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Ante la serie de denuncias contra congresistas, Transparencia y Proética consideran que debe existir sanción y piden reestructurar Comisión de Ética
24/04/218
La corrupción es percibida como el principal problema para los peruanos, según una última encuesta publicada este último domingo en el diario El Comercio. Un resultado que era de esperar, tomando en consideración los que arrojó nuestra Décima Encuesta sobre Corrupción, el año 2017. Ante esta constatación, el Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, demandó al gobierno de Presidente Martín Vizcarra llevar adelante una lucha frontal contra este flagelo, a través de la adopción de medidas concretas y tangibles.
“La realidad en el Perú nos obliga a reconocer que este problema ha alcanzado niveles alarmantes y se encuentra en la base de otros graves males, incluyendo los altos índices de criminalidad”, indicó Albán.
Respecto a los resultados de esta encuesta, que ubica a la corrupción dos puntos por encima de la criminalidad, sostuvo que esto se debería al impacto del escándalo del caso Lava Jato en la percepción ciudadana, que ha contribuido en gran medida a identificar la corrupción con el abuso del poder político y económico.
Por ello, hizo hincapié que con arreglo a las últimas declaraciones hechas por el Presidente Vizcarra en materia de la lucha contra la corrupción, es indispensable concretar los 57 compromisos suscritos en materia anticorrupción por los países participantes en la VIII Cumbre de las Américas, así como el reciente plan aprobado por la Comisión Nacional Anticorrupción. Estos instrumentos, junto a las propuestas que en su oportunidad fueron formuladas por la Comisión Presidencial de Integridad, deben ponerse en práctica inmediatamente.
También precisó que es importante rescatar la figura de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la misma que durante el gobierno del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski quedó desvirtuada en su esencia.
“Por lo que retomarlo hoy en serio, colocaría al nuevo gobierno en la posibilidad de generar confianza y ganar el respaldo necesario para fortalecer su todavía frágil situación actual”, señaló.
23/04/2018
Entre los años 2003 y 2008, Proética elaboró una serie de estudios que tuvieron como objetivo detectar los principales problemas de corrupción de una localidad o región. Para ello, se suscribieron convenios de colaboración con los gobiernos regionales de San Martín, Lambayeque, Junín, Ayacucho, Huancavelica y con los municipios provinciales de Cajamarca y Ferreñafe. Parte de este convenio consistía en que las autoridades a cargo se comprometían a promover la integridad y la transparencia en sus gestiones.
Esta publicación es el resultado de un trabajo de investigación realizado por un equipo de Proética durante más o menos medio año en la región Lambayeque. El principal objetivo de este trabajo fue conocer cómo es que allí funciona la corrupción y cual es la lógica específica de su reproducción, para poder, luego, proponer planes efectivos y sostenibles de lucha anticorrupción.
Puede descargar el estudio aquí.
En esta publicación se hace una descripción del concepto de corrupción y de la metodología utilizada en este estudio para luego pasar al análisis de los problemas sectoriales de corrupción de la región Junín, empezando por la presentación de los hechos más frecuentes y los más graves en cada caso y, después, articulando explicaciones sectoriales. Finalmente, se analiza la corrupción en la región desde un punto de vista estructural, para lo cual se integran los problemas sectoriales bajo una mirada transversal y luego se elaboran explicaciones estructurales que respondan a esa problemática.
Puede descargar el estudio aquí.
El Mapa de Riesgos de Corrupción de Cajamara fue presentado a la opinión pública local en junio de 2006. Este informe, al igual que los realizados en Ayacucho, Huancavelica, Junín y Lambayeque, fue el producto de un diagnóstico sobre la realidad regional con el objetivo de identificar los factores que facilitan y reproducen los actos de corrupción en Cajamarca y elaborar con las autoridades, a partir de dicha información, un plan de lucha contra la corrupción.
Puede descargar el estudio aquí.
