La corrupción y su impacto en la salud mental de los peruanos

(Por Diario CorreoLos hechos excepcionales se instalan con mayor facilidad en la memoria de quien los presencia. Perdurable o no, el 28 de marzo, un gran número de peruanos vio por televisión un episodio que difícilmente podrán olvidar: el momento exacto en que una mujer agredió en el rostro a un congresista de la República.

No obstante, más allá del injustificable e injustificado golpe propinado al legislador oficialista Guido Lombardi,  se asoma una cuestión de índole mayor: el efecto de la corrupción sobre la percepción de la gente, y el rastro que esta deja en su salud mental.

El efecto en la salud mental

¿Qué es la salud mental? ¿Cómo se manifiesta? Desde el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi (INMS) la psiquiatra Vanessa Herrera, explica:

“A la salud mental la entendemos como la forma en que percibimos nuestro equilibrio emocional y nuestro bienestar todos los días. Involucra sentirnos bien con nosotros mismos y en la relación con los demás”

La doctora Herrera, en diálogo con Correo, mencionó que “cuando los peruanos sienten que algo no está bien, que entre sus emociones están predominando las negativas, eso afecta ya su equilibrio o salud mental”.

¿Qué episodios de la historia nacional actual pueden verse rastros del efecto de la imagen de la corrupción en la mentalidad de los ciudadanos? La respuesta: Puno, 2004.

Un 26 de abril, 14 años atrás, una parte de la población de Ilave, en Puno, linchó y torturó a Cirilo Robles, por entonces su alcalde. 24 días antes había sido acusado públicamente de corrupción y malversación de fondos.

“La corrupción no es solo un problema legal que repercute económicamente. También afecta a la salud de todos, a la salud emocional principalmente”, afirma la doctora Herrera.

Según un estudio epidemiológico efectuado por el INMS en el 2012 (el próximo será ejecutado en el 2022, con 10 años de intervalo), cuando preguntaron a la población sobre en qué aspecto sienten que la corrupción los afecta principalmente, “las respuestas se orientaron hacia eso dos puntos: primero, que los afecta por la inestabilidad económica, y, segundo, en la desconfianza en líderes”.

El golpe en el rostro contra el congresista Lombardi, así como el linchamiento y posterior asesinato del alcalde de Ilave, dan luces sobre el impacto de la corrupción en la percepción de la población. “Las personas manifiestan más emociones negativas, como rabia, molestia, cólera”, explica la doctora Herrera.

“La rabia, la cólera, la decepción, puede llevar a una reacción tan violenta, como ya no medir ni siquiera la consecuencia de sus actos, y fuente ovejuna, todos actuar de esa manera tan lamentable. Esto no es poca cosa”, manifestó la psiquiatra.

La doctora Herrera menciona que en el estudio del INSM obtuvieron como resultado que “de 10 personas 9 señalaron que desconfían de sus líderes, lo cual es un dato muy elevado para la región, para Latinoamérica”.

Con estos estudios epidemiológicos, el INSM sustenta la necesidad de invertir en salud mental, pues la población se va a ver afectada.

El estado de la salud mental

“De cada 10 peruanos en el país que tienen un trastorno mental, 8 no reciben tratamiento o un servicio de salud mental”, asegura la representante del INSM.

Desde la visión de la institución, la psiquiatra explica que “en el Perú deberíamos tener no menos de 300 centros de salud mental comunitarios”. Sin embargo, en la actualidad “recién tenemos 31”. “La brecha es enorme”, se lamenta.

Entre los motivos por los cuales la población no accede a estos servicios, la doctora Herrera contó los siguientes:

-Desconocimiento.

-No hay servicios de salud mental cercanos a la población.

-Carencia económica para llevar un tratamiento.

-Creencia de que se puede manejar solo.

-Estigmatización de la enfermedad mental.

-El Estado no ofrece suficientes servicios de salud mental en beneficio de la población .

Políticos peruanos desaprobados

De acuerdo al último sondeo de opinión publicado por la empresa Datum Internacional, el 69% de  los peruanos califica con nota desaprobatoria el desempeño de los miembros del Poder Legislativo.

(Números rojos. Fuente: Datum Internacional)

Esta valoración del Parlamento, por otro lado, se corresponde con la cifra de percepción de corrupción en funcionarios y autoridades que Proética, en su Décima Encuesta Nacional Sobre Percepción de la Corrupción en el Perú —publicada en setiembre último—, revela: que el 62% de la población considera a la corrupción en dicha esfera de poder como el “principal problema que enfrenta el Estado”.

(Picos altos. Fuente: Proética)

En este punto, la aclaración es importante. Contra el congresista Lombardi, acusaciones de corrupción o de asuntos truculentos no han sido afirmados ni rumoreados, mucho menos denunciados.

Pese a ello, debido a su condición de parlamentario, se encuentra asociado a la imagen que algunos congresistas, y el Congreso en particular —trastocado por graves denuncias de irregularidades y de corrupción—, han proyectado hacia la población en los últimos tiempos.

