Debido al impacto sobre los bosques primarios y a los derechos de los pueblos indígenas y al medio ambiente, es necesario un seguimiento y control a los actos de los funcionarios públicos de los diferentes sectores, tanto a nivel nacional, regional y local. Asimismo, es necesario un trabajo articulado con los operadores de justicia, en particular, la fiscalía de la nación, la procuraduría pública y el poder judicial para prevenir y luchar contra las actividades ilegales facilitadas por actos de corrupción.