El Poder Ejecutivo aprobó el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción para el periodo 2018 – 2021, que es el instrumento que establecerá las acciones priorizadas para prevenir y combatir este flagelo e impulsar la integridad pública.
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(Por Agencia Andina) Los partidos son responsables de los candidatos que llevan al Congreso y no basta un mea culpa para que el tema se solucione, sostuvo hoy el director ejecutivo de Proética, Walter Albán, al comentar el caso de la congresista de Fuerza Popular, Betty Ananculi.
Según indicó, este tema no debe pasar de forma intrascendente, sino que corresponde “poner los reflectores” tanto en la responsabilidad del parlamentario que ha mentido o actuado de forma indebida como en la organización política que lo puso como candidato.
“Ahí está el quid del asunto”, enfatizó al remarcar que el caso de Betty Ananculi refleja la falta de cuidado que ha habido para evaluar asuntos claves como trayectoria y experiencia.
Este contexto, añadió, hace indispensable el debate y aprobación de una reforma electoral que abarque el financiamiento de los partidos y sus responsabilidades ante candidatos que no terminan siendo los más idóneos.
“Esperamos que sea un tema prioritario, que se vea cuanto antes la reforma. No basta un mea culpa, no podríamos quedarnos satisfechos con eso porque se corre el riesgo de que continúen más casos”, dijo a la Agencia Andina.
Albán recordó que actualmente las sanciones pasan por multas que muchas veces no se pagan y mientras tanto todo sigue igual.
“Por ello se requiere que la reforma precise las sanciones en función a la gravedad de los hechos que se presenten”, comentó.
A modo de ejemplo, sostuvo que una medida podría pasar por quitar a la organización política el derecho de reemplazar con un accesitario al congresista que incurrió en una falta grave, pero ello dependerá del debate.
25/04/2018
Por Samuel Rotta. ¿Recuerdan al “Comepollo”? Uno de los pocos congresistas que terminó pagando por las faltas en las que incurrió. En efecto, José Anaya había falsificado recibos de una pollería para justificar sus gastos operativos. El Congreso lo desaforó, enfrentó un proceso judicial y fue sentenciado a cinco años de prisión. Sin embargo, los casos en los cuales se llegó a sancionar las conductas irregulares de los congresistas se pueden contar con los dedos de las manos, a pesar de las sobradas evidencias.
El problema no es nuevo y ha venido minando la imagen de este poder del Estado durante varios periodos parlamentarios desde la recuperación de la democracia. Además, pareciera también agravarse. Pasamos del “Comepollo”, un pillo que buscaba ganarse uno soles más, al “Comeoro”, punta de lanza parlamentaria de la minería ilegal y, como varios otros, representante de intereses económicos subterráneos. Desde que Proética publica su encuesta nacional sobre corrupción, el Congreso siempre se ubica como una de las tres instituciones más corruptas del país. En la última medición (setiembre, 2017), 45% lo señala así.
La impunidad que corona los escándalos congresales se explica, como señalan los expertos, por la falta de una estructura de control ético vigorosa en el Congreso. Según los manuales, esta estructura consta de un código de conducta que establece los límites entre lo permitido y lo prohibido, un régimen de sanciones y una entidad responsable de investigar las denuncias.
Sobre este último punto, el más visible, se ha reavivado una discusión iniciada hace un año en la que se plantearon propuestas para solucionar los vicios que viene mostrando la comisión de ética como agencia de control de las conductas de los parlamentarios. ¿Está bien encaminada la discusión? ¿Qué sugiere la evidencia fuera de nuestro país?
Hay tres modelos que sirven para organizar la función de control ético: la autorregulación, la regulación externa y el modelo mixto. En la siguiente tabla se sintetiza las características de cada uno.
