(Fuente: BBC Mundo / Por Martin Riepl). Tiene casi la misma altura que la famosa estatua que domina Río de Janeiro y también parece abrazar la ciudad a sus pies. Sin embargo, el bautizado como Cristo del Pacífico luce desolado.

Apenas recibe visitantes y su base fue recientemente pintada de blanco para cubrir varios grafitis con frases como “No robarás”, “Alan culpable” y “Odebrecht fuera del país”.

Y es esta última sentencia la que revela el origen de su calvario.

Donación de Odebrecht

La gigantesca copia del Cristo Redentor, que se levanta en un cerro desértico al extremo sur de la bahía de Lima, fue “donada” por la empresa brasileña en 2011 y aceptada con alegría.

La población veía en ella la bendición de un nuevo atractivo turístico para la ciudad.

Sin embargo, esa multiplicación de panes y peces nunca llegó, como sí llegaron las revelaciones de los US$29 millones en sobornos pagados por Odebrecht a autoridades peruanas entre 2005 y 2014 para ganar licitaciones públicas.

Para muchos, la estatua pasó de ser una imagen religiosa a un monumento a la corrupción.

Y en un país de mayoría católica, lo que empezó como un comentario a media voz en redes sociales, se ha convertido hoy en un debate público:

¿Deberían conservarla, devolverla o derrumbarla?

El Cristo solitario

“Vengo sólo dos veces al mes”, le cuenta a BBC Mundo el guía de turistas Toribio Ferrer luego de zarandear a un puñado de australianos en su camioneta a través de un sendero sin asfaltar.

Los visitantes se muestran más impresionados por el panorama de la ciudad que por la estatua.

“Normalmente las agencias de turismo no incluyen el Cristo”, dice Ferrer.

Y es verdad. El monumento es apenas visitado por unos pocos curiosos y algunos deportistas que lo usan como lugar de descanso luego de subir la cuesta.

“Es un despropósito. Esa estatua debe de ser retirada”, dice el congresista peruano Marco Arana a BBC Mundo.

La posición de Arana tiene un valor particular: Antes de ser elegido, él mismo era un sacerdote católico en la empobrecida región andina de Cajamarca.

“Es una imagen religiosa que ha sido utilizada para lavarle el rostro a una empresa corrupta”, agrega.

Y es mucho lo que hay que lavar.

El escándalo de los sobornos de Odebrecht generó investigaciones sobre la gestión de los tres últimos presidentes del país: Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

El mismo Toledo se encuentra prófugo por este caso y el actual gobierno ofrece una recompensa de US$30 mil a quien ayude a capturarlo.

“Es una majadería querer devolver la imagen”, señala, sin embargo, a BBC Mundo el legislador Jorge del Castillo en defensa de la estatua.

“Con ese argumento (de la corrupción) deberíamos también remover la carretera interoceánica por la que se pagó un soborno”, replica.

Del Castillo fue Presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Alan García (2006-2011) al final de cuya gestión fue levantado el monumento.

“El Cristo del Pacífico es una donación a la ciudad y en eso no hay ninguna corrupción”, asegura.

¿Y cuál fue el motivo del regalo?

La “estrategia” de Odebrecht

El Cristo del Pacífico navegó desde el Atlántico. Fue diseñado por el artista brasileño Tatti Moreno en la ciudad de Salvador de Bahía y embarcado en piezas hacia el Callao.

Los representantes de Odebrecht informaron que el costo de la donación superó los US$800 mil mientras que el entonces presidente García dijo que colaboró con US$30 mil de sus ahorros.

En junio de 2011, días antes de terminar su gobierno, lo inauguró en medio de un espectáculo de fuegos artificiales junto a representantes de la empresa y de la iglesia.

“No es casual que Odebrecht colocara esta imagen. Había una intención de santificar las cosas”, señala Walter Albán, director de Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional.

“Es parte de su estrategia la de donar dinero para diversas causas. Así crean un tejido social de apoyo como un primer frente de protección para evitar investigaciones”, explica a BBC Mundo.

Hoy, a la réplica limeña del Cristo de Corcovado muchos prefieren llamarla “el Cristo de lo robado”.

