(Fuente:La República/Por Wilber Huacasi). Hay dos rutas. La de Chimbote y la de Huaraz. Si vas por Chimbote, bastará llegar al terminal terrestre para apreciar, exactamente al frente, el inmenso Coliseo Cerrado Gran Chavín, de fierros oxidados y a medio construir. Si vas por Huaraz, a solo una media hora puedes conocer la provincia de Carhuaz. Allí tienes un moderno hospital con techos a punto de caer por la humedad. Áncash y su ruta turística de la corrupción.

El coliseo es una de las herencias que dejó César Álvarez Aguilar, personaje elegido como autoridad regional en el 2006 y reelecto para un segundo periodo, en el 2010. Hoy está tras las rejas.

La Contraloría General de la República (CGR) solo en esta obra abandonada ha estimado una pérdida de S/ 7’651.036. El informe de control establece que la gestión de Álvarez hizo adelantos de desembolsos y pagos adicionales sin ninguna justificación técnica. Hoy, la obra luce abandonada. Los fierros oxidados de la estructura son el reflejo de lo corroída que está la gestión pública en esta región.

Corrupción regional

César Álvarez, actualmente recluido en Piedras Gordas, tiene en curso 22 procesos, entre investigaciones fiscales y en etapa judicial, solamente por corrupción, según información oficial de las dos fiscalías anticorrupción instaladas en Chimbote y Huaraz.

Su sucesor, el también encarcelado Waldo Ríos, tiene en la actualidad cuatro procesos por corrupción que vienen desde la época en que era alcalde de Huaraz (1998).

“Dos de los casos están en salas penales y son por el caso del mercado modelo y una obra de electrificación, donde se habría cometido el delito de peculado”, explica Jorge Temple, fiscal superior anticorrupción de Huaraz.

La saga continúa con Enrique Vargas Barrenechea, el tercer gobernador regional preso de Áncash. Sobre él pesan diez investigaciones y procesos por presuntos delitos de peculado y colusión.

Semanas antes de que un juez lo sentenciara por mentir en su hoja de vida, autoridades del Ministerio Público allanaron un inmueble de propiedad de un cuñado suyo. Se habría tratado de un despacho paralelo a la región. Allí se encontraron documentos públicos e incluso cheques. El fiscal Jorge Temple cuenta que todo esto fue hallado tras un mes de seguimiento, con autorización de un juzgado de investigación preparatoria.

Las secuelas de esta crisis institucional afectan directamente a los pobladores. Ocurre, por ejemplo, en la provincia de Carhuaz. Ya en la última campaña de elecciones regionales, La República dio cuenta del hospital abandonado por la gestión Álvarez.

Transcurrido el tiempo, el nosocomio al fin ha empezado a funcionar. Mujeres y niños son atendidos por el personal, en el primer nivel, entre paredes de brillantes losetas. Todo estaría bien, de no ser porque al llegar al segundo piso, los mismos usuarios se dan con otra realidad. Hay ambientes abandonados, oficinas vacías con techos a punto de desplomarse, un almacén sin puerta de seguridad. Secuelas de la corrupción regional.

Los alcaldes

El mapa turístico de la corrupción en esta región se extiende a las instancias del gobierno municipal. De los 20 alcaldes provinciales de la actual gestión (2015-2018), 17 tienen investigaciones fiscales o procesos por corrupción.

Con 65 casos, el alcalde de la provincia de Huaylas, Renson Martínez, es quien registra el mayor número de investigaciones o procesos judiciales, según información oficial de la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Huaraz.

Particular es el caso de los distritos de San Marcos y Chavín de Huántar, cuyos municipios recibieron presupuestos millonarios por el canon.

En San Marcos, durante el periodo 2011-2014, pasaron cuatro alcaldes, uno de ellos, Óscar Ugarte Salazar, fue vacado por nepotismo y tiene 50 procesos en curso por corrupción. En la actualidad está prófugo. Su sucesor, Félix Chávez Alfaro, no se quedó atrás: en febrero fue intervenido recibiendo un presunto soborno de 5 mil soles. Actualmente enfrenta en libertad 29 investigaciones y procesos judiciales.

Similar es el panorama en Chavín de Huántar, donde el ex alcalde Manuel Páucar enfrenta 47 procesos y el actual, Joel Rosales, tiene cinco investigaciones en trámite.

