Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, denuncia que en el Congreso de la Republica se ha producido un grave retroceso en la lucha contra la corrupción. En efecto, en un procedimiento silencioso y sin la menor transparencia, se ha procedido a derogar la norma que el gobierno del Presidente Kuczynski aprobó mediante Decreto Legislativo 1341 en enero de este año, estableciendo que los procesos arbitrales en los que participa el Estado deben ser necesariamente institucionales.
(Fuente: La República). Debido al modo como quedaron reducidas a simples amonestaciones las sanciones dadas por el Pleno a tres congresistas cuyos procesos disciplinarios arrojaron indudables responsabilidades, el Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, advirtió que debe modificarse el sistema por el cual los congresistas se fiscalizan a sí mismos.
“Es tiempo de establecer un mecanismo que nos aleje del viejo y negativo ‘otorongo no come otorongo’ y hacer que quienes ventilen y sancionen estos procesos no sean los mismos congresistas. Fórmulas puede haber muchas, lo urgente es discutirlas de una vez y encontrar una que funcione. Un Congreso desprestigiado no es bueno para el país ni para la democracia”, apuntó.
Los congresistas Clayton Galván y Yesenia Ponce de Fuerza Popular, y Elías Rodríguez, del APRA, fueron solo amonestados en la sesión del Pleno del Congreso del miércoles 10, pese a que la comisión de Ética había planteado sanciones de suspensión hasta por 90 días para el primero, 120 días para la segunda y 30 días para el último.
El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, advirtió que continúa incrementándose el descrédito del Congreso de la República y la enorme desconfianza ciudadana en esta institución, tras la manera como quedaron reducidas a simples amonestaciones, las sanciones dadas por el Pleno a tres congresistas cuyos procesos disciplinarios arrojaron indudables responsabilidades.
En referencia a tales amonestaciones, aplicadas a los congresistas Clayton Galván y Yesenia Ponce de Fuerza Popular, y Elías Rodríguez del APRA, en la sesión del Pleno del Congreso del miércoles pasado, recordó que las propuestas alcanzadas por la Comisión de Ética había planteado sanciones de suspensión hasta por 90 días para el primero, 120 días para la segunda, y 30 días para el último.
“El resultado fue pues deplorable y debe dar lugar a una profunda revisión en lo que se refiere al control disciplinario de los congresistas, hecho por otros congresistas”, dijo Albán en la última edición de La Voz de Proética.
En el caso de la parlamentaria, Yesenia Ponce, indicó que precisamente Proética había presentado directamente la denuncia ante la Comisión de Ética, en octubre del año 2016, recalcando que la falta cometida por la citada legisladora, había sido no solamente grave, sino que había quedado plenamente registrada en una grabación de la sesión del Consejo Regional de Áncash que se había celebrado días antes.
“Actuando prepotentemente y asumiendo un rol absolutamente ajeno a su función congresal, logró imponerse para impedir que pueda revisar un sospechoso acuerdo de ese consejo, adoptado en una sesión anterior. De esa manera, se consumó un oscuro procedimiento tendiente a legitimar un probable tráfico de terrenos, perjudicando el proyecto de irrigación de Chinecas, de interés para toda la población de Áncash”, señaló.
Asimismo, Albán lamentó que el presidente de la Comisión de Ética, Segundo Tapia, no hiciera respetar el dictamen de dicha Comisión. Por ello, propuso que se revisara el régimen disciplinario de los parlamentarios así como regular en paralelo sus eventuales conflictos de interés.
“Es tiempo también de establecer un mecanismo que nos aleje del viejo y negativo dicho que dice “otorongo no come otorongo” y hacer que quienes ventilen y sancionen estos procesos, no sean los mismos congresistas. Fórmulas pueden haber muchas, lo urgente es discutirlas de una vez y encontrar una que funcione. Un Congreso desprestigiado no es bueno para el país ni para la democracia, pero toca a los propios congresistas tomar la iniciativa para cambiar esta lamentable situación”, finalizó.
(Fuente: La República). Proética informó que la queja presentada ante el Órgano de Control de la Magistratura (OCMA) contra el Juez de Paz Letrado de Sullana, Juan José Albán Parra, se debe a que esta autoridad anuló y archivó de forma irregular el procedimiento sancionador que seguía la Contraloría General de la República a un grupo de funcionarios del Comité de Administración de Fondo Educativo del Callao (CAFED).
Dichos funcionarios, que ya habían sido sancionados con la inhabilitación para el ejercicio de la función pública, estaban acusados de simular la contratación de servicios de capacitación de docentes por más de 6 millones de soles entre los años 2011 y 2012.
Proética señaló que el Juez Albán Parra admitió de manera irregular y se pronunció a favor del hábeas corpus planteado por el ex asesor jurídico del CAFED, Luis José Calderón Vargas, y con ello limitó las funciones de la Contraloría infringiendo la Ley 29277 referida a la Carrera Judicial.