Nuestro Congreso apostó por la autorregulación cuando estableció la comisión de ética. Sin embargo, la experiencia sugiere que cuando la desconfianza en el trabajo parlamentario es alta, cuando la rendición de cuentas no es parte del “ADN institucional” o cuando la función de control no está profesionalizada, es mejor recurrir a alguno de los otros dos modelos. Los resultados de la comisión de ética vigente confirman el viejo dicho “otorongo no come otorongo” y reafirman la necesidad de un cambio.
La propuesta de los congresistas de Belaúnde y Lombardi ofrece una variedad del modelo mixto, en la cual la legitimidad de la comisión de ética se vería enriquecida con la participación de agentes externos al parlamento. Según la citada encuesta de Proética de 2017, 55% respalda una solución como esta.
Sin embargo, de adoptarse esta alternativa, quedarían pendientes dos puntos particularmente relevantes: i) la profesionalización del equipo técnico y ii) la responsabilidad de aplicar las sanciones, que seguiría estando en manos del pleno del Congreso. Pensar una estrategia que conlleve a sanciones efectivas debe considerar cómo superar los negociados políticos en este espacio.
(Por Agencia Andina) El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, consideró acertada la renuncia de Daniel Córdova al Ministerio de la Producción, luego de revelarse un video en el cual ofrece el retiro de Héctor Soldi del Viceministerio de Pesquería, en una reunión con pescadores artesanales.
“Es algo que procedía, fue penoso enterarse cómo planteó las cosas en la reunión con los pescadores artesanales”, declaró a la Agencia Andina.
Para Albán, independientemente del problema de fondo y los reclamos que eran abordados en la cita, como ministro de Estado “no podía estar ofreciendo la cabeza de nadie”.
“Eso dejaba mucho que desear y me parece una medida acertada que se haya producido la renuncia”, puntualizó el representante de Proética.
Esta mañana, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, anunció que el Gobierno aceptó la renuncia de Daniel Córdova al cargo del ministro de la Producción.
Según detalló, tuvo una larga conversación con Córdova en la cual este último comprendió, que cuando hay un hecho circunstancial de esta naturaleza, es necesario tomar una decisión.
“Él ha puesto su cargo a disposición (…) y rápidamente zanjamos esta situación y en concordancia con el ministro la decisión está tomada”, refirió.
Daniel Córdova ocupó el cargo de ministro de la Producción desde el 2 de abril de este año.
25/04/2018
Cada edición se realiza cada dos años.
Ante la serie de denuncias contra congresistas, Transparencia y Proética consideran que debe existir sanción y piden reestructurar Comisión de Ética
24/04/218
La corrupción es percibida como el principal problema para los peruanos, según una última encuesta publicada este último domingo en el diario El Comercio. Un resultado que era de esperar, tomando en consideración los que arrojó nuestra Décima Encuesta sobre Corrupción, el año 2017. Ante esta constatación, el Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, demandó al gobierno de Presidente Martín Vizcarra llevar adelante una lucha frontal contra este flagelo, a través de la adopción de medidas concretas y tangibles.
“La realidad en el Perú nos obliga a reconocer que este problema ha alcanzado niveles alarmantes y se encuentra en la base de otros graves males, incluyendo los altos índices de criminalidad”, indicó Albán.
Respecto a los resultados de esta encuesta, que ubica a la corrupción dos puntos por encima de la criminalidad, sostuvo que esto se debería al impacto del escándalo del caso Lava Jato en la percepción ciudadana, que ha contribuido en gran medida a identificar la corrupción con el abuso del poder político y económico.
Por ello, hizo hincapié que con arreglo a las últimas declaraciones hechas por el Presidente Vizcarra en materia de la lucha contra la corrupción, es indispensable concretar los 57 compromisos suscritos en materia anticorrupción por los países participantes en la VIII Cumbre de las Américas, así como el reciente plan aprobado por la Comisión Nacional Anticorrupción. Estos instrumentos, junto a las propuestas que en su oportunidad fueron formuladas por la Comisión Presidencial de Integridad, deben ponerse en práctica inmediatamente.