El Mapa de Riesgos de Corrupción de Ayacucho fue presentado a la opinión pública local en junio de 2006. Este informe, al igual que los realizados en otras regiones, fue el producto de un diagnóstico sobre la realidad regional con el objetivo de identificar los factores que facilitan y reproducen los actos de corrupción en la región y elaborar con los actores locales, principalmente con las nuevas autoridades regionales, a partir de dicha información, un plan de lucha contra la corrupción.
Puede descargar el estudio aquí.
El Mapa de Riesgos de Corrupción de la región San Martín es un estudio que parte de la identificación de los principales problemas de corrupción percibidos por los actores locales -funcionarios públicos,autoridades, periodistas, funcionarios de ONG entre otros- para luego pasar a analizar los riesgos que explicarían la presencia y reproducción de éstos. El estudio se concentra en tres sectores que son clave dentro de la dinámica social regional: educación, salud y el forestal.
El trabajo de campo se hizo en las ciudades de Tarapoto y Moyobamba, y en los distritos de Chazuta y Sauce (provincia de San Martín) entre los meses de septiembre de 2007 y febrero de 2008.
Puede descargar el estudio aquí.
En esta publicación se hace una descripción del concepto de corrupción y de la metodología utilizada en este estudio para luego pasar al análisis de los problemas sectoriales de corrupción de la región Junín, empezando por la presentación de los hechos más frecuentes y los más graves en cada caso y, después, articulando explicaciones sectoriales. Finalmente, se analiza la corrupción en la región desde un punto de vista estructural, para lo cual se integran los problemas sectoriales bajo una mirada transversal y luego se elaboran explicaciones estructurales que respondan a esa problemática.
Puede descargar el estudio aquí.
(Por Diario Correo) Los hechos excepcionales se instalan con mayor facilidad en la memoria de quien los presencia. Perdurable o no, el 28 de marzo, un gran número de peruanos vio por televisión un episodio que difícilmente podrán olvidar: el momento exacto en que una mujer agredió en el rostro a un congresista de la República.
No obstante, más allá del injustificable e injustificado golpe propinado al legislador oficialista Guido Lombardi, se asoma una cuestión de índole mayor: el efecto de la corrupción sobre la percepción de la gente, y el rastro que esta deja en su salud mental.
¿Qué es la salud mental? ¿Cómo se manifiesta? Desde el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi (INMS) la psiquiatra Vanessa Herrera, explica:
“A la salud mental la entendemos como la forma en que percibimos nuestro equilibrio emocional y nuestro bienestar todos los días. Involucra sentirnos bien con nosotros mismos y en la relación con los demás”
La doctora Herrera, en diálogo con Correo, mencionó que “cuando los peruanos sienten que algo no está bien, que entre sus emociones están predominando las negativas, eso afecta ya su equilibrio o salud mental”.
¿Qué episodios de la historia nacional actual pueden verse rastros del efecto de la imagen de la corrupción en la mentalidad de los ciudadanos? La respuesta: Puno, 2004.
Un 26 de abril, 14 años atrás, una parte de la población de Ilave, en Puno, linchó y torturó a Cirilo Robles, por entonces su alcalde. 24 días antes había sido acusado públicamente de corrupción y malversación de fondos.
“La corrupción no es solo un problema legal que repercute económicamente. También afecta a la salud de todos, a la salud emocional principalmente”, afirma la doctora Herrera.
Según un estudio epidemiológico efectuado por el INMS en el 2012 (el próximo será ejecutado en el 2022, con 10 años de intervalo), cuando preguntaron a la población sobre en qué aspecto sienten que la corrupción los afecta principalmente, “las respuestas se orientaron hacia eso dos puntos: primero, que los afecta por la inestabilidad económica, y, segundo, en la desconfianza en líderes”.
El golpe en el rostro contra el congresista Lombardi, así como el linchamiento y posterior asesinato del alcalde de Ilave, dan luces sobre el impacto de la corrupción en la percepción de la población. “Las personas manifiestan más emociones negativas, como rabia, molestia, cólera”, explica la doctora Herrera.
