Jorge Medina: “Sin reformas habrá otro Odebrecht de turno”

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La magnitud de la corrupción en el Perú se puso al descubierto con el caso Odebrecht. El presidente de Proética, Jorge Medina, analiza por qué pasamos de condenar a un presidente por corrupción a tener ahora a otro con mandato de detención preventiva por el mismo delito.

En la semana anterior, los ex presidentes Alan García y Ollanta Humala atestiguaron en la Fiscalía en la investigación por el caso Gasoducto Sur Peruano. ¿Qué mensaje cree que dan al país esas visitas?

Es bien importante para el país que los hayan llamado y ellos hayan ido. Desde ese punto de vista, es positivo. Ahora, desde el punto de vista más mediático, que ex presidentes acudan a la Fiscalía significa que algo tienen que decir o algo han conocido. Y eso, por supuesto, tiene también su parte negativa.

Si bien es cierto que la corrupción ha estado presente en el Perú desde el inicio de la República –y quizás de antes–, hoy se cuestiona por ello a ex presidentes. ¿Eso daña la imagen de nuestro país?

El caso de Humala y de García es diferente al de Alejandro Toledo, que está fugado y se rehúsa a venir y dar la cara a la justicia. Lo de ellos está en fase de investigación y por eso están yendo a dar declaraciones (a la Fiscalía). Esto hay que tomarlo en forma cuidadosa y adecuada. En un debido proceso deben ser probadas las culpabilidades. En Perú hay un proceso de investigación incluso con el propio Toledo. Nadie puede decir que son culpables, eso lo tiene que determinar la justicia.

¿En el caso de Toledo, cree que la Fiscalía se apresuró al solicitar prisión preventiva contra él? Esa decisión se da en medio de críticas a la Fiscalía por un letargo en la toma de acciones.

Yo no puedo opinar si fue apresurado o si se demoraron. Lo único que podría decir es que, para el mejor interés de nuestro país, la Fiscalía debe actuar con la mayor agilidad y diligencia posible, y me parece muy bueno que el gobierno haya dispuesto proveerles de recursos financieros tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial. Hay que dejar que la Fiscalía haga su trabajo y no hay que interferir.

¿Qué pasó en el sistema de justicia o en el marco normativo en estos años para que, luego de sentenciar a un ex presidente por corrupción, Alberto Fujimori, hoy exista un mandato de detención preventiva también por corrupción contra otro ex presidente, Alejandro Toledo?

No se aprovechó el momento para hacer las reformas que tenían que hacerse tanto a nivel político como a nivel del sistema de administración de justicia. Hoy hay una falta de institucionalidad donde no se observa un Estado de derecho fuerte, donde tienes un Poder Judicial (PJ) percibido con alto nivel de corrupción, igual que el Congreso, que los gobiernos regionales, municipales, la Policía… Lo que falló fue que no se iniciaron las reformas. Hoy tenemos el mismo problema. La Fiscalía y el PJ podrán ser ahora exitosísimos y meter a la cárcel a todos los corruptos, pero si el Congreso no hace estas reformas, mañana más tarde vamos a tener al Odebrecht de turno y a los implicados de turno.

¿Entonces qué medidas se deben adoptar hoy?

Se debe reformar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que son los que designan jueces y fiscales. Tienes también lo que señala la Comisión Presidencial de Integridad, lo que dice la Asociación Civil Transparencia y otros tantos expertos en la materia. Reforma del PJ, reforma política, reforma para evitar que se sigan infiltrando dineros ilícitos en las campañas de los partidos. Ahí está la madre del cordero.

¿Y en este momento ve la predisposición necesaria en el Congreso para emprender estas reformas?

Este Congreso, por su composición, tiene una mejor oportunidad que el anterior para hacer reformas. Creo que la misma energía, visibilidad, efecto mediático que usan para hacer las comisiones investigadoras deberían tenerla para hacer las reformas. No digo que no investiguen, lo que digo es que hay una disonancia entre lo que debieran hacer versus lo que están haciendo. Yo no veo la misma energía, las mismas ganas, la misma voluntad en el Congreso de crear un consenso alrededor de las reformas que el Perú necesita.

¿Podemos inferir que depende del fujimorismo, y de las reformas que impulse en el Congreso, que más adelante no aparezca un nuevo Odebrecht?

Yo te hablo del Congreso porque hay que evitar las respuestas políticas que distraen. Tenemos que hablar de la responsabilidad institucional. Yo creo que el Congreso, en su actual composición, podría permitir articular un trabajo consensuado con todas las fuerzas políticas.

