Artículo sobre los resultados de IX Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción 2015 publicado por la revista “La Cámara” de la Cámara de Comercio de Lima.
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98% de los peruanos cree que la corrupción perjudica al desarrollo empresarial by Proética on Scribd
(Fuente:La República/ Por Ricardo Uceda) Hace pocos días fue presentada, con los comentarios de un panel de expertos, la Encuesta Nacional sobre Corrupción 2015, que Ipsos prepara hace nueve años para Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional. En cierto sentido, los resultados podían preverse. Permiten concluir que la gente percibe que hay mucha corrupción y que aprendió a vivir con ella, al punto que apoyaría políticamente al que roba y hace obra. Este extremo es el que siempre llama la atención, aunque a estas alturas ya no es novedad.
¿Qué es lo nuevo este año? Que muy pocos esperan que el problema se resuelva.
LA PEOR NOTICIA
Al presentar la encuesta en la Universidad del Pacífico, el presidente de Ipsos, Alfredo Torres, confirmó que la corrupción es el segundo mayor problema del país. Desde hace varios años el primero es la inseguridad. Los encuestados no vacilan, sin embargo, en señalar a la corrupción como la principal dolencia del Estado. Es percibida como una mancha creciente en las entidades públicas. Por otra parte, solo los medios de comunicación y la Defensoría del Pueblo tienen nota aprobatoria como instituciones que luchan contra la corrupción. Los partidos políticos son los peor calificados respecto de esa tarea. Le siguen, en orden de deméritos, el Congreso, el gobierno central, la policía, los gobiernos regionales, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y la Contraloría.
Quizá la peor noticia es que una mayoría absoluta cree que el problema empeorará en los próximos cinco años. Del nuevo gobierno no se espera una solución. El motivo de la desesperanza, según la encuesta, son los acuerdos que habría entre los corruptos y quienes están llamados a combatirlos. “Todos están amarrados”, responden los consultados. Es la frase que resume la consulta.
RESPUESTA SORPRESA
Como queriendo confirmar las suspicacias, los candidatos a la Presidencia de la República ignoraron el problema en sus presentaciones en el CADE. Y eso que el auditorio era más que propicio. Jorge Medina, quien fuera CEO de EY en el Perú antes de presidir Proética, dio a conocer en la Universidad del Pacífico los resultados de otra encuesta hecha por Ipsos a los participantes de esta reunión empresarial durante la primera semana de diciembre. Era sobre lo más importante que hizo o dejó de hacer el gobierno. El 83% de los entrevistados dijo que no se había avanzado o se había retrocedido en el combate a la corrupción. En otra respuesta, más del 50% sostuvo que esta labor debía ser una de las cinco prioridades del próximo presidente.
Medina dijo que lo que más llamó la atención fue la respuesta colectiva de los empresarios cuando les preguntaron qué medidas tendrían mayor impacto en la reactivación de la inversión privada. La respuesta mayoritaria no fue “destrabar la inversión minera” ni “impulsar proyectos de inversión” ni “flexibilizar el mercado laboral”. Fue “combatir eficientemente la corrupción”. Por otra parte, la honestidad era una de las tres cualidades más importantes que debería exhibir el próximo presidente, junto con liderazgo y visión de futuro. ¿Por qué, entonces, la falta de propuestas?
NO SE PUEDE
Cynthia Sanborn, vicerrectora de la Universidad del Pacífico, una de las comentaristas de la encuesta, recordó que varios candidatos tenían acusaciones por corrupción. El economista Ricardo Lago, otro de los panelistas, sacó un argumento descarnado. Dijo que la corrupción del Perú es sistémica, y por lo mismo muy difícil de cambiar por dentro.
—Sería como buscar una aguja en un pajar. Si tratas de hacerlo, el sistema te margina. Una maraña de intereses: los partidos, las empresas, los lobbies, los sindicatos.