“La rabia, la cólera, la decepción, puede llevar a una reacción tan violenta, como ya no medir ni siquiera la consecuencia de sus actos, y fuente ovejuna, todos actuar de esa manera tan lamentable. Esto no es poca cosa”, manifestó la psiquiatra.
La doctora Herrera menciona que en el estudio del INSM obtuvieron como resultado que “de 10 personas 9 señalaron que desconfían de sus líderes, lo cual es un dato muy elevado para la región, para Latinoamérica”.
Con estos estudios epidemiológicos, el INSM sustenta la necesidad de invertir en salud mental, pues la población se va a ver afectada.
“De cada 10 peruanos en el país que tienen un trastorno mental, 8 no reciben tratamiento o un servicio de salud mental”, asegura la representante del INSM.
Desde la visión de la institución, la psiquiatra explica que “en el Perú deberíamos tener no menos de 300 centros de salud mental comunitarios”. Sin embargo, en la actualidad “recién tenemos 31”. “La brecha es enorme”, se lamenta.
Entre los motivos por los cuales la población no accede a estos servicios, la doctora Herrera contó los siguientes:
-Desconocimiento.
-No hay servicios de salud mental cercanos a la población.
-Carencia económica para llevar un tratamiento.
-Creencia de que se puede manejar solo.
-Estigmatización de la enfermedad mental.
-El Estado no ofrece suficientes servicios de salud mental en beneficio de la población .
De acuerdo al último sondeo de opinión publicado por la empresa Datum Internacional, el 69% de los peruanos califica con nota desaprobatoria el desempeño de los miembros del Poder Legislativo.
(Números rojos. Fuente: Datum Internacional)
Esta valoración del Parlamento, por otro lado, se corresponde con la cifra de percepción de corrupción en funcionarios y autoridades que Proética, en su Décima Encuesta Nacional Sobre Percepción de la Corrupción en el Perú —publicada en setiembre último—, revela: que el 62% de la población considera a la corrupción en dicha esfera de poder como el “principal problema que enfrenta el Estado”.
(Picos altos. Fuente: Proética)
En este punto, la aclaración es importante. Contra el congresista Lombardi, acusaciones de corrupción o de asuntos truculentos no han sido afirmados ni rumoreados, mucho menos denunciados.
Pese a ello, debido a su condición de parlamentario, se encuentra asociado a la imagen que algunos congresistas, y el Congreso en particular —trastocado por graves denuncias de irregularidades y de corrupción—, han proyectado hacia la población en los últimos tiempos.
Esta imagen, por otro lado, ha configurado una idea que de tanto en tanto se ha ido asentando en la mentalidad de la ciudadanía, y que a la larga, ha repercutido en su percepción de la corrupción.
Para Proética, la percepción que la ciudadanía tiene sobre la corrupción coloca al problema en el segundo lugar de preocupaciones nacionales, siendo superada solo por la delincuencia (no obstante, la entidad precisó que en el interior del país, la corrupción es considerada más grave que aquella problemática):
La cifra, por otro lado, se posiciona como la más elevada de los últimos 16 años, pues salvo en el 2010 —durante la recta final del gobierno de Alan García—, que llegó a un 51%, nunca en la historia del sondeo la corrupción había pasado de ser un problema con más de 47% de preocupación.
(Décima Encuesta Nacional Sobre Percepción de la Corrupción en el Perú 2017. Fuente: Proética)
Tan alto fue el porcentaje percepción de la corrupción para la ciudadanía, que superó problemas sociales tales como el consumo de drogas, la pobreza y el desempleo.
“La reacción de la gente ya es muy distinta. Ya hay un claro rechazo a estas prácticas”, afirma Walter Albán, exministro del Interior y titular de Proética.
Para Albán, tras la caída del régimen de Alberto Fujimori, “no se llevaron adelante las reformas institucionales, que son las que, en definitiva, hay que realizar para que la institucionalidad funcione”.