Esta imagen, por otro lado, ha configurado una idea que de tanto en tanto se ha ido asentando en la mentalidad de la ciudadanía, y que a la larga, ha repercutido en su percepción de la corrupción.

Corrupción

Para Proética, la percepción que la ciudadanía tiene sobre la corrupción coloca al problema en el segundo lugar de preocupaciones nacionales, siendo superada solo por la delincuencia (no obstante, la entidad precisó que en el interior del país,  la corrupción es considerada más grave que aquella problemática):

La cifra, por otro lado, se posiciona como la más elevada de los últimos 16 años, pues salvo en el 2010 —durante la recta final del gobierno de Alan García—, que llegó a un 51%, nunca en la historia del sondeo la corrupción había pasado de ser un problema con más de 47% de preocupación.

 

(Décima Encuesta Nacional Sobre Percepción de la Corrupción en el Perú 2017. Fuente: Proética)

Tan alto fue el porcentaje percepción de la corrupción para la ciudadanía, que superó problemas sociales tales como el consumo de drogas, la pobreza y el desempleo.

“La reacción de la gente ya es muy distinta. Ya hay un claro rechazo a estas prácticas”, afirma Walter Albán, exministro del Interior y titular de Proética.

Para Albán, tras la caída del régimen de Alberto Fujimori, “no se llevaron adelante las reformas institucionales, que son las que, en definitiva, hay que realizar para que la institucionalidad funcione”.

“Hoy lo que tenemos en el Perú es una débil institucionalidad perforada por una corrupción galopante que ha encontrado en la política el medio más eficiente para poder controlar la situación”, sostiene el especialista.

18/04/2018

¿De qué sirven los portales web de los partidos políticos? Ciertamente, no como mecanismo de transparencia de sus finanzas

Por Carlos Arroyo. Según el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, de los 23 partidos políticos inscritos cuatro no mencionan la dirección de su portal web y diez registran direcciones de portales web que no usan o están fuera de servicio. En la práctica, tres partidos no tienen un portal web, mientras que de los otros veinte que sí tienen, ninguno publica información  referente a su financiamiento ni rinde cuentas sobre sus gastos. Ningún partido ha intentado siquiera transparentar sus finanzas mediante esta vía tan sencilla.

Cuadro: Transparencia Activa sobre Financiamiento de los Partidos Políticos a través de sus portales web.

La transparencia es una de las principales condiciones para reducir los riesgos de corrupción.  En ese sentido, los avances de la informática ofrecen a las instituciones la posibilidad de diseñar e implementar tecnologías a bajo costo, capaces de mostrar en tiempo real –o casi— los balances de presupuesto y el vaivén de los ingresos y egresos económicos.  Si es tan sencillo, cabe poner en duda la voluntad y compromiso de los partidos políticos con la transparencia y la rendición de cuentas de su financiamiento. Queda claro que sus omisiones absuelven la interrogante.

Chile Transparente, capítulo chileno de Transparencia Internacional, realiza cada año una medición de la transparencia activa (divulgación de información) de los partidos políticos de su país. Los indicadores relacionados al financiamiento son: los balances anuales presentados a la autoridad electoral competente, los ingresos y egresos partidarios, los enlaces a los reportes presentados a la autoridad electoral competente y los contratos y convenios para adquisición o alquileres de bienes y servicios.

En el Perú, si los partidos políticos publicaran en sus portales web este tipo de información, estarían dando una señal de disposición a asumir un compromiso anticorrupción y demostrarían que el ejercicio de la política puede y debe ser transparente. Estarían dejando de usar estas herramientas como paneles meramente informativos acerca de la organización o de esporádicas actividades institucionales, pasando a convertirlas en fuente de datos sustantivos: “Open Data”. No olvidemos que los escándalos de corrupción vigentes tienen uno de sus ejes en el financiamiento de las campañas electorales. Eventualmente, a través de este sinceramiento, los partidos podrían estar contribuyendo a recuperar algo de credibilidad ante la ciudadanía.

 

  • Fecha de publicación: 19/04/2018
  • Foto: Pixabay

Walter Albán: “Es importante considerar propuesta de eliminar la inmunidad parlamentaria”

(Por La República) Walter Albán, Director Ejecutivo de Proética, considera que es momento de que la sociedad civil empiece a marcar la agenda del nuevo gobierno, exigiendo más transparencia y una lucha frontal contra la corrupción.

Culminada la Cumbre de las Américas se firmó el Compromiso de Lima con 57 puntos. ¿Estamos muy lejos de cumplirlos?

En las cumbres solo se marcan las pautas orientadoras en decisiones de política que corresponden a todos los Estados que se comprometen. A diferencia de otras cumbres, se ha logrado un compromiso final suscrito por prácticamente todos los Estados participantes y creo que esto marca una diferencia. Lo que falta es que los gobiernos y las autoridades en cada país tomen las decisiones que pongan en ejecución los puntos que se acordaron. Lo que pueda concretarse dependerá mucho de que la sociedad civil haga también suyo este planteamiento.

