La organización, Arbol International, compartió en su Facebook el documental “Pahoyán, la defensa del bosque shipibo”.
Míralo aquí:
Gobernanza Ambiental Latam
A partir de la experiencia de haber trabajado por más de diez años en la agenda de gobernanza ambiental y finanzas climáticas en diferentes países de América Latina y el Caribe, los capítulos de Transparencia Internacional (TI) de Perú, Brasil, Colombia, México, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana convergen en una visión común para hacer frente a múltiples problemas vinculados con la gobernanza ambiental, los crímenes y delitos ambientales, el acceso a la justicia, la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos naturales.
La variedad de los trabajos liderados por los capítulos de TI de la región se ha manifestado en producción y divulgación de conocimiento, elaboración de propuestas de políticas públicas, informes periodísticos, incidencia en los sistemas de control público, así como instrumentos de gestión y marcos normativos, apoyo a órganos de control, identificación y apertura de datos, movilización ciudadana, acuerdos internacionales e iniciativas de organismos multilaterales.
Objetivo General
Busca incidir en la gobernanza ambiental de la cuenca amazónica de América Latina para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas, la gestión de los bosques, el cumplimiento de los derechos humanos (con énfasis en defensores ambientales y anticorrupción), así como generar capacidades para identificar y sancionar las cadenas de trazabilidad delictiva que ocasionan los crímenes ambientales; ocasionados principalmente, por la corrupción y el crimen organizado.
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América Latina y el Caribe inician la implementación del Acuerdo de Escazú sin Perú: La sociedad civil exige priorizar el trabajo en la democracia ambiental y derechos humanos ambientales
Más de 40 de sociedad civil destacan la importancia de ratificar el Acuerdo de Escazú en el Perú para la protección de las defensoras y los defensores ambientales, así como, priorizar el trabajo en la democracia ambiental.
Puedes descargar el pronunciamiento aquí.
Acuerdo de Escazú
En el marco del seguimiento al “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” más conocido como Acuerdo de Escazú, Proética, junto con otras organizaciones nacionales, impulsan espacios de discusión y debate, así como articulan acciones conjuntas para promover la ratificación de dicho Acuerdo. Es así como organizaciones de sociedad civil elaboraron un primer plan de trabajo conjunto para impulsar la ratificación del Acuerdo en este nuevo periodo congresal. Entre las organizaciones que se han sumado al plan podemos mencionar a la SPDA, DAR, OXFAM, Amnistía Internacional, DHSF, RAF, HIVOS, Kené y ERI.
En el mencionado Acuerdo, se establecen estándares jurídicos sobre acceso a la información, participación, justicia ambiental y personas defensoras del medio ambiente. Estándares sobre acceso a la información (Artículo 5. Accesibilidad (principio de máxima publicidad), denegación, condiciones para la entrega de información, Mecanismo de Revisión Independientes; artículo 6.Generación y divulgación. Estándares sobre participación pública en los procesos de toma de decisión ambiental (Artículo 7). Estándares sobre Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales y; estándares sobre defensores/as ambientales.
Seminario: Escazú como herramienta para prevenir y combatir la corrupción en asuntos ambientales
Para hacer de conocimiento la importancia de la ratificación del Acuerdo de Escazú en nuestro país y, particularmente en las regiones amazónicas, en noviembre del 2021, las Redes Anticorrupción Forestal de Ucayali, Madre de Dios y Loreto, organizaron con el apoyo de organizaciones nacionales, el Seminario “Escazú como herramienta para prevenir y combatir la corrupción en asuntos ambientales”. Este seminario tuvo como objetivo demostrar la relación entre los derechos a la transparencia y acceso a la información, participación en asuntos ambientales y acceso a la justicia ambiental y su relación con la prevención y lucha contra la corrupción en asuntos ambientales.
Campaña
#ESCAZÚAHORA
Es una campaña que busca exhortar al Congreso de la República a comprometerse con la ciudadanía a impulsar y aprobar la ratificación del «Acuerdo de Escazú» durante el periodo parlamentario 2020-2021. Esto permitirá mejorar las capacidades institucionales para atender las diversas y urgentes prioridades ambientales y climáticas en el país.
