Walter Albán: “Si tenemos este tipo de representantes en la lucha anticorrupción, no podemos esperar milagros”

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(Por RPP) ¿Qué reformas deben realizarse para que la lucha anticorrupción se fortalezca en el país? Walter Albán, director ejecutivo de Proética, analiza los avances realizados, y los cambios que aún se necesita implementar.

Los peruanos consideran que el presidente es el principal encargado de liderar la lucha anticorrupción, señala una encuesta realizada por Proética en el 2017. Sin embargo, cinco presidentes peruanos han sido o son procesados por actos de corrupción. El más reciente escándalo es la acusación de compra de votos de Pedro Pablo Kuczynski, lo que motivó su renuncia.  

“Todo ello evidencia más de treinta años de líderes no comprometidos con la causa anticorrupción”, señala Walter Albán, director ejecutivo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional.

A inicios del gobierno actual se realizaron esfuerzos para contar con una agenda anticorrupción. La Comisión Presidencial de Integridad presentó cien recomendaciones para prevenir y sancionar actos corruptos, además de promover la ética en las instituciones. Sin embargo, más de un año desde su publicación, solo trece recomendaciones se han implementado de forma correcta, como detalla el Observatorio de Integridad.

Albán analiza las condiciones que hacen a las instituciones públicas vulnerables ante la corrupción. Además, evalúa las recomendaciones que deben incorporarse para que dicho panorama pueda cambiar en los próximos años.

¿Por qué hay corrupción en las instituciones públicas?

La fuente que alimenta los diversos insumos con los que funcionan las instituciones es la política. Y la política está contaminada. Se está haciendo muy poco para que eso se solucione, por lo cual los problemas que genera han ido en aumento en la última década, sin posibilidad que sea frenado.

¿Hay algún avance en materia de institucionalidad?

No hay avances que se puedan reconocer. Los más importantes se produjeron con la caída del régimen de Alberto Fujimori. Se identificó la corrupción como un problema grave y se expresaron propósitos de luchar contra ella. El gobierno transitorio de Paniagua fue el primer momento donde se legisló para que hubiera transparencia y acceso a la información pública.

¿En qué aporta la transparencia y la data abierta?

La ciudadanía tiene recursos para exigir que la información le sea brindada. El problema es que en la práctica, el Estado aún se resiste a que se pueda hacer un escrutinio a fondo sobre su actuación. A pesar de ello, la ciudadanía está hoy mejor informada, y con posibilidad de informarse más. Es indispensable que la sociedad se haga más protagonista de la realidad del país.

¿El esfuerzo de combatir la corrupción tiene que venir de la ciudadanía?

Tenemos una ley de participación ciudadana que hace falta mejorar para contar con mejores condiciones. Lo que está claro es que la ciudadanía tiene el derecho de asumir un rol más activo y exigir que la información sea brindada, que las autoridades rindan cuentas.

¿La ciudadanía ha desempeñado ese rol fiscalizador?

Hasta hace un tiempo había demasiada tolerancia y conformidad con la situación. Uno de los aspectos positivos del escándalo Lava Jato es que esa situación se ha frenado. Ahora hay una demanda para que la corrupción no quede impune y sea investigada a fondo. Pero aún hace falta acompañar esto de cambios institucionales.

Iniciativas como la Comisión Presidencial de Integridad, que se formó a inicios del Gobierno, ¿lograron realizar aportes en la lucha anticorrupción?

El informe final de la Comisión es el plan que ayudaría a la reforma institucional. No solo se debe pensar en meter a la cárcel a los corruptos, sino en cómo debemos diseñar el Estado para salir de la situación de debilidad en la que nos encontramos y estar más preparados para prevenir mayor corrupción.

¿Cuánto se ha cumplido del informe final de la Comisión?

Muy poco. No llegamos a la tercera parte y, si comenzamos a examinar medida por medida, la mayoría es un cumplimiento muy formal. Por ejemplo, la Autoridad Autónoma de Transparencia se convirtió en un remedo de lo que se pedía. No es autónoma, sino una dirección más del Ministerio de Justicia.

Se pidió que el Presidente y sus ministros pudieran, por propia voluntad, declarar sus intereses. Finalmente lo hicieron. Sin embargo, cuando se trató de avanzar hacia el Congreso de la República, no se pudo lograr. Solo 17 congresistas hicieron esta declaración. Aquí solo se trata de que esto se legisle y sea una obligación para todos los altos funcionarios del Estado.

