• Por Walter Albán
• Director Ejecutivo de Proética
• Publicado en el diario El Comercio

A propósito de los anuncios hechos al país por el presidente Pedro Pablo Kuczyinski el domingo pasado, han tenido lugar diferentes reacciones en torno al grado de acierto o error de las medidas adoptadas por el gobierno en materia de lucha contra la corrupción. Más que hacer un examen de tales decisiones, conviene tratar de ubicarlas en perspectiva, con el ánimo de explicarnos la real dimensión del fenómeno que hoy enfrentamos, a la luz de lo ocurrido en el país en las últimas décadas.

En medio de los escándalos de corrupción que nos azotan en estos días, es doloroso reconocer que transcurridos más de quince años desde que parecía que este flagelo había sido frontalmente atacado en el Perú, de forma que regímenes como el de Fujimori-Montesinos no tuvieran jamás otra oportunidad, hoy experimentamos el completo derrumbe de tales expectativas.

No obstante los enormes estragos que aquel régimen corrupto infligió a la institucionalidad, avasallando la independencia de organismos claves como el Poder Judicial y el Ministerio Público, fue sin embargo posible sumar esfuerzos contando con fiscales y jueces honestos, capaces de emprender una febril actividad para acabar con la impunidad. Todo esto despertó una legítima esperanza ciudadana.

Eran los días de una potente procuraduría ad hoc que, a través de la denominada Mesa de Diálogo creada a instancias de la OEA, planteó las primeras reformas legislativas que el Congreso de aquel entonces refrendó a marchas forzadas. Sin ellas, hubiera sido imposible enfrentar la sistemática y monumental corrupción descubierta, en un país que se encontraba indefenso frente a ella.

Vivimos por eso una experiencia inédita en nuestra historia republicana, cuando se recuperaban millones de dólares mal habidos desde cuentas abiertas en bancos extranjeros, al tiempo que comparecían ante los tribunales personas que habían ocupado cargos de la más alta investidura en el Estado Peruano.

Pero el sueño duró poco. No solamente porque no todos los responsables fueron finalmente sancionados, sino principalmente por haberse omitido la implementación de políticas públicas diseñadas y puestas en práctica para evitar que esa terrible experiencia pudiera repetirse. Los sucesivos gobiernos y congresos descuidaron ello por completo y las consecuencias las estamos sufriendo ahora, cuando la corrupción se ha extendido de manera sistemática, alcanzando niveles insospechados en los últimos años, bajo una combinación explosiva que conjuga un crecimiento económico sostenido con, otra vez, una profunda debilidad institucional.

Casos como el de Odebrecht nos muestran solo una de las vertientes de esa gran corrupción instalada en el país con nuevas y colosales dimensiones. La otra proviene de la economía ilegal, cuya locomotora es el narcotráfico. Ambas explican la inercia de un aparato estatal que ha sido penetrado por esa lacra, al punto de amenazar seriamente la actuación de las instituciones a cargo de prevenir estos graves delitos, así como de identificar y sancionar a sus responsables, quienes, como podemos hoy constatar, no se encuentran exclusivamente en el ámbito público.

Fue por eso tan importante destacar en el programa de gobierno del entonces candidato Kuczynski su expresa voluntad de luchar contra la corrupción. En los hechos, sin embargo, no ha sido esa una constante a lo largo de sus más de siete meses de gestión. Marchas y contramarchas, o la mediatización de medidas que se prometieron distintas, como la autoridad para la transparencia –hoy sin autonomía alguna– han generado serias dudas sobre la real convicción de lo planteado.

Pero las circunstancias apremian y el Caso Lava Jato, cuya dimensión transnacional presiona desde fuera y pone a prueba a todos, exige la adopción de medidas urgentes que, de no ponerse en práctica, podrían agravar las consecuencias del terrible daño ya infligido al país. Lo anunciado el último domingo recoge tres de ellas, aprobadas en el reciente paquete de decretos legislativos: la obligación de incorporar cláusulas anticorrupción en los contratos con el Estado, la muerte civil de los funcionarios corruptos y la prohibición de que empresas condenadas por corrupción puedan volver a contratar con el Estado.

