Anoche, miércoles 12 de abril, el Pleno del Congreso de la República aprobó, con  84 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, la sanción de amonestación contra la parlamentaria Yesenia Ponce, por los graves hechos en los que incurrió tras haber interferido en la sesión del pasado 6 de octubre del 2016 del Consejo Regional de Áncash.

La Comisión de Ética había recomendado en un principio suspender por 120 días a la legisladora, sin derecho al cobro de su remuneración, por el mismo período en el que se aplicaría la sanción. No obstante, durante el debate en el pleno del Congreso, el Presidente de dicha comisión, el congresista Segundo Tapia, varió su informe final a una amonestación escrita pública.

Al respecto, cabe recordar que el 21 de octubre de 2016, Proética presentó una denuncia contra la citada congresista ante la Comisión de Ética del Congreso, donde se decidió iniciar una investigación y, finalmente, recomendar al Pleno sancionar dicha conducta, claramente vulneratoria de la ley y el Código de Ética Parlamentaria.

Cabe señalar que en esa misma denuncia indicamos que la gravedad del accionar de Ponce en la sesión del Consejo Regional de Áncash fue determinante para que se modificara la votación del pedido de reconsideración que se había discutido en ese momento sobre el acuerdo del Consejo Regional, el cual autorizó la transferencia de 1041 hectáreas de terreno del Proyecto Especial Chinecas a la Superintendencia de Bienes Nacionales para ser destinados a viviendas. Este hecho fue resaltado por algunos congresistas durante el debate parlamentario.

En tal sentido, desde Proética deploramos este inexplicable retroceso que no hace sino echar mayores sombras sobre el trabajo de la Comisión de Ética y los actuales procedimientos disciplinarios en esta materia por parte del Congreso de la República.

Foto: Congreso de la República

11/05/2017

(Fuente: El Comercio / Por Karem Barboza Quiroz). El fiscal brasileño Orlando Martello, integrante del equipo Lava Jato, adelantó que desde el 1 de junio, las autoridades peruanas podrán acceder a las confesiones de Marcelo Odebrecht y otros ejecutivos de la constructora que se acogieron a la delación premiada. Agregó que todo el dinero que salió del llamado  Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht tiene un “origen ilícito”.

¿Ha sido complicado manejar un caso como Lava Jato?

El problema es que se tiene que tener pruebas, sobre todo cuando se tiene al poder económico y político juntos. Hay una crítica muy grande de los abogados de los políticos, nuestro tiempo de investigación no es el tiempo de la prensa, pero los resultados hasta ahora son buenos.

¿Qué tan importante fueron las delaciones para este caso?

Las colaboraciones son importantísimas, tanto de las personas físicas como de las jurídicas. Una complementa a la otra, son el motor impulsor de Lava Jato, porque con las colaboraciones obtenemos los detalles, cuánto se pagó, a quiénes se pagó y sobre eso, se hace un cruce.

Las ‘off shore’ han jugado un papel importante para el traspaso o lavado del dinero ilícito. ¿Ha sido complicado identificarlas?

Muy complicado, porque depende para el caso, conseguir los nombres de los beneficiarios de las cuentas, la quiebra del sigilo bancario en otro país, en Suiza, en Venezuela, en Panamá; en muchos lugares. Porque a veces la constitución de la ‘off shore’ es para una empresa fantasma y no es posible identificar los verdaderos beneficiarios.

¿Cómo va la colaboración de intercambio de información entre Perú y Brasil?Hicimos un acuerdo con Odebrecht, que es la principal persona jurídica que tiene fase en los dos países. Por contrato tenemos una limitación de compartir las pruebas. Pero  tenemos varios pedidos de cooperaciones internacionales de Perú. Perú es el país que más demanda a Brasil en término de colaboraciones. Todos los días, el doctor Alonso Peña (Jefe de la Unidad de Cooperación Internacional del Perú) habla con nosotros para intentar obtener las pruebas que no están en sigilo.

Pero se hará una quiebra del sigilo de ese contrato que se preveía para junio ¿Es así?

