Ideeleradio.- Es necesario y urgente que el contralor Fuad Khoury se manifieste en torno a la emisión de los decretos de urgencia 001-2011 y 002-2011, que buscan promover la ejecución de proyectos de inversión sin la necesidad de estudios de impacto ambiental y sin mecanismos de fiscalización, sostuvo Cecilia Blondet, directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética).

“Creo que lo que tenemos que hacer es esperar y presionar para saber qué es lo que el contralor piensa sobre esto y qué medidas va a tomar para estos decretos de urgencia porque me parece que hay muchas alertas que se han prendido en cada uno de estos decretos sobre la manera como se está violando todo el sistema de control. Entonces, creo que es necesario y urgente que el contralor se manifieste y esperamos en cualquier momento un pronunciamiento”, declaró al programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Remarcó que estos dispositivos legales no tienen ninguna razón de ser, porque carecen de fundamento. Comentó que esta no es la primera vez que la administración aprista legisla por decreto de urgencia y que estos deben ser analizados exhaustivamente porque existe la sensación de que “hay gato encerrado”.

“Es muy preocupante, los gobiernos –y no solamente este– cuando están saliendo deciden tomar una serie de medidas que no las tomaron con tiempo y las hacen a trompicones, eso es muy dañino porque afecta la percepción que tiene el ciudadano frente a la política y a la autoridad, refuerza esta idea de que los políticos hacen lo que les da la gana, en lugar de pasar por la vía de las leyes normales, estos decretos nos recuerda las medidas del gobierno de Fujimori, por lo cuales se llevaron al país en peso”, afirmó.

“Eso nos recuerda eso y no entiendo porque los funcionarios optan por esa vía, lo único que se me ocurre es que hay ‘gato encerrado’ y cuándo hay ‘gato encerrado’, entonces hay que mirar de manera mucho más exhaustiva y hay que ver cuáles son los intereses que están detrás, me parece que es absurdo este comportamiento, que se sabe de antemano que va a ser cuestionado y, sin embargo, se utiliza simplemente como un caballazo”, agregó.

Resalta publicación de gastos de campaña En otro momento, resaltó que la novedad de este proceso electoral es cómo los candidatos “ponen las cartas sobre la mesa” en relación al financiamiento de sus campañas y la forma en que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) facilita el acceso a esta información a la prensa y la ciudadanía.

“La gran novedad es que se está haciendo público, así como la transparencia que está habiendo en este periodo y ojalá que tengamos candidatos que nos muestren a todas las personas que cotizan y que eso genere un mecanismo de vigilancia”, refirió.

“En la medida que lo hacen público, los riesgos se reducen porque uno puede estar atento a ver de qué manera tienen o no tienen favoritismo por esa supuesta inversión que han hecho en los candidatos”, opinó.

Finalmente, destacó la iniciativa del presidente regional de San Martín, César Villanueva Arévalo, tras la realización de una capacitación que realizó Proética, en relación a la lucha anticorrupción como eje del debate de la agenda política.

La directora del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética), Cecilia Blondet, dijo hoy que si bien no existe un imperativo legal para que los candidatos hagan público sus declaraciones patrimoniales, sí existe un deber moral para hacerlo, pues es una muestra de transparencia hacia los electores.

Opinó que eludir ese tema constituiría una señal de desconfianza que los electores, en general, deberían tener en cuenta. “Y la ciudadanía debería castigar a los candidatos que no tengan una total transparencia, sabemos que esto todavía no sucede, pero a esto deberíamos caminar en el futuro”, comentó.