Son temas que la sociedad civil podrá exigir, pero que nuestros políticos tienen que aterrizar…

Por supuesto, pero ahora nos toca poner esto en el contexto del Perú, por ejemplo, en que se cree una real autoridad autónoma para el acceso a la información y la transparencia. Ese es un punto pendiente en el país y es una manera de darle impulso a todas las otras medidas.

Martín Vizcarra goza de un 57% de aprobación, mientras que el 69% de peruanos desaprueba la labor del Congreso. ¿Qué podemos interpretar de estas cifras?

La gente ya no es tan pasiva respecto a la corrupción, hay una reacción cada vez más notoria. Con respecto al presidente, la gente lo ve con ganas de trabajar, lo ven con voluntad de tratar de llevar adelante algunas cosas que esperamos pueda concretar, pero creo que esto se irá diluyendo si no se toman medidas que efectivamente hagan visible que hay un compromiso claro contra la corrupción.

¿Usted le augura un buen gobierno al presidente?

Hay alguna posibilidad de que esto pueda ocurrir. Va a depender de que asuma el liderazgo en la lucha contra la corrupción y eso no va a ocurrir si no cuida bien las medidas que tiene que adoptar.

El congresista Yonhy Lescano ha propuesto nuevamente cerrar el Congreso y convocar a nuevas elecciones. ¿Qué tan realista es su planteamiento?

Sería de alto riesgo porque ahora lo que más interesa es que se modifiquen las reglas en materia electoral. Mientras estas permanezcan vigentes, nada nos garantiza que un nuevo Congreso pueda resultar mejor que el actual. En ese sentido, es importante considerar a fondo la propuesta de eliminar la inmunidad parlamentaria y también el que la Comisión de Ética pueda funcionar al margen del Congreso.

¿Están proponiendo que la Comisión de Ética desaparezca? ¿Cuál es la alternativa?

Hay cuestiones mínimas exigibles, por ejemplo, que esta comisión no sea controlada por el partido con mayoría. Fuerza Popular debería dejar esta comisión y así poder elegir a gente que no esté cuestionada. Hacerlo no es tan fácil en el Congreso actual, pero por lo menos deberían tomarse el trabajo de no poner a nadie que tenga rabo de paja. Lo otro es pensar en la posibilidad de que la ética en el Congreso se maneje por cuerdas separadas, es decir, que se cree una comisión que no sea parte del Congreso mismo.

¿El Ejecutivo podría impulsar una propuesta así?

Por supuesto. La Comisión de Ética se ha desacreditado por completo. Afortunadamente, hay gente en el Congreso que también quiere dar la pelea. Hay que olvidarse de banderas políticas y buscar un pacto por la integridad, por la decencia en la política.

Foto: Canal N

17/04/2018

“Compromiso de Lima” constituye una obligación para los gobernantes de América Latina, de ejecutar políticas y medidas concretas contra la corrupción

Este último sábado 14 de abril, culminó la VIII Cumbre de las Américas, cuyo eje central fue la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Según el Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, los resultados de esta reunión han sido ciertamente alentadores ya que, a diferencia de anteriores Cumbres, esta vez sí se aprobó un documento por consenso, denominado el “Compromiso de Lima”, que ha incorporado buena parte de las propuestas formuladas por la sociedad civil, entre ellas, las elaboradas por Proética y otros capítulos nacionales de Transparencia Internacional en la región.

“Los alcances sustantivos de tales propuestas, se enfocan en los rubros del financiamiento de la política, la contratación pública, y la independencia de los sistemas judiciales, así como los mecanismos de articulación a nivel interamericano, para hacer más eficiente la lucha contra esta lacra que, como sabemos, no reconoce fronteras”, dijo Albán en la última edición de la Voz de Proética.

Al respecto, lamentó sin embargo que no se haya incorporado en los acuerdos, una apuesta por vincular de forma orgánica la afectación de la corrupción a los derechos humanos, como cuestión relevante a nivel del sistema interamericano.

También lamentó dos hechos internacionales que impidieron mayores celebraciones por los acuerdos de esta Cumbre: el estallido del conflicto en Siria y el terrible asesinato de tres periodistas ecuatorianos, secuestrados por bandas armadas en la frontera con Colombia.

“Dos hechos con aparentes sesgos ideológicos, pero detrás de los cuales se esconden, a no dudarlo, oscuros intereses que responden más bien a hechos de corrupción”, indicó.

Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía de toda América Latina para entender estos compromisos, como instrumentos para presionar la acción de los gobiernos y autoridades de los países participantes, a fin de ejecutar estas propuestas para una más eficiente lucha contra la corrupción.

16/04/2018

Reforma electoral y transparencia para cumplir compromisos

(Por La República) La corrupción ha llegado a niveles tan altos que los líderes políticos de América Latina han tenido que suscribir el Compromiso de Lima para generar mecanismos en la lucha contra este flagelo en la región. Así lo consideraron los especialistas que analizaron el pronunciamiento final de los 34 líderes políticos en la VIII Cumbre de las Américas que se realizó en el Perú.

