(Fuente: El Comercio/ Por Eduardo Vega, Defensor del Pueblo)El jueves 10 se presentó la IX Encuesta Nacional sobre Corrupción, de Proética. Siguiendo la tendencia de los últimos sondeos, las cifras son desalentadoras. El 46% considera a la corrupción como uno de los principales problemas del país y el 61%, que la corrupción de funcionarios y autoridades es el principal obstáculo del Estado. El 78% cree que el problema ha aumentado en los últimos cinco años y el 53%, que se incrementará en los siguientes. El Poder Judicial, el Congreso, la Policía Nacional y los partidos siguen siendo considerados los más corruptos y el 85% percibe que los esfuerzos del Gobierno para cambiar esta situación son ineficaces.

El empresariado es también cuestionado. Se lo percibe no solo como víctima sino también como cómplice. Por otro lado, la ciudadanía tiene una alta tolerancia frente a la corrupción cotidiana, la de la coima para evitar multas, la del obsequio para agilizar trámites, la del robo de servicios públicos.

No todo es gris. Casi la mitad de los encuestados está totalmente en desacuerdo con la idea de que sea necesario algo de corrupción para poder promover el crecimiento económico y el desarrollo, así como para facilitar trámites y procedimientos en las instituciones públicas. Otro 30% señala que está “algo en desacuerdo” con las ideas anteriores.

Las cifras reflejan un panorama realmente difícil para luchar contra la corrupción. El principal problema es la desconfianza ciudadana. La gente confía poco o nada en el prójimo (95%) y en el Estado, y no encuentra razones para hacerlo. La política se percibe infiltrada por el crimen organizado y la transparencia de su financiamiento sigue siendo un punto débil.

La impunidad campea y la voluntad política no se traduce en presupuesto, recursos y acciones efectivas para fortalecer a las instituciones llamadas a enfrentar la corrupción. Las instituciones de control y de persecución están rezagadas en personal y recursos y, ciertas veces, como lo hemos visto en el 2014, algunos de sus agentes se encuentran comprometidos en redes mafiosas. Si a ello le sumamos un ciudadano poco informado y poco proclive a la denuncia (aunque esta cifra ha aumentado al 11%), tenemos un panorama propicio para que la corrupción se instale en nuestro país y afecte gravemente su gobernabilidad.

Frente a ello, es imprescindible que la ciudadanía reaccione decididamente contra la corrupción, especialmente al momento de elegir a sus autoridades, de exigirles que hagan público sus gastos de campaña y quien los financia, así como exigir que los partidos garanticen que sus candidatos no estén vinculados con actividades ilícitas.

Asimismo, debemos hacer un mayor uso de los mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas de nuestras autoridades, denunciándolas cuando corresponda. Tenemos que cambiar radicalmente la cultura de la tolerancia frente a la corrupción. Para ello los medios de comunicación son un aliado fundamental que genera confianza (36%).

Exijamos a los candidatos y a nosotros mismos acciones concretas contra la corrupción. No solo nos jugamos una elección presidencial y congresal sino también la viabilidad del Estado, la democracia y la nación.

Lima, 17 de Diciembre 2015 – Tras dos semanas de negociaciones en París, la Conferencia de las Partes (COP 21) aprobó, el 11 de diciembre el denominado “Acuerdo de París”, un acuerdo vinculante que orientará la lucha contra el cambio climático a nivel global y que entrará en vigor en el 2020.

Del acuerdo se rescata el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” por parte de los 195 países miembros de la convención, y el objetivo de “Mantener el aumento de la temperatura por debajo de 2 ºC y proseguir los esfuerzos para limitar la temperatura a 1,5 ºC”. Sin embargo, hay una dimensión clave que ha quedado pendiente, la transparencia.

Los países miembros de la Convención deberán hacer un balance de sus contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (INDC por sus siglas en inglés) para el 2018 a fin de conocer los avances realizados y a partir del 2020, cada cinco años, se deberán actualizar estas contribuciones. No obstante, el Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París debe aun formular orientaciones para promover la transparencia y el mecanismo de cómo las Partes rendirán cuentas sobre estas INDC´s.

Si bien el acuerdo hace mención a un marco de transparencia que se aplicará “de manera facilitadora, no intrusiva y no punitiva, respetando la soberanía nacional, y evitará imponer una carga indebida a las Partes”, la funcionalidad de este marco es una incógnita.

El financiamiento es también un tema que quedó pendiente. No se dio el monto que se brindará como ayuda a los países en desarrollo, solo se especificó la necesidad de proseguir con los aportes financieros al 2020 y de establecer antes del 2025 “un nuevo objetivo colectivo cuantificado que será como mínimo de 100,000 millones de dólares anuales”. Al igual que en el caso anterior, un mecanismo de rendición de cuentas de los recursos financieros aportados y movilizados está esperando ser elaborado.

La transparencia, en el acuerdo de París, ha quedado en suspenso ya que no se cuenta con un compromiso de acción concreto y efectivo, y preocupa la ausencia de la mención de participación ciudadana en los diferentes procesos de monitoreo y rendición de cuentas. Magaly Avila, especialista de Proética, señaló que “la necesidad de generar mecanismos que viabilicen la participación de una ciudadanía activa así como dispositivos que posibiliten brindar información correcta y oportuna es vital para garantizar un uso eficaz del financiamiento climático. Así mismo se debe impulsar un mecanismo que contemple sanciones a las partes que no cumplan con sus compromisos, una posibilidad puede ser estableciendo criterios para cortar el flujo de fondos climáticos.”

Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de cambio climático, no solo hablamos de una dimensión ambiental, su complejidad e impacto pasa por lo económico, social y cultural, es decir hablamos de desarrollo y en ello radica la importancia del acuerdo.

Puede leer la nota de prensa en versión en inglés:

 

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(Fuente: Chimbote en Línea) El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, comentó recientemente los resultados que arrojó nuestra IX Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2015.

Al respecto, advirtió que se mantienen las tendencias centrales con relación a las anteriores consultas, pero el problema no solamente ha aumentado, sino que la manera en la que se viene extendiendo, con los recursos provenientes de la economía ilegal, lo hacen todavía más preocupante, toda vez que incide directamente en afectar nuestra ya débil institucionalidad.

“En este momento se hace evidente el grado de penetración de la criminalidad, a partir de dinero mal habido que reciben las organizaciones políticas y, a través de ellas, comienza a penetrar al aparato del Estado”, indicó Albán en la última edición de La Voz de Proética.

Precisó que ya no solo se trata de un problema de debilitamiento sino de una grave descomposición institucional. “4 de cada 5 peruanos se dan cuenta de esta situación y señalan entonces cómo la corrupción está corroyendo las débiles estructuras del aparato estatal en el Perú”.

Por otro lado, Albán resaltó que se hace cada vez más evidente para la opinión pública de que hay un vínculo directo entre corrupción y criminalidad.

“La criminalidad y la inseguridad ciudadana ha crecido en la medida que ha crecido la economía ilegal del narcotráfico, de la trata de personas, de la minería ilegal y del lavado de activos. Esa ilegalidad económica dota de enormes recursos a organizaciones criminales que, con la debilidad de los partidos y las instituciones del Estado, está penetrándolo todo”, manifestó.

Ante esta realidad, pidió a los ciudadanos reaccionar porque “es muy preocupante que siga siendo tan alta la tolerancia a la corrupción en el país”.

Sobre este hecho, recordó que los panelistas que participaron en la presentación de la IX Encuesta Nacional sobre percepciones de la Corrupción dijeron que no solo se trata de un tema de resignación o incluso hasta de cierta complicidad, sino que se trataría de una suerte de pragmatismo por parte de la ciudadanía, en vista de que la oferta por el lado político es poco confiable.

“La gente tiende optar por aquello que considera que le hará menos daño, en otras palabras, otra vez regresamos a este lamentable dicho: ‘roba pero hace obras’”, comentó.

Finalmente, Albán aseguró que en situaciones de esta naturaleza, la movilización ciudadana articulada puede dar buen resultado, como lo hace evidente experiencias de otros países se la región, como Guatemala, Brasil o Chile.

“Tenemos que recuperar la indignación frente a lo que viene ocurriendo en el país y esa indignación nos debe conducir a una tarea indesmayable y sostenida para encontrarnos en situación de revertir este fenómeno tan grave, que origina tanto daño y afectación a los derechos ciudadanos”, finalizó.

(Fuente: Gestión) Proética acaba de presentar la novena encuesta nacional sobre corrupción y, lamentablemente, no hubo muchas sorpresas, por lo menos no desde el lado positivo. Si bien la mayoría de encuestados cree que la corrupción es uno de los principales problemas del país, en general los peruanos son tolerantes a ella.

Un dato que poco se ha resaltado es la vinculación entre corrupción y empresas que plantea el sondeo. Un 65% cree que las grandes empresas son las más corruptas. Por otro lado, un 75% considera que los empresarios que pagan coimas son cómplices de quien las pide, un 56% cree que son víctimas y un 52% señala que si los empresarios no pagan coimas no podrían hacer su trabajo.

Esta visión permisiva genera que se mantenga el círculo vicioso de la corrupción, pues mientras haya una persona dispuesta a pagar coimas habrá otra dispuesta a pedirlas. Además, si está actitud es considerada como “necesaria” para poder trabajar no existirá actitud de cambio.

El problema de corrupción es tan fuerte en el país que, si bien en materias como política macroeconómica estamos ubicados muy cerca a los estándares de Chile (según datos del Foro Económico Mundial), en temas como coimas en el sistema judicial, el costo que genera el crimen para las empresas, las coimas para los contratos públicos y en la ética de las empresas estamos muy cerca de Venezuela, es decir, en los últimos lugares del ranking mundial.

Las cifras mostradas por Proética hacen evidente el grado de penetración de la criminalidad, a partir de dinero mal habido que reciben las organizaciones políticas y que, a través de ellas, comienza a penetrar al aparato del Estado. Por ello resultará muy complicado atacar la corrupción desde el interior del Estado. Será necesario mirar las experiencias de otros países como Guatemala o Hong Kong. El costo que la corrupción genera es muy alto para el país, aun cuando la mayoría de la población no sea consciente de ello.

Corresponde a las fuerzas políticas, a las instituciones y empresarios mostrar si realmente están interesados en terminar con esta lacra, que según el 32% de los encuestados por Ipsos en la CADE sería la medida con mayor impacto para reactivar la economía del país.