“Hoy lo que tenemos en el Perú es una débil institucionalidad perforada por una corrupción galopante que ha encontrado en la política el medio más eficiente para poder controlar la situación”, sostiene el especialista.
18/04/2018
Por Carlos Arroyo. Según el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, de los 23 partidos políticos inscritos cuatro no mencionan la dirección de su portal web y diez registran direcciones de portales web que no usan o están fuera de servicio. En la práctica, tres partidos no tienen un portal web, mientras que de los otros veinte que sí tienen, ninguno publica información referente a su financiamiento ni rinde cuentas sobre sus gastos. Ningún partido ha intentado siquiera transparentar sus finanzas mediante esta vía tan sencilla.
Cuadro: Transparencia Activa sobre Financiamiento de los Partidos Políticos a través de sus portales web.
La transparencia es una de las principales condiciones para reducir los riesgos de corrupción. En ese sentido, los avances de la informática ofrecen a las instituciones la posibilidad de diseñar e implementar tecnologías a bajo costo, capaces de mostrar en tiempo real –o casi— los balances de presupuesto y el vaivén de los ingresos y egresos económicos. Si es tan sencillo, cabe poner en duda la voluntad y compromiso de los partidos políticos con la transparencia y la rendición de cuentas de su financiamiento. Queda claro que sus omisiones absuelven la interrogante.
Chile Transparente, capítulo chileno de Transparencia Internacional, realiza cada año una medición de la transparencia activa (divulgación de información) de los partidos políticos de su país. Los indicadores relacionados al financiamiento son: los balances anuales presentados a la autoridad electoral competente, los ingresos y egresos partidarios, los enlaces a los reportes presentados a la autoridad electoral competente y los contratos y convenios para adquisición o alquileres de bienes y servicios.
En el Perú, si los partidos políticos publicaran en sus portales web este tipo de información, estarían dando una señal de disposición a asumir un compromiso anticorrupción y demostrarían que el ejercicio de la política puede y debe ser transparente. Estarían dejando de usar estas herramientas como paneles meramente informativos acerca de la organización o de esporádicas actividades institucionales, pasando a convertirlas en fuente de datos sustantivos: “Open Data”. No olvidemos que los escándalos de corrupción vigentes tienen uno de sus ejes en el financiamiento de las campañas electorales. Eventualmente, a través de este sinceramiento, los partidos podrían estar contribuyendo a recuperar algo de credibilidad ante la ciudadanía.
(Por La República) Walter Albán, Director Ejecutivo de Proética, considera que es momento de que la sociedad civil empiece a marcar la agenda del nuevo gobierno, exigiendo más transparencia y una lucha frontal contra la corrupción.
Culminada la Cumbre de las Américas se firmó el Compromiso de Lima con 57 puntos. ¿Estamos muy lejos de cumplirlos?
En las cumbres solo se marcan las pautas orientadoras en decisiones de política que corresponden a todos los Estados que se comprometen. A diferencia de otras cumbres, se ha logrado un compromiso final suscrito por prácticamente todos los Estados participantes y creo que esto marca una diferencia. Lo que falta es que los gobiernos y las autoridades en cada país tomen las decisiones que pongan en ejecución los puntos que se acordaron. Lo que pueda concretarse dependerá mucho de que la sociedad civil haga también suyo este planteamiento.
Son temas que la sociedad civil podrá exigir, pero que nuestros políticos tienen que aterrizar…
Por supuesto, pero ahora nos toca poner esto en el contexto del Perú, por ejemplo, en que se cree una real autoridad autónoma para el acceso a la información y la transparencia. Ese es un punto pendiente en el país y es una manera de darle impulso a todas las otras medidas.
Martín Vizcarra goza de un 57% de aprobación, mientras que el 69% de peruanos desaprueba la labor del Congreso. ¿Qué podemos interpretar de estas cifras?
