(Fuente: El Comercio/ Por Eduardo Vega, Defensor del Pueblo)El jueves 10 se presentó la IX Encuesta Nacional sobre Corrupción, de Proética. Siguiendo la tendencia de los últimos sondeos, las cifras son desalentadoras. El 46% considera a la corrupción como uno de los principales problemas del país y el 61%, que la corrupción de funcionarios y autoridades es el principal obstáculo del Estado. El 78% cree que el problema ha aumentado en los últimos cinco años y el 53%, que se incrementará en los siguientes. El Poder Judicial, el Congreso, la Policía Nacional y los partidos siguen siendo considerados los más corruptos y el 85% percibe que los esfuerzos del Gobierno para cambiar esta situación son ineficaces.
El empresariado es también cuestionado. Se lo percibe no solo como víctima sino también como cómplice. Por otro lado, la ciudadanía tiene una alta tolerancia frente a la corrupción cotidiana, la de la coima para evitar multas, la del obsequio para agilizar trámites, la del robo de servicios públicos.
No todo es gris. Casi la mitad de los encuestados está totalmente en desacuerdo con la idea de que sea necesario algo de corrupción para poder promover el crecimiento económico y el desarrollo, así como para facilitar trámites y procedimientos en las instituciones públicas. Otro 30% señala que está “algo en desacuerdo” con las ideas anteriores.
Las cifras reflejan un panorama realmente difícil para luchar contra la corrupción. El principal problema es la desconfianza ciudadana. La gente confía poco o nada en el prójimo (95%) y en el Estado, y no encuentra razones para hacerlo. La política se percibe infiltrada por el crimen organizado y la transparencia de su financiamiento sigue siendo un punto débil.
La impunidad campea y la voluntad política no se traduce en presupuesto, recursos y acciones efectivas para fortalecer a las instituciones llamadas a enfrentar la corrupción. Las instituciones de control y de persecución están rezagadas en personal y recursos y, ciertas veces, como lo hemos visto en el 2014, algunos de sus agentes se encuentran comprometidos en redes mafiosas. Si a ello le sumamos un ciudadano poco informado y poco proclive a la denuncia (aunque esta cifra ha aumentado al 11%), tenemos un panorama propicio para que la corrupción se instale en nuestro país y afecte gravemente su gobernabilidad.
Frente a ello, es imprescindible que la ciudadanía reaccione decididamente contra la corrupción, especialmente al momento de elegir a sus autoridades, de exigirles que hagan público sus gastos de campaña y quien los financia, así como exigir que los partidos garanticen que sus candidatos no estén vinculados con actividades ilícitas.
Asimismo, debemos hacer un mayor uso de los mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas de nuestras autoridades, denunciándolas cuando corresponda. Tenemos que cambiar radicalmente la cultura de la tolerancia frente a la corrupción. Para ello los medios de comunicación son un aliado fundamental que genera confianza (36%).
Exijamos a los candidatos y a nosotros mismos acciones concretas contra la corrupción. No solo nos jugamos una elección presidencial y congresal sino también la viabilidad del Estado, la democracia y la nación.