A propósito del Congreso, desde allí se ha deslizado la posibilidad de que el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski esté involucrado en las coimas de las empresas brasileñas. ¿Eso es peligroso?

Esos son comentarios a los que, a mi modo de ver, no les deberíamos dar importancia. Si yo te digo algo, voy a echarle más leña al fuego. Lo que hay que hacer es no seguir incendiando la pradera. Necesitamos cambiar de chip, de lenguaje, y hablar de cosas que valen la pena. Cuando yo escucho a un congresista decir ‘fulano dijo, tú apareciste, tú estabas en las agendas…’, mira, yo no voy por ese lado.

Foto: Piko Tamashiro

21/03/2017

Proética rechaza declaraciones de Keiko Fujimori sobre caso Limasa

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(Fuente: La República). Walter Albán, Director Ejecutivo de Proética, se pronunció respecto a las declaraciones dadas por Keiko Fujimori respecto al caso Limasa, del cual la lideresa fujimorista consideró que se trata de una “cortina de humo”.

A través de una escueta publicación, Albán se encargó de rechazar que la investigación a los hermanos Hiro, Sachie y Kenji Fujimori se base en falsas acusaciones.

En tanto, Proética también respaldó la independencia del Ministerio Público en la mencionada investigación y destacó el trabajo de dicha institución.

Hay que rememorar que el último sábado, Keiko había deslizado que esta investigación tenía como fin tapar el escándalo de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht y a diferentes funcionarios.

“Siempre damos la cara. Basta de cortinas de humo con investigaciones sin fundamento y acusaciones falsas al fujimorismo para tapar (caso) Odebrecht”, tuiteó Fujimori el último sábado.

Cabe recordar que la Fiscalía tiene en la mira a los hermanos Fujimori por el sobredimensionado incremento patrimonial de la empresa Limasa, por lo cual ha abierto una investigación preliminar.

20/02/2017

Proética respalda independencia del Ministerio Público y rechaza expresiones de Keiko Fujimori en caso Limasa

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán reconoció el trabajo que realiza el Ministerio Público frente a los últimos casos de corrupción lo cual afirma su independencia como institución.

“Hay que hacer un reconocimiento a la dinámica que va adoptando el Ministerio Público afirmando  más su independencia y no aceptar presiones de ningún tipo, sobre todo de una clase política que está seriamente involucrada y cuestionada a propósito de estos escándalos”, dijo Albán en una nueva edición de “La Voz de Proética”.

Además de saludar el trabajo del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez al frente de esta institución, recalcó que es importante aunar esfuerzos para que el Ministerio Público cuente con los recursos necesarios, que le permitan desarrollar una gestión más ágil y eficiente, por ello, saludó también el anuncio del presidente Pedro Pablo Kuczynski, de otorgar mayores recursos a la tarea que dicha institución realiza contra  la corrupción.

De otro lado, destacó que la independencia también se manifiesta al adoptar otras decisiones relevantes, como ha sido la que se ha conocido hace poco, respecto a la investigación preliminar abierta por la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos, por el caso Limasa, que involucra la eventual responsabilidad del congresista Kenji Fujimori y dos de sus hermanos.

En tal sentido, criticó las declaraciones de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien deslizó que la Fiscalía estaría utilizando el caso Limasa, como una cortina de humo para desviar la atención del caso Lava Jato.

“Es inaceptable que la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori haya salido a señalar que (….) se trata de una cortina de humo para distraer la atención del caso Lava Jato”, indicó.

Albán recalcó que hay una equivocada percepción parte de la lideresa de Fuerza Popular ya que los problemas de corrupción en el Perú no se limitan al caso Lava Jato, por lo que una cortina de humo sería precisamente pretender que no se investiguen hechos tan graves como los que se han producido en el caso Limasa cuando en el año 2013 se hallaron 100 kilos de cocaína listos para ser exportados a México.

“Precisamente de eso se trata de esclarecer qué paso allí o cómo se ha producido un incremento patrimonial tan importante en esa empresa y ciertamente esto nos interesa a todos”, agregó.

Por otro lado, destacó en cambio la actitud del congresista Kenji Fujimori, quien ha  pedido que se levante su inmunidad parlamentaria.

“Estaremos atentos a lo que decida el Congreso al respecto, pero sería también una oportunidad para de una vez por todas poner en cuestión, una obsoleta institución como esta de la inmunidad que, en buena medida, ha devenido muchas veces en impunidad”, finalizó.

