Desde fines de 2015, pobladores de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya, ubicada a poco más de dos horas de la ciudad de Pucallpa y a orillas del río Aguaytía, se encuentran enfrentados a grandes intereses económicos. La población, dedicada en su mayoría a la pesca y recolección de frutos para su posterior venta, exige que se respete y titule más de 20,000 hectáreas de tierras que reclaman como ancestrales debido a que se les ha reconocido como una comunidad desde mediados de la década del 70. Actualmente, la comunidad shipibo-konibo de Santa Clara de Uchunya tiene más de 1500 hectáreas tituladas.
En el caso de Santa Clara de Uchunya se verifica la figura de las constancias de posesión falsas. El conflicto se incrementó porque territorios que la comunidad reclama como suyos, han sido otorgados al menos a 17 personas y comunidades que se encuentran trabajando en la zona.
En abril de 2016, el pedido de la comunidad presentado ante la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Ucayali (DRAU), solicitando la cancelación de la entrega de estas constancias fue declarado improcedente mediante la Resolución Directoral Regional 208-2016-GRUP-DRA y se aprobó que el proceso vuelva a fojas cero y las personas involucradas puedan presentarse nuevamente y solicitar las constancias.
A mediados de noviembre de 2016, representantes de la comunidad llegaron a Lima para presentar su demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional y exigir el reconocimiento de su territorio ancestral. En su denuncia incluyeron una lista de 17 personas a las que se les había otorgado constancias de posesión sobre lo que la comunidad considera su territorio. En esta relación de nombres incluso aparecía un menor de 16 años.
Asimismo, el 6 de octubre del 2020 en el marco del 177º Periodo de Sesiones Virtual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto con otras tres comunidades, presentaron la Audiencia temática “Corrupción y violaciones a los derechos humanos de los defensores indígenas de la Amazonía peruana” donde solicitaron al Estado peruano, entre otras cosas, reconocer a través de un título de propiedad formal, la totalidad de su territorio ancestral y ejecutar la medida cautelar de suspensión inmediata de las actividades depredatorias de desbosque y tala de la empresa Plantaciones Pucallpa S.A.C. dictada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
En marzo del 2022, seis años después de presentada la demanda de amparo, el Tribunal Constitucional declaró improcedente dicha demanda interpuesta por las autoridades del pueblo shipibo, contra las empresas Ocho Sur P. y Plantaciones de Pucallpa y contra el Gobierno Regional de Ucayali. Sin embargo, se puede rescatar un aspecto positivo de la sentencia, pues reconoce los derechos territoriales de Santa Clara de Uchunya y exige a la Dirección Regional de Agricultura (DRAU), que continúe con el procedimiento de demarcación del territorio de la comunidad.
“Así mismo, la comunidad Santa Clara de Uchunya, aún se encuentra a la espera de lograr justicia en este caso por medio de la vía penal, en tanto el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundada la solicitud del Ministerio Público de incorporar a las empresas Plantaciones Pucallpa S.A.C y Ocho Sur P en el proceso pena seguido contra Dennis Melka y otros 30 imputados por la comisión de delitos ambientales en la modalidad de delitos contra los bosques o formaciones boscosas, en agravio del Estado peruano y la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya”. (Fuente IDL)
En mayo del 2022, la Comunidad Santa Clara de Uchunya recibió la constancia de la inscripción de su primer título de ampliación territorial por 1544.2025 hectáreas, en un acto protocolar celebrado en la jefatura zonal de Pucallpa de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).
Videoreportaje de DW sobre tráfico de tierras en Ucayali
Ocho Sur P. y la denuncia en sede administrativa (OEFA)
En noviembre de 2020, la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Sanciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) multó con casi 9 millones de soles a la empresa Ocho Sur P. S.A.C (Antigua Plantaciones Pucallpa S.A.C) y dispuso la paralización de sus actividades por operar sin instrumento de gestión ambiental, no impedir los efectos adversos de las sustancias químicas sobre suelos de aptitud forestal y mal manejo de residuos sólidos en sus operaciones. Tras la presentación de una reconsideración por parte de la Empresa para dejar sin efecto una de las multas, finalmente, en julio del 2021 se presentaron ante la instancia administrativa final del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA para resolver las otras tres multas impuestas. En esta instancia, el OEFA confirmó que las actividades realizadas por Ocho Sur cumplen con las obligaciones ambientales establecidas por la legislación ambiental”.
Investigación periodística en alianza con Convoca
Proética decidió hacer una investigación para profundizar en las modalidades del tráfico de tierras y su vinculación con la corrupción, para lo cual estableció una alianza con Convoca y en septiembre del 2017 publicamos el informe “Los negocios de la deforestación”. Lo que encontramos fue lo siguiente:
