(Fuente: Ideeleradio). La reconstrucción de las zonas afectadas por los huaicos e intensas lluvias va a tener que hacerse con el riesgo que se registren actos de corrupción, y por eso deben formarse redes ciudadanas que vigilen la ejecución del presupuesto, planteó Walter Albán, director ejecutivo de Proética.

“La reconstrucción va a tener que hacerse con ese riesgo. Lo que yo creo es que el Estado, lejos de quedarse en los mecanismos tradicionales que ya vemos que no funcionan eficientemente, deben más bien convocar a la propia ciudadana”, indicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Acá se trata de que haya redes ciudadanas que estén vigilantes de la manera cómo se van a ejecutar los presupuestos que se puedan destinar a la reconstrucción. Creo que no habrá otra forma de controlar”, indicó.

Foto: Agencia Andina

10/04/2017

(El Comercio/ Por Felipe Barbero Mariátegui). Desde que se instaló la Comisión de Ética Parlamentaria, en setiembre del año pasado, han ingresado 51 denuncias contra congresistas de diversas bancadas: 39 se han declarado improcedentes, siete están en investigación y en cinco casos se recomendó una sanción (ver infografía).

En las últimas semanas, algunos casos han estado en el ojo de la tormenta. Uno es el del vocero de Peruanos por el Kambio, Carlos Bruce, quien fue investigado por pedir resguardo policial para la inauguración de su restaurante en la Costa Verde.

La recomendación de suspensión por 120 días para el oficialista –aprobada con los votos del fujimorismo y Acción Popular– ha abierto otra vez el debate en torno a cómo debe estar compuesta la comisión y la proporcionalidad de las sanciones que impone.

Mercedes Aráoz criticó que un solo grupo parlamentario (en referencia al fujimorismo) defina la estructura de la comisión. Además, dijo que habría motivaciones políticas detrás de la sanción a Bruce.

Otros congresistas criticaron que Fuerza Popular (FP) haya desestimado nueve denuncias contra parlamentarios de su bancada. Yonhy Lescano tildó el hecho de “blindaje alarmante”. Incluso hace unos días llegó al extremo de pedir la desactivación del grupo de trabajo.

Entre los casos más destacados están el de Kenji Fujimori y Betty Ananculí, a quienes no se les abrió investigación gracias a los votos del fujimorismo y al voto dirimente de su presidente, Segundo Tapia, también de Fuerza Popular. A ellos se les acusó de hacer proselitismo durante la semana de representación y de mentir en su hoja de vida, respectivamente.

Propuesta de cambio

Ante los cuestionamientos por la composición del grupo legislativo, los oficialistas Guido Lombardi y Alberto de Belaunde presentaron el mes pasado un proyecto de ley para que la Comisión de Ética Parlamentaria esté integrada, no por parlamentarios, sino por personalidades ajenas al ámbito congresal. Según los autores, la actual composición del grupo genera permanentemente disyuntivas entre lealtades políticas y la ética.

La iniciativa plantea que la comisión esté compuesta por un ex presidente del Congreso, un ex parlamentario, un profesor principal de derecho y dos ciudadanos, uno elegido por la Defensoría del Pueblo y el otro por el Acuerdo Nacional.

Actualmente, la comisión tiene nueve parlamentarios: cuatro del fujimorismo –incluido su presidente, que tiene voto dirimente– y un legislador de cada una de las otras cinco bancadas.

“La Comisión de Ética está desacreditada por su composición y no hay lógica en la proporcionalidad de las sanciones que impone. Con el congresista Bruce se hizo notar que no hay un criterio de razonabilidad en los casos que la comisión recomienda una suspensión”, afirma el director ejecutivo de Proética, Walter Albán.

No obstante, algunas voces del Parlamento difieren de la propuesta, como Segundo Tapia. “El Poder Legislativo tiene que establecer sus propias condiciones de ética. Es el pleno del Congreso que, en respeto de la Constitución y el reglamento, debe determinar la composición de la comisión”, sostuvo.