También precisó que es importante rescatar la figura de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la misma que durante el gobierno del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski quedó desvirtuada en su esencia.
“Por lo que retomarlo hoy en serio, colocaría al nuevo gobierno en la posibilidad de generar confianza y ganar el respaldo necesario para fortalecer su todavía frágil situación actual”, señaló.
23/04/2018
Entre los años 2003 y 2008, Proética elaboró una serie de estudios que tuvieron como objetivo detectar los principales problemas de corrupción de una localidad o región. Para ello, se suscribieron convenios de colaboración con los gobiernos regionales de San Martín, Lambayeque, Junín, Ayacucho, Huancavelica y con los municipios provinciales de Cajamarca y Ferreñafe. Parte de este convenio consistía en que las autoridades a cargo se comprometían a promover la integridad y la transparencia en sus gestiones.
Esta publicación es el resultado de un trabajo de investigación realizado por un equipo de Proética durante más o menos medio año en la región Lambayeque. El principal objetivo de este trabajo fue conocer cómo es que allí funciona la corrupción y cual es la lógica específica de su reproducción, para poder, luego, proponer planes efectivos y sostenibles de lucha anticorrupción.
Puede descargar el estudio aquí.
En esta publicación se hace una descripción del concepto de corrupción y de la metodología utilizada en este estudio para luego pasar al análisis de los problemas sectoriales de corrupción de la región Junín, empezando por la presentación de los hechos más frecuentes y los más graves en cada caso y, después, articulando explicaciones sectoriales. Finalmente, se analiza la corrupción en la región desde un punto de vista estructural, para lo cual se integran los problemas sectoriales bajo una mirada transversal y luego se elaboran explicaciones estructurales que respondan a esa problemática.
Puede descargar el estudio aquí.
El Mapa de Riesgos de Corrupción de Cajamara fue presentado a la opinión pública local en junio de 2006. Este informe, al igual que los realizados en Ayacucho, Huancavelica, Junín y Lambayeque, fue el producto de un diagnóstico sobre la realidad regional con el objetivo de identificar los factores que facilitan y reproducen los actos de corrupción en Cajamarca y elaborar con las autoridades, a partir de dicha información, un plan de lucha contra la corrupción.
Puede descargar el estudio aquí.
El Mapa de Riesgos de Corrupción de Ayacucho fue presentado a la opinión pública local en junio de 2006. Este informe, al igual que los realizados en otras regiones, fue el producto de un diagnóstico sobre la realidad regional con el objetivo de identificar los factores que facilitan y reproducen los actos de corrupción en la región y elaborar con los actores locales, principalmente con las nuevas autoridades regionales, a partir de dicha información, un plan de lucha contra la corrupción.
Puede descargar el estudio aquí.
El Mapa de Riesgos de Corrupción de la región San Martín es un estudio que parte de la identificación de los principales problemas de corrupción percibidos por los actores locales -funcionarios públicos,autoridades, periodistas, funcionarios de ONG entre otros- para luego pasar a analizar los riesgos que explicarían la presencia y reproducción de éstos. El estudio se concentra en tres sectores que son clave dentro de la dinámica social regional: educación, salud y el forestal.
El trabajo de campo se hizo en las ciudades de Tarapoto y Moyobamba, y en los distritos de Chazuta y Sauce (provincia de San Martín) entre los meses de septiembre de 2007 y febrero de 2008.
Puede descargar el estudio aquí.
En esta publicación se hace una descripción del concepto de corrupción y de la metodología utilizada en este estudio para luego pasar al análisis de los problemas sectoriales de corrupción de la región Junín, empezando por la presentación de los hechos más frecuentes y los más graves en cada caso y, después, articulando explicaciones sectoriales. Finalmente, se analiza la corrupción en la región desde un punto de vista estructural, para lo cual se integran los problemas sectoriales bajo una mirada transversal y luego se elaboran explicaciones estructurales que respondan a esa problemática.
Puede descargar el estudio aquí.