¿El problema fundamental es de voluntad política?

Es complejo, pero la política es lo que está más contaminado. Si tenemos ese tipo de representantes en la lucha anticorrupción, no podemos esperar milagros.

¿Cómo deberíamos pensar nuestro sistema de sanción y prevención?

Hay que apostar por que las recomendaciones de la Comisión Presidencial de Integridad no se queden en el archivo. Ese es el camino y hay que llegar a cumplir todos esos campos que pasan desde la contratación pública hasta el financiamiento de la política. Todo está contemplado, y debería ser nuestro plan maestro en mediano y largo plazo. Y debemos comenzar desde ahora.

¿Qué es lo más urgente actualmente para la lucha contra la corrupción?

Las condiciones para llevar adelante esto exigen un punto cero: que exista un liderazgo claro contra la corrupción. Lamentablemente el Perú no lo tiene en este momento. La gente identifica en la institución del Presidente de la República como el principal actor en la lucha anticorrupción. Habrá desconfianza hasta que cambiemos ese contexto.

Foto: Diario Gestión

La transparencia y la contrarreforma en el arbitraje

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Por Walter Albán. Lo que viene ocurriendo con el arbitraje, tratándose de los procesos en los que participa el Estado, es verdaderamente escandaloso. En el Perú vivimos una situación excepcional, desde que en la década de los noventa se optó por hacer que esta manera de resolver conflictos fuera obligatoria para el conjunto del aparato estatal, allí donde surgiera una controversia. De esta manera, mientras que en el pasado el número de arbitrajes realizados en el país no pasaba seguramente de una decena al año, desde que se modificó la legislación con el propósito anotado, estos procesos se multiplicaron a centenas y miles en los años posteriores, como consecuencia de rol que cumple el Estado, sin duda el agente más importante en la economía nacional.

Tan inédita decisión, no reparó en el hecho de que esta obligatoriedad (la de recurrir necesariamente al arbitraje en caso de controversia) tratándose del Estado, quiebra uno de los  principios esenciales en materia arbitral, el de la voluntariedad. Pero, peor aún, y en un sentido contrario, se ha mantenido vigente y casi en términos absolutos otro de sus principios, la confidencialidad. De esa manera, contra lo que dice la Constitución, la ley, y hasta el sentido común, las ingentes cantidades de dinero que se disputan en cada uno de estos arbitrajes y que pertenecen a todos los peruanos, se procesan al margen de escrutinio público o siquiera del de las entidades fiscalizadoras, como la OSCE o contraloría General de la República.

Esta opacidad del procedimiento arbitral, que tiene fundamento razonable cuando se trata de resolver un conflicto entre dos particulares, no es en modo alguno admisible si una de las partes es una entidad del Estado peruano. En este caso, nos encontramos ante una cuestión de interés público, que ha sido sin embargo dejada de lado cuando, en los hechos, lo único que se entiende como publicable, es el laudo que pone punto final a la controversia.

Es esa la razón por la que el Gobierno tomó una buena decisión en diciembre del 2016, cuando mediante Decreto Legislativo resolvió que, a futuro, los procesos arbitrales en los que participa el Estado, sean necesariamente institucionales y no Ad Hoc, procurando así condiciones de mayor orden y transparencia en estos procesos. Lo extraño es que el Congreso de la República, poco después, en mayo del 2017, aprobó una ley para derogar lo dispuesto por el Ejecutivo. En junio del mismo año, el Gobierno observó esta última ley pero, otra vez, el Congreso tomó el camino de la insistencia, y la derogatoria podría ser aprobada en cualquier momento por el pleno.

Paralelamente, otros congresistas (o de pronto los mismos) impulsan la aprobación de la llamada “Ley Cánepa”, para impedir que los centros arbitrales, que son los que administran los arbitrajes institucionales, puedan exigir estándares más elevados, particularmente los de naturaleza ética, a los profesionales que ejercen la función arbitral. El Congreso ha reaccionado entonces favoreciendo reglas que habrán de extender la corrupción en el arbitraje con participación del Estado. ¿A qué responde todo esto?