La novedad comprende, además, tanto la creación de un mecanismo de recompensas para denunciantes, como el suspender a empresas sentenciadas o que hubieran confesado hechos de corrupción de la posibilidad de transferir recursos al exterior, en tanto no hubieran cumplido con sus obligaciones en el país.

Respecto a estas medidas, más allá de advertir que siguen predominando las opciones persecutorias sobre las preventivas, podemos discutir su bondad técnica o incluso su constitucionalidad, pero no desconocer la buena intención que las inspira en un escenario donde se evidencia, una vez más, que el problema nos encontró sin los instrumentos para responder eficaz y contundentemente al destape producido. Asistimos a una realidad de instituciones débiles y desarticuladas, tan carentes de recursos como de la voluntad de trabajar en armonía y complementariamente.

Admitamos, sin embargo, que se han ido tomando decisiones con una alta dosis de improvisación, sin que se aprecie por el momento una estrategia claramente estructurada y con proyección de mediano o largo plazo. Aun así, resulta indispensable avanzar, calibrando con cuidado cada paso y rectificando en el camino lo necesario, hasta generar las condiciones que permitan superar las actuales deficiencias.

El momento que hoy afronta el país, como ha sido ya señalado, constituye también una oportunidad de crecer como sociedad y como Estado. Debemos impedir que nuestras actuales debilidades traben la aspiración de evitarnos nuevas frustraciones. Es tiempo de tener una mejor imaginación, de asumir riesgos y sumar esfuerzos, sin más condición que la de apostar al interés general, al tiempo de neutralizar a quienes, en sentido contrario, buscan perpetuar una situación que les ha permitido ganar poder, político o económico, en perjuicio de todos.

20/02/2017

Transparency International (TI) y sus capítulos en América Latina han formaluado una serie de recomendaciones a los fiscales de los 14 países involucrados en el escándalo de corrupción Lava Jato, que se reunirán esta semana en Brasil, a tomar medidas firmes para llevar a los culpables ante la justicia.

“La reunión de Brasilia representa una tremenda oportunidad para enfrentar la gran corrupción de manera significativa y global. Los fiscales deben aprovechar esta oportunidad para compartir experiencias, estrategias e información para mejorar su trabajo. En cada país la gente está exigiendo el mismo tipo de resultados que los fiscales en Brasil han logrado “, dijo el presidente de Transparency International, José Ugaz.

En tal sentido, los capítulos de Transparency International de América Latina han formulado estas recomendaciones claves:

1. Las autoridades de justicia de cada país deben implementar equipos regionales de investigación para asegurar coordinaciones efectivas y respuestas rápidas.

2. Los fiscales deben comprometerse a actuar con transparencia en sus investigaciones. La sociedad civil debe ser capaz de monitorear todos los acuerdos de cooperación, sea con individuos o con empresas.

3. La reunión de Brasilia debería generar maneras efectivas de permitir el acceso a información en países donde es difícil monitorear los procesos judiciales. La ciudadanía tiene el derecho de saber qué pasó y cómo están avanzando las investigaciones. Una política de comunicaciones constructiva debería mantener informados a los ciudadanos y las ciudadanas sin comprometer la debida reserva del proceso investigativo.

4. Todos los agentes o compañías que habrían facilitado o financiado los esquemas de corrupción, como la firma panameña Mossack Fonseca o el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES), tienen que ser identificados y sancionados.

5. Finalmente, los recursos generados por multas deben usarse para financiar programas de prevención de la corrupción, auditoría social y educación ciudadana, de forma similar a la Iniciativas para la Integridad de Siemens, establecida por la compañía alemana luego de que se expusiera y sancionara sobornos millonarios alrededor del mundo.

Puede leer el comunicado completo de TI aquí.

15/02/2017

Fuente: Agencia Andina). La incorporación obligatoria de cláusulas anticorrupción en todos los contratos de concesión permitirá proteger los intereses del Estado y desalentará el que las empresas incurran en actos de corrupción, consideró hoy el director ejecutivo de Proética, Walter Albán.

