Proética y Convoca publican investigación sobre deforestación, tráfico de tierras y corrupción de funcionarios en Ucayali

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Proética, capítulo peruano de Transparency International, en alianza con Convoca publican la investigación  “Los negocios de la deforestación”, un caso de tráfico de tierras en la Amazonía peruana para la producción de palma aceitera a gran escala en manos del grupo Melka que involucra a exfuncionarios del gobierno regional de Ucayali investigados por delitos de corrupción.

En total, fueron más de 13 mil hectáreas de bosques de la Amazonía que fueron arrasadas y reemplazadas por cultivos de palma aceitera y cacao a cargo de las empresas Plantaciones de Ucayali (hoy Ocho Sur U SAC) y Plantaciones de Pucallpa SAC (hoy Ocho Sur P SAC), todas de propiedad del grupo Melka.

Esta investigación presenta los testimonios de  agricultores del caserío Bajo Rayal y la comunidad Santa Clara de Uchunya. Ambos denunciaron que perdieron hectáreas de territorio luego que la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali entregara de forma irregular constancias de posesión a personas vinculadas a Melka.

El empresario estadounidense-checo Dennis Melka no es el único denunciado. Autoridades y ex autoridades del gobierno regional de Ucayali, entre ellos el actual gobernador regional Manuel Gambini Rupay, y diversos funcionarios de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali (DRAU) son investigados por el Ministerio Público por los delitos contra los bosques y formaciones boscosas y utilización indebida de tierras agrícolas.

A pesar de dichas denuncias, el grupo Melka ha emprendido diversas estrategias para evitar que las autoridades tomen control de las tierras deforestadas.

El gobierno peruano tiene diversos compromisos internacionales para enfrentar los desafíos del cambio climático de la principal fuente de emisiones de gases de infecto invernadero: la creciente deforestación de los bosques para la ampliación de la frontera agrícola de la Amazonía. La lucha contra la corrupción es una de las claves para mitigar estos desafíos y mejorar la gobernanza en la gestión forestal.

Puedes descargar la investigación aquí o también descargarlo vía Dropbox. También puede descargar la versión en inglés aquí.

Foto: Aramís Castro

5/09/2017

Proética respalda la lucha contra la corrupción a alto nivel emprendida por la CICIG

El Director Ejecutivo Adjunto de Proética, Samuel Rotta, señaló que es necesario estar alertas contra las amenazas que, desde el poder político, se han lanzado contra la labor que desarrolla la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), la cual es un ejemplo para los esfuerzos contra la corrupción en toda nuestra región.

“La CICIG es un mecanismo acordado entre el gobierno guatemalteco y la ONU para enfrentar el abuso del poder. En coordinación estrecha con el Ministerio Público del país, ha logrado avances muy importantes en los últimos años y ha probado su eficiencia en detectar y perseguir la corrupción al más alto nivel, convirtiéndose en un ejemplo e inspiración para otros países”, dijo Rotta en la última edición de La Voz de Proética.

Hace unos días, el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, declaró persona no grata y ordenó expulsar al titular de la CICIG, Iván Velásquez, de nacionalidad colombiana, luego que dicha institución y el Ministerio Público solicitaran al Congreso de ese país abrirle una investigación contra Morales por el presunto delito de financiamiento electoral ilícito.

Ante este hecho, Proética junto a los capítulos latinoamericanos se pronunciaron a través de un comunicado donde expresaron su respaldo a la CICIG y repudiaron la medida adoptada por el presidente Morales que solo busca obstaculizar las investigaciones que se le sigue a su gobierno.

“Nos sumamos así a la reacción de la comunidad internacional que ha venido expresando su rechazo a esta decisión y demandando una pronta rectificación, así como también a las voces que al interior de Guatemala se han manifestado en el mismo sentido”, indicó.

Por ello, pidió a los peruanos y peruanas mantenerse alertas ante este tipo de hechos que puedan surgir en nuestro país.

“No está de más recordar que en el foro que realizó Proética, “Los candidatos presidenciales ante la corrupción”, en enero del año pasado, se pidió a algunos de los entonces aspirantes a ganar las elecciones su opinión sobre una medida similar para el Perú; es decir, convocar el apoyo internacional para combatir la corrupción.  No hubo, sin embargo, una respuesta clara ni un interés serio por evaluar los matices de una estrategia de este tipo.  Tal vez sea el momento”, finalizó.

Puedes leer el pronunciamiento de los capítulos latinoamericanos de Transparency International en respaldo a la CICIG aquí.