Saldo de la corrupción

Después de Lima, Áncash es la única región del país que se puede dar el “lujo” de tener dos sedes regionales de la Contraloría. Una está ubicada en Huaraz y la segunda fue instalada el 2015 en Nuevo Chimbote, debido al alto número de denuncias, según explicó a La República, Ronny Rubina, contralor de Chimbote.

Entre el 2007 y el 2016, este organismo hizo al menos 23 auditorías al gobierno regional y a los municipios provinciales y distritales (ver cuadros). Además de hallar responsabilidad penal y administrativa en autoridades y funcionarios, estimó perjuicios económicos hasta por un promedio de 200 millones de soles, por el adelanto de pagos para obras inconclusas, incrementos de partidas sin sustento o la omisión de cobro de penalidades a las constructoras infractoras.

Todo un récord en la ya bastante trajinada historia de la corrupción en el Perú.

Irregularidades cometidas en todas las instancias de gobierno

Entre las obras más cuestionadas por corrupción en Áncash se encuentra el Coliseo Gran Chimú de Chimbote. La gestión de Álvarez autorizó pagos adelantados sin el avance físico de la obra. La responsabilidad penal alcanza a los ex funcionarios de su gestión.

Otro caso emblemático es la Red Vial de Pallasca. Aquí la región otorgó conformidad de servicio, omitiendo el cobro de penalidades por incumplimientos de la empresa. Asimismo, se autorizó pagos adicionales sin sustento e incluso honorarios para un gerente por días no laborales. El perjuicio solo en este caso es de 21 millones de soles.

Otra obra vial cuestionada es la comprendida entre Nepeña y Pueblo Libre. Aquí también se dio la conformidad del servicio sin el cobro de penalidad por algunos incumplimientos e incluso se pagó a personal como si hubiera laborado a tiempo completo, a pesar de que no lo hicieron.

En el municipio del Santa, la Contraloría detectó irregularidades en la obra de agua potable. En este caso, hubo ampliación de plazos para culminar la obra sin sustento y el municipio evitó cobrar penalidades, con un perjuicio de 1.7 millones de soles.

En este mismo gobierno local, la gestión pasada suscribió un contrato por 999 mil soles para implementar un sistema informático. Pagaron más de la mitad, aunque el servicio nunca entró en funcionamiento.

Foto: La República

2/05/2017

(Fuente: Agencia Andina). El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, consideró que aprobar la reforma electoral propuesta para mejorar el sistema político, ocasionaría que la confianza de la ciudadanía en este poder de Estado aumente, por tratarse de uno de los temas centrales para el país.

En ese sentido, consideró necesario que el Parlamento haga los esfuerzos necesarios para conseguir el mismo consenso que hubo para aprobar la ley de la reconstrucción, en la reforma electoral, a fin de ponerla en práctica durante los comicios regionales y municipales del próximo año.

“El país requiere este tipo de consensos y lo apreciaría en su real magnitud, sería un paso más en la dirección correcta que tiene que tener el Congreso de la República para generar confianza en la ciudadanía”, declaró a la Agencia Andina.

Según advirtió, a pesar de que las elecciones son en octubre de 2018 y el camino parece aparentemente largo, se está contra el tiempo.

“En julio habrá cambio de directiva, cambio en las comisiones, lo que no se presentó antes debería iniciar un nuevo proceso para entrar a debate. Ha sucedido antes, los meses pasan sin debatir lo más prioritario”, aseveró Albán.

Para el representante de Proética, uno de los problemas más serios ha sido la demora en la preparación del documento a cargo de la subcomisión parlamentaria que encabeza Patricia Donayre, de la bancada de Fuerza Popular.

“Lleva buena cantidad de meses en esta tarea y no se ha sabido hacia dónde apuntaban sus objetivos ni los resultados”, puntualizó.

La idea, insistió, es evitar llegar a las próximas elecciones con una norma como la actual que permite la posibilidad de financiamiento de campañas y candidatos con dinero proveniente de la corrupción o el crimen organizado.

“Esperamos una reacción positiva en el Congreso, que se agilice el paso y prime el consenso, por ejemplo, sobre la idoneidad de los candidatos, evitando aquellos con sentencias por delitos graves, obligando a informar si tienen procesos, que los aportes sean bancarizados, etc.”, agregó.

Foto: Perú21

2/05/2017

(Fuente: Perú21). Una de las voces más autorizadas para hablar de corrupción es Jorge Medina. El presidente de Proética opina sobre las recomendaciones de OCDE.

¿La Autoridad Nacional de Transparencia no tendrá la suficiente autonomía?

