Las personas defensoras de derechos humanos son aquellas personas naturales, que actúa de forma individual o como integrante de un colectivo, grupo étnico-cultural, organización, entidad pública o privado; así como también personas jurídicas cuyas actividades se centra en la promoción, protección o defensa de derechos humanos de manera pacífica. En ese sentido, esta definición, incluye a los pueblos indígenas y sus integrantes, quienes, por defender sus territorios y recursos naturales mediante denuncias públicas y mediáticas, son objeto de ataques, amenazas y asesinatos.
Los asesinatos y amenazas cometidos contra estos defensores ambientales indígenas no constituyen hechos aislados, sino que grafican claramente que existe una impunidad estructural que garantiza la repetición de estos actos con el consentimiento y complicidad del Estado.
“Entre los años 2020 y 2024, 28 personas defensoras fueron asesinadas en contextos de defensa de derechos humanos. 10 fueron asesinadas durante el 2020, 6 en el 2021 , 5 en el 2022, 4 en 2023 y 3 en 2024. De ese total, la mayoría de los incidentes ocurrió en la Amazonía, con mayor porcentaje de letalidad en las regiones de Huánuco, Pasco, Junín, Ucayali, Loreto, Madre de Dios, Piura y Lambayeque. Entre estas cifras se encuentran los casos de asesinato y desaparición de líderes y lideresas indígenas como Arbildo Meléndez Grández, Gonzalo Pío Flores, Estela Casanto Mauricio, Mario Marco López Huanca, Lucio Pascual Yamanga, Jesús Berti Antaihua Quispe, Nusat Parisada Benavides de la Cruz, Quinto Inuma, Mariano Isacama, entre otras personas defensoras.”
La corrupción facilita la criminalidad organizada en actividades como la tala ilegal, la minería ilegal y el narcotráfico al debilitar las instituciones encargadas de fiscalizar y sancionar estos delitos, trayendo como resultados graves hechos de violaciones de derechos humanos para los defensores ambientales y anticorrupción.
“Ante esta situación alarmante, en abril del 2021 el Estado creó el Mecanismo Intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos. No obstante, , este no ha logrado convertirse en una herramienta preventiva, debido a la existencia de un Estado fragmentado que tiene una severa deficiencia en la articulación de acciones consistentes entre sus diferentes niveles y sectores. Es así, que la implementación de esta herramienta tiene poca trascendencia en afrontar la situación de asesinatos y violencia contra defensores indígenas, lo cual sigue asegurando un contexto favorable para la impunidad de actos de corrupción y de los grupos de economías legales e ilegales vinculados a este contexto de violencia.” (Fuente: Balance del Mecanismo Intersectorial elaborado por Proética e IDL).