La gente ya no es tan pasiva respecto a la corrupción, hay una reacción cada vez más notoria. Con respecto al presidente, la gente lo ve con ganas de trabajar, lo ven con voluntad de tratar de llevar adelante algunas cosas que esperamos pueda concretar, pero creo que esto se irá diluyendo si no se toman medidas que efectivamente hagan visible que hay un compromiso claro contra la corrupción.
¿Usted le augura un buen gobierno al presidente?
Hay alguna posibilidad de que esto pueda ocurrir. Va a depender de que asuma el liderazgo en la lucha contra la corrupción y eso no va a ocurrir si no cuida bien las medidas que tiene que adoptar.
El congresista Yonhy Lescano ha propuesto nuevamente cerrar el Congreso y convocar a nuevas elecciones. ¿Qué tan realista es su planteamiento?
Sería de alto riesgo porque ahora lo que más interesa es que se modifiquen las reglas en materia electoral. Mientras estas permanezcan vigentes, nada nos garantiza que un nuevo Congreso pueda resultar mejor que el actual. En ese sentido, es importante considerar a fondo la propuesta de eliminar la inmunidad parlamentaria y también el que la Comisión de Ética pueda funcionar al margen del Congreso.
¿Están proponiendo que la Comisión de Ética desaparezca? ¿Cuál es la alternativa?
Hay cuestiones mínimas exigibles, por ejemplo, que esta comisión no sea controlada por el partido con mayoría. Fuerza Popular debería dejar esta comisión y así poder elegir a gente que no esté cuestionada. Hacerlo no es tan fácil en el Congreso actual, pero por lo menos deberían tomarse el trabajo de no poner a nadie que tenga rabo de paja. Lo otro es pensar en la posibilidad de que la ética en el Congreso se maneje por cuerdas separadas, es decir, que se cree una comisión que no sea parte del Congreso mismo.
¿El Ejecutivo podría impulsar una propuesta así?
Por supuesto. La Comisión de Ética se ha desacreditado por completo. Afortunadamente, hay gente en el Congreso que también quiere dar la pelea. Hay que olvidarse de banderas políticas y buscar un pacto por la integridad, por la decencia en la política.
Foto: Canal N
17/04/2018
Este último sábado 14 de abril, culminó la VIII Cumbre de las Américas, cuyo eje central fue la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Según el Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, los resultados de esta reunión han sido ciertamente alentadores ya que, a diferencia de anteriores Cumbres, esta vez sí se aprobó un documento por consenso, denominado el “Compromiso de Lima”, que ha incorporado buena parte de las propuestas formuladas por la sociedad civil, entre ellas, las elaboradas por Proética y otros capítulos nacionales de Transparencia Internacional en la región.
“Los alcances sustantivos de tales propuestas, se enfocan en los rubros del financiamiento de la política, la contratación pública, y la independencia de los sistemas judiciales, así como los mecanismos de articulación a nivel interamericano, para hacer más eficiente la lucha contra esta lacra que, como sabemos, no reconoce fronteras”, dijo Albán en la última edición de la Voz de Proética.
Al respecto, lamentó sin embargo que no se haya incorporado en los acuerdos, una apuesta por vincular de forma orgánica la afectación de la corrupción a los derechos humanos, como cuestión relevante a nivel del sistema interamericano.
También lamentó dos hechos internacionales que impidieron mayores celebraciones por los acuerdos de esta Cumbre: el estallido del conflicto en Siria y el terrible asesinato de tres periodistas ecuatorianos, secuestrados por bandas armadas en la frontera con Colombia.
“Dos hechos con aparentes sesgos ideológicos, pero detrás de los cuales se esconden, a no dudarlo, oscuros intereses que responden más bien a hechos de corrupción”, indicó.
Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía de toda América Latina para entender estos compromisos, como instrumentos para presionar la acción de los gobiernos y autoridades de los países participantes, a fin de ejecutar estas propuestas para una más eficiente lucha contra la corrupción.
16/04/2018