Con encuestas o sin ellas, se sabe lo que hay que solucionar, por ejemplo erradicar la corrupción en el Poder Judicial, el Congreso y la Policía Nacional. Son las tres más corruptas, de acuerdo con los encuestados. Con excepción de la policía, ninguna de ellas puede ser intervenida desde el gobierno, porque son autónomas. Pero si hay que creer a Lago, tampoco se podría desde dentro.
TRES EJEMPLOS
Lago sugirió seguir uno de los ejemplos en los que, desde fuera, se intervino en varios frentes de manera concertada y enérgica. Mencionó dos casos, uno de ellos el de Hong Kong, donde en 1974, en un contexto de corrupción generalizada, se creó la Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC). Tenía potestades investigativas, pero no realizaba juzgamientos. Los resultados fueron sobresalientes, aunque varios intentos por imitarla fracasaron por falta de presupuesto o de acción concertada en varios frentes. Quince años después tuvo éxito en Australia otra comisión similar, con potestades dentro del sector público, menos en la policía y el Poder Judicial. Como en Hong Kong, tenía capacidades para realizar campañas preventivas y no obedecía al gobierno. La independencia es fundamental. Hay presidentes que, pensando en sus enemigos, quieren dirigir su propia anticorrupción.
El segundo ejemplo mencionado por Lago es más cercano y resonante: el de la Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Este año desbarató una mafia de contrabando que sobornaba al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes fueron destituidos y son procesados en prisión. “Algo menor, inferior a mil millones de dólares”, dijo Lago. Creada en 2006, inicialmente para investigar violaciones humanitarias durante la lucha contrasubversiva, la CICIG es dirigida por un magistrado extranjero nombrado por las Naciones Unidas. La comisión tiene amplios poderes investigativos pero no reemplaza al Poder Judicial ni al Ministerio Público. Sin embargo, los jueces y fiscales no habrían hecho nada sin ella.
PIDIENDO LO MENOS
En México ya se habla de crear una CICIG. En sus comentarios, el sociólogo Jorge Nieto, que ha ejercido allí varios años, hizo notar que Colombia se ha desembarazado de las mafias y que México podría hacerlo. —¿Y entonces —preguntó— a qué país vendrían con fuerza? Al más amable para ellos: el Perú.
Apoyando la idea de Lago, otro economista, Juan Mendoza, ha propuesto que se cree una fiscalía especial anticorrupción, integrada por magistrados extranjeros nombrados por las Naciones Unidas. Así, como en el caso de la CICIG, el organismo no estaría violentando la estructura del sistema judicial sino incrustado en el mismo. Pero es muy difícil que un candidato acepte una idea tan audaz, que chocaría contra elementos del sistema pertenecientes a su tienda. Jueces y fiscales comprometidos con la corrupción tampoco la van a aceptar. Pero, visto de otro lado, la recurrencia a una ayuda internacional puede caerle bien al desencantado votante. Un juez extranjero puede dar más confianza que el peruano, como ocurre con el entrenador de la selección de fútbol. Por lo menos sabrá que no estará amarrado con todos.
Fuerza Popular ha encargado el tema a la ex procuradora Yeny Vilcatoma, quien antes de ser expectorada de su puesto por el gobierno tuvo destacada gestión en las fiscalías de Áncash y Loreto. Vilcatoma ha planteado un procurador anticorrupción independiente, nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Pero quién descontaminará al CNM? Las candidaturas principales están obligadas a presentar una propuesta seria y coherente para salir del atolladero. En ese empeño anda Jorge Medina, quien los invitará a una sesión pública en la que se vería quién canta más bonito.