El contrato fue firmado el 1 de diciembre (del 2016), por seis meses y se compartirá a partir del 1 de junio. O sea, el 1 de Junio el Perú accederá a las delaciones.

El señor Marcelo Odebrecht y el señor Jorge Barata, por información de su país y del nuestro, han reconocido pagos o aportes a alto rango a ex presidentes, por ejemplo al ex presidente Ollanta Humala y a la ex primera dama Nadine Heredia ¿Esa información ha sido canalizada a través de la justicia brasileña?
Esa información sobre la parte internacional está sobre el sigilo en la Suprema Corte, no tengo como hablar de los hechos ilícitos.

¿Cómo ha visto la justicia de Brasil la respuesta que ha tenido la justicia peruana ante este caso?

No conozco detalles de las investigaciones en diversos países. Sin embargo, Perú ha sido un país muy cooperante, a todo momento está solicitando informaciones, nos llama, igual que Colombia. Aunque Perú es más actuante que Colombia. Perú tiene personas que quiere oír y por ello solicita. Personas de Odebrecht.

Según la justicia brasileña, Perú lidera el pedido de declaraciones homologadas. Son nueve las declaraciones que ha solicitado ¿De quiénes se trata? ¿Marcelo Odebrecht, Jorge Barata?

No tengo control de todas las colaboraciones. Yo solo vi las colaboraciones con las personas jurídicas, Odebrecht y Braskem. Los acuerdos individuales, que son 77, fueron otros colegas. No recuerdo, pero creo que el de Barata también es uno de ellos.

¿Podríamos decir que la estrategia que usaba Odebrecht era tratar directamente con los políticos para ser favorecidos?

Sí, la empresa tenía un contacto directo con los políticos, pero entendíamos en Brasil que eso era un esquema creado por los empresarios y no por los funcionarios públicos. Era especialmente, un esquema criminal político.

¿Es decir que, los principales sobornados son políticos?

En parte, son funcionarios de Petrobras, bancos públicos, caja federal, otros órganos públicos y también políticos. Una parte fue para campaña política y otros fue para fines personales de los políticos.

Respecto a las campañas políticas, Odebrecht reconoció que no solo ha pagado campañas políticas en Brasil, sino también a nivel internacional, ¿Cuál es el caso en Perú?
Eso está bajo sigilo.

Cuando se habla del Departamento de Operaciones Estructuradas, de donde salía el dinero de los sobornos, ¿se podría considerar dinero ilícito bajo cualquier punto de vista?

Sí, es ilícito por lo menos porque era caja 2, que era de un crimen tributario, que también estaba manteniendo (el dinero) en el exterior sin declaración a las autoridades brasileñas y debían ser declaradas. Una parte de este dinero permanecía en subsidiarias de Odebrecht.

Por tanto, ¿las personas en el exterior, que recibieron el dinero que salió de las arcas de Odebrecht, podrían alegar que el dinero es limpio?

No porque era ilícito. Todo este dinero pagó también bonos de ejecutivos de Odebrecht, entonces es un dinero ilícito. Todo el dinero que estaba en el sector de Operaciones Estructuradas fueron pagos ilícitos.

Le hacía la consulta porque si una persona, en el Perú, que ha recibido dinero de Odebrecht para su campaña política, ya sea por el conducto regular, ¿podría alegar que el dinero es limpio o no?

Creo que no. Qué ocurre; hablaré respecto de Brasil. Una propina era acordada por una obra específica. Una parte era acordada para que un contrato fuese firmado con Odebrecht. Ganaba un contrato con Petrobras, a cambio tenía que pagar a un partido. Una parte del dinero fue a través de donaciones legales al partido, pero estas donaciones legales, son ilícitos también.

¿Por qué?

Porque en las donaciones legales, el origen del dinero es ilícito. Solamente hubo la donación porque hubo un contrato dado. Entonces, aunque haya la licitud de la donación, el origen del dinero, el motivo, es ilícito. Claro, todos los partidos dicen; fue una donación legal. Sí, aparentemente sí, ¿pero por qué hubo la donación?, porque Odebrecht ganó un contrato ilícitamente.

