En el marco de la visita académica del Relator especial de sustancias tóxicas y derechos humanos de las Naciones Unidas, Marcos Orellana, este sábado 26 de febrero más de diez organizaciones de sociedad civil sostuvieron una reunión con el relator Orellana para intercambiar información sobre el contexto político, ambiental y social de nuestro país de cara al proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú. En relación al contexto político, se destacó los altos índices de corrupción y la afectación de los derechos humanos. La corrupción afecta directamente los derechos humanos de los ciudadanos y, particularmente, afecta a los pueblos indígenas que defienden derechos colectivos.
Sobre el contexto ambiental, se destacó el incremento de los delitos ambientales. En efecto, un estudio de Proética revela que “desde el año 2009 hasta setiembre de 2021, se ha formalizado la denuncia de 24 662 procesos penales por delitos ambientales, de los cuales más del 50% corresponden a delitos contra los bosques o formaciones boscosas, tráfico ilegal de productos forestales maderables y minería ilegal”. Por último, en relación al contexto de riesgo de los defensores de derechos humanos, las principales fuentes de riesgo identificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) en el año 2021 son el narcotráfico; la tala ilegal; la minería ilegal y el tráfico de tierras. Cabe indicar que, en varios de los casos, confluyen más de una fuente de riesgo. Más de 10 defensores han sido asesinados en desde el año 2020.
La corrupción es la fuente y la causa de la limitación de varios derechos de acceso: acceso a la justicia, acceso a la información y acceso a la participación, además de tener una injerencia directa en la vulneración de derechos humanos, particularmente de defensores ambientales indígenas. El relator se encuentra en Lima en una visita académica, recogiendo información sobre diversos temas, entre ellos, la situación de los defensores y el panorama político y social para la promoción de la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.
Lima, 02 de marzo del 2022