Ante ayer se celebró el Día internacional contra la corrupción, fecha oportuna para presentar los resultados de la novena encuesta nacional anticorrupción, realizada por Ipsos para Proética. Como cada dos años, este sondeo nos enfrenta con una realidad alarmante y que lejos de mejorar, pareciera que se agravara con los años. Para los entrevistados, la principal dificultad del Estado es la corrupción de funcionarios y autoridades, problema que se ubica en primer lugar hace diez años. ¿Algo ha cambiado? Para cuatro de cada cinco ciudadanos, la corrupción ha aumentado en los últimos cinco años y un poco más de la mitad afirma que seguirá igual en el siguiente quinquenio. La desesperanza se ha instalado y una de las razones podría deberse a que para la mitad de los entrevistados, la corrupción no se sanciona porque “todos están amarrados”. En esa misma línea, las instituciones que deberían combatir la corrupción, son percibidas como las más corruptas: el Poder Judicial, el Congreso de la República y la Policía Nacional son las que ocupan los tres primeros lugares.
La corrupción ha calado profundamente en nuestra sociedad y se ha convertido, como mencionaba Ricardo Lago, en la presentación de resultados, en un problema sistémico. Está en todas partes, ya no solo es un asunto de jueces, policías o empresarios; todos los ciudadanos la padecemos, somos víctimas de la corrupción y por qué no, podemos ser (o somos) cómplices también. La corrupción deja una huella devastadora en el desarrollo político y económico del país y tiene además un costo altísimo, que obviamente pagamos todos los peruanos. Según datos expuestos en la V Conferencia Anual Anticorrupción Internacional celebrada el año pasado, la corrupción le cuesta al país entre el 2% y el 5% del PBI. Para tener una idea, esta cifra es equivalente, más o menos, al presupuesto que se le asigna anualmente al Ministerio de Educación.
¿Qué podemos hacer para combatir un problema tan grave como este? La semana pasada durante la Conferencia Anual de Ejecutivos – CADE 2015, Moisés Naim estuvo a cargo de cerrar la primera jornada y lo hizo dejándole una tarea al próximo gobierno: “Disminuir la impunidad con la que se roba en el sistema judicial y concentrarse en eso. Esa ya es una tarea suficientemente grande”. Si bien, se trata de una postura que puede generar algunas discrepancias, puesto que la experiencia internacional nos ha dado muestras de que hay países con sistemas de justicia que funcionan decentemente y aun así, han sido presas de corrupción. Considero que para el Perú la lucha contra la corrupción sí debe ser una prioridad, incluso por encima de otras trabas igual de graves como la inseguridad ciudadana o el estancamiento económico La principal razón es que todos estos problemas están claramente vinculados, con corrupción de por medio, no se les puede resolver.
En ese sentido, el desánimo actual no solo viene de parte de la opinión pública, sino también de parte del sector empresarial. En la encuesta que Ipsos aplicó a los asistentes a CADE, preguntamos ¿qué tanto ha avanzado el actual gobierno en materia de lucha contra la corrupción? Casi la totalidad de entrevistados, consideró que los avances han sido mínimos o que incluso se ha retrocedido. En este escenario, la preocupación por disminuir la corrupción cobra mayor relevancia y los empresarios parecen estar tomando conciencia de ello. Así lo demuestran algunas otras respuestas obtenidas en la misma encuesta, ante la pregunta de qué medidas tendrían un mayor impacto para reactivar la inversión privada; en primer lugar se nombró combatir la corrupción. Como mencionaba Alfredo Torres: “Los empresarios no piden reducción de impuestos o facilidades especiales. Piden menos corrupción. Las empresas –como las personas– están hartas de padecerla”. La tarea entonces, como afirmaba Naim, es adecentar el Poder Judicial y disminuir la impunidad con la que se roba.
La encuesta anticorrupción nos da algunas luces para creer que algo está mejorando. En esta medición el porcentaje de entrevistados a quienes les solicitaron alguna coima y no dio, ha subido ligeramente. Lo mismo la proporción de quienes denunciaron este hecho, siendo mayor entre los limeños. Además, el rechazo hacia los funcionarios que favorecen a parientes o amigos también se ha incrementado en comparación a hace dos años. El estudio de Proética nos da cierta esperanza de que un avance en esta materia, aunque sea leve, es posible. Asimismo, nos invita a pensar que ya es momento de hacer frente a este problema que nos concierne y nos aqueja a todos, porque por lo menos yo, no quiero seguir cantando “Las torres” por 25 años más.