La posición de la Iglesia

Hay dos instituciones cuya opinión es fundamental para resolver este debate mundano: La municipalidad de Chorrillos, distrito en donde se encuentra la imagen, y la Iglesia Católica.

“Nosotros fuimos a la entrega de la estatua por educación, porque nos invitaron, pero no pertenece a la iglesia”, aclara monseñor Salvador Piñeiro, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

“Sin embargo, el tema (si debería conservarse o retirarse) sí lo vamos a debatir entre los obispos para dar una posición”, señala a BBC Mundo.

La municipalidad de Chorrillos, pese a nuestra insistencia, aún no ha hecho ningún pronunciamiento.

“¿Para qué vamos a devolver la estatua que es como darle más plata a Odebrecht?”, se pregunta el guía de turistas Toribio Ferrer al pie del Cristo del Pacífico.

El grupo de australianos ya lo espera en la camioneta con ganas de partir.

“Yo creo que podrían dejarla aquí y que los condenados por corruptos vengan a limpiarla como castigo”, sentencia antes comenzar el retorno.

La de Ferrer es una propuesta más en una discusión que acaba de iniciarse.

Y para el monumento entregado por Odebrecht, el resultado de este juicio será el que determine su salvación o condena.

Foto: BBC

16/03/2017

(Fuente: Agencia Andina). Sería sano para el Congreso de la República que la Comisión de Ética esté integrada por personalidades y no por congresistas, opinó hoy el director ejecutivo de Proética, Walter Albán, al saludar la propuesta formulada en ese sentido en el ámbito legislativo.

Consideró que en los últimos años se ha cuestionado mucho la performance de la Comisión de Ética, sobre todo cuando decide, sin mayor explicación, no investigar ni aplicar sanciones contra algún legislador que, en el ejercicio de su cargo, incurre en faltas éticas.

“Eso daña la imagen de Congreso y le resta confianza (…). Si se aprobara esa propuesta, sería un gesto interesante, y mejor aún si esa decisión se tomara por unanimidad. Sería un muy buen mensaje a la opinión pública”, comentó Albán en diálogo con la Agencia Andina.

Para el también exministro del Interior, la posibilidad de que un expresidente del Congreso, sin filiación política, así como un docente e incluso dos ciudadanos integren la Comisión de Ética inspiraría confianza en la labor de este grupo parlamentario.

No obstante, indicó que deberá cuidarse mucho la idoneidad de las personalidades incorporadas a esta comisión, y agregó que esta nueva composición permitiría un accionar más objetivo en el citado grupo de trabajo parlamentario.

De acuerdo con la propuesta, la Comisión de Ética estaría conformada por un expresidente del Congreso, un excongresista, un profesor principal de Derecho y dos ciudadanos, uno de ellos elegido por la Defensoría del Pueblo y el otro por el Acuerdo Nacional.

En el caso del expresidente del Congreso, si tiene militancia partidaria, deberá solicitar licencia mientras ejerza el cargo, señala la iniciativa legislativa promovida por los parlamentarios de Peruanos por el Kambio (PPK), Alberto de Belaunde y Guido Lombardi.

10/03/2017

(La República / Por Isabel Carreño). El ex procurador y presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, dijo que cualquier investigación que involucre al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y al primer vicepresidente, Martín Vizcarra, tiene que estar bien sustentada. Precisó que la Procuraduría debe implementar mecanismos de comunicación oficiales.

¿Es correcto que se les imponga un reglamento a los procuradores?

Es correcto lo que han dicho los procuradores: que ellos son los abogados del Estado y no del gobierno. Ese es un principio básico que nosotros hemos defendido. Por lo tanto, no tienen que sujetarse, en términos de obediencia, a ningún ministro, ni al presidente de la República. Sin embargo, siendo una institución del Estado, la Procuraduría tiene que tener canales y procedimientos formales para poder realizar su labor.

Una línea de comunicación.

La Procuraduría se comunica a través de las redes sociales y no es la forma en que una institución del Estado debe hacerlo. No basta simplemente con correr traslado de la noticia criminal para decirle a la Fiscalía que se encargue de hacer averiguación. Esto, en términos procesales, es lo que se llama ‘expedición de pesca’, y no es aconsejable en investigaciones penales. De hecho están prohibidas en muchos sistemas del mundo.