El pastor Humberto Lay, ex presidente de dicho grupo de trabajo, tiene otra propuesta: formar un comité con personalidades reconocidas y con solvencia moral, para investigar las denuncias, plantear si se archivan o si se procesan y recomendar una sanción. Esta reemplazaría a la secretaría técnica de la comisión.

Actualmente, dicha secretaría es la que propone archivar o sancionar los casos de los parlamentarios. Según Lay, la secretaría muchas veces es dirigida por el presidente del grupo y no tiene el reconocimiento ciudadano. “Si la comisión blinda a un congresista, luego de que este comité reconocido haya hecho público su informe, al menos habría una sanción moral contra la bancada que protegió a su parlamentario”, agrega.

En otros países

En países vecinos como Colombia, Brasil y Chile, las comisiones de ética están compuestas por parlamentarios.

En el Reino Unido y Canadá, en cambio, sus cámaras bajas y altas tienen un ente independiente que supervisa la labor de los parlamentarios y recomienda las sanciones.

En Estados Unidos, la Cámara de Representantes tiene un comité de ética compuesto por 10 miembros, cinco de cada partido (Demócrata y Republicano), mientras que el Senado tiene seis miembros, tres de cada partido.

En España, a raíz de una recomendación de Transparencia Internacional, algunos parlamentos de sus comunidades autónomas han iniciado un proceso para que sus comités de ética estén compuestos, total o parcialmente, por expertos independientes y de prestigio.

10/04/2017

(El Comercio). La destrucción generada por este falso niño –que resultó más devastador que el original– nos obliga, ahora que está amenguando el fenómeno, a pensar en lo que corresponde hacer una vez que se vaya del todo. Aunque la dimensión de la crisis es enorme, precisamente por su magnitud y la estela de damnificados que deja tras de sí, es importante saber a qué se refieren las autoridades cuando hablan de reconstrucción.

Siendo un fenómeno recurrente, sería un grave error pensar que la reconstrucción se debe circunscribir a lo que hemos hecho siempre: levantar nuevamente las viviendas, descolmatar los ríos, aumentar las defensas ribereñas y esperar un nuevo desastre diez años más tarde. Mientras tanto, autoridades complacientes, incapaces o corruptas, coludidas muchas veces con traficantes de la necesidad humana, seguirán permitiendo o alentando el asentamiento de poblaciones en lugares críticos y vulnerables. Persistir en el error nos condenará a la repetición. El problema es estructural y no se resolverá con medidas coyunturales o cosméticas.

Paradójicamente, tamaña desgracia abre la posibilidad de reconstruir de verdad implementando soluciones definitivas. Es indispensable la planificación urbana para reubicar las poblaciones vulnerables en zonas no inundables o arrasables por los huaicos. Hay que buscar a los mejores expertos que apliquen la tecnología disponible en el mundo moderno para construir sistemas preventivos de defensa de ríos y riadas para desarrollar alternativas sostenibles aprovechando experiencias como las de Holanda o New Orleans luego del Katrina. Ya es tiempo de poner en práctica la resiliencia del pueblo peruano y demostrar que somos capaces de convertir esta calamidad en una oportunidad para salir de la improvisación, la informalidad y el presentismo.

Algo similar ocurre con el otro desastre, esta vez no natural, que nos ha impactado severamente poco tiempo antes de El Niño costero. Me refiero a la dimensión de la gran corrupción que nos aqueja y que nos fue enrostrada por el Caso Lava Jato.

Cuando se empezó a desnudar esta tremenda trama corrupta, algunos predijimos que una vez terminara de aparecer la información, se producirían los efectos de un terremoto de grado nueve. Nos equivocamos en el lenguaje, debimos decir que cuando fluya la información como quebrada activada, sufriríamos los efectos de un diluvio universal con inundaciones sin control. Metáforas aparte, no hay duda de que la devastación económica, política y moral que genera la corrupción en el Perú es tan o más perjudicial que la de los desastres naturales que hoy sufrimos.