Después de tratar el tema “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, se elaboró el documento final anticorrupción que demanda una mayor cooperación jurídica, gobernabilidad democrática, transparencia y participación ciudadana.

Walter Albán, director de Proética, sostuvo que pese a lo accidentado de la VIII Cumbre se debe destacar que se ha llegado a una declaración final, lo que no ha sido posible en otras cumbres, y ha quedado en evidencia que la corrupción es tan fuerte que no les ha sido posible a los gobiernos evitar reconocer que este flagelo tiene que ser confrontado con prioridad y se debe aplicar mecanismos que permitan un trabajo en conjunto.

Consideró que es un punto a favor que exista este compromiso público, y con ello la Sociedad Civil en cada país va a tener una herramienta de soporte para plantear acciones que son indispensables emprender.

“En Perú vamos a trabajar intensamente para que la Declaración de Lima se traduzca en políticas claras sobre el financiamiento de los partidos, la contratación pública, la independencia del sistema judicial y se apliquen mecanismos para hacer frente al fenómeno de la corrupción que no respeta fronteras”, anotó.

Explicó que en la declaración se establecen pautas que son necesarias llevar adelante y es responsabilidad de cada Estado ponerlas en práctica.

En lo que corresponde al Perú, dijo que la lectura tiene prioridades. “Por un lado, llevar adelante la reforma en el sistema electoral que tanto se ha querido frenar en el Congreso; y en lo que es transparencia del gobierno, recuperar una vieja aspiración de la sociedad civil, que el señor Kuczynski frustró: crear una autoridad autónoma para acceso a la información y transparencia”, detalló.

La creación de esa autoridad –prosiguió– quedó en un remedo del planteamiento original formulado, debido a que se creó una dirección dentro del Ministerio de Justicia que no tiene nada que ver con lo que se había propuesto.

Albán manifestó que con la conclusión de la Cumbre se debe retomar la búsqueda de un gobierno abierto y transparente y la Declaración de Lima permitirá establecer un parámetro para medir lo que se ha hecho o se dejó de hacer en cada país y “si nos ponemos a revisar lo que se ha hecho en el Perú, con lo que dice la declaración de la Cumbre, salimos desaprobados”.

Para el jurista y ex presidente del Congreso Raúl Ferrero Costa, el pronunciamiento de la Cumbre tiene un peso evidentemente político, pero es positivo que en una reunión de jefes de Estado se hable de luchar contra la corrupción.

“Es bueno que se tome conciencia a nivel internacional de este problema que es uno de los factores que más afectan la gobernabilidad democrática, la corrupción corroe y desarticula las instituciones”, comentó.

El reconocido abogado dijo que haberle dado importancia a la gobernabilidad y corrupción refleja que hay una nueva mirada política hacia este tema que atenta contra el desarrollo de los países.

Asimismo, consideró que es un llamado de atención para llevar a cabo una reforma electoral que resulta indispensable en el Perú.

“Vamos a ir a elecciones municipales y regionales a fin de año y elecciones generales en tres años. Mucho cuidado, pues con la institucionalidad que tenemos están debilitados el gobierno, los gobiernos municipales, regionales y el Congreso”, advirtió.

Ferrero consideró la Declaración de Lima como un llamado práctico, no tan teórico, para luchar contra la corrupción y “más bien se están apelando a principios que se estaban dejando de lado”.

El congresista Víctor A. García Belaunde (AP) sostuvo que el documento es positivo, pero “no todos los presidentes que han venido tienen autoridad moral para implementarlo”.

Destacó que el documento nos hace ver la necesidad de la reforma electoral que se tiene que hacer en el Perú de todas maneras.

“Es muy difícil hacer una reforma con personas que participan en las elecciones siguientes, siempre hay una inclinación partidaria, y por eso es mejor que la reforma se haga desde fuera, con una comisión multisectorial que proponga un código electoral y el Congreso lo apruebe”, planteó.

Por su parte, el internacionalista Miguel A. Rodríguez Mackay dijo que si se habla del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la Cumbre debió pronunciarse directamente sobre la situación en Venezuela, “donde la gobernabilidad democrática no existe y hacer la invocación para que haya elecciones libres y legítimas”.

Asimismo, lamentó que no haya habido un pronunciamiento contra el ataque de EEUU a Siria “que ha actuado al margen del derecho internacional, del consejo de seguridad de la ONU y del propio congreso de EEUU en un acto antijurídico”.

