El tráfico de tierras es uno de los principales motores de la deforestación de la Amazonía peruana. Además, de generar pérdida de bosques y especies, de la mano de la corrupción, constituye la puerta de ingreso para el despojo de territorios de comunidades nativas y pequeños agricultores.

Los principales afectados de ese sistema ilegal son los usuarios del bosque, poblaciones indígenas, sobre cuyos territorios se establecen derechos que se contraponen a los derechos colectivos de las comunidades, colocándolos en una posición altamente vulnerable. La corrupción a diversas escalas está íntimamente relacionada con el tráfico de tierras de la Amazonía peruana.

Desde Proética se viene realizando un seguimiento a los casos de corrupción vinculados al tráfico de tierras en Ucayali. Puedes revisar las investigaciones fiscales de cada uno de los casos que son monitoreados aquí:

Proética a través del Programa de Gobernanza Ambiental (PGA), busca contribuir a la agenda ambiental sumando nuestro conocimiento de esquemas de corrupción que afectan los desafíos socioambientales en Perú, especialmente en áreas sensibles como tala ilegal y su comercio asociado, tráfico de tierras, derechos humanos y corrupción, industria extractiva (minería, pesca), y financiamiento climático. El PGA toma como referencia la trayectoria de Transparencia Internacional en esta área, a escala global, desde la promoción de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas hasta nuestro Programa de Integridad en el Financiamiento Climático.

Tiene como objetivo principal incidir en la mejora de la información pública, exigiendo una mayor transparencia e integridad en la gestión de los recursos naturales con énfasis en la gestión forestal y REDD+. Además, de vigilar y fomentar la buena gobernanza del financiamiento climático en Perú.

Estos son los convenios suscritos por Proética con instituciones públicas.

Las personas defensoras de derechos humanos son aquellas personas naturales, que actúa de forma individual o como integrante de un colectivo, grupo étnico-cultural, organización, entidad pública o privado; así como también personas jurídicas cuyas actividades se centra en la promoción, protección o defensa de derechos humanos de manera pacífica. En ese sentido, esta definición, incluye a los pueblos indígenas y sus integrantes, quienes, por defender sus territorios y recursos naturales mediante denuncias públicas y mediáticas, son objeto de ataques, amenazas y asesinatos.

Los asesinatos y amenazas cometidos contra estos defensores ambientales indígenas no constituyen hechos aislados, sino que grafican claramente que existe una impunidad estructural que garantiza la repetición de estos actos con el consentimiento y complicidad del Estado.

“Entre los años 2020 y 2024, 28 personas defensoras fueron asesinadas en contextos de defensa de derechos humanos. 10 fueron asesinadas durante el 2020, 6 en el 2021 , 5 en el 2022, 4 en 2023 y 3 en 2024. De ese total, la mayoría de los incidentes ocurrió en la Amazonía, con mayor porcentaje de letalidad en las regiones de Huánuco, Pasco, Junín, Ucayali, Loreto, Madre de Dios, Piura y Lambayeque. Entre estas cifras se encuentran los casos de asesinato y desaparición de líderes y lideresas indígenas como Arbildo Meléndez Grández, Gonzalo Pío Flores, Estela Casanto Mauricio, Mario Marco López Huanca, Lucio Pascual Yamanga, Jesús Berti Antaihua Quispe, Nusat Parisada Benavides de la Cruz, Quinto Inuma, Mariano Isacama, entre otras personas defensoras.”

La corrupción facilita la criminalidad organizada en actividades como la tala ilegal, la minería ilegal y el narcotráfico al debilitar las instituciones encargadas de fiscalizar y sancionar estos delitos, trayendo como resultados graves hechos de violaciones de derechos humanos para los defensores ambientales y anticorrupción.

“Ante esta situación alarmante, en abril del 2021 el Estado creó el Mecanismo Intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos. No obstante, , este no ha logrado convertirse en una herramienta preventiva, debido a la existencia de un Estado fragmentado que tiene una severa deficiencia en la articulación de acciones consistentes entre sus diferentes niveles y sectores. Es así, que la implementación de esta herramienta tiene poca trascendencia en afrontar la situación de asesinatos y violencia contra defensores indígenas, lo cual sigue asegurando un contexto favorable para la impunidad de actos de corrupción y de los grupos de economías legales e ilegales vinculados a este contexto de violencia.” (Fuente: Balance del Mecanismo Intersectorial elaborado por Proética e IDL).