(Fuente: Ideeleradio). La situación de Nadine Heredia se complica muchísimo al haberse validado las agendas, sostuvo José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, tras calificar de correcta la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho de declarar infundado el pedido para descartar las libretas del caso.

“Lo otro me parece sustancialmente significativo, y es que el juez ya declaró que en sustancia esas agendas son prueba válida y creo que el escenario probatorio penal se le complica muchísimo [a Nadine], porque todos hemos visto las contradicciones en las que ha incurrido”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Y esta salida, por decirlo de alguna manera, mínima formalista de decir, ‘bueno me las robaron y, por lo tanto, lo que está adentro no tiene valor’, desde el punto de vista de la prueba real era una burla a la justicia, y creo que el juez Concepción Carhuancho ha hecho lo correcto”, puntualizó.

“Ugaz Sánchez Moreno indicó que es mucho más relevante el hecho de que se consideren las agendas dentro de la investigación que la decisión de la Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones, que declaró fundado el recurso de apelación que presentó la esposa de Ollanta Humala y revoca las medidas restrictivas de impedimento de salida del país.

“Yo creo que lo segundo [las agendas como prueba] es mucho más relevante [que el tema del retiro del impedimento de salida]. Hay que distinguir la medida de aseguramiento de impedimento de salida del país, el peligro de fuga, de la detención propia de una sentencia condenatoria”, declaró.

“En el caso de la señora Heredia, ella ha regresado del extranjero, se ha presentado a la justicia, está cumpliendo con su restricción de hacer control biométrico cada cierto tiempo, y por lo tanto, creo que efectivamente la detención en este caso no es relevante”, aseveró.

Foto: Congreso de la República 

20/04/2017

Proética quiere expresar su respaldo institucional al pronunciamiento difundido el día de ayer por la Asociación Civil Transparencia, en el que expresa su preocupación por la nueva prórroga otorgada en la Comisión de Constitución del Congreso de la República, al grupo de trabajo que preside la congresista Patricia Donayre, encargado de elaborar las propuestas de reforma de la normatividad Electoral. En efecto, como lo señala el comunicado de Transparencia, el referido grupo de trabajo lleva ya 8 meses abocado a esta tarea, luego de que su plazo inicial de 120 días fuera ampliado hasta por 120 días adicionales, y hasta la fecha se desconoce cuáles han sido los avances en esta importante materia.

La decisión de una nueva ampliación hasta por 30 días adicionales, pone en riesgo la posibilidad de que las medidas más urgentes en esta materia queden definitivamente frustradas. Así, aquellas medidas referidas a promover la calidad de las postulaciones y evitar el financiamiento de las campañas con fondos provenientes de la corrupción o el crimen organizado, constituyen sin duda una prioridad que no puede ser postergada bajo el argumento de pretender una reforma de más largo alcance. No discrepamos de la necesidad de que esto último sea también parte de una tarea importante en el mediano plazo, pero las actuales circunstancias en nuestro país,  hacen indispensable abordar cuanto antes los dos aspectos antes mencionados.

Esperamos que, en el más breve plazo, el citado grupo de trabajo haga públicos los avances logrados en los más de 8 meses que viene discutiendo este tema , y señale las prioridades con las que esperan concretar las propuestas que deben presentar a la Comisión, hacia fines de mayo próximo.  La seriedad con la que una cuestión de esta trascendencia debe ser atendida por el Congreso de la República y la necesidad de mejorar sustantivamente las condiciones en las que la ciudadanía deberá acudir a las urnas el próximo año para elegir, Alcaldes y Gobernadores, así lo demandan.

Foto: Agencia Andina

(Fuente: Agencia Andina). Para las próximas elecciones municipales y regionales, la Hoja de Vida los candidatos deben incluir las condenas e investigaciones fiscales que tengan para que los electores puedan tomar una decisión informada, indicó el secretario Ejecutivo de Proética, Walter Albán.

Sostuvo que las elecciones municipales y regionales de 2018 no se pueden realizar en las mismas condicione del pasado, por lo cual urge que el Congreso concluya con las reformas electorales.

Precisó que actualmente los electores no tienen cómo saber si los candidatos que aspiran a convertirse en autoridades tienen sentencias o investigaciones por casos de corrupción u otros hechos calificados como graves

“Lo mínimo a lo que podemos apostar es que cuando hay sospechas en un postulante, que esa información la conozcan los electores, que registre (en su Hoja de Vida) que está sometido a un proceso de esa naturaleza, eso es lo mínimo para saber a quién elegimos”, apuntó en declaraciones a la Agencia Andina.

Precisó que este debería ser uno de los cambios incluidos en la reforma electoral que realiza el Congreso de la República.

“No se pueden seguir dilatando más la modificación de la legislación electoral para evitar que el dinero, la plata sucia, financie a los candidatos y a sus campañas. Hay propuestas en ese sentido que han sido concertadas entre los organismos electorales”, apuntó

Otros de los cambios que podría incluirse, refirió, es la prohibición para que sean candidatos quienes tienen investigaciones formalizadas por delitos graves de corrupción, pues el país ganaría más si no hay candidaturas en esas circunstancias.

“Entiendo que el tema puede ser debatible, pero no podemos seguir postergándolo”, indico.

Recordó también que actualmente los movimientos regionales no tienen sanciones efectivas por no entregar su información financiera.