Foto: El Comercio

11/05/2017

(Fuente: Agencia Andina). La Asociación Civil Transparencia y Proética observarán el proceso de reconstrucción de las zonas devastadas por las recientes inundaciones en diversas partes del país, a fin de ayudar a prevenir irregularidades y actos de corrupción.

Gerardo Távara, secretario de Transparencia, informó que esta labor será realizada en coordinación con dos universidades nacionales.

“Transparencia y Proética vamos a anunciar muy pronto una iniciativa de observación de la integridad en varios campos que incluirá también al proceso de reconstrucción, labor que la efectuaremos junto a dos universidades del país”, afirmó en declaraciones a la Agencia Andina.

Távara consideró necesario tener una actitud de vigilancia y cooperación al mismo tiempo, más allá de quien sea la persona que esté al frente de este organismo.

“Estas acciones de vigilancia son necesarias en todos los campos de acción del Estado, Poder Ejecutivo, Parlamento y el Poder Judicial, pero esta observación también debe venir de parte de la ciudadanía, pues es esencial para la democracia”, refirió.

Según Távara, el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Pablo de la Flor, verá con buenos ojos esta iniciativa en la que participará la sociedad civil, la ciudadanía y los medios de comunicación.

Asimismo, instó a dar un voto de confianza a de La Flor, quien tiene una trayectoria importante tanto en el ámbito privado como público.

Foto: Agencia Andina

8/05/2017

(Fuente: El Comercio / Por Martín Hidalgo). El Comercio solicitó a tres especialistas que elijan, entre los proyectos de ley presentados por el actual Congreso de la República, cuáles son los tres más destacados y los tres más polémicos. En la imagen a continuación mostramos los proyectos elegidos y luego, los argumentos de los expertos.

LOS TRES MEJORES

• —Walter Albán—
• Director Ejecutivo de Proética

PL 483: El proyecto establece un adecuado procedimiento de elección de estas autoridades, incorporando mecanismos de publicidad, transparencia y participación ciudadana. Lo deseable sería que estos mismos criterios se establezcan también para otras altas autoridades del Estado, como en el Consejo Nacional de la Magistratura.

PL 1023: La experiencia (tanto de la actual composición del Congreso como la de los anteriores) muestra fácilmente un procesamiento poco riguroso y expuesto a distorsiones de diverso tipo. Ello genera desconfianza y la negativa percepción del Congreso que tiene la ciudadanía. En ese sentido, consideramos importante la reformulación de la Comisión de Ética.

PL 1006: Consideramos importante establecer legalmente esta exigencia, pues permite a la ciudadanía conocer y vigilar la actividad parlamentaria. En la actualidad existe una casi completa opacidad respecto al surgimiento de eventuales conflictos de interés de los representantes, manteniéndose vigentes normas que más bien los favorecen o dificultan su identificación.

• —Fernando Cáceres—
• Director Ejecutivo de Contribuyentes por Respeto 

PL 579: A pesar del marco otorgado hace unos años para que las infraestructuras instaladas se ajusten a la nueva normatividad, las municipalidades no aceptan los procesos de regularización por razones políticas. Si tenemos una brecha de 30.000 antenas, este proyecto es necesario.

PL 109: Una oficina de este tipo permitirá democratizar el diseño de las leyes al fomentar la discusión de los efectos entre diversos actores, y elevaría la calidad de la producción legislativa.

PL 865: La iniciativa busca adoptar un enfoque informativo antes que restrictivo respecto del consumo de productos altos en grasas, sodio y azúcares, a fin de ajustar la regulación a los distintos estilos de vida de los consumidores.

• —Diethell Columbus—
• Director Ejecutivo del Instituto Peruano de Estudios Gubernamentales y Sociales

PL 714: Si esta iniciativa fuese aprobada, la sanción por la comisión del delito de apología al terrorismo fluctuaría entre 8 y 10 años de pena privativa de la libertad, lo cual implica que de todas maneras habría prisión efectiva para quien sea sentenciado por la comisión de este ilícito penal. De haber estado vigente esta norma, aquellas desafortunadas declaraciones del congresista Justiniano Apaza (sobre que los emerretistas eran presos políticos) constituirían mérito suficiente como para que se le denuncie penalmente por apología al terrorismo.