Los 57 compromisos contra la corrupción

A. Gobernabilidad democrática

1. Fortalecer las instituciones democráticas para la prevención y combate de la corrupción.

2. Fortalecer la independencia judicial siguiendo los estándares interamericanos.

3. Articular esfuerzos competentes a la Agenda Interamericana de Educación de la OEA.

4. Desarrollar una cultura de transparencia.

5. Promover campañas de concientización pública y participación ciudadana.

6. Reconocer las contribuciones positivas de los pueblos indígenas.

7. Promover la equidad e igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

8. Incluir a los grupos en situación de vulnerabilidad en las medidas de gobernanza.

9. Transparencia en los procesos de selección de servidores públicos.

10. Promover medidas que prevengan conflictos de intereses.

11. Promover códigos de conducta para los servidores públicos.

12. Incentivar la participación eficaz del sector privado en la prevención de la corrupción.

B. Transparencia y libertad de expresión

13. Mejorar las condiciones para la efectiva participación de la sociedad civil.

14. Promover y/o fortalecer políticas de gobierno abierto.

15. Consolidar la autonomía e independencia de los órganos de control.

16. Fortalecer los órganos de transparencia y acceso a la información pública.

17. Promover el uso de nuevas tecnologías que faciliten el gobierno digital.

18. Elaborar indicadores para evaluar las políticas de transparencia.

19. Fomentar la transparencia y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.

20. Impulsar un Programa Interamericano de Datos Abiertos, en el marco de la OEA.

21. Fortalecer las medidas para tipificar los actos de corrupción y otros conexos.

22. Proteger a los denunciantes, testigos e informantes.

23. Proteger a los periodistas que investigan casos de corrupción.

24. Proteger a los servidores involucrados en hacer cumplir la ley.

C. Financiamiento de partidos

25. Fortalecer medidas que promuevan la transparencia en los partidos.

26. Restringir el acceso a la función pública de los condenados por corrupción.

D. Prevención en las obras públicas

27. Promover sistemas electrónicos para compras gubernamentales.

28. Implementar proyectos específicos para asegurar la transparencia.

29. Promover cláusulas anticorrupción en todos los contratos del Estado.

30. Solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) crear una plataforma sobre infraestructura.

31. Fomentar la transparencia en la gestión de la infraestructura.

32. Promover prácticas coordinadas y transparentes en la emisión gubernamental de permisos.

33. Implementar medidas para la reducción de la burocracia.

E. Cooperación jurídica internacional.

34. Avanzar en la lucha contra la corrupción, en particular la prevención y el combate del soborno.

35. Adoptar un marco legal para responsabilizar a las personas jurídicas por actos de corrupción.

36. Asistencia a las investigaciones y procedimientos sobre cuestiones civiles y administrativas.

37. Amplia cooperación entre las autoridades y unidades de inteligencia financiera.

38. Promover el uso de mecanismos ágiles de intercambio de información.

39. Promover la cooperación entre las instituciones financieras y los órganos de supervisión financiera.

40. Fortalecer la cooperación para prevenir la transferencia y ocultación de fondos en los sistemas financieros.

41. Fortalecer medidas para el embargo preventivo, la extinción de dominio y la confiscación de activos.

42. Profundizar las iniciativas multilaterales contra el lavado de activos.

43. Adoptar medidas efectivas contra la elusión, así como combatir la evasión fiscal.

44. Promover la transparencia en el intercambio de información tributaria.

F. Mecanismos interamericanos anticorrupción

45. Fortalecer el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).

46. Solicitar al MESICIC la promoción del intercambio y la difusión de buenas prácticas.

47. Solicitar al MESICIC que coordine con organismos internacionales para promover sinergias.

48. Implementación efectiva de las recomendaciones del MESICIC antes del 2020.

49. Una iniciativa para la observación y medición de las políticas de lucha contra la corrupción.

50. Impulsar el Mecanismo de Cooperación Interamericana para la Gestión Pública Efectiva (MECIGEP).

51. Solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) apoya en el fortalecimiento de programas nacionales.

G. Seguimiento e informes

52. Solicitar al GTCC que asista con recursos y capacidades técnicas a los Estados.

53. Tomar nota de las recomendaciones de los foros de la Cumbre.

54. Tomar nota del “Compromiso del sector privado para la transparencia”.

55. Actuar de manera que las acciones de seguimiento emanadas de este Compromiso deLima promuevan el avance sobre la equidad e igualdad de género.

56. Reconocer la importancia de la Secretaría de Cumbres para el seguimiento de los acuerdos.

57. Encomendar al Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) que informe sobre la implementación del presente Compromiso.

Walter Albán

Proética

“La Cumbre y la declaración son políticas orientadoras y su éxito va a depender de lo que cada Estado decida ejecutar en la lucha contra la corrupción”.

 

16/04/2018

Remesas de Hiro Fujimori remecen el caso Limasa

Fuente: La República. Con el apoyo de Proética.

Una investigación de Edmundo Cruz 

No todo era como aparentaba. Se creía que las primeras remesas de dólares de Japón para los aumentos de capital social en Limasa ingresaron al país en mayo del 2012. Y que la remitente y titular de tales envíos era FM Capital Partners, razón social creada en Lima el 3 de mayo de ese año por los abogados Miguel Ángel Torres Morales, hoy congresista, y su hermano Carlos.