20/03/2017

“Anticorrupción: entre la urgencia y la estrategia”, por Walter Albán

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  • Por Walter Albán
  • Director Ejecutivo de Proética
  • Publicado en el diario El Comercio

A propósito de los anuncios hechos al país por el presidente Pedro Pablo Kuczyinski el domingo pasado, han tenido lugar diferentes reacciones en torno al grado de acierto o error de las medidas adoptadas por el gobierno en materia de lucha contra la corrupción. Más que hacer un examen de tales decisiones, conviene tratar de ubicarlas en perspectiva, con el ánimo de explicarnos la real dimensión del fenómeno que hoy enfrentamos, a la luz de lo ocurrido en el país en las últimas décadas.

En medio de los escándalos de corrupción que nos azotan en estos días, es doloroso reconocer que transcurridos más de quince años desde que parecía que este flagelo había sido frontalmente atacado en el Perú, de forma que regímenes como el de Fujimori-Montesinos no tuvieran jamás otra oportunidad, hoy experimentamos el completo derrumbe de tales expectativas.

No obstante los enormes estragos que aquel régimen corrupto infligió a la institucionalidad, avasallando la independencia de organismos claves como el Poder Judicial y el Ministerio Público, fue sin embargo posible sumar esfuerzos contando con fiscales y jueces honestos, capaces de emprender una febril actividad para acabar con la impunidad. Todo esto despertó una legítima esperanza ciudadana.

Eran los días de una potente procuraduría ad hoc que, a través de la denominada Mesa de Diálogo creada a instancias de la OEA, planteó las primeras reformas legislativas que el Congreso de aquel entonces refrendó a marchas forzadas. Sin ellas, hubiera sido imposible enfrentar la sistemática y monumental corrupción descubierta, en un país que se encontraba indefenso frente a ella.

Vivimos por eso una experiencia inédita en nuestra historia republicana, cuando se recuperaban millones de dólares mal habidos desde cuentas abiertas en bancos extranjeros, al tiempo que comparecían ante los tribunales personas que habían ocupado cargos de la más alta investidura en el Estado Peruano.

Pero el sueño duró poco. No solamente porque no todos los responsables fueron finalmente sancionados, sino principalmente por haberse omitido la implementación de políticas públicas diseñadas y puestas en práctica para evitar que esa terrible experiencia pudiera repetirse. Los sucesivos gobiernos y congresos descuidaron ello por completo y las consecuencias las estamos sufriendo ahora, cuando la corrupción se ha extendido de manera sistemática, alcanzando niveles insospechados en los últimos años, bajo una combinación explosiva que conjuga un crecimiento económico sostenido con, otra vez, una profunda debilidad institucional.

Casos como el de Odebrecht nos muestran solo una de las vertientes de esa gran corrupción instalada en el país con nuevas y colosales dimensiones. La otra proviene de la economía ilegal, cuya locomotora es el narcotráfico. Ambas explican la inercia de un aparato estatal que ha sido penetrado por esa lacra, al punto de amenazar seriamente la actuación de las instituciones a cargo de prevenir estos graves delitos, así como de identificar y sancionar a sus responsables, quienes, como podemos hoy constatar, no se encuentran exclusivamente en el ámbito público.

Fue por eso tan importante destacar en el programa de gobierno del entonces candidato Kuczynski su expresa voluntad de luchar contra la corrupción. En los hechos, sin embargo, no ha sido esa una constante a lo largo de sus más de siete meses de gestión. Marchas y contramarchas, o la mediatización de medidas que se prometieron distintas, como la autoridad para la transparencia –hoy sin autonomía alguna– han generado serias dudas sobre la real convicción de lo planteado.

Pero las circunstancias apremian y el Caso Lava Jato, cuya dimensión transnacional presiona desde fuera y pone a prueba a todos, exige la adopción de medidas urgentes que, de no ponerse en práctica, podrían agravar las consecuencias del terrible daño ya infligido al país. Lo anunciado el último domingo recoge tres de ellas, aprobadas en el reciente paquete de decretos legislativos: la obligación de incorporar cláusulas anticorrupción en los contratos con el Estado, la muerte civil de los funcionarios corruptos y la prohibición de que empresas condenadas por corrupción puedan volver a contratar con el Estado.

La novedad comprende, además, tanto la creación de un mecanismo de recompensas para denunciantes, como el suspender a empresas sentenciadas o que hubieran confesado hechos de corrupción de la posibilidad de transferir recursos al exterior, en tanto no hubieran cumplido con sus obligaciones en el país.

Respecto a estas medidas, más allá de advertir que siguen predominando las opciones persecutorias sobre las preventivas, podemos discutir su bondad técnica o incluso su constitucionalidad, pero no desconocer la buena intención que las inspira en un escenario donde se evidencia, una vez más, que el problema nos encontró sin los instrumentos para responder eficaz y contundentemente al destape producido. Asistimos a una realidad de instituciones débiles y desarticuladas, tan carentes de recursos como de la voluntad de trabajar en armonía y complementariamente.

Admitamos, sin embargo, que se han ido tomando decisiones con una alta dosis de improvisación, sin que se aprecie por el momento una estrategia claramente estructurada y con proyección de mediano o largo plazo. Aun así, resulta indispensable avanzar, calibrando con cuidado cada paso y rectificando en el camino lo necesario, hasta generar las condiciones que permitan superar las actuales deficiencias.

El momento que hoy afronta el país, como ha sido ya señalado, constituye también una oportunidad de crecer como sociedad y como Estado. Debemos impedir que nuestras actuales debilidades traben la aspiración de evitarnos nuevas frustraciones. Es tiempo de tener una mejor imaginación, de asumir riesgos y sumar esfuerzos, sin más condición que la de apostar al interés general, al tiempo de neutralizar a quienes, en sentido contrario, buscan perpetuar una situación que les ha permitido ganar poder, político o económico, en perjuicio de todos.

20/02/2017

Caso Limasa: Fiscalía abre investigación preliminar contra Hiro y Sachie Fujimori por lavado de activos y pide levantamiento de inmunidad de Kenji Fujimori

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Este viernes se dio a conocer que la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos dispuso abrir investigación preliminar a los hermanos Hiro y Sachie Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos.

De igual manera, el despacho fiscal pidió el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del congresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori, para que sea incluido en la investigación del caso Limasa.

Como se recuerda, la Fiscalía busca esclarecer el incremento de capital que tuvo la empresa Logística Integral Marítima Andina S.A. (Limasa), hoy denominada Integrated Global Logistics (IGL), de propiedad de los hermanos Fujimori.

Cabe señalar que Proética, el capítulo peruano de Transparency International, apoyó la investigación que realizaron los periodistas Edmundo Cruz, Daniel Yovera y Jorge Weston sobre este caso para el diario La República.

El 14 de diciembre de 2016, bajo el título “Un joven inexperto es clave en los negocios de los Fujimori”, una investigación de los periodistas citados reveló que un joven de 22 años, sin antecedente empresarial, fue el hombre de confianza de los hermanos Fujimori y el virtual artífice de los aumentos de capital que terminaron inyectando dinero procedente de Japón a la almacenera Limasa.

Posteriormente, la investigación titulada “Un ex guardaespaldas de Fujimori entra en escena en caso Limasa”, advirtió que el padre del joven antes mencionado era el mayor de la Policía Nacional en situación de retiro, Raúl Elmer Ortega Orellana, guardaespaldas del ex presidente Alberto Fujimori durante la segunda mitad de la década de los 90 hasta la renuncia del mandatario por fax.

El trabajo periodístico recogió indicios además de que la relación personal entre Alberto Fujimori y su ex guardaespaldas se mantenían activas y que existían relaciones directas entre accionistas de la almacenera Limasa con el ex presidente.

Proética seguirá impulsando este tipo de investigaciones periodísticas con la finalidad de luchar contra la infiltración del dinero ilícito en la política peruana y la corrupción.

Con información del diario El Comercio.

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Un ex guardaespaldas de Fujimori entra en escena en caso Limasa

17/02/2017

Iniciativa ciudadana “HablaCastañeda”

“Habla Castañeda” es una iniciativa ciudadana que logró reunir más de 25 mil firmas, las suficientes para que el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio rinda cuentas sobre su actual gestión municipal. Proética se sumó a este pedido recolectando alrededor de 5 mil firmas.

Esta iniciativa ciudadana ha logrado que por primera vez en nuestro país, se aplique el mecanismo de demanda de rendición de cuentas de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano – Ley 26300.

El burgomaestre de Lima deberá responder un pliego interpelatorio compuesto por 141 preguntas divididas en 18 temas vinculados a obras, servicios y políticas ejecutadas en su gestión. Entre los temas resaltan las preguntas referidas al By Pass 28 de Julio, Puente Bella Unión, reforma del transporte público, seguridad ciudadana, etc. Castañeda tiene plazo hasta el 13 de abril de 2018 para que responda dicho pliego de preguntas.

