(Fuente:La República/Por Wilber Huacasi). Hay dos rutas. La de Chimbote y la de Huaraz. Si vas por Chimbote, bastará llegar al terminal terrestre para apreciar, exactamente al frente, el inmenso Coliseo Cerrado Gran Chavín, de fierros oxidados y a medio construir. Si vas por Huaraz, a solo una media hora puedes conocer la provincia de Carhuaz. Allí tienes un moderno hospital con techos a punto de caer por la humedad. Áncash y su ruta turística de la corrupción.
El coliseo es una de las herencias que dejó César Álvarez Aguilar, personaje elegido como autoridad regional en el 2006 y reelecto para un segundo periodo, en el 2010. Hoy está tras las rejas.
La Contraloría General de la República (CGR) solo en esta obra abandonada ha estimado una pérdida de S/ 7’651.036. El informe de control establece que la gestión de Álvarez hizo adelantos de desembolsos y pagos adicionales sin ninguna justificación técnica. Hoy, la obra luce abandonada. Los fierros oxidados de la estructura son el reflejo de lo corroída que está la gestión pública en esta región.
Corrupción regional
César Álvarez, actualmente recluido en Piedras Gordas, tiene en curso 22 procesos, entre investigaciones fiscales y en etapa judicial, solamente por corrupción, según información oficial de las dos fiscalías anticorrupción instaladas en Chimbote y Huaraz.
Su sucesor, el también encarcelado Waldo Ríos, tiene en la actualidad cuatro procesos por corrupción que vienen desde la época en que era alcalde de Huaraz (1998).
“Dos de los casos están en salas penales y son por el caso del mercado modelo y una obra de electrificación, donde se habría cometido el delito de peculado”, explica Jorge Temple, fiscal superior anticorrupción de Huaraz.
La saga continúa con Enrique Vargas Barrenechea, el tercer gobernador regional preso de Áncash. Sobre él pesan diez investigaciones y procesos por presuntos delitos de peculado y colusión.
Semanas antes de que un juez lo sentenciara por mentir en su hoja de vida, autoridades del Ministerio Público allanaron un inmueble de propiedad de un cuñado suyo. Se habría tratado de un despacho paralelo a la región. Allí se encontraron documentos públicos e incluso cheques. El fiscal Jorge Temple cuenta que todo esto fue hallado tras un mes de seguimiento, con autorización de un juzgado de investigación preparatoria.
Las secuelas de esta crisis institucional afectan directamente a los pobladores. Ocurre, por ejemplo, en la provincia de Carhuaz. Ya en la última campaña de elecciones regionales, La República dio cuenta del hospital abandonado por la gestión Álvarez.
Transcurrido el tiempo, el nosocomio al fin ha empezado a funcionar. Mujeres y niños son atendidos por el personal, en el primer nivel, entre paredes de brillantes losetas. Todo estaría bien, de no ser porque al llegar al segundo piso, los mismos usuarios se dan con otra realidad. Hay ambientes abandonados, oficinas vacías con techos a punto de desplomarse, un almacén sin puerta de seguridad. Secuelas de la corrupción regional.
Los alcaldes
El mapa turístico de la corrupción en esta región se extiende a las instancias del gobierno municipal. De los 20 alcaldes provinciales de la actual gestión (2015-2018), 17 tienen investigaciones fiscales o procesos por corrupción.
Con 65 casos, el alcalde de la provincia de Huaylas, Renson Martínez, es quien registra el mayor número de investigaciones o procesos judiciales, según información oficial de la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Huaraz.
Particular es el caso de los distritos de San Marcos y Chavín de Huántar, cuyos municipios recibieron presupuestos millonarios por el canon.
En San Marcos, durante el periodo 2011-2014, pasaron cuatro alcaldes, uno de ellos, Óscar Ugarte Salazar, fue vacado por nepotismo y tiene 50 procesos en curso por corrupción. En la actualidad está prófugo. Su sucesor, Félix Chávez Alfaro, no se quedó atrás: en febrero fue intervenido recibiendo un presunto soborno de 5 mil soles. Actualmente enfrenta en libertad 29 investigaciones y procesos judiciales.
Similar es el panorama en Chavín de Huántar, donde el ex alcalde Manuel Páucar enfrenta 47 procesos y el actual, Joel Rosales, tiene cinco investigaciones en trámite.
Saldo de la corrupción
Después de Lima, Áncash es la única región del país que se puede dar el “lujo” de tener dos sedes regionales de la Contraloría. Una está ubicada en Huaraz y la segunda fue instalada el 2015 en Nuevo Chimbote, debido al alto número de denuncias, según explicó a La República, Ronny Rubina, contralor de Chimbote.
Entre el 2007 y el 2016, este organismo hizo al menos 23 auditorías al gobierno regional y a los municipios provinciales y distritales (ver cuadros). Además de hallar responsabilidad penal y administrativa en autoridades y funcionarios, estimó perjuicios económicos hasta por un promedio de 200 millones de soles, por el adelanto de pagos para obras inconclusas, incrementos de partidas sin sustento o la omisión de cobro de penalidades a las constructoras infractoras.
Todo un récord en la ya bastante trajinada historia de la corrupción en el Perú.
Irregularidades cometidas en todas las instancias de gobierno
Entre las obras más cuestionadas por corrupción en Áncash se encuentra el Coliseo Gran Chimú de Chimbote. La gestión de Álvarez autorizó pagos adelantados sin el avance físico de la obra. La responsabilidad penal alcanza a los ex funcionarios de su gestión.
Otro caso emblemático es la Red Vial de Pallasca. Aquí la región otorgó conformidad de servicio, omitiendo el cobro de penalidades por incumplimientos de la empresa. Asimismo, se autorizó pagos adicionales sin sustento e incluso honorarios para un gerente por días no laborales. El perjuicio solo en este caso es de 21 millones de soles.
Otra obra vial cuestionada es la comprendida entre Nepeña y Pueblo Libre. Aquí también se dio la conformidad del servicio sin el cobro de penalidad por algunos incumplimientos e incluso se pagó a personal como si hubiera laborado a tiempo completo, a pesar de que no lo hicieron.
En el municipio del Santa, la Contraloría detectó irregularidades en la obra de agua potable. En este caso, hubo ampliación de plazos para culminar la obra sin sustento y el municipio evitó cobrar penalidades, con un perjuicio de 1.7 millones de soles.
En este mismo gobierno local, la gestión pasada suscribió un contrato por 999 mil soles para implementar un sistema informático. Pagaron más de la mitad, aunque el servicio nunca entró en funcionamiento.
Foto: La República
2/05/2017