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Últimas Noticias
20 Apr, 2023
Comenzó la COP2 del Acuerdo de Escazú en Argentina
Estadísticas sobre defensores ambientales
En el marco de la promulgación del Decreto Supremo Nº 004-2021-JUS, que crea el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, a mayo del 2021, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) contaba con información en el Registro sobre Situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el Perú:
102 personas se encuentran registradas. De las cuales 85 corresponden a personas defensoras de derechos humanos y 17 a sus familiares.
Estos registros corresponden a 26 situaciones de riesgo presuntamente ocurridas en 11 departamentos: dos (2) en Amazonas, una (1) en Cusco, dos (2) en Huánuco, dos (2) en Junín, dos (2) en Lambayeque, dos (2) Lima, una (1) en Loreto, cuatro (4) en Madre de Dios, una (1) en Piura, una (1) en San Martín y ocho (8) en Ucayali.
Estas situaciones de riesgo están asociadas a situaciones graves como la muerte de siete (7) personas defensoras de derechos humanos. Las más numerosas son
las amenazas a la seguridad personal que pondrían en riesgo a 89 personas y/o sus familiares. Por otra parte, en cuanto a la fuente del riesgo, el narcotráfico incide en 21 personas defensoras de derechos humanos y sus familiares, la tala ilegal pone en riesgo a 29, la minería ilegal afecta a 11 de ellas y el tráfico de tierras a 12, siendo las más numerosas. Cabe indicar que, en las situaciones de riesgo identificadas, varias fuentes de riesgo pueden identificarse sobre un mismo caso.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo cuenta con información de los casos en los que ha intervenido y que involucran a defensores de derechos humanos, entre ellos defensores ambientales e indígenas. En varios de estos casos, la Defensoría se ha manifestado y ha formulado recomendaciones a las entidades del Estado competentes sobre la situación de riesgo en la que viven los defensores, líderes y activistas ambientales.
En este sentido, el 2 de junio del 2021, solicitamos información a dicha institución sobre amenazas y vulneraciones de derechos de defensores ambientales en el período 2020-2021. La Defensoría del Pueblo brindó información respecto a 8 casos de defensores ambientales asesinados durante ese período:
CIDH
El 06 de octubre de 2020, Proética junto a representantes de organizaciones de la sociedad civil (IDL) y de comunidades nativas y representaciones indígenas se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer casos de corrupción y asesinatos de líderes indígenas, se enmarcó la responsabilidad del Estado Peruano.
¿Qué solicitamos?
Enviar una comunicación al Estado peruano, en la cual se manifieste la preocupación sobre la forma en que la corrupción está facilitando las agresiones contra los defensores y defensoras de derechos humanos de las comunidades indígenas solicitantes.
Solicitar al Estado peruano una evaluación del impacto de los actos de corrupción y la impunidad sobre los derechos humanos individuales y territoriales de las víctimas de las comunidades solicitantes, en correspondencia con la recomendación 524.1 y 524.2 del informe de esta comisión Corrupción y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos.
Solicitar al Estado información sobre el estado de los procesos judiciales relacionados a estos casos a cargo de la Fiscalía de la Nación, Poder Judicial y Tribunal Constitucional.
Emitir una nota de prensa, en la cual se informe sobre las respuestas del Estado peruano a las solicitudes del punto 2 y 3.
Organizar una visita in loco a los territorios ancestrales de las cuatro comunidades.
Solicitamos al Estado peruano
Reconocer, a través de un título de propiedad formal, la totalidad del territorio ancestral perteneciente a las comunidades de Santa Clara de Uchunya, Unipacuyacu y Nuevo Amanecer Hawai, así como asegurar a la comunidad de Alto Tamaya-Saweto la capacidad de control sobre su territorio ya titulado.
Asegurar la capacidad de control sobre sus territorios a la comunidad de Alto Tamaya-Saweto.
Revocar todos los derechos otorgados fraudulentamente a terceros sobre dichas tierras, suspender procesos en trámite de títulos habilitantes y abstenerse de otorgar nuevos derechos en el futuro; así como garantizar el retiro de invasores y que la ocupación de las tierras sea pacífica y sin la presencia de intrusos.
Detener todas las actividades económicas, legales e ilegales, que se desarrollan en los territorios de las comunidades solicitantes que violan los derechos de los pueblos indígenas y generan daños ambientales.