PL 272: Esta propuesta resulta más que importante, pues no solo está ligada a uno de los objetivos de gestión enunciados por el presidente Kuczynski en su asunción de mando, sino que implica el deber constitucional de asegurar que esa política de Estado se cumpla. Además habilita mecanismos legales para que los afectados por la falta de acceso al líquido elemento puedan reclamar por ello.

PL 1292: Si los órganos de control institucional o la misma Contraloría General de la República recomiendan que una entidad denuncie penalmente a un funcionario por presuntos actos de corrupción, no tendría sentido que la entidad denunciante asuma el pago del abogado defensor de quien pretende que sea sentenciado por la comisión de este tipo de delitos.

LOS TRES CUESTIONABLES

• —Walter Albán—
• Director Ejecutivo de Proética

PL 1088: Este proyecto “reactiva” uno presentado en el anterior Congreso por el entonces congresista Juan Carlos Eguren. La insistencia no solamente resulta lesiva a la institución del arbitraje en el Perú, sino que evidencia la manera en que se mueven oscuros intereses para persistir en su afán de impedir que se produzca una clara mejora de los estándares éticos en los centros de arbitrajes particulares.

PL 1280: Una pésima iniciativa que, sobre la base de falaces argumentos de cautelar el debido proceso en sede administrativa, pretende bloquear medidas que la experiencia indica como necesarias para fortalecer a la institución policial, apartando oportunamente al personal carente de idoneidad y responsable de graves faltas al interior de la organización.

PL 1027: Tanto la versión original de este proyecto –ampliamente difundido a través de diferentes medios– como la modificada, suponen una injerencia carente de todo fundamento proporcional y razonable respecto del derecho que se pretender proteger.

• —Fernando Cáceres—
• Director Ejecutivo de Contribuyentes por Respeto 

PL 322: Esto es negativo no solo porque estos trabajadores no deberían ir al Decreto Legislativo 728 sino a Servir. Es absurdo incurrir en este nuevo costo sin haber sincerado cuáles son los costos de cubrir cada una de las enfermedades que atienden. En Essalud, una vez más están poniendo la carreta delante de los caballos.

PL 367: Es un ‘cut and paste’ (probablemente con venia del ex congresista Jaime Delgado). Se perdió la oportunidad de detallar qué tipo de operaciones de concentración deberían incluirse, si la autoridad de competencia está preparada para aplicarlo y si los beneficios superan los costos.

PL 327: Esta iniciativa de ley hace obligatoria la contratación de trabajadores locales, sin reparar en los costos y en la informalidad que esto generaría.

• —Diethell Columbus—
• Director Ejecutivo del Instituto Peruano de Estudios Gubernamentales y Sociales

PL 1107: El problema del proyecto de ley es que en su exposición de motivos se ha colocado de forma evidente que esta iniciativa está dirigida contra el Grupo El Comercio. En este caso estaríamos frente a una norma con nombre propio y ello deviene en una infracción constitucional; esto al margen de que se pueda estar de acuerdo o no con la forma en la que se han gestionado los contratos de publicidad estatal en los últimos años.

PL 945: Desde el 2008 ya está prohibida la contratación de personal para puestos de naturaleza permanente bajo la modalidad de locación de servicios. Justamente, con la promulgación del Decreto Legislativo 1057 (régimen CAS) se estableció un marco legal especial para paliar el desorden laboral en el sector público. La propuesta del congresista redunda innecesariamente en una prohibición que data de hace nueve años.

PL 825: El proyecto del congresista Lescano es surrealista desde la forma hasta el fondo. Lescano debe entender que sus facultades constitucionales no le permiten restringir un espacio sin fronteras como el Internet. El proyecto de norma tiene inconsistencias de fondo, pues en primer lugar no ha aportado ninguna prueba científica que sustente su argumentación.