LOS GIROS DE HIRO

Ahora se conoce la verdad. Las sospechosas transferencias habían llegado a la almacenera chalaca de los Fujimori Higuchi dos meses antes. La remesa inaugural arribó el jueves 22 de marzo de aquel 2012, con destino a la Cuenta Corriente en Moneda Extranjera (CCME) de la empresa Logística Integral Marítima Andina S.A., más conocida como Limasa. En el BBVA de Lima se había abierto una cuenta especial.

¿Quién ordenó el envío? El ciudadano peruano Hiro Alberto Fujimori Higuchi, de 36 años de edad. La autorización partió de Yokohama –la ciudad más poblada de Japón después de Tokio–, donde el gestor reside. Hiro actuó a título personal, sin referencia a razón social alguna. FM Capital Partners, la empresa que a posteriori se ha presentado como promotora de esa remesa y otras, no existía. Se formó cinco semanas más tarde.

Un detalle intrigante: la cuenta receptora en el BBVA (CCME 117-0100085069) fue abierta tres días antes, el 19 de marzo. A esa fecha, Limasa ya contaba con una cuenta similar creada en julio del 2009, al inicio de sus actividades, pero para los movimientos en ciernes se prefirió usar una cuenta nueva.

La flamante cuenta no tardó en justificarse. Ese mismo jueves 22 de marzo, recibió una segunda transferencia proveniente de Japón, no de Yokohama, sino de la vecina Tokio. Remitente: Daniel Scott Matson, un ciudadano norteamericano radicado en el país de las 3 mil islas. Monto de la transferencia: 199.980 dólares, casi 200 mil.

La adrenalina del envío de billetes verdes en montos discretos empezó a cargarse. A las remesas de marzo siguieron las de abril. Los días 20, 23 y 30, partidas de 100 mil, 20 mil y 32 mil dólares ingresaron a la economía peruana por la misma ruta bancaria. Hasta el último día de abril la cuenta nueva de Limasa en el BBVA sumaba 412 mil 810 dólares.

Hiro Fujimori se había establecido en Yokohama al concluir sus estudios de ingeniería mecánica en Boston, EEUU, y luego que su padre renunciara a la presidencia de Perú y se refugiara en Japón.

Ahí lo cautivó el mundo de los negocios, tanto que el 2007 empezó a trabajar y hacer carrera en Halifax, reputado centro de asesoramiento financiero. En esas andanzas creció la amistad con Daniel Scott Matson, analista de la especialidad que había escalado a asesor financiero de la Corporación Sankyo, una transnacional de carga internacional de matrícula nipona con centro en Yokohama.

El año 2012, Hiro y Scott pasaron de amigos a socios con capacidad para hacer empresa, comenzando por giros de hasta 412.810 dólares, por lo pronto. Sí, “por lo pronto”, porque tres meses después, el 27 de julio, los envíos a la cuenta especial de Limasa en el BBVA se elevaron a 700 mil dólares. ¿Cómo y para qué?

Las transferencias de marzo y abril –reitero– precisan la procedencia del dinero y los nombres de los remitentes: giros a título personal, cuando FM Capital Partners no existía. Pero no aclaran el origen del dinero, o sea ¿qué actividad económica –legal o ilegal– generó tales capitales?

Claro, la presencia de los hermanos Fujimori Higuchi en ambas partes de la transacción acrecienta sospechas.

Los datos básicos de esta reseña son un hallazgo del fiscal Eduardo Cueva Poma, a cargo de la indagación preliminar del caso, con el apoyo de la policía de lavado de activos. Sus pesquisas las hemos desarrollado con fuentes notariales y bancarias.

MAGIA CHALACA

En mayo del 2012, el escenario de la operación financiera y societal se trasladó al Callao. La magia contable no existe –dicen los expertos–, pero ¡cuidado!, la sapiencia de contadores, abogados y operadores aduaneros que asesoraron la inyección de capitales a Limasa, pueden desmentirlos.

El 3 de mayo, apenas tres días después de la última remesa de Japón, se creó en Lima, por arte de magia, una nueva empresa: FM Capital Partners. La criatura nació con su pan en el brazo, convertida desde la cuna en remitente y dueña del dinero enviado antes de su creación; virtual acreedora de Limasa, dispuesta por lo demás a cobrar la deuda de inmediato.

Para entonces habían entrado en escena el hoy congresista Miguel Ángel Torres y su hermano Carlos, ambos abogados. Figuraban como dueños iniciales de FM Capital Partners con un 50% (500 soles) de acciones de cada uno. Catorce días después, el 17 de mayo, Miguel Ángel devolvió a título gratuito sus acciones a Scott y su hermano hizo lo propio con Hiro. El gesto se dio en la más absoluta reserva pero quedó registrado en el libro de matrícula de acciones y se informó a Sunat.

Al parecer, los abogados intentaron ocultar a los verdaderos responsables de las remesas, es decir, a Hiro Fujimori y Daniel Scott. Y al mismo tiempo, eludir responsabilidades.

Sin embargo, Miguel Ángel siguió figurando como apoderado legal de FM Capital Partners, hasta el 14 de noviembre del 2014, según actas notariales y, de hecho, participó en la aprobación de los posteriores procesos de capitalización de deuda de Limasa con FM Capital Partners, siempre acompañado del gerente general Vladimir Alexeis Ortega Vidal.

