Desde el año 2016, venimos haciendo seguimiento a los procesos penales contra distintas empresas peruanas, que en el año 2015 mediante la nave Yacu Kallpa, exportaron madera ilegal desde el puerto de Iquitos – Perú, con destino a los países de República Dominicana, México y Estados Unidos, utilizando guías de transporte forestales con información falsa, emitidas por la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS) de Loreto. Estas irregularidades fueron evidenciadas gracias al operativo internacional denominado Operación Amazonas 2015, liderado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), con el apoyo de la Organización Mundial de Aduanas, INTERPOL, Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) y la participación decisiva de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA). Los resultados de las supervisiones en el bosque realizadas por el OSINFOR, demostraron que el 96% de la madera era ilegal.
El 15 de septiembre del 2021, la fiscalía de delitos ambientales de Iquitos presentó ante el Quinto Juzgado Especializado en materia ambiental de Maynas, la acusación formal contra 41 exfuncionarios, 38 concesionarios y 14 empresarios por la comisión del delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables y otros. (Fuente: SAIP enviadas y Ojo Público)
A casi 7 años desde la ocurrencia del desmantelamiento de esta enorme operación no se tienen sanciones claras a los responsables, pues hasta el momento no se ha emitido el auto de enjuiciamiento. Así, el 5 de noviembre del 2021 se suspendió la audiencia de control de los 35 expedientes, debido a la subsanación de defectos formales por parte de la Fiscalía. (Fuente Poder Judicial)
Al ser este el caso más emblemático de tráfico ilegal de madera y corrupción de funcionarios, nuestras actividades consisten en dar seguimiento al curso de las investigaciones en trámite, a fin de vigilar su correcto desarrollo y el eficiente desempeño de los operadores de justicia que participan en los procesos penales abiertos en contra de funcionarios públicos, trabajadores y representantes de las empresas y demás partícipes de estos hechos, hasta que se sancione a los responsables de estos delitos.