El Director Ejecutivo Adjunto de Proética, Samuel Rotta, invocó al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría a no amilanarse ante este tipo de acciones que intentan limitar su potestad sancionadora y su autonomía.
Proética ha presentado formalmente ante el Órgano de Control de la Magistratura (OCMA) una queja contra el Juez de Paz Letrado de Sullana, Juan José Albán Parra, por anular y archivar de forma irregular el procedimiento sancionador que seguía la Contraloría General de la República a un grupo de funcionarios del Comité de Administración de Fondo Educativo del Callao (CAFED), una entidad del Gobierno Regional del Callao, acusados de simular la contratación de servicios de capacitación de docentes por más de 6 millones de soles entre los años 2011 y 2012. Cabe señalar que estos funcionarios ya habían sido sancionados con la inhabilitación para el ejercicio de la función pública.
El motivo de la queja presentada por nuestra institución es porque el juez, asumiendo competencias que no le correspondían, admitió de manera irregular y se pronunció a favor del hábeas corpus planteado por el ex asesor jurídico del CAFED, Luis José Calderón Vargas, y de esta manera, limitó las funciones de la Contraloría incurriendo así en faltas muy graves por haber infringido el artículo 34, numeral 1 y18 de la Ley N° 29277, Ley de la Carrera Judicial.
En la penúltima edición de nuestro editorial “La Voz de Proética”, el Director Ejecutivo Adjunto de nuestra institución, Samuel Rotta, señaló que “lo peor es que este juez no solamente ha beneficiado con su sentencia al funcionario sino que ha extendido sus efectos en favor de los otros funcionarios públicos sancionados que laboraron en el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao”.
Por ello, Rotta invocó al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría no amilanarse ante este tipo de acciones que intentan limitar su potestad sancionadora y autonomía.
(Fuente: El Comercio). El regidor de la Municipalidad de Lima Hernán Núñez confirmó que ya se lograron reunir más de 25 mil firmas para que el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, responda ante la ciudadanía unas 108 preguntas sobre las obras de su gestión.
En diálogo con El Comercio, el concejal, uno de los promotores de la campaña ‘Habla Castañeda’, explicó que ahora toca digitalizar las firmas para presentarlas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y que este las traslade a Reniec a fin de que las valide.
Núñez detalló que dentro de las 108 preguntas hay temas referidos al transporte público, obras no realizadas, costos del by pass de la avenida 28 de Julio y el puente Bella Unión, trabajos en los parques zonales, entre otros.
Una vez que Reniec valide las firmas, Luis Castañeda Lossio tiene 60 días para responder el cuestionario. El regidor de oposición dijo que la norma establece que la autoridad edil debe responder a través de la página web de la Municipalidad de Lima, sin embargo, remarcó que, por una cuestión de transparencia, debe hacerlo en un cabildo abierto.
El concejal dijo esperar que el burgomaestre explique las preguntas con un sustento técnico adecuado. En caso Castañeda se niegue a responder, advirtió que podría ser denunciado penalmente.
Este 11 de mayo, fue recibido por el Presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, el parlamentario Miki Torres, el pronunciamiento del equipo de “Voluntarios Proética” que exhorta al Legislativo a aprobar una reforma electoral que permita contar con autoridades idóneas que hagan posible el progreso de millones de peruanos y mejore el ejercicio de la política para lograr un país libre de corrupción.
Este pronunciamiento ha sido suscrito por ciudadanos de diversos frentes y que juntos demandan la aprobación de las medidas mencionadas en dicho documento a la brevedad posible, dado que estamos próximos a nuevas elecciones.
(Fuente: La República). La amonestación a la parlamentaria de Fuerza Popular, Yesenia Ponce, por parte del Pleno del Congreso sigue cosechando críticas. Así, Proética consideró como insuficiente la medida adoptada contra la legisladora por interrumpir prepotentemente en una sesión del Gobierno Regional de Áncash en octubre del año pasado.
A través de un comunicado en su web, el organismo criticó la labor de la Comisión de Ética, esto luego de que su presidente, Segundo Tapia, presentó un informe final en el que varió la suspensión a Ponce a tan solo una amonestación escrita.
Proética recuerda que había presentado una denuncia contra la citada congresista ante la Comisión de Ética del Congreso, donde se decidió iniciar una investigación y, finalmente, recomendar al Pleno sancionar dicha conducta, claramente vulneratoria de la ley y el Código de Ética Parlamentaria.
Cabe señalar que en esa misma denuncia Proética indicó que la gravedad del accionar de Ponce en la sesión del Consejo regional de Ancash fue determinante para que finalmente se modificara la votación del pedido de reconsideración que se había discutido formulado en ese momento del acuerdo del Consejo Regional que autorizó la transferencia de 1041 hectáreas de terreno del Proyecto Especial Chinecas a la Superintendencia de Bienes Nacionales para ser destinados a viviendas tal como lo resaltaron algunos congresistas durante el debate.