Foto: Agencia Andina

17/05/2017

(Fuente: El Comercio/)

Por Diego Chirinos). La renuncia de Víctor Albrecht a la Comisión Lava Jato, encargada de investigar los sobornos de Odebrecht y otras constructoras brasileñas en el Perú, aún resuena por los pasillos del Congreso de la República.

En medio de cuestionamientos por sus antiguos vínculos políticos con el encarcelado gobernador del Callao, Félix Moreno, Albrecht decidió apartarse de ese grupo de trabajo el martes pasado. Horas antes, diversas bancadas le solicitaron que se inhibiera de participar en las pesquisas de la comisión relacionadas con el gobierno de la provincia constitucional. “No hacerlo sería incurrir en un claro conflicto de intereses”, afirmaron voceros de distintos grupos parlamentarios.

Albrecht y Moreno compartieron militancia en el movimiento político Chim Pum Callao, fundado por el también encarcelado Álex Kouri, durante casi una década. Además, entre el 2008 y el 2009, el ahora legislador fujimorista fue gerente general de la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao, cuando Moreno ya era alcalde provincial. Sin embargo, ninguna norma del Parlamento obligaba a Víctor Albrecht a inhibirse y, mucho menos, a renunciar.

Vacío normativo

“Lo de Albrecht expone, una vez más, la deficiencia de la regulación sobre conflicto de intereses contemplada en el reglamento del Congreso de la República”, opina el director ejecutivo de Proética, Walter Albán. Solo dos de las casi mil frases que componen la normativa congresal se refieren a conflictos de intereses.

La principal, incluida entre las normas de conducta del ejercicio parlamentario, solo exige a los congresistas que hagan explícitas sus vinculaciones “al participar en la discusión de temas, investigaciones o en el debate o aprobación de leyes en las cuales puedan estar favorecidos intereses económicos directos personales o familiares”.

Así, queda a discreción del congresista analizar si el conflicto de intereses existe y si este es directo o indirecto. En caso de que supere esa evaluación, el parlamentario únicamente deberá hacerlo explícito cuando sea de tipo económico. En otras palabras, conflictos de intereses laborales, políticos o personales no son regulados por la actual normativa congresal, a pesar de la gran exposición de la función parlamentaria a este tipo de situaciones.

“Si no salta a la vista el conflicto, ya sea por una denuncia periodística o algún otro escándalo, estamos totalmente ciegos ante la posibilidad de que intereses se filtren en la tarea legislativa”, agrega Albán.

El reglamento del Congreso de la República tampoco incluye causales de inhibición en caso de que haya potenciales conflictos de intereses que puedan entorpecer una investigación, tal como ocurría con Víctor Albrecht.

“Esto es particularmente grave en las comisiones investigadoras, la de Ética, la del Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria o en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, debido a su trascendencia en el espectro político”, sostiene Gerardo Távara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia.

Ni estas ni ninguna otra comisión contemplan prohibiciones para que congresistas con potenciales conflictos de intereses participen en ellas. Esos parlamentarios podrían incluso asumir la presidencia de los grupos de trabajo sin restricción alguna.

Punto de quiebre

Las fuentes consultadas para este informe coinciden en que lo sucedido con Víctor Albrecht es un buen punto de partida para volver a poner en cuestión la normativa congresal sobre conflictos de intereses.

“Es indispensable que esta se amplíe, que incluya causales de inhibición y requisitos mínimos para los presidentes de comisiones, ya que son ellos quienes conducen la tarea de los grupos de trabajo”, afirma Humberto Lay, ex presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria.

Cualquier modificación de este tipo tendrá que ser aprobada por el mismo Parlamento. “Esta es su oportunidad para erradicar una de las grandes fuentes de descrédito que lo aquejan”, remarca Albán.

Si bien existe un proyecto de ley en la Comisión de Constitución y Reglamento vinculado a conflictos de intereses, la iniciativa solo propone que los congresistas hagan una declaración jurada de intereses ante la Oficialía Mayor del Congreso de la República. No establece restricciones a partir de dichos intereses.

Foto: El Comercio

17/04/2017

(Fuente: La República). El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, se pronunció sobre el nuevo reglamento que protege a las personas que denuncien actos de corrupción en el Estado. Albán consideró que  esta herramienta permitirá sumar un elemento más en la lucha contra este flagelo.

“No tenemos que depender solamente de gente que está comprometida en corrupción y quiere reducir su condena y atenuar su responsabilidad. También es importante que ciudadanos honestos y que están al tanto de hechos de corrupción puedan actuar y denunciar con plena confianza”, indicó el representante del capítulo peruano de Transparencia Internacional.

Albán destacó que esta norma permitirá proteger a los denunciantes que muchas veces corren un gran riesgo. En gran cantidad de casos, los actos de corrupción están vinculados a crímenes en contra de la integridad física de los testigos.

“En un contexto así es mucho más importante que se brinden facilidades y mecanismos de protección de manera que más gente se pueda animar a brindar información útil orientada a descubrir a los responsables de la corrupción”, comentó.

El exministro aseguró que este reglamento debe acompañarse de nuevas medidas que permitan su aplicación. “Estas oficinas deben contar con gente idónea para que este sistema funcione bien y más gente confíe en él”, acotó.

Foto: La República

17/04/2017

La coordinadora del Programa Gobernanza Climática de Proética, Magaly Avila te explica en el siguiente video la relación que existe entre un débil sistema de toma de decisiones en gestión de riesgos y los desastres climáticos que viene atravesando nuestro país.

12/04/2017