¿DOBLE APORTE?

No todo obra en la investigación fiscal. Según fuentes del sistema bancario a las que accedió esta redacción, FM Capital Partners recibió en mayo del 2012 otras siete transferencias por un total de 409.810 dólares, desde Japón y Singapur. El monto es similar a los 412.810 dólares enviados en marzo y abril por Hiro Fujimori y Daniel Scott. Pero la ruta del dinero en estos casos pasó por un punto intermedio, Canadá, donde operó Sankyo Global Logistics (Canada) Inc., como filial de la Corporación Sankyo de Japón.

Surgen preguntas. Primero, ¿las remesas de mayo son las mismas de marzo y abril? Si son las mismas, ¿por qué los montos son distintos?, aunque la pequeña diferencia podría explicarse por las variaciones del tipo de cambio. Segundo: ¿por qué las primeras remesas volaron en directo Japón-Perú y las segundas pasaron por Canadá? Por último, ¿por qué las transferencias de mayo no fueron enviadas a la nueva cuenta de Limasa en el BBVA abierta el 19 de marzo del 2012, sino a una antigua del 2009?

LA FORMALIZACIÓN

El 22 de junio del 2012, FM Capital Partners, Limasa y el Grupo Begazo (integrado por accionistas de Limasa) firman un contrato para darle sustento legal a las remesas. Este documento impone el reconocimiento de FM Capital Partners como remitente de las remesas de marzo y abril. Se asume, entonces, que las remesas no son de Hiro Fujimori y Daniel Scott.

El contrato también establece que FM Capital Partners tiene como propósito invertir 700.000 dólares para tener el 30% de las acciones de Limasa.

De este modo, se percibe la intención de encubrir el origen último del dinero que la investigación fiscal no descarta que pudiera provenir de delitos cometidos por el padre de los hermanos Hiro y Kenji Fujimori.

lAS CAPITALIZACIONES

¿Cuáles son los resultados de todas estas operaciones? En el 2012, FM Capital Partners accedió al 30% de las acciones de Limasa con 700.000 dólares. Luego, en el 2014, a través de Inversiones Perú Japón, una nueva empresa creada para implementar nuevas argucias de capitalización, FM Capital Partners llegó a tener el 41% de acciones de Limasa.

El 2014 la transnacional Sankyo invirtió 1’470.000 dólares y accedió solo al 20% del accionariado total de Limasa. ¿Cómo es que esta transnacional japonesa invierte el doble que FM Capital Partners y obtiene solo la mitad de acciones?

Según Limasa, todas estas operaciones se realizaron con el fin de aumentar el capital social. Todo se inicia el 2012 y culmina a mediados del 2014.

Antes de las dos capitalizaciones por deudas, el capital social de Limasa era 991.000 soles. Después de efectuadas las mismas, el capital subió a 2’100.000. Se advierte un aumento de 1’100.000 soles, y el presunto lavado podría resumirse en esta suma.

Sin embargo, la introducción de dinero sospechoso podría ser incluso mayor. Esto debido a que hubo dos inyecciones de capital para Limasa: los 700.000 dólares del 2012 y la segunda por 1’470.000 dólares de Sankyo.

La suma de ambos montos supera los 8’000.000 soles que ingresaron a la economía legal nacional. Este monto es el blanco de las investigaciones. Y podría ser más si se toma en cuenta las siete transferencias por 409.810 dólares realizadas en mayo del 2012, y que tampoco han sido esclarecidas. 

FACTURACIONES

-Según fuentes financieras, en el 2010, la almacenera Limasa facturó S/ 605.487. Al año siguiente, incrementó a S/ 3.306.828 y el 2012 cerró con S/ 8.075.172, trece veces el valor inicial.

-El libro empresarial Perú Top Publications detalla que para el 2013 el monto osciló entre los 5 y 6 millones de dólares. El 2014 las cifras de facturación aumentaron en dos millones y el 2015 el crecimiento fue exponencial, donde lograron cerrar entre los 7 y 9 millones de dólares.

Amplían a 23 el número de investigados

-El pasado 12 de febrero, la investigación fiscal cumplió un año. En esa fecha, el fiscal Eduardo Cueva Poma, titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos, emitió una resolución de treinta páginas en la que dispone elevar el número de investigados de 3 a 23 personas.

-Inicialmente, los únicos investigados eran los hermanos Kenji, Hiro y Sachie.

-Ahora destacan entre los nuevos investigados Daniel Scott Matson, el congresista Miguel Ángel Torres Morales y su hermano Carlos. Además, el esposo de Sachie, Marc Koenig.

-Los otros diez investigados son los ejecutivos de empresas como la japonesa Sankyo, Limasa, Alinsa, FM Capital Partners, Inversiones Perú Japón, entre otras.

-La investigación fiscal fue declarada compleja y el plazo ha sido ampliado por otros ocho meses.

