Las personas defensoras de derechos humanos son aquellas personas naturales o jurídicas cuya actividad se centra en la promoción, protección o defensa de derechos humanos de manera pacífica. Dentro de esta definición, podemos incluir a los pueblos indígenas y sus integrantes, quienes, por defender sus territorios y recursos naturales mediante denuncias públicas y mediáticas, son objeto de ataques, amenazas y asesinatos.
Los asesinatos y amenazas cometidos contra estos defensores ambientales indígenas no constituyen hechos aislados, sino que grafican claramente que existe una impunidad estructural que garantiza la repetición de estos actos con el consentimiento y complicidad del Estado.
“Entre abril de 2020 y abril de 2022, 22 personas defensoras fueron asesinadas o desaparecidas en contextos de defensa de sus derechos. 10 fueron asesinadas durante el 2020, 7 en el 2021 y 5 en lo que va del 2022. De ese total, 20 incidentes ocurrieron en la Amazonía, de las cuales 19 víctimas eran indígenas y teniendo mayores índices de letalidad en las regiones de Huánuco, Pasco, Junín, Ucayali, Loreto, Madre de Dios, Piura y Lambayeque. Entre estas cifras se encuentran los casos de asesinato y desaparición de líderes y lideresas indígenas como Arbildo Meléndez Grández, Gonzalo Pío Flores, Estela Casanto Mauricio, Mario Marco López Huanca, Lucio Pascual Yamanga, Jesús Berti Antaihua Quispe, Nusat Parisada Benavides de la Cruz, entre otras personas defensoras.” (Fuente: Balance del Mecanismo Intersectorial)
La corrupción facilita el crimen organizado y la impunidad, esto trae como resultado graves hechos de violaciones de derechos humanos para los defensores ambientales y anticorrupción.
“Ante esta situación alarmante, en abril del 2021 el Estado creó el Mecanismo Intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos. No obstante, a un año de la creación de dicho Mecanismo, este no ha logrado convertirse en una herramienta preventiva, debido a la existencia de un Estado fragmentado que tiene una severa deficiencia en la articulación de acciones consistentes entre sus diferentes niveles y sectores. Es así, que la implementación de esta herramienta tiene poca trascendencia en afrontar la situación de asesinatos y violencia contra defensores indígenas, lo cual sigue asegurando un contexto favorable para la impunidad de actos de corrupción y de los grupos de economías legales e ilegales vinculados a este contexto de violencia.” (Fuente: Balance del Mecanismo Intersectorial elaborado por Proética e IDL).