Esta semana el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señaló que aunque la entrega de información sobre ingresos y rentas de los candidatos no es obligatoria, los partidos políticos se comprometieron a otorgarla cuando suscribieron el Pacto Ético Electoral, pues se trata de una información relevante para el electorado. Blondet consideró que los electores deberían tomar en cuenta la transparencia de los partidos y candidatos al momento de decidir su voto, y si estos cumplen o faltan a su palabra en torno a los compromisos públicos que asumen. “Nosotros en Proética tenemos un lema, el que algo oculta algo teme, para nosotros es muy importante que todos los candidatos, al Congreso y quienes aspiran a ser la más alta autoridad, expongan toda la información pertinente de manera transparente”, indicó.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó su página web para que los ciudadanos puedan acceder a las hojas de vida de los candidatos a la Presidencia y vicepresidencias de la República, e incluso puedan conocer sus ingresos. El objetivo del ente electoral es que los electores cuenten con información relevante para emitir un voto informado.

El ex ministro del Interior, Fernando Barrios, no ha sido sancionado y su caso tiene que ser judicializado, sostuvo la directora ejecutiva de Proética, Cecilia Blondet, al desestimar las declaraciones del ex titular de Essalud, quien dijo que políticamente ya había pagado su responsabilidad en el caso del cobro de 90 mil soles por concepto de ‘despido arbitrario’.

“Cuando él dice que ya pagó, es falso. Él no pagó, él ha dejado un hueco tremendo, porque él como gran autoridad reconocida por el presidente, ha cometido este tremendo desfalco al Estado. ¿Cómo que ‘yo ya pague? ¿A quién le pagó esa frustración que supone que el presidente del Sistema Nacional de Seguridad Social se haya robado 90 mil soles? ¿Qué es esto?”, manifestó.

“Este caso hay que judicializarlo, este señor no se puede llevar 90 mil soles como despido arbitrario, simplemente decir que los devuelve y ya pagó. No puede ser, se tiene que judicializar y nosotros deberíamos ser capaces de seguir el acto para ver que este señor, que pretendió hacer este desfalco, termine como tiene que terminar, sancionado correctamente, porque si no la sensación de impunidad es demasiado grande y eso afecta la desconfianza”, añadió.

Barrios Ipenza dijo en la víspera, ante la Comisión de Seguridad Social del Congreso, que tiene su conciencia tranquila porque, políticamente, ya pagó su responsabilidad y dio un paso al costado.

(Fuente: La República)

Lima, ago. 18 (ANDINA). Una campaña para informar a la población respecto a dónde presentar sus denuncias en torno a eventuales hechos de corrupción, planteó hoy el presidente del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética), Adrián Revilla. Comentó, en ese sentido, los alcances de la VI Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en Perú 2010, donde se revela que el 55 por ciento de los participantes desconoce dónde presentar una denuncia por este tema.

En ese sentido, Revilla sugirió que entidades como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación y la propia Contraloría General de la República podrían liderar una campaña en este sentido. “La tarea de las instituciones es empezar a instruir conjuntamente con aquellas entidades que reciben las quejas de corrupción; por eso es necesario pedirles que hagamos una campaña de información para los ciudadanos, y podrían hacerlo la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Contraloría.”

El representante de Proética resaltó que ocho de cada 10 peruanos considera que el Estado debe liderar la lucha contra la corrupción, y esta campaña ayudará en esa medida. Revilla alertó que la corrupción se ha convertido en el principal problema que advierten los ciudadanos, muy por encima de la delincuencia y el desempleo.

Opinó que “este llamado de atención” debe servir para orientar al Estado en el objetivo de disponer de funcionarios de alto nivel, a fin de contar con una mejor administración pública y, por lo tanto, con un mejor servicio. Revilla mencionó que el sondeo revela que en la medida en que se sancionen los actos de corrupción tendremos una menor actividad de corrupción en el país.

“La corrupción es un tema que está calando como la preocupación fundamental de los ciudadanos, quienes perciben como principal problema del Estado la corrupción de funcionarios, así como la falta de eficiencia”, argumentó.

Lima, ago. 01 (ANDINA). La aplicación de reglamentos más severos que establezcan sanciones contra los partidos políticos que no cumplan con presentar el informe financiero de sus actividades, propuso hoy la directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética), Cecilia Blondet.