El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, comentó recientemente los resultados que arrojó nuestra IX Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2015.
Al respecto, advirtió que se mantienen las tendencias centrales con relación a las anteriores consultas, pero el problema no solamente ha aumentado, sino que la manera en la que se viene extendiendo, con los recursos provenientes de la economía ilegal, lo hacen todavía más preocupante, toda vez que incide directamente en afectar nuestra ya débil institucionalidad.
“En este momento se hace evidente el grado de penetración de la criminalidad, a partir de dinero mal habido que reciben las organizaciones políticas y, a través de ellas, comienza a penetrar al aparato del Estado”, indicó Albán en la última edición de La Voz de Proética.
Precisó que ya no solo se trata de un problema de debilitamiento sino de una grave descomposición institucional. “4 de cada 5 peruanos se dan cuenta de esta situación y señalan entonces cómo la corrupción está corroyendo las débiles estructuras del aparato estatal en el Perú”.
Por otro lado, Albán resaltó que se hace cada vez más evidente para la opinión pública de que hay un vínculo directo entre corrupción y criminalidad.
“La criminalidad y la inseguridad ciudadana ha crecido en la medida que ha crecido la economía ilegal del narcotráfico, de la trata de personas, de la minería ilegal y del lavado de activos. Esa ilegalidad económica dota de enormes recursos a organizaciones criminales que, con la debilidad de los partidos y las instituciones del Estado, está penetrándolo todo”, manifestó.
Ante esta realidad, pidió a los ciudadanos reaccionar porque “es muy preocupante que siga siendo tan alta la tolerancia a la corrupción en el país”.
Sobre este hecho, recordó que los panelistas que participaron en la presentación de la IX Encuesta Nacional sobre percepciones de la Corrupción dijeron que no solo se trata de un tema de resignación o incluso hasta de cierta complicidad, sino que se trataría de una suerte de pragmatismo por parte de la ciudadanía, en vista de que la oferta por el lado político es poco confiable.
“La gente tiende optar por aquello que considera que le hará menos daño, en otras palabras, otra vez regresamos a este lamentable dicho: ‘roba pero hace obras’”, comentó.
Finalmente, Albán aseguró que en situaciones de esta naturaleza, la movilización ciudadana articulada puede dar buen resultado, como lo hace evidente experiencias de otros países se la región, como Guatemala, Brasil o Chile.
“Tenemos que recuperar la indignación frente a lo que viene ocurriendo en el país y esa indignación nos debe conducir a una tarea indesmayable y sostenida para encontrarnos en situación de revertir este fenómeno tan grave, que origina tanto daño y afectación a los derechos ciudadanos”, finalizó.
Fecha de publicación: 14 de diciembre de 2015
(Fuente: El Comercio/Por Gino Costa) Para los peruanos la corrupción es el segundo problema más importante después de la delincuencia. No es novedad, es el caso desde el 2010. Durante la década pasada los problemas más importantes fueron el desempleo y la pobreza, cuyo peso relativo se redujo gracias al crecimiento económico. Curiosamente el estancamiento de los últimos años no ha trastocado esta tendencia, pues el desempleo y la pobreza siguieron perdiendo importancia en la medida en que la han ganado la delincuencia y la corrupción.
Así lo demuestra la novena encuesta nacional de Proética, publicada la semana pasada. La misma confirma una notoria percepción de deterioro en esta materia y un gran pesimismo frente a la posibilidad de superar este problema, lo que es grave no solo por el daño que la corrupción hace al patrimonio de los ciudadanos, las familias y las empresas, y el descrédito que causa en las instituciones, sino por las implicancias que tiene frente al progreso económico y la seguridad ciudadana.
La encuesta de Ipsos a los asistentes a CADE da luces sobre esto. En efecto, los empresarios opinaron que, por lejos, la medida de mayor impacto para reactivar la inversión privada, imprescindible para retomar el crecimiento, es combatir la corrupción. Preguntados sobre cuáles serían las medidas más importantes para disminuir la inseguridad, respondieron mayoritariamente que combatiendo la corrupción en el sistema judicial y la policía.