En el caso de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya, ejecutar la medida cautelar de suspensión inmediata de las actividades depredatorias de desbosque y tala de la empresa Plantaciones Pucallpa S.A.C. dictada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
Velar para que el reconocimiento de la comunidad Nuevo Amanecer Hawai no se vea vulnerado por procesos judiciales o administrativos iniciados en represalia.
Brindar medidas de protección concretas y efectivas para garantizar la integridad de víctimas, denunciantes y operadores de justicia; así como para prevenir nuevos ataques contra los líderes y miembros de las comunidades y organizaciones indígenas solicitantes, en su condición de defensores y defensoras indígenas de derechos humanos, en correspondencia con la recomendación 524.4 del informe de esta
comisión Corrupción y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos.
Hacer efectivas las medidas de protección ya otorgadas como las garantías personales otorgadas por el Ministerio del Interior a favor de la viuda y menores hijos del líder indígena asesinado Arbildo Meléndez de la Comunidad Nativa Unipacuyacu.
Revisa la solicitudes enviadas a la CIDH
Seguimiento a los compromisos
En el marco del seguimiento a los compromisos asumidos por el Gobierno peruano con las comunidades indígenas de Santa Clara de Uchunya, Unipacuyacu, Nuevo Amanecer Hawai y Alto Tamaya-Saweto, quienes presentaron la Audiencia temática “Corrupción y violaciones a los derechos humanos de los defensores indígenas de la Amazonía peruana” el 06 de octubre del 2020, en el marco del 177º Periodo de Sesiones Virtual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitamos información sobre el avance de los compromisos asumidos por el Estado peruano a diversas entidades que participaron en la Audiencia, entre ellas, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Sin embargo, la respuesta de las mencionadas entidades no muestra un avance significativo en relación a la mejora de la situación de las comunidades denunciantes y a lo solicitado en la mencionada audiencia.
El MINJUSDH informó de algunas acciones de coordinación con entidades del Sistema de Administración de Justicia y otros niveles de gobierno, en mayo del 2021, en la región de Ucayali. Entre estas acciones destacan una reunión de alto nivel donde participaron altos funcionarios del MINJUSDH, Ministerio de Interior, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Cultura y DEVIDA, así como funcionarios del Gobierno Regional de Ucayali, de la Corte Superior de Justicia de Ucayali y la Presidencia de la Junta de Fiscales de Ucayali, con el objetivo de presentar los contenidos y alcances del “Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos”, y explorar posibles acuerdos para la adopción de acciones de prevención en favor de las referidas personas, especialmente, defensores y defensoras indígenas que se encuentran en riesgo en el departamento de Ucayali.
Por otro lado, frente a esta realidad, las actividades ilegales siguen avanzando en la región Ucayali. Esto se puede evidenciar de un reciente diagnóstico de Proética elaborado por Propurus, sobre las actividades ilegales en el Bajo Ucayali, a partir de un levantamiento de información cualitativa en base a entrevistas con líderes indígenas de la zona. Este diagnóstico también recoge información cartográfica de la zona con detalles de las actividades extractivas, carreteras y actividades ilegales que afecten el paisaje ecológico. Asimismo, se financió un sobrevuelo cubriendo un ámbito que incluyó las áreas aledañas que van desde Nueva Requena por el sur hasta Contamana por el norte, y el cerro El Cono dentro de la Reserva Indígena Isconahua por el este, hasta el piedemonte de la Cordillera Azul por el norte siguiendo el curso del río Pisqui. En el sobrevuelo se constataron algunas de las versiones comentadas por los líderes de las organizaciones indígenas entrevistados previamente. Igualmente, se realizó un viaje a la comunidad nativa Callería, para tomar algunas declaraciones de los líderes del pueblo Isconahua, presentes en dicha comunidad. Entre los principales hallazgos de ilegalidades que vienen generando presión en territorios indígenas y deforestación en la Amazonía podemos mencionar: Actividades vinculadas a la extracción Forestal, Expansión de cultivos ilícitos, Caminos Ilegales y Cacería ilegal.
Videos sobre la audiencia temática ante la CIDH
Presentación completa de la audiencia temática ante la CIDH
Video resumen de presentación ante la CIDH
Conferencia de prensa con representantes de organizaciones indígenas y de sociedad civil
Eventos
Panel Internacional: ¿Cómo la corrupción destruye el ambiente y afecta la vida de las personas en la Amazonía?