Que el Gobierno haya creado una autoridad para velar por el acceso a la información pública es bien importante. Probablemente no fue exactamente lo que sugirieron los miembros de la Comisión Presidencial de Integridad ni OCDE. Eso hubiese sido lo ideal, pero ya tenemos esto. Esperemos que esté bien empoderada.

OCDE propone ampliar las declaraciones juradas. ¿Qué tan importante es ello?

La primera recomendación que dimos en la Comisión Presidencial fue que todas las altas autoridades del Estado presenten una declaración de intereses para que señalen las relaciones que tuvieron en los últimos 5 años antes de asumir la función pública. Eso lo cumplieron el presidente y sus ministros, pero lo tiene que hacer el Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, gobernadores, alcaldes, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura…

¿Cuáles son los mayores riesgos de la ley del lobby? ¿Falta una campaña de información?

El tema de la gestión de intereses es importante para la democracia. Cuando uno lo hace de manera transparente incluso se ayuda a la autoridad a tomar buenas decisiones. El lobby es bueno para el país, para los mercados, para la sociedad. ¿Dónde está el problema? En el Perú, tradicionalmente, no ha habido transparencia. En cada entidad debe haber un registro especial para la gestión de intereses.

¿En el tema de protección de denunciantes es donde más hemos avanzado? El Ejecutivo publicó un reglamento en abril de este año.

No sé si es en el que más se ha avanzado, pero sí te puedo decir que los mecanismos de denuncia y de protección al denunciante son fundamentales para combatir frontalmente la corrupción. Hay que incentivar esas figuras. Si somos capaces de que eso funcione bien, muchas cosas saldrían a la luz. Es más, en la Comisión Presidencial de Integridad recomendamos que eso se lleve al sector privado y que haya una recompensa.

OCDE pide reducir el número de jueces y fiscales provisionales. ¿Coincide con eso?

Absolutamente. Lo que pasa es que mientras al corrupción va a un paso acelerado, la anticorrupción camina. En tres años se deben reducir drásticamente los jueces y fiscales provisionales.

(Fuente: Servindi). Este 27 de abril se presentará el foro “Transparencia y vigilancia frente a la corrupción: el rol de la sociedad civil y los medios de comunicación”, el cual se llevará a cabo como parte de las actividades previas al VIII Foro Social Panamazónico (FOSPA 2017).

El espacio busca poner énfasis en aspectos como la falta de transparencia y la corrupción en los grandes proyectos extractivos, especialmente en aquellos desarrollados en el contexto amazónico, así como en el manejo de los fondos climáticos.

De igual forma se busca impulsar desde la ciudadanía organizada y los medios de comunicación el ejercicio de una vigilancia y toma de acciones ante este contexto, asumiendo un rol activo.

Temática

Para ello el foro contará con tres grandes ejes: transparencia y acceso a la información en el sector extractivo, transparencia en los fondos climáticos y buenas prácticas, y la ruta u origen del dinero en las actividades ilícitas de la Amazonía.

El desarrollo de los temas estará a cargo de especialistas como Aida Gamboa, de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), quien abordará  en su ponencia acerca de la Transparencia y acceso a la información en el sector extractivo.

De otro lado, Cecilia Tacusi-Oblitas Zevallos, de Proética, desarrollará el tema Transparencia en los fondos climáticos: buenas prácticas para evitar riesgos de corrupción.

Finalmente, el periodista Ernesto Cabral, del equipo de investigación de Ojo Público, presentará la ponencia Follow the money: investigando desde los medios la ruta del dinero en las actividades ilícitas en la Amazonía.

Este espacio forma parte de las actividades previas al FOSPA 2017 y es impulsado por la fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES), Ojo Público, DAR, Proética y Servindi.

Asimismo, también se contará con los comentarios de Astrid Becker, representante de FES en Perú, y Jorge Agurto, director de Servindi.

Para asistir

El foro se desarrollará este jueves 27 de abril a las 7:00 pm en el auditorio 3 de la Universidad Nacional de San Martín, ciudad de Tarapoto, y el ingreso será libre al público. Para ver el programa completo, dar clic aquí o en la imagen sigueinte.

27/04/2017

(Fuente: Agencia Andina). La sociedad civil está llamada a ejercer la mayor vigilancia del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones y denunciar los eventuales casos de corrupción que puedan presentarse, sostuvo hoy el director ejecutivo de Proética, Walter Albán.