Ilustración: Víctor Aguilar

8/05/2017

• Por el presidente de Proética, Jorge Medina
• Publicado en el diario El Comercio

Nada desalienta más la inversión y la generación de empleo que la corrupción. Operar en un mercado en donde existe soborno, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada, concertación de precios, evasión fiscal, lavado de activos y obstrucción de la justicia, entre otras formas de corrupción, no solo crea distorsiones y aumenta el costo de hacer negocios, sino que también atenta contra la democracia y la gobernabilidad. Una empresa industrial, constructora o pesquera que soborna, no está en el negocio industrial, de construcción o de pesca: ¡está en el negocio de la corrupción!

¿Y a quién corresponde poner el tema anticorrupción en la agenda empresarial? Al directorio. Es este colegiado quien debe asumir la transparencia y la anticorrupción como requisito básico del buen gobierno corporativo (BGC). De allí la importancia que tienen los llamados programas de prevención y cumplimiento anticorrupción (PPCAC) para los directorios hoy en día, no solo porque la reciente regulación sobre la responsabilidad autónoma para personas jurídicas aconseja implementar este mecanismo como vía de exoneración penal, sino también porque es una buena manera de que el sector privado sea un verdadero agente de cambio. Tengamos en cuenta que, a decir de algunos analistas, el efecto del fenómeno Lava Jato le podría costar al país 1% de menor crecimiento del PBI este año.

¿QUÉ ES UN PPCAC?

Es un conjunto de políticas, estrategias y procedimientos que brindan seguridad razonable de que todo riesgo importante de corrupción será prevenido, y –de ocurrir– detectado y remediado oportuna y eficazmente.

¿Qué incluye un buen PPCAC? La comunicación y capacitación a empleados y directivos –también a distribuidores, contratistas, agentes e intermediarios de la empresa– para enfrentar dilemas éticos. Asimismo, procedimientos de investigación independiente, revisión de pagos especiales, pruebas anticorrupción a proveedores, canales de denuncia y políticas de protección al denunciante, y un monitoreo eficaz de la gestión de intereses. Además, políticas sobre contribuciones políticas.

FACTORES DE ÉXITO

1) ‘Tone at the top’: cuando la alta dirección se compromete y da el ejemplo, cuando se involucra en definir el alcance y extensión del PPCAC, cuando asigna los recursos suficientes y establece las responsabilidades sobre su ejecución y supervisión, se configura un verdadero ‘tone at the top’.

2) ‘Risk assessment’: estos programas deben ser el resultado de una evaluación especial de los riesgos de corrupción, pues difieren según el tamaño, sector, estructura y modelo de negocios de cada empresa. No existen programas ‘talla única’. La evaluación ad hoc permite identificar los riesgos y asignarles prioridad para definir el enfoque a seguir, incluyendo los riesgos legales y de reputación.

3) Ejecución y monitoreo: es responsabilidad del directorio cerciorarse de la adecuada ejecución y funcionamiento del PPCAC.

4) Revisión independiente: una manera eficaz mediante la cual el directorio puede evaluar la idoneidad del programa y tomar las acciones correctivas para mejorarlo es por medio de un examen experto e independiente.

5) Publicar los resultados: las empresas deberían informar a sus stakeholders –cualitativa y cuantitativamente– sobre los resultados alcanzados en sus PPCAC, incluyendo el dictamen de la revisión independiente antes señalada. Divulgar resultados e indicadores específicos es la mejor manera de rendir cuentas en materia de transparencia y la demostración más clara de que el principio de tolerancia cero a la corrupción es una realidad en la empresa.

Ilustración: Jean Izquierdo

Puede descargar el artículo a través de Scribd aquí.

8/05/2017

Compartimos el siguiente pronunciamiento del equipo de “Voluntarios Proética” que exhorta al Congreso de la República a una reforma electoral que permita contar con autoridades idóneas que hagan posible el progreso de millones de peruanos y mejore el ejercicio de la política para lograr un país libre de corrupción.

Este pronunciamiento ha sido suscrito por ciudadanos de diversos frentes y que juntos demandan la aprobación de las medidas mencionadas en dicho documento a la brevedad posible, dado que estamos próximos a nuevas elecciones.

Lea el pronunciamiento completo actualizado aquí: