) guarantee the disclosure and access to the totality of information regarding the phases of the public procurement processes (from planning to evaluation) in intelligible formats; b) prohibit confidentiality clauses in contracts, with any exceptions established in the legal framework, justified, limited and public; c) establish or strengthen electronic public procurement systems and guarantee their use at all levels of the state; (national, federal, departmental or provincial and local or municipal); d) guarantee the disclosure of the declarations of interests and assets of the officials involved in all phases of the public procurement processes; and e) establish a responsibility for legal entities that compete in public procurement to provide information to the authorities and the public about the natural persons who control and receive benefits from them.

2.4. Citizen participation: a) institute efficient, formal and mandatory citizen consultation and monitoring mechanisms before, during and after the conclusion of contracts; and b) establish the responsibilities of public authorities to respond to the conclusions and recommendations derived from citizen consultation and monitoring.

2.5. Penalties: a) establish effective, proportional and dissuasive administrative and criminal penalties for all behaviours (actions and omissions) that violate the regulations (prohibitions and obligations) and bad practices (collusion, artificially dividing public purchases or public works to avoid public contracting thresholds, influence peddling, access to privileged information, among others) in the public procurement processes attributable to individual persons (businessman and officials) and legal entities (companies and institutions); b) guarantee the effective application of sanctions through institutional strengthening and improvement of the procedural legal framework in administrative and criminal matters.

3. Justice systems

3.1. Strengthen the independence of justice system institutions: a) create transparent, competitive and objective selection processes for all officials of the justice system; b) establish penalties against interference in the selection processes of system officials; c) strengthen transparent, competitive and objective judicial, prosecutor and public defender career systems; and d) provide the necessary financial, human and technological resources to these systems.

3.2. International cooperation: a) promote the ratification of an international convention on anti-corruption cooperation, as well as facilitate its implementation, promoting the necessary institutional mechanisms for effective action; b) improve legal systems by innovating and updating existing national and international legal instruments, as well as harmonizing the substantive legislation; c) strengthen the bodies in charge of investigating corruption and provide them with sufficient financial, human and technological resources; d) move towards direct cooperation, without intermediaries, among those responsible for investigating corruption cases by holding regular meetings and strengthening the specialized networks of competent authorities, as well as the creation of regional coordination hubs or international investigative teams that are granted permission to attend transnational cases and serve as repositories of information; e) create formal tools for international cooperation, referencing other successful models used in other regions of the world, and also explore the use of informal tools of communication and interaction between the authorities responsible for criminal prosecution; and f) promote the creation and operation of centralized databases of financial records of beneficial owners of legal, providing to financial intelligence teams further information for investigations.

3.3. Access to information, accountability and citizen participation: a) establish mechanisms to guarantee that information on the performance and integrity of the justice system is accessible to the public; b) establish an obligation to detect, prevent and resolve conflicts of interest of the officials of the justice system; c) strengthen the systems of asset evaluation and declaration of officials working in the justice system; d) strengthen the incompatibility methods for judges and guarantee transparency for the public; e) establish the responsibility to disclose declarations of interests and assets; and f) guarantee effective citizen monitoring on the performance of the justice system in general.

3.4. Protection of whistle-blowers and witnesses: a) increase scope of protection; b) create norms and mechanisms for the protection of whistle-blowers and witnesses; b) widely disseminate the scope, rules and mechanisms; c) establish specific assistance and protection measures for whistle-blowers and witnesses; and d) create independent agencies with the necessary competencies (receive, investigate, evaluate and assign measures) and provide them with sufficient economic, human and technological resources.

3.5. Asset recovery: a) harmonize and strengthen existing legislation to facilitate efficient cooperation and asset recovery; b) create the necessary mechanisms so that the countries where illegal assets are located respond immediately to the requests; c) develop measures and regulations that facilitate the freezing of assets; and d) establish sanctions for financial institutions that refuse to comply with asset recovery processes and standards.

4. Inter-American system:

Corruption has a clear impact on security, quality of life and social development in general. That is why we ask the Organization of American States (OAS) to include in the inception, analysis and work of the inter-American system to tackle the pervasive causal relation between corruption and human rights violations.

Proética plantea eliminar inmunidad parlamentaria

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Compartimos con ustedes la entrevista de TV Perú Noticias a Walter Albán, Director Ejecutivo de Proética, donde precisa que urge limpiar el congreso, considerando que para ello se debe eliminar la inmunidad parlamentaria y luego evitar el proteccionismo y defender la autonomía del Ministerio Público y el Poder Judicial.

Proética cuestiona designación de viceministro de Derechos Humanos

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(Por Ideeleradio) La designación de Miguel Soria Fuerte en el viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia es totalmente equivocada y ojalá que tomen medidas y dicho nombramiento se corrija, sostuvo Walter Albán, director ejecutivo de Proética, tras cuestionar el nombramiento de Salvador Heresi en el ministro de Justicia.

“[¿Qué le parecen las críticas de Miguel Soria Huertas al Sistema Interamericano?] Lo que indica es una ignorancia supina de este señor, pero creo que hay algo más peligroso, a quién o para quién está actuando, y creo que poner a alguien en una responsabilidad tan alta en el Ministerio de Justicia es una muestra más de por qué no confiamos en la gestión de Salvador Heresi”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[El viceministro de Derechos Humanos es el que tiene que aconsejarle que hacer al ministro de Justicia en estos casos] sin duda, y por esto, es inaceptable. Yo creo que poco a poco se irá haciendo evidente que este es un nombramiento totalmente equivocado y ojalá que se puedan tomar las medidas correctivas cuanto antes”, subrayó.

Como se sabe, el ministro de Justicia, Salvador Heresi, nombró como viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia a Miguel Soria Fuerte, quien anteriormente se ha señalado como crítico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En noviembre de 2017, Soria Fuerte publicó un post en el que indicó que interpuso una denuncia contra seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC). “El fundamento está en que los magistrados denunciados fallaron de forma manifestante contraria al texto expreso de la ley e invocando hechos falsos”, escribió en su cuenta de Facebook.

Álvarez debe responder

Por otro lado, el director de Proética señaló que debe ser el exmagistrado Ernesto Álvarez el que debe salir a responder por las irregularidades ocurridas en el Tribunal Constitucional (TC) por el caso El Frontón. Recordó que Ernesto Álvarez y Carlos Mesías tuvieron la intención de esconder este caso en el TC.

“Ernesto Álvarez debería ser más bien quien responda por las irregularidades del 2013. Él mismo y hemos escuchado el audio de una conferencia que hace en junio del año pasado donde reconoce que hubo una irregularidad y sin decirlo, está confirmando lo que fue nuestra denuncia al momento de defender a Eloy Espinosa–Saldaña”, refirió.

“Creo que fue evidente que tanto Ernesto Álvarez y Carlos Mesías Ramírez hicieron lo posible para esconder que había con un voto con el que no contaba que era el de Juan Vergara Gotelli, tanto así que el expediente quedó encarpetado en el despacho de Carlos Mesías durante 234 días y no se entregó hasta el momento que nombraron a los nuevos magistrados”, acotó.

9/04/2018

Proética: Gobierno debería tomar la iniciativa de revisar el indulto a Fujimori

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(Por Ideeleradio) El Gobierno debería, de oficio, tomar la iniciativa de revisar el indulto concedido a Alberto Fujimori, dijo Walter Albán, director ejecutivo de Proética, al referirse a los videos que grabó el congresista Moisés Mamani, en los que Kenji Fujimori le dice “nosotros lo hemos sacado” y que su voto contra la vacancia “iba a consolidar la libertad” del exmandatario.

“¿Lo dicho en el video esa podría ser causal para que se pueda revisar ese indulto? Sin duda, siempre ha habido la sospecha de que las habían sido así, pero lo que ahora tenemos es la confirmación de que todo fue fraudulento, por tanto, se podrían tomar iniciativas de oficio”, indicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Me imagino, sin embargo, que va a resultar más cómodo para quienes están ahora en la situación de decidir, esperar la decisión de la Corte Interamericana, dado que se sabe que este asunto va a ser resuelto en cualquier momento”, agregó.

Albán Peralta comentó que, si el gobierno de Martín Vizcarra no llegara a tomar una decisión, lo más probable es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) termine exhortando al Estado a declarar nula la resolución que concedió el indulto humanitario y la gracia presidencial a Fujimori Fujimori.

“Tengo la impresión de que la Corte o resolvía de esa forma o, eventualmente, hubiera pedido demostrar una serie de cosas que es imposible de demostrar, porque sabemos cómo fue el proceso, y por la constatación que ahora se ha producido mi opinión es que lo más probable es que diga que ese indulto es nulo”, aseveró.

Gobierno de Fujimori dañó el sistema

Finalmente, sostuvo que lo que demuestran los keikovideos o Kenjivideos es que esto marca el grado en el cual la política se ha deteriorado, tras el gobierno de Alberto Fujimori. Mencionó que son deleznables los hechos que se describen, y que se pone en cuestión la regulación del sistema que permite que personajes de este tipo lleguen al Congreso.

“Creo que nos confirma lo peor de lo que sospechábamos. En efecto, aquí, sin embargo, más allá de quiénes están de un lado y el otro, creo que todos están francamente manchados por esta situación, y es muy difícil decir que unos son los responsables y otros son inocentes”, precisó.

“Eso permite ver el grado en el que el gobierno de Alberto Fujimori dañó el sistema y la institucionalidad del país. Las prácticas que, en ese momento, se afirmaron como un modo de hacer política, lejos de haber sido erradicadas se han ido sofisticando, y estamos ante una proyección prácticamente de lo mismo”, refirió.

9/04/2018