Si tanto la opinión pública como los empresarios concuerdan en la importancia de combatir la corrupción, ¿por qué tenemos tan poco éxito en hacerlo? La misma encuesta de Proética nos lo responde. El 82% de los encuestados considera que el crimen organizado está muy infiltrado en la política, especialmente a través del financiamiento de las campañas con dinero ilícito, así como la infiltración de funcionarios en puestos claves y las contrataciones públicas ficticias para lavar dinero.
La única forma de salir de este círculo vicioso es por la vía del voto, eligiendo un presidente sin compromisos con la corrupción y decidido a prevenirla y perseguirla. Ese es el desafío principal, al que, a su manera, contribuyen quienes hacen pedagogía ciudadana como Proética y los medios de comunicación, estos últimos considerados por la opinión pública como la institución más comprometida en la lucha contra la corrupción.
Menos difícil es saber qué hacer para enfrentar el problema, especialmente después de las propuestas hechas por Transparencia y presentadas en CADE, para reformar nuestro sistema institucional –partidos y elecciones, Congreso de la República, sistema de justicia y administración pública–, que aunque tienen como meta mejorar la gobernabilidad democrática, son también valiosas herramientas para acorralar y derrotar la corrupción.
Sería ideal que Transparencia, con la autoridad moral que la caracteriza y que le otorga su distinguida plana de asociados, invitara a los candidatos presidenciales a hacer suyas sus propuestas.
(Fuente: La República) La IX Encuesta Nacional sobre Corrupción 2015, elaborada por Ipsos, por encargo de Proética, que involucra a 1,308 personas de 16 ciudades del país, presentada este semana confirma la presunción de su escalamiento como problema político y de la vida cotidiana y su conversión en un asunto crucial de la agenda pública de cara a las elecciones de abril próximo.
El primer dato grueso es que el 78% de los peruanos cree que la corrupción ha aumentado durante el gobierno de Ollanta Humala. Esto da cuenta del estallido de ella advertida el año pasado a raíz de sucesos como los de los gobiernos regionales de Ancash, Pasco, Loreto, Huánuco y Tumbes, y los casos que durante los últimos años han sido tramitados en el Congreso y otras instituciones del Estado, referidos a figuras públicas, entre ellas cuatro de los cinco candidatos presidenciales que se ubican en los primeros lugares en la intención de voto.
Este dato debe ser leído junto a otro muy relacionado. El sondeo da cuenta asimismo del pesimismo nacional respecto a la capacidad del Estado de controlar este fenómeno; el 53% opina que la corrupción incrementará en los próximos cinco años, mientras que el 27% señala que seguirá igual, y solo el 7% confía en que disminuirá.
Finalmente, en esa misma línea, el 47% cree que los jueces son los más corruptos por lo que el Poder Judicial es la institución del Estado de la que el ciudadano tiene la más baja percepción de transparencia pública, seguida del Congreso de la República (44%) y la Policía Nacional (42%).
Estos datos, de una batería de preguntas y respuestas más amplia, ponen sobre la mesa la dimensión de un problema complejo, confirmando lo que se sabía o intuía, es decir, la profundidad de un fenómeno que la sociedad identifica como tal con el que convive, al punto que el 46% cree que es el principal problema del país. Lo nuevo de esta medición es la falta de límites del problema o, si se quiere, su probable condición de irresoluble, a tenor de las respuestas señaladas líneas arriba y a otra percepciones como que “todos están amarrados” (53%), que “no se puede confiar en nadie” (39%) o que la política está fuertemente infiltrada por el crimen organizado (82%).
Sería lamentablemente que estas percepciones conduzcan a la adecuación de los ciudadanos a la situación descrita por la falta de seguridad de que es posible derrotar las prácticas corruptas. Si esta idea se generaliza, será muy difícil librar una lucha contra el delito en general y la corrupción en especial desde las instituciones del Estado.