Recordó que una cláusula de ese tipo permitió, por ejemplo, cautelar el interés del país en la concesión del gasoducto del sur, luego de que Odebrecht, integrante del respectivo consorcio, pretendiera ceder a empresas extranjeras sus derechos en dicha concesión.

En este caso, comentó Albán, el Estado no se vio obligado a mantener algunos términos de negociación que incluso perjudicaban a la ciudadanía; por ejemplo, con el cobro en los recibos de luz para la construcción del gasoducto, lo que luego pudo ser suspendido.

Agregó que gracias a este tipo de cláusula se dejó sin piso a esta compañía brasileña, que reconoció haber pagado sobornos en el Perú a cambio de adjudicarse diversas obras públicas en gobiernos pasados.

“Es muy importante que se haya decidido incluir las cláusulas anticorrupción en todos los convenios que se celebran para obras públicas. Con ellas resultará más difícil que las empresas se animen a trabajar bajo una fórmula de corrupción”, expresó a la Agencia Andina.

Como es de conocimiento público, el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, anunció el domingo que los contratos de concesión que suscriba el Estado con la empresa privada incorporarán, de forma obligatoria, cláusulas anticorrupción.

La medida incluso fue saludada por el contralor general de la República, Edgar Alarcón, quien destacó que ello facilitará su labor de control.

15/02/2017

(Fuente: Agencia Andina). El anuncio del presidente Pedro Pablo Kuczynski de triplicar los recursos para el Ministerio Público demuestra la renovada voluntad política de apoyar a esta institución que investiga el pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a exfuncionarios peruanos, afirmó hoy el titular de Transparencia Internacional, José Ugaz.

“Es una medida que hay que saludar, así como garantizar el sistema de protección a los informantes y los incentivos para otorgar información sobre casos de corrupción”, declaró a la agencia Andina.

Ugaz saludo también el mensaje a la Nación del Jefe del Estado, dado en la víspera, en el cual dio a conocer medidas para fortalecer la lucha contra la corrupción.

Indicó que varios de los anuncios fueron recomendaciones formuladas por la Comisión Presidencial de Integridad, aunque algunas no han sido incorporadas todavía y se espera que ello ocurra pronto.

“Me parece que es adecuado lo que está planteando el presidente Pedro Pablo Kuczynski, (…) es positivo que anuncie al país que partir de ahora su preocupación por la agenda anticorrupción estará al tope”, sostuvo.

Sobre el decreto de urgencia para cautelar el pago de reparación en casos de empresas ligados a casos de corrupción, así como evitar que retiren recursos fuera del país, manifestó que esta medida es importante teniendo en cuenta proyectos de gran dimensión.

“Es importante que los fondos vayan a un fideicomiso donde esté garantizado que, en su momento, cuanto se les imponga la reparación civil puedan cumplir con ese mandato judicial”, explicó.

14/02/2017

Publicado en el diario El Comercio

¿Es la corrupción un problema sistémico? Si por sistémico entendemos lo que está enraizado en los hábitos de una sociedad que tolera conductas deshonestas en el sector público, en los políticos y en los negocios, la respuesta es sí. La corrupción se ha naturalizado: “Roba pero hace obra”, “Todo está podrido”, “Para qué denunciar si todos están amarrados”, “Nosotros robamos menos”, y así por el estilo.

En las últimas semanas, a raíz de los casos de corrupción de alto perfil que involucran al mundo político y empresarial, he escuchado a varios líderes preguntarse: “¿Qué nos pasó? ¿Cómo llegamos hasta aquí?”. Parte de la respuesta está en lo absolutamente engañados que estaban cuando pensaban que la corrupción era un problema exclusivo del Estado y de los informales. Fallaron en la autopercepción.