ACTIVIDADES

02/03/17 DIVERSAS PERSONALIDADES SE SUMAN A CAMPAÑA #HABLACASTAÑEDA
06/10/16 PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA “HABLA CASTAÑEDA” EN LA PUCP
29/09/16 RED ANTICORRUPCIÓN DE PROÉTICA RECOLECTÓ FIRMAS PARA CAMPAÑA “HABLA CASTAÑEDA”
02/09/16 PROÉTICA RECIBIÓ PLANILLONES Y SE SUMÓ FORMALMENTE A CAMPAÑA PARA INTERPELAR AL ALCALDE LUIS CASTAÑEDA LOSSIO (PARTE2)

Fiscales Generales de la región deben coordinar acciones efectivas y transparentes para imponer justicia en caso Lava Jato

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Transparency International (TI) y sus capítulos en América Latina han formaluado una serie de recomendaciones a los fiscales de los 14 países involucrados en el escándalo de corrupción Lava Jato, que se reunirán esta semana en Brasil, a tomar medidas firmes para llevar a los culpables ante la justicia.

“La reunión de Brasilia representa una tremenda oportunidad para enfrentar la gran corrupción de manera significativa y global. Los fiscales deben aprovechar esta oportunidad para compartir experiencias, estrategias e información para mejorar su trabajo. En cada país la gente está exigiendo el mismo tipo de resultados que los fiscales en Brasil han logrado “, dijo el presidente de Transparency International, José Ugaz.

En tal sentido, los capítulos de Transparency International de América Latina han formulado estas recomendaciones claves:

1. Las autoridades de justicia de cada país deben implementar equipos regionales de investigación para asegurar coordinaciones efectivas y respuestas rápidas.

2. Los fiscales deben comprometerse a actuar con transparencia en sus investigaciones. La sociedad civil debe ser capaz de monitorear todos los acuerdos de cooperación, sea con individuos o con empresas.

3. La reunión de Brasilia debería generar maneras efectivas de permitir el acceso a información en países donde es difícil monitorear los procesos judiciales. La ciudadanía tiene el derecho de saber qué pasó y cómo están avanzando las investigaciones. Una política de comunicaciones constructiva debería mantener informados a los ciudadanos y las ciudadanas sin comprometer la debida reserva del proceso investigativo.

4. Todos los agentes o compañías que habrían facilitado o financiado los esquemas de corrupción, como la firma panameña Mossack Fonseca o el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES), tienen que ser identificados y sancionados.

5. Finalmente, los recursos generados por multas deben usarse para financiar programas de prevención de la corrupción, auditoría social y educación ciudadana, de forma similar a la Iniciativas para la Integridad de Siemens, establecida por la compañía alemana luego de que se expusiera y sancionara sobornos millonarios alrededor del mundo.

Puede leer el comunicado completo de TI aquí.

15/02/2017

Proética: cláusulas anticorrupción protegerán intereses del Estado

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Fuente: Agencia Andina). La incorporación obligatoria de cláusulas anticorrupción en todos los contratos de concesión permitirá proteger los intereses del Estado y desalentará el que las empresas incurran en actos de corrupción, consideró hoy el director ejecutivo de Proética, Walter Albán.

Recordó que una cláusula de ese tipo permitió, por ejemplo, cautelar el interés del país en la concesión del gasoducto del sur, luego de que Odebrecht, integrante del respectivo consorcio, pretendiera ceder a empresas extranjeras sus derechos en dicha concesión.

En este caso, comentó Albán, el Estado no se vio obligado a mantener algunos términos de negociación que incluso perjudicaban a la ciudadanía; por ejemplo, con el cobro en los recibos de luz para la construcción del gasoducto, lo que luego pudo ser suspendido.

Agregó que gracias a este tipo de cláusula se dejó sin piso a esta compañía brasileña, que reconoció haber pagado sobornos en el Perú a cambio de adjudicarse diversas obras públicas en gobiernos pasados.

“Es muy importante que se haya decidido incluir las cláusulas anticorrupción en todos los convenios que se celebran para obras públicas. Con ellas resultará más difícil que las empresas se animen a trabajar bajo una fórmula de corrupción”, expresó a la Agencia Andina.

Como es de conocimiento público, el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, anunció el domingo que los contratos de concesión que suscriba el Estado con la empresa privada incorporarán, de forma obligatoria, cláusulas anticorrupción.

La medida incluso fue saludada por el contralor general de la República, Edgar Alarcón, quien destacó que ello facilitará su labor de control.

15/02/2017