La misma encuesta señala que los medios de comunicación e instituciones como la Defensoría del Pueblo mantienen un nivel de legitimidad que podría ser empleada en las demandas de transparencia pública. Esto es cierto en la medida en que ha sido la prensa la que de revelado buena parte de los casos de corrupción en los últimos años. Aun así, es muy importante que los ciudadanos asuman de modo cotidiano un compromiso contra la corrupción en los ámbitos de su vida privada y en sus relaciones con el Estado porque es preciso resolver este grave problema.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Proética y el Instituto de Defensa Legal, han convocado a un plantón este 15 de diciembre ante la grave situación que atraviesa el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) debido a las denuncias contra sus miembros y los problemas del actual concurso para elegir a los magistrados supremos.
La cita será a las 5:00 p.m. en el frontis del Palacio de Justicia.
(Fuente: Diario Uno) Todos los candidatos que se perfilan en los primeros lugares de las encuestas tienen que responder por algún caso relacionado con la corrupción y es lamentable que la gente se esté acostumbrando a convivir con ella, dijo el exprocurador Julio Arbizu al comentar una reciente encuesta que sostiene que el 78% de los peruanos son tolerantes con la corrupción.
Keiko debería responder acerca del desbalance patrimonial del dinero que utilizó para estudiar en Estados Unidos. Alan García debe responder por los narcoindultos, que va tener una sentencia la próxima semana, entre otros casos. Pedro Pablo Kuczynski, en vez de renunciar a su nacionalidad, debe decir los intereses privados a los que servirá de llegar a la presidencia.
Sobre Acuña, Julio Arbizu consideró que debe aclarar de dónde proviene el dinero con el que fundó las universidades, mientras que Toledo tiene que responder ante la justicia por el caso Ecoteva.
Cuestionó que los candidatos que están en los primeros lugares estén inmersos en denuncias y acusaciones. “Eso tiene como efecto implantar la idea que todos son corruptos y por lo tanto nadie lo es, y entonces eso queda fuera del debate. El factor de la honradez, la honestidad deja de ser una exigencia a los candidatos, eso es lo más nocivo”, señaló.
LOS CANDIDATOS El presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, consideró que hasta el momento los candidatos han mostrado una “orfandad” de propuestas en cuanto a la lucha contra la corrupción.
“Ninguno de los candidatos ha ofrecido una plataforma de ideas claras, de propuestas concretas para enfrentar la corrupción. En Cade todos hicieron referencias tangenciales y creo que eso evidencia una orfandad de ideas y de trabajo de los partidos para enfrentar este problema”, comentó.
El exprocurador anticorrupción, sostuvo que le llamó la atención que la candidata de Fuerza Social, Keiko Fujimori, afirme que el gobierno de su padre Alberto Fujimori fue “atacado por la corrupción”, pero no haya hecho un deslinde con la minería ilegal, cuando esta tiene vinculación con la corrupción y el crimen organizado.
CERO PROPUESTAS Aseguró que hubo generalidades en las propuestas del expresidente Alan García, candidato del Apra. “Decir que la democracia es la mejor respuesta para la corrupción es una afirmación vacía de contenido y que no aporta nada”, refirió.
Sobre Pedro Pablo Kuczynski, manifestó que cuando habla sobre la corrupción entra en “generalidades repetidas” y cuestionó la “ausencia de ideas” de César Acuña en esta materia.
“Creer que imponer la muerte civil resolverá los problemas de corrupción en un país con altos niveles de este flagelo es no haber entendido nada y no tener una propuesta concreta”, dijo sobre Acuña.
ADEMÁS De acuerdo a una encuesta elaborada por Ipsos Perú por encargo de Proética, 72% de la población peruana tiene una tolerancia media hacia la corrupción y un 6% muestra tolerancia alta. De la suma resulta que 78% de peruanos tolera vivir con la corrupción, que es el segundo problema que afecta al país con 46%, después de la delincuencia, que tiene 62%.