“Nos hace falta reglamentos que sean mucho más severos, y que castiguen a los partidos políticos cuando no aceptan ni se someten a las reglas que se encuentran plenamente vigentes para todos, sin distinción alguna”, declaró a la Agencia Andina.

Según el reciente reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), solo siete de doce partidos políticos que postulan a la alcaldía de Lima en las Elecciones Regionales y Municipales 2010 presentaron, de manera parcial, el primer informe financiero de aportes y gastos de campaña del período febrero-junio de este año.

La representante de Proética recordó que el propio marco electoral establece condiciones, períodos y fechas para que las agrupaciones políticas cumplan con la obligación de transparentar sus finanzas y garantizar que no provienen de fuente ilícita.

El informe de la ONPE señala que Acción Popular, Todos por el Perú, Somos Perú, Partido Humanista Peruano, Partido Popular Cristiano, Restauración Nacional y Siempre Unidos son las agrupaciones que presentaron sus informes, cuyo plazo venció el pasado 16 de julio. “Si seguimos así, con esas actitudes tan contemplativas con los partidos políticos, lo único que vamos a lograr es que se sigan reproduciendo y que no asuman ninguna responsabilidad”, declaró Blondet.

Agregó que en la actualidad, los partidos infractores no tienen sanción alguna o los castigos son leves, lo cual es considerado como un indicador negativo por parte de los sectores interesados en luchar contra la corrupción. Por ejemplo, refirió que la ley no tiene previsto sanciones para estos partidos que se encuentran en plena campaña y que desobedecen los dispositivos electorales. “Ahora no les pasa nada, o si les pasa algo, es muy poco, no tienen problemas y siguen actuando. Esas son pésimas indicaciones para la gente que está luchando contra la corrupción y para la gente que pide cambios”, anotó.

Lima, jul. 05 (ANDINA). La directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética), Cecilia Blondet, consideró que la Alianza por el Gran Cambio debería presidir la Comisión de Fiscalización del Congreso, y se pronunció en contra de que ese rol sea asumido por el fujimorismo o por un representante de Perú Posible.

Según explicó, la Comisión de Fiscalización del Congreso debe ser asumida por un grupo parlamentario que tenga independencia tanto del gobierno saliente, como del entrante.

En ese sentido, mencionó que ni el fujimorismo no cumple esta condición porque –dijo- mantuvo cierta cercanía con el actual gobierno.

“Necesitamos que esta comisión sea muy independiente, por eso pienso que si bien tiene que ser una oposición al gobierno en acciones, también tiene que ser una oposición al gobierno saliente, y esa no es la situación de los fujimoristas”, declaró.

En el caso de Perú Posible, argumentó que Perú Posible tampoco debería presidirla porque su líder, el ex presidente Alejandro Toledo, está en conversaciones muy cercanas con el electo mandatario Ollanta Humala, con lo cual se estaría comprometiendo con el siguiente gobierno.

“Perú Posible estaría perdiendo objetividad para dirigirla, podría ser juez y parte, habría que ver cómo evolucionan las conversaciones entre el presidente Toledo y el presidente electo Humala, pero de hecho esta cercanía los limita para presidir esta comisión”, dijo.

En ese sentido, Blondet mencionó que Alianza por el Gran Cambio no presenta estos impedimentos, por lo que sería correcto que asuma la presidencia de la Comisión de Fiscalización.

“Si tendría que ser algún grupo político tendría que ser Alianza Por el Gran Cambio, porque califica para serlo”, subrayó.

Voceros del grupo fujimorista han defendido su derecho de presidir la Comisión de Fiscalización argumentando que les corresponde hacerlo al haberse convertido en el principal partido de oposición.

No obstante, representantes de Gana Perú han objetado ello y han manifestado que la vinculación de algunos de los miembros del fujimorismo en irregularidades descalifica a ese grupo para presidir la comisión encargada de investigar denuncias de corrupción.