Portal de vigilancia ciudadana a los acuerdo del Consejo Directivo del SERFOR

El Consejo Directivo es el máximo órgano del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestres (SERFOR), el cual se instaló el 06 de octubre del 2017 y participan representantes del gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, comunidades nativas, comunidades campesinas, sector privado y organizaciones de sociedad civil. Desde entonces vienen efectuando distintas sesiones en las que toman acuerdos sobre la gestión institucional del SERFOR; además, realizan el concurso público para la selección de su director ejecutivo. Por este motivo, es necesario transparentar los acuerdos y debates que se realizan al interior del mencionado Consejo Directivo, para que la ciudadanía y actores con competencias del sector forestal y de fauna silvestre, puedan estar vigilantes y exigir rendición de cuentas. 

Es importante mencionar que no existe un portal web del Estado que transparente la información actualizada de la toma de decisiones de este Consejo Directivo. Asimismo, la totalidad de las actas publicadas en nuestro portal web fueron obtenidas mediante Solicitudes de Acceso a la Información Pública (SAIP) realizadas al SERFOR. 

¿Qué es el SERFOR?

Es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR) y se constituye en su autoridad técnico-normativa a nivel nacional, encargada de dictar las normas y establecer los procedimientos relacionados a la gestión forestal y de fauna silvestre. El SERFOR es una entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

El Consejo Directivo del SERFOR, sus funciones y miembros

Acuerdos de las sesiones del Consejo Directivo del SERFOR

Revisa cuáles fueron los temas discutidos y acuerdos aprobados en las sesiones del Consejo Directivo del SERFOR: 

Contra la degradación de la institución presidencial

Desde que las investigaciones por corrupción contra el presidente de la República, Pedro Castillo, empezaron a cobrar más consistencia, este ha tomado una serie de decisiones que apuntan a obstruir la acción de la justicia y además agravan el daño a la institución presidencial, que ya venía debilitándose a lo largo de los años:

  • Anoche se removió sin ninguna explicación al ministro del Interior nombrado dos semanas atrás, Mariano González, quien había organizado un equipo policial de alto perfil para apoyar las pesquisas dirigidas por la Fiscalía de la Nación en las investigaciones al presidente Castillo y su entorno.
  • En enero se había removido ilegalmente al procurador general del Estado, Daniel Soria, que denunció al presidente y preparaba una solicitud para que la entonces Fiscal de la Nación deje sin efecto la suspensión de la investigación al presidente Castillo.
  • En junio se conocieron preocupantes señales de que la procuradora designada por el gobierno, María Caruajulca, actuaba en función del interés del presidente investigado, en vez de los intereses del Estado peruano.
  • A inicios de julio se presentó ante el Congreso un proyecto de ley para criminalizar la publicación de información de interés público sobre investigaciones en curso, coincidiendo con una propuesta similar ya avanzada en el Legislativo.

Todo esto, sumado a su recurrente falta de transparencia, afecta el sentido de ética pública que debe orientar la actuación presidencial y constituye una seria amenaza al Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción. Por ello, consideramos necesaria la salida, por vías constitucionales, del presidente de la República y el adelanto inmediato de las elecciones generales, como parte de una respuesta que enfrente los problemas de una crisis estructural.

Es necesario que líderes políticos junto con la ciudadanía comprometida con la democracia entendamos la gravedad de la degradación de la primera magistratura de la Nación y asumamos una defensa aún más decidida de las instituciones y de los valores que sostienen a nuestra bicentenaria, pero frágil, república, que estamos obligados a preservar.

Lima, 20 de julio de 2022

Proética y el Instituto de Defensa Legal presentan balance sobre el funcionamiento del mecanismo de protección a defensores indígenas de derechos humanos

En una alianza colaborativa, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, presentaron este viernes 8 de julio de 2022 el informe: “Mecanismo en emergencia. Balance del primer año de funcionamiento del “Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos” en los pueblos indígenas de la Amazonía peruana”.

Este evento contó con la participación del director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta; la directora del Programa Gobernanza Ambiental de Proética, Magaly Avila y representantes de organizaciones de sociedad civil.

La presentación de los hallazgos y resultados del informe estuvo a cargo del especialista legal del Programa Gobernanza Ambiental de Proética, Francisco Rivasplata y del especialista legal del IDL, Álvaro Másquez. Este informe se elaboró con base en información oficial obtenida de ocho sectores del Poder Ejecutivo vinculados al Mecanismo Intersectorial y que son responsables de su implementación.

Según el informe “Mecanismo en emergencia”, que cubre el periodo abril 2020 -abril 2022, la violencia cobró 22 víctimas mortales en todo el territorio nacional, cifra que incluye 19 indígenas y 20 ataques en regiones amazónicas. Esto evidencia un escenario institucional desalentador en materia de prevención, protección y acceso a la justicia de las personas defensoras, especialmente indígenas.

También señala el informe que los organismos responsables del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos no han implementado protocolos o lineamientos internos lo que no permite cumplir con los plazos de atención a casos urgentes que establece la propia herramienta. Tampoco verificaron si las autoridades policiales se encargaron de elaborar los planes de seguimiento de las medidas adoptadas a favor de personas defensoras. Esta falta de compromiso pone en continuo riesgo a las y los defensores indígenas.

Ante esta situación, la directora del Programa Gobernanza Ambiental de Proética, Magaly Avila, señaló que “el Mecanismo Intersectorial es un importante avance en materia de protección de defensores, sin embargo, se requiere un grado mayor de articulación y seguimiento de los acuerdos, y responsabilidades de los demás sectores que lo conforman. Los crímenes ambientales se han reconfigurado de manera agresiva y alarmante. Si el Estado sigue sin trabajar la prevención, seguiremos viendo cada vez a mayor escala violaciones de derechos humanos a defensores indígenas”.

Descarga el informe “Mecanismo de emergencia” aquí.