En el marco del seguimiento a los compromisos asumidos por el Gobierno peruano con las comunidades indígenas de Santa Clara de Uchunya, Unipacuyacu, Nuevo Amanecer Hawai y Alto Tamaya-Saweto, quienes presentaron la Audiencia temática “Corrupción y violaciones a los derechos humanos de los defensores indígenas de la Amazonía peruana” el 06 de octubre del 2020, en el marco del 177º Periodo de Sesiones Virtual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitamos información sobre el avance de los compromisos asumidos por el Estado peruano a diversas entidades que participaron en la Audiencia, entre ellas, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Sin embargo, la respuesta de las mencionadas entidades no muestra un avance significativo en relación a la mejora de la situación de las comunidades denunciantes y a lo solicitado en la mencionada audiencia.
El MINJUSDH informó de algunas acciones de coordinación con entidades del Sistema de Administración de Justicia y otros niveles de gobierno, en mayo del 2021, en la región de Ucayali. Entre estas acciones destacan una reunión de alto nivel donde participaron altos funcionarios del MINJUSDH, Ministerio de Interior, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Cultura y DEVIDA, así como funcionarios del Gobierno Regional de Ucayali, de la Corte Superior de Justicia de Ucayali y la Presidencia de la Junta de Fiscales de Ucayali, con el objetivo de presentar los contenidos y alcances del “Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos”, y explorar posibles acuerdos para la adopción de acciones de prevención en favor de las referidas personas, especialmente, defensores y defensoras indígenas que se encuentran en riesgo en el departamento de Ucayali.
Acceder al Decreto Supremo 004-2021-JUS, que crea el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos
Por otro lado, frente a esta realidad, las actividades ilegales siguen avanzando en la región Ucayali. Esto se puede evidenciar de un reciente diagnóstico de Proética elaborado por Propurus, sobre las actividades ilegales en el Bajo Ucayali, a partir de un levantamiento de información cualitativa en base a entrevistas con líderes indígenas de la zona. Este diagnóstico también recoge información cartográfica de la zona con detalles de las actividades extractivas, carreteras y actividades ilegales que afecten el paisaje ecológico. Asimismo, se financió un sobrevuelo cubriendo un ámbito que incluyó las áreas aledañas que van desde Nueva Requena por el sur hasta Contamana por el norte, y el cerro El Cono dentro de la Reserva Indígena Isconahua por el este, hasta el piedemonte de la Cordillera Azul por el norte siguiendo el curso del río Pisqui. En el sobrevuelo se constataron algunas de las versiones comentadas por los líderes de las organizaciones indígenas entrevistados previamente. Igualmente, se realizó un viaje a la comunidad nativa Callería, para tomar algunas declaraciones de los líderes del pueblo Isconahua, presentes en dicha comunidad. Entre los principales hallazgos de ilegalidades que vienen generando presión en territorios indígenas y deforestación en la Amazonía podemos mencionar: Actividades vinculadas a la extracción Forestal, Expansión de cultivos ilícitos, Caminos Ilegales y Cacería ilegal.