¿Quién debería establecer esos canales?

Me parece apropiado que el gobierno establezca reglamentariamente cuáles deben ser esos canales de comunicación y cuáles deben ser los indicios mínimos para una investigación.

¿Hay un intento de mordaza desde el gobierno?

Eso es parte de la suspicacia política. Obviamente estamos en un momento muy exacerbado, y no contribuye el hecho de que la oposición esté echándole leña al fuego, diciendo que esto es una agresión a los procuradores o que es un intento de mordaza. No creo que este deba ser el tono del debate. La ministra (Marisol Pérez Tello) ha explicado que no hay ningún intento de impedir el trabajo. De lo que se trata es de que los funcionarios se ciñan a ciertos protocolos de trabajo, y da la impresión de que en ninguno de los dos casos (de Kuczynski y Vizcarra) ocurrió esto.

¿Le pareció pertinente la forma en que las procuradoras salieron a declarar?

Respondieron que tienen ovarios, que no le tienen miedo al primer ministro (Fernando Zavala). Esa no puede ser la actitud de un funcionario público; tiene que ser de responsabilidad con el Estado. Es verdad, también, que no se han hecho públicas las denuncias. Estamos opinando en base a lo que dicen los medios de comunicación.

¿Esto les resta seriedad a las propias denuncias de la Procuraduría?

La Procuraduría se ha ganado a pulso su respeto y este tipo de situaciones la mellan, la ponen en duda. Si quieren comunicar hechos, que los hagan públicos. Hemos visto una entrevista en RPP donde se le ha interrogado insistentemente a la procuradora sobre cuáles son los indicios y las respuestas han sido vagas y han pretendido comparar esto con el caso Ecoteva, que es una situación completamente distinta. Acá estamos hablando de un presidente en funciones. Se está cuestionando al vicepresidente en un acto de colusión y al jefe del Estado en un acto de corrupción. Esto es bastante delicado.

Con respecto a las denuncias en sí, ¿hay bases para la investigación?

(La investigación) generó una crisis política en base a las denuncias que han presentado los procuradores. Lo que correspondería es que ellos hagan públicas sus denuncias, que no pueden ser reservadas, para que todos tengamos derecho a saber en base a qué se están planteando aquellas en contra de las dos autoridades máximas del país. Hay que ver con qué indicios cuentan en un caso en el que, pareciera, solo se ha hablado de fotos y una referencia muy vaga a un informe del Congreso. Pero no se ha hablado de un elemento que haya sido chequeado básicamente.

¿Cree que habría un interés político de perjudicar al gobierno?

Eso es un poco entrar al ámbito de la especulación. Para mí, como ex procurador, lo mínimo es tener una serie de elementos que permitan afirmar una sospecha que genere derecho a una investigación. Lo que se ha sabido a través de los medios de comunicación es que se está, simplemente, planteando una investigación solo en base a especulaciones y se está comunicando este hecho por medios que son informales. Lo que hace esto es generar inestabilidad en un momento bastante crítico para el país con el caso de las empresas brasileñas.

Sobre los casos de sobornos de Odebrecht, ¿se está actuando con celeridad?

El martes tuvimos un evento en donde participó un fiscal brasileño y nos dijo que ellos ya van por el cuarto año de investigación. Es bastante absurdo sostener que los fiscales en el Perú en los últimos meses deberían estar a niveles de las investigaciones en Brasil. Pero la investigación fiscal en el Perú se ha desenvuelto en el ritmo adecuado y con la cautela necesaria. No la que les interesa a los políticos, pero sí la que corresponde a una investigación que queremos que llegue a un resultado positivo.

El Congreso ha pedido explicaciones sobre el DU 003, que impide a las empresas corruptas movilizar el total o parte de su capital al extranjero.

El decreto de urgencia 003 me parece que es adecuado y va a dar pautas para que efectivamente el dinero no se vaya del país y las empresas no gocen de impunidad. Lo que no se comprende es por qué a la fecha, con el argumento de que no se sabe cuánto han robado, no se pueden adelantar las reparaciones civiles. Aquí debería haber negociaciones con técnicos financieros. No entendemos por qué en el Perú no se avanza en eso.

9/03/2017