Cuando vemos a presidentes de la República, ministros, viceministros, empresarios de alto nivel, profesionales, líderes políticos y sus partidos, involucrados como actores del carnaval de corrupción, advertimos la extensión del daño. La pérdida de la confianza, el desprecio por el bien común, la inestabilidad política, el impacto en infraestructura vital, la reducción del PBI y el crecimiento económico, han dejado a millones de peruanos damnificados. ¡Cuánta falta nos hace en este momento el dinero que nos robaron para enfrentar los embates de la naturaleza!

Entonces, cabe preguntarse también, ¿cómo vamos a enfrentar la reconstrucción que requiere el país después de la crisis creada por la corrupción de Lava Jato? Al igual que el fenómeno de El Niño, el problema de la corrupción en el Perú no es episódico, es recurrente, estructural y sistémico. Por tanto, la reconstrucción del país en términos de integridad tampoco puede ser coyuntural o cosmética. Hay que convertir esta crisis de corrupción en una oportunidad sostenible que vaya más allá de leyes aisladas o discursos retóricos. Es necesario evaluar las causas, aprovechar experiencias exitosas comparadas y diseñar una estrategia nacional integral que enfrente cada uno de los problemas que han hecho posible la captura del Estado por redes corruptas.

Fallaron el sistema político y los partidos, no funcionaron los mecanismos e instituciones de control, colapsaron los procesos de compras e inversión pública, cedió por activo o por pasivo el sector privado, escaseó la transparencia, fue complaciente la ciudadanía… y hoy, por todo eso, estamos inundados, con el agua hasta el cuello de inmoralidad.

Ambas crisis nos presentan una oportunidad histórica para reconstruir el país sobre bases firmes que impidan que el daño se repita. Manos a la obra. Y como ya han señalado algunos analistas, no podemos darnos el lujo de olvidar, ni a las víctimas, ni a los responsables.

Ilustración: Giovanni Tazza

3/04/2017

(Transparencia Internacional). A medida que Venezuela se acerca cada vez más a una dictadura con la toma del Congreso por el Tribunal Supremo el 30 de marzo, Transparency International, el movimiento mundial contra la corrupción, pide una garantía de los derechos de los ciudadanos y la protección de la sociedad civil.

“Los venezolanos están sufriendo dificultades económicas y políticas. El gobierno no debe acosar a quienes luchan por las libertades democráticas, como la libertad de expresión y la libertad de reunión “, dijo José Ugaz, Presidente de Transparencia Internacional.
“La lucha contra la corrupción en un país se hace más difícil cuando la democracia está amenazada. Cuando el poder se concentra en un solo pilar de la sociedad, la corrupción florece. El Congreso estaba en el proceso de discutir la muy necesaria legislación anticorrupción. Este fue un paso importante en un país donde la corrupción es endémica “, agregó Ugaz.

“Hoy los derechos humanos de 31 millones de venezolanos están en manos de un solo hombre, el presidente Nicolás Maduro. Esta falta de separación de poderes significa que puede celebrar contratos sin la supervisión de los representantes del pueblo y que incluso puede solicitar el encarcelamiento de cualquiera que no esté de acuerdo con él. En este contexto, la corrupción sólo puede aumentar “, dijo Mercedes de Freitas, Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela.

Venezuela ocupa el puesto 166 de 176 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International de 2016 y alcanza apenas 17 en una escala de 0 (muy corrupta) a 100 (muy limpia), lo que indica una corrupción desenfrenada.
El capítulo de Transparencia Internacional en Venezuela defiende fuertes medidas anticorrupción y se ha enfrentado a un considerable hostigamiento por hablar en contra de la corrupción.

La toma de posesión por el Tribunal Supremo, que está dominada por los nombramientos presidenciales, del Congreso, que tiene la mayoría de los miembros de la oposición, es una indicación de que el presidente Maduro está tratando de silenciar cualquier voz disidente.

Transparencia Internacional pide a la Organización de los Estados Americanos que mantenga los principios de la Carta Democrática Interamericana en el caso de Venezuela. Es un instrumento legítimo en la región que ayudará a restaurar la democracia en el país.

Foto: Transparencia Venezuela

31/03/2017