Por Samuel Rotta. ¿Recuerdan al “Comepollo”? Uno de los pocos congresistas que terminó pagando por las faltas en las que incurrió. En efecto, José Anaya había falsificado recibos de una pollería para justificar sus gastos operativos. El Congreso lo desaforó, enfrentó un proceso judicial y fue sentenciado a cinco años de prisión. Sin embargo, los casos en los cuales se llegó a sancionar las conductas irregulares de los congresistas se pueden contar con los dedos de las manos, a pesar de las sobradas evidencias.

El problema no es nuevo y ha venido minando la imagen de este poder del Estado durante varios periodos parlamentarios desde la recuperación de la democracia. Además, pareciera también agravarse. Pasamos del “Comepollo”, un pillo que buscaba ganarse uno soles más, al “Comeoro”, punta de lanza parlamentaria de la minería ilegal y, como varios otros, representante de intereses económicos subterráneos. Desde que Proética publica su encuesta nacional sobre corrupción, el Congreso siempre se ubica como una de las tres instituciones más corruptas del país. En la última medición (setiembre, 2017), 45% lo señala así.

La impunidad que corona los escándalos congresales se explica, como señalan los expertos, por la falta de una estructura de control ético vigorosa en el Congreso. Según los manuales, esta estructura consta de un código de conducta que establece los límites entre lo permitido y lo prohibido, un régimen de sanciones y una entidad responsable de investigar las denuncias.

Sobre este último punto, el más visible, se ha reavivado una discusión iniciada hace un año en la que se plantearon propuestas para solucionar los vicios que viene mostrando la comisión de ética como agencia de control de las conductas de los parlamentarios. ¿Está bien encaminada la discusión? ¿Qué sugiere la evidencia fuera de nuestro país?

Hay tres modelos que sirven para organizar la función de control ético: la autorregulación, la regulación externa y el modelo mixto. En la siguiente tabla se sintetiza las características de cada uno.

 

 

 

Nuestro Congreso apostó por la autorregulación cuando estableció la comisión de ética. Sin embargo, la experiencia sugiere que cuando la desconfianza en el trabajo parlamentario es alta, cuando la rendición de cuentas no es parte del “ADN institucional” o cuando la función de control no está profesionalizada, es mejor recurrir a alguno de los otros dos modelos. Los resultados de la comisión de ética vigente confirman el viejo dicho “otorongo no come otorongo” y reafirman la necesidad de un cambio.

La propuesta de los congresistas de Belaúnde y Lombardi ofrece una variedad del modelo mixto, en la cual la legitimidad de la comisión de ética se vería enriquecida con la participación de agentes externos al parlamento. Según la citada encuesta de Proética de 2017, 55% respalda una solución como esta.

Sin embargo, de adoptarse esta alternativa, quedarían pendientes dos puntos particularmente relevantes: i) la profesionalización del equipo técnico y ii) la responsabilidad de aplicar las sanciones, que seguiría estando en manos del pleno del Congreso. Pensar una estrategia que conlleve a sanciones efectivas debe considerar cómo superar los negociados políticos en este espacio.

 

• • Fecha de publicación: 25/05/2018
  • Foto: Diario La Primera