  • Fecha de publicación: 28/03/2018
  • Foto: stockvault.net

Proética destaca la prioridad de la lucha contra la corrupción en el discurso del presidente Martín Vizcarra

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El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, afirmó que es vital enfrentar decididamente la enorme corrupción que ha degradado en extremo nuestro sistema político, corroído en forma alarmante nuestra ya débil institucionalidad y sumido al país en una profunda crisis, expresada la semana pasada a propósito del escándalo de los “Kenjivideos” y la presunta compra de votos para evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, lo que generó su renuncia al sillón presidencial.

“Es indispensable por eso comenzar por enfrentar decididamente esa corrupción, si queremos superar la crisis, teniendo presente que muchos de los también responsables, continúan siendo protagonistas de espacios importantes de poder, comenzando por el propio legislativo”, señaló en la última edición de La Voz de Proética.

Respecto al primer mensaje de la Nación que dio el pasado viernes 23 de marzo, el actual presidente del Perú, Martín Vizcarra, donde declaró como prioridad de su gobierno la lucha contra la corrupción, Albán sostuvo que “este compromiso, al lado de los otros aspectos contemplados en este discurso, ha generado enormes y positivas expectativas que, por el bien del país, esperamos que esta vez no se vean frustradas”.

Por ello, recomendó que se adopten decisiones para poner en marcha un programa de emergencia, capaz de permitirnos erradicar la impunidad y, al mismo tiempo, implementar las medidas necesarias para recuperar nuestras instituciones.

“Lo primero exige cautelar al máximo la independencia de nuestro sistema judicial; lo segundo, llevar a cabo un plan anticorrupción, que muy bien puede comenzar por retomar las propuestas que planteara al país la Comisión Presidencial de Integridad, hacia fines del 2016”, agregó.

Además, reiteró el compromiso de Proética en trabajar más intensamente en la formulación de iniciativas que contribuyan a ese propósito, así como para contribuir con articular una amplia movilización ciudadana.

“El éxito de la lucha contra la corrupción depende en lo fundamental de esto último. No podemos perder esta oportunidad”, finalizó.

26/03/2018

Cómo los tentáculos de Odebrecht consiguen asfixiar las democracias latinoamericanas

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(Por Yaiza Martín/RFI en español). Con su dimisión, Pedro Pablo Kuczynski se ha convertido en el primer mandatario en funciones en renunciar a su cargo tras haber sido salpicado por el escándalo Odebrecht.

En Perú, hay que añadir los expresidentes Ollanta Humala, en prisión preventiva por blanqueo de dinero, y Alejandro Toledo, que será extraditado de Estados Unidos para ser juzgado por un presunto soborno de 20 millones de dólares. ¿Cómo los tentáculos de la constructora brasileña consiguen asfixiar las democracias latinoamericanas?

Elisabeth Ungar es analista política y exdirectora de Transparencia por Colombia. Explica que “que el poder devastador ha puesto a tambalear regimenes más o menos democráticos. Nunca se midieron las consecuencias. El objetivo de esta empresa era hacer negocios, sin importar a qué costo”.

La manera favorita de sobornar de Odebrecht: la financiación de campañas electorales, una lacra a nivel internacional.

En el caso de Perú, el escándalo de los vídeos donde se ve cómo supuestamente el oficialismo intentó comprar votos de congresistas, y que empujó a PPK a la renuncia, pone en evidencia el deterioro la clase política en el país.

Según Walter Alban, el director de Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional, “el Estado se ha ido debilitando en términos institucionales. El crecimiento económico ha sido paralelo a un crecimiento de una economía ilegal con narcotráfico, tráfico de tierras o de personas. Eso ha llegado a los propios puestos de poder.”

Para Walter Alban, la transición política que se presenta en Perú es la ocasión para hacer cambiar de rumbo el sistema.

En Colombia, Odebrecht habría financiado la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. Pero, ¿por qué el caso de corrupción más importante en América Latina no ha hecho renunciar al mandatario colombiano? Elisabeth Ungar afirma que “el Consejo Nacional Electoral, el órgano rector de los temas electorales en el país, tiene un origen político. Sus miembros son nombrados por el Congreso de la República en proporciones políticas equivalentes a su composición. Ese CNE y el Consejo de Estado son terriblemente ineficientes.”

Además de Perú y Colombia, no se puede obviar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas y el ex jefe de Estado de Brasil, Luiz Ignácio Lula da Silva. Los tentáculos de Odebrecht están extendidos por toda América Latina.