Este evento realizado el 3 de diciembre de 2020 en el marco de la 19° Conferencia Internacional Anticorrupción contó con la participación de la directora del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética, Magaly Avila donde expuso los casos de violaciones de derechos humanos y corrupción presentados ante la audiencia de la CIDH.
Líderes y lideresas indígenas que participaron en la audiencia
Conoce a los defensores y defensoras indígenas que representaron a sus comunidades ante la CIDH
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Grupo de Trabajo Integridad de Loreto exhorta a Gobierno Regional de Loreto a cumplir observaciones detectadas por la Contraloría General de la República
Organizaciones públicas y de la sociedad civil de Loreto vienen monitoreando la implementación de estándares de integridad a dos obras públicas de la región
Martes 19 de abril – El Grupo de Trabajo Integridad Loreto (GTI) presentó ante las y los funcionarios del Gobierno Regional de Loreto el estado de las situaciones adversas identificadas por la Contraloría General de la República de dos obras públicas: Construcción y equipamiento del nuevo Hospital de Iquitos César Garayar García en la Provincia de Maynas, y Mejoramiento de la Vía Vecinal Empalme LO – 103, hasta el Centro Poblado Santo Tomás y Acceso a la Comunidad Santa Clara, Distrito De San Juan Bautista – Maynas – Loreto a funcionarios y funcionarias del Gobierno Regional de Loreto, a través de la plataforma “Ojo en la obra: Monitoreo ciudadano de obras públicas”
La exposición estuvo a cargo de Carmen Arévalo, coordinadora regional de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Loreto y del GTI, quien solicitó a las y los funcionarios/as del Gobierno Regional de Loreto la urgencia de tomar medidas para superar las situaciones adversas identificadas, con la finalidad de dar celeridad en la gestión de ambas obras que tienen beneficios para la ciudadanía iquiteña. Asimismo, dio a conocer que, a través de la Plataforma Ojo en la Obra, el Grupo de Trabajo integridad seguirá monitoreando y visibilizando el estado de dichas situaciones adversas.
Por otro lado, los coordinadores de estas obras públicas monitoreadas se comprometieron en realizar coordinaciones con la Oficina de Recursos Humanos, que es responsable de las acciones de integridad de la entidad, para responder a las situaciones adversas pendientes. Además, mencionaron que tienen avances que serán comunicados a la entidad de control hasta la segunda semana de mayo. Por otro lado, se acordó planificar una visita de obra a la Carretera a Santo Tomás en las próximas semanas para mostrar sus avances.
Esta reunión de trabajo, con agentes vinculados a la integridad pública y a la gestión de obras públicas del Gobierno Regional de Loreto, fue promovida por el Grupo de Trabajo Integridad; y forma parte de sus acciones de seguimiento e incidencia en la implementación de estándares de integridad en los procesos de contratación de obras públicas en Loreto.
El Grupo de Trabajo Integridad es un espacio de articulación conformado por la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Loreto, el Foro Salud, el Gobierno Regional de Loreto, Gerencia Regional de Control Iquitos, Ministerio Público de Loreto, Oficina Defensorial de Loreto, el Colegio de Licenciados en Administración de Loreto, y el Colegio de Economistas de Loreto. El GTI fue creado en el 2021 y está albergado en el eje institucional de la Mesa de Concertación para la lucha contra la Pobreza de Loreto.
Webinar: “El potencial de Escazú para la prevención y combate a la corrupción y a los crímenes ambientales en la Amazonía”
El pasado 19 de abril de 2022, se realizó el webinar: “El potencial de Escazú para la prevención y combate de la corrupción y los crímenes ambientales en la Amazonía”, organizado por el Programa Gobernanza Ambiental de Proética en el marco en el marco de la COP1 Escazú.
Este evento tuvo como objetivo analizar el Acuerdo de Escazú como una herramienta para prevenir y combatir la corrupción, la cual viabiliza distintos tipos de crímenes medioambientales y vulnera los derechos humanos en Perú, Colombia, Ecuador y Brasil.
El panel estuvo conformado por la directora del Programa Gobernanza Ambiental, Magaly Avila; el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Ecuador, Mauricio Alarcón; la directora de Programas de Transparencia por Colombia, Sandra Martínez; y el gerente de Programas de Transparencia Internacional Brasil. La moderación estuvo a cargo del especialista legal del Programa Gobernanza Ambiental, Francisco Rivasplata.