“Independientemente de la responsabilidad que le toca al Estado, lo que resulta vital y puede cambiar la situación donde nos encontramos es que la ciudadanía tome un rol más protagónico, atento y organizado para una vigilancia eficiente”, señaló a la Agencia Andina.

Según remarcó, lo importante de esta etapa de reconstrucción será convocar a la sociedad civil y que esta tenga un papel activo durante la ejecución de las obras.

“No hay nada mejor que la participación ciudadana, democracias que funcionan mejor son aquellas donde la sociedad permanece atenta, con los instrumentos necesarios para saber cómo se ejecutan los recursos y denunciar alguna irregularidad”, añadió.

Tras recordar que desde Proética han promovido la formación de veedurías ciudadanas para ser los más atentos fiscalizadores de los recursos públicos, dijo esperar que esta iniciativa prospere en el Congreso de la República.

Para la reconstrucción, añadió, será necesario también que la Contraloría afine su mecanismo de fiscalización para evitar casos de corrupción como los registrados en los últimos años en diferentes gobiernos regionales y locales.

“La Contraloría, muchas veces, no ha llegado a tiempo para poner coto a manejos irregulares muy graves, eso hace necesario poner en funcionamiento mecanismos ágiles de intervención oportuna, con equipos para visitas inopinadas aleatorias donde hay más preocupación por casos anteriores de corrupción”, agregó.

Foto: Agencia Andina

26/04/2017

Climate change, like corruption, is a matter of life or death.

The evidence is hard and clear. 2016 was the hottest year ever on record, extreme “once in a generation” weather events are becoming more regular, and fragile ecosystems such as the Great Barrier Reef are dying. Climate change is no longer a future threat; it is here.

As part of the negotiations leading to the Paris Agreement, world leaders agreed to mobilise US $100 billion in climate finance by 2020, and the same amount each year thereafter. How these funds are spent could save the lives of millions now, and ensure billions in the future are set on a safe path.

The Paris Agreement has come too late to stop the early impact of climate change. Even now the world’s ability to meet the Agreement’s targets depend on a real surge of political will, which is shockingly absent from the current US Administration.

Transparency International‘s role in this to help ensure that the  billions of dollars already pledged go where they’re needed. This requires transparency.

“Climate change and corruption share many symptoms. They hit the poorest first and worst. They are caused by powerful individuals or entities seeking short term gain. In the long term, they put livelihoods at risk and threaten entire economies. They thrive on the flaws of national governments: you need strong global cooperation to stop them.”  – Vania Montalvo, Transparencia Mexicana

Unfortunately, governance structures managing the response to climate change are under threat. Some of the most climate-vulnerable countries in the world fare worst on our Corruption Perceptions Index. The money intended to improve and save lives could be lost through corruption.

If this happens it could derail the world’s efforts to deploy the billions of dollars needed to stop and mitigate climate change.

What is climate finance?

Climate finance is money invested to help countries prevent climate change and adapt to its worst effects.

This money is pledged by rich, carbon-emitting countries (who have the greater share of responsibility in causing climate change) to poorer, climate-vulnerable countries.

This money falls into two categories:

• –Mitigation finance: that’s money to stop climate change getting worse overall (for example, renewable energy, clean transport, carbon markets or reforestation projects)
• –Adaptation finance: that’s money to help countries and communities already suffering (for example, build flood defenses, irrigation systems or emergency shelters)

Around the world, journalists and civil society have a huge part to play in sounding the alarm. This is where we come in. There’s a lot we can do and are doing to protect the money and make sure communities on the frontline of climate change have their say in the process and the money is used wisely.

Transparency International chapters around the world are monitoring climate finance as it enters and is distributed throughout their countries.

• -Transparency International Bangladesh visited a cyclone shelter site and discovered homes built without walls.
• -In the Maldives, the lowest-lying nation in the world, millions of dollars have vanished from a tsunami relief fund. People are now trying to find out where it went.

Where we detect a risk that mismanagement or corruption might occur, we’re calling for reforms.

We’ve also created a Handbook for communicators and journalists on climate change and corruption. This guide provides a thorough background on all things climate finance and helps turn complex, technical narratives into compelling stories.

Remember:

1. Climate finance is a matter of life and death

2. There is a lot CSOs and governments are doing already – and can still do – to prevent corruption

3. That’s why it’s so important to call out corruption and close down loopholes

Tackling climate change and corruption means taking on two of the greatest threats to people and the planet. But if corruption siphons off the money meant to tackle climate change, we threaten the lives of today’s most vulnerable people and of all future generations.

Foto: ABC

24/04/2017