-Entre diciembre del 2017 y enero de este año, 22 personas fueron a rendir sus manifestaciones en calidad de testigos. Quienes aún no lo hacen son los investigados Kenji, Hiro y Sachie Fujimori.

INVESTIGADOS POR LAVADO

-Kenji Gerardo Fujimori Higuchi

-Sachie Marcela Fujimori Higuchi

-Marc Koenig, esposo de Sachie

-Marco Antonio Ynaba Reyna

-José Antonio Begazo Bedoya

-José Antonio Begazo Ramos

-Miguel Ángel Ramírez Huamán

-Congresista Miguel Ángel Torres

-Carlos Torres Morales (hermano)

-Vladimir Alexeis Ortega Vidal

-Arturo Makino Miura

Denunciando la intolerancia

Este viernes 13 de abril al mediodía, cuando nos aprestábamos a celebrar en el Morro Solar de Chorrillos, el cierre de la campaña “La corrupción no desaparece por arte de magia”, lanzada por Transparencia Internacional y Proética, capítulo peruano de esta organización, fue necesario suspender la actividad ante la presencia de un grupo de personas que irrumpieron en forma agresiva y amenazante para impedir la celebración. No obstante que se trataba de un acto de magia, como expresión artística y simbólica de un compromiso para luchar contra la corrupción, en el marco de la VIII Cumbre de las Américas, la prepotencia y ostensible ánimo violento de ese grupo de saboteadores, hizo aconsejable no continuar, a fin de no exponer a las personas que nos acompañaban en la actividad, varias de ellas procedentes de diferentes países de la región.

Hay que señalar que, por las características que rodearon esta amenazante movilización, no se trató de una irrupción espontánea o casual, por el contrario, tenemos indicios suficientes para afirmar que se trató de personas vinculadas al partido aprista que, equivocadamente, identificaron esta campaña como una crítica a su organización y a su líder, Alan García. Coincidentemente, en el mismo momento, en Twitter se difundía el hashtag #ElCristoEsDeTodos.

En ese sentido el “autogol” de este grupo resulta evidente y nos permitió recordar que la imagen del Cristo del Pacífico no solamente fue una donación de la empresa Odebrecht, sino que a ello contribuyó también, a pesar de sus magros ingresos como Presidente de la República, el propio Sr. García.

Queda para el registro la muestra de intolerancia que, como sabemos, no constituye el factor más peligroso a enfrentar en la lucha contra la corrupción, pero sí uno que debemos tener presente como un obstáculo más en esta cruzada.

Este evento era parte de nuestras acciones para difundir nuestras propuestas contra la corrupción, que confiamos en que sean asumidos por los jefes de Estado reunidos en nuestra ciudad en la Cumbre de las Américas. Puede revisar el documento aquí.

Lima, 13 de abril de 2018

Cumbre debe plantear lucha eficaz contra corrupción transfronteriza

(Por Agencia Andina) La VIII Cumbre de las Américas, a realizarse los días 13 y 14 de abril en Lima, debe ser un espacio para plantear y discutir mecanismos que permitan luchar de manera eficaz contra la corrupción transfronteriza, sostuvo hoy el director ejecutivo de Proética, Walter Albán.

Al destacar que la cumbre venidera tenga como eje central la gobernabilidad democrática frente a la corrupción, consideró que es un error pensar que este flagelo ocurre solo en un determinado territorio, pues casos como Lava Jato y Odebrecht demostraron que esto traspasa las fronteras.

“Odebrecht y el modelo Lava jato tiene particularidades que deben servir como experiencia para modificar esto. La corrupción es transfronteriza, y no puede ser que nuestras instituciones quieran responder a este problema solo en base a la autoridad y competencia territorial”, agregó Albán.

En ese sentido, el directivo de Proética, resaltó la necesidad de establecer, por ejemplo, mecanismos más eficaces de colaboración entre los países participantes en la cumbre venidera, en función de las propuestas que sea presentadas en dicho espacio.

“Lo importante de las cumbres es que se discutan y traigan planteamientos, no solo lo que oficialmente se va a producir el viernes y sábado (…). Son cuestiones muy concretas que pueden ser aprobadas por los Estados y que serán presentadas a los jefes de Estado”, agregó.

En entrevista con TV Perú, Albán indicó, en ese sentido, que la adopción de acciones relativas al financiamiento de la política en los países es también un factor clave en la lucha contra la corrupción.

Según recalcó, este ha sido el común denominador en todos estos países cuya clase política ha estado ligada a empresas como la brasilera Odebrecht, que reconoció haber financiado campañas políticas y haber pagado sobornos a cambio de ganar licitaciones para ejecutar obras públicas.

“Si dejamos que la plata sucia siga alimentando campañas y candidaturas no tenemos manera de superarlo”, manifestó el también ex ministro del Interior, al opinar que, asimismo, son importantes la voz y participación de la sociedad civil y del sector empresarial frente a la corrupción.

En su opinión, la idea es que, ante la existencia de Estados “penetrados por la corrupción”, se pueda pasar del discurso a la acción.

13/04/2018