En los 90 la corrupción tuvo un control centralizado desde la cabeza del Estado. En la primera mitad de los 2000, con la regionalización, la corrupción se descentralizó. A partir de entonces –con crecimiento económico sostenido– se produjo la intervención de operadores políticos que originó la infiltración de actividades corruptas casi a todo nivel. En los últimos veinte años hemos visto la agudización de dos fenómenos: por un lado, la infiltración de la economía ilegal en la política, y, por el otro, el incremento de la gran corrupción en megaproyectos centralizados y descentralizados, que indican cómo el interés político se mezcla con el interés privado para –mediante redes y complicidades– aprovecharse de las necesidades de infraestructura, educación, salud, etc., y a través de compras, licitaciones y obras públicas, beneficiarse indebidamente en perjuicio del país.

A raíz de la orden de captura de Alejandro Toledo –cuyo nombre figura en una lista de los más buscados al lado de narcotraficantes, sicarios y delincuentes–, el Perú está protagonizando un caso verdaderamente vergonzoso en la comunidad internacional y muy pronto tendremos a nuestro segundo presidente preso en menos de diez años. ¡Y quizás no sea el último!

¿Es esta una situación lamentable? Sin duda lo es. Pero no todo es negativo. Podemos tornar esta tragedia –como muchos la ven– en un efecto ‘dinamitador’ positivo. Para empezar, el que un ex presidente sea sometido a la justicia envía un mensaje claro de que la impunidad puede ser combatida. Además, una situación tan grave como la actual puede sacudirnos de nuestro letargo y llevarnos a involucrarnos en las reformas que requiere el país, evitando así una nueva oportunidad perdida, como la ocurrida luego de la caída de Fujimori y Montesinos.

Tenemos frente a nosotros dos carriles paralelos. Uno, que llevará a la investigación y posible judicialización de ex presidentes, autoridades y personajes de alto perfil del sector público y privado que resulten responsables de presuntos actos de corrupción. El otro –que no debemos descuidar– debería llevarnos a resolver el fenómeno de la corrupción a largo plazo, pues si no atacamos el origen del problema, no importa que hoy vayan presos todos los culpables: mañana tendremos al Odebrecht de turno por no haber matado la mala hierba de raíz.

Conviene preguntarnos, por tanto, si la corrupción es causa o efecto. De la respuesta dependerá cómo enfrentemos la peor lacra que impide nuestro desarrollo sostenible. Pues bien, en opinión de varios expertos, la corrupción no es el problema; es la consecuencia de otros que la originan, es decir, es efecto, no causa. ¿Cuáles son, entonces, las causas que la originan?

Una primera –evidente a todas luces– es la forma ilegal en que se financia la política y que origina que autoridades electas paguen favores en contra del mejor interés del país. Un segundo factor es la falta de transparencia y rendición de cuentas en el Estado, con sistemas de compras y contrataciones públicas opacos que alientan la cultura del “vale todo”.

Una tercera causa es la ineficiente regionalización que entregó poder a las regiones sin que estas tengan el respaldo técnico y funcionarial que asegure una buena administración. Los problemas se multiplican en los municipios. Las prácticas corruptas están inmersas en ambos niveles de gobierno. Un cuarto factor que explica la corrupción sistémica es la fragilidad de nuestras instituciones: el Poder Judicial, la Policía Nacional y el mismo Congreso, por mencionar solo tres.

¿Qué hacer entonces? Tenemos que ir a las causas del problema. Hacer las reformas que impidan la aparición de nuevos Odebrecht. Estas son la reforma política; la del sistema de administración de justicia, empezando por el Consejo Nacional de la Magistratura; la reforma de la policía; modernizar el Sistema Nacional de Control y la contraloría, entre otras medidas. Propuestas no faltan. Allí están las 100 medidas sugeridas por la Comisión Presidencial de Integridad, el Plan 32 de Transparencia y las iniciativas que desarrollan Voluntarios Proética.

El Congreso de la República tiene la gran oportunidad de hacer estas reformas. Su actual composición –para bien o para mal– no le permitirá excusas ni eximirse de su responsabilidad histórica.

Ilustración: Giovanni Tazza Guevara

13/02/2017