4/09/2017

Capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional hacen un llamado para fortalecer la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) y respaldarla frente a las amenazas a su autonomía

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Los capítulos nacionales de Transparencia Internacional en América Latina, ante la deplorable medida adoptada por el Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de declarar persona no grata al Sr. Iván Velásquez, quien venía encabezando la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), y ordenando al mismo tiempo su expulsión del país, nos dirigirnos a la opinión pública de la región, a fin de manifestar lo siguiente:

  • Expresamos nuestro repudio a las citadas medidas, así como advertimos a la comunidad internacional que se trata de una afrenta contra la institucionalidad democrática y la lucha contra la corrupción, además de implicar una seria ruptura de los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Guatemala en la lucha contra la impunidad.
  • La CICIG es un mecanismo acordado entre el gobierno guatemalteco y la ONU para enfrentar el abuso del poder, en coordinación estrecha con el Ministerio Público del país. Ha logrado avances muy importantes en los últimos años y ha probado su eficiencia en detectar y perseguir la corrupción al más alto nivel, convirtiéndose en un ejemplo para los esfuerzos contra la corrupción en toda la región.
  • La situación generada, que pone en riesgo la continuidad de la CIGIC,  tiene como principal responsable al propio Presidente de la República y tuvo lugar sólo horas después de que la citada comisión y el Ministerio Público solicitaran al Congreso de este país, llevar adelante el mecanismo del antejuicio, a fin de suspenderle la inmunidad y proceder a abrirle una investigación por el presunto delito de financiamiento electoral ilícito.
  • Queda en evidencia, entonces, la grosera manera en la que el Presidente Morales pretende obstaculizar, no solamente la investigación sobre el citado delito, sino también otros que ya vienen siendo investigados y que han sido atribuidos a aparatos clandestinos de seguridad, presuntamente vinculados al gobierno que él conduce.
  • Ante tan preocupante situación, la reacción producida en el plano internacional ha sido de claro rechazo a la medida, demandando al Presidente Morales una inmediata rectificación, así como el respeto al orden democrático y a las expresiones de discrepancia con las medidas, que vienen produciéndose desde distintos sectores de la sociedad guatemalteca.
  • Resulta muy alentador también que desde la propia escena oficial surgieran voces discrepantes, como las de varios Ministros de Estado que renunciaron a sus carteras mostrando su disconformidad con la actuación presidencial, así como la del Procurador para los Derechos Humanos (Ombudsman) y, sobre todo, lo resuelto por la Corte Constitucional de Guatemala, que ha suspendido los efectos de las decisiones del Presidente. Todo ello, permite abrigar la expectativa de que los hechos denunciados puedan ser revertidos en el corto plazo.
  • Hacemos en consecuencia un llamado para mantener alerta a la comunidad internacional a fin de respaldar la labor de la CICIG y de lo que ella representa para Guatemala y el mundo. También para solidarizarnos y acompañar al pueblo guatemalteco en estas difíciles circunstancias, convencidos de que el atropello producido no habrá de prosperar y que, por el contrario, abrirá a una etapa nueva de la que saldrá fortalecida la lucha contra la corrupción.
  • Finalmente, saludamos y respaldamos muy especialmente la labor que en ese hermano país viene realizando Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, y reiteramos nuestro compromiso de permanecer unidos y atentos para continuar apoyando su actuación a favor de la integridad y del pueblo de Guatemala.

Suscriben:

  • Asociación para una Sociedad más Justa ASJ, capítulo hondureño
  • Costa Rica Íntegra, capítulo costarricense
  • Chile Transparente, capítulo chileno
  • Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE, capítulo salvadoreño
  • Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño
  • Participación Ciudadana, capítulo dominicano
  • Poder Ciudadano, capítulo argentino
  • Proética, capítulo peruano
  • Transparencia Mexicana, capítulo mexicano
  • Transparencia por Colombia, capítulo colombiano
  • Transparencia Venezuela, capítulo venezolano
  • Transparencia Internacional – Programa Brasil
  • Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco

 Foto: EFE

4/092017

Unas de cal y otras de arena, por José Ugaz

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Este mes ha estado cargado de sorpresas en el contexto del Caso Lava Jato, el escándalo de corrupción más impactante que ha golpeado a América Latina, llegando a penetrar los niveles más altos del poder político en los 14 países en los que operó –a través de sobornos o financiamiento de campañas políticas– y generando pingües ganancias gracias al sobrecosto de grandes obras de infraestructura.

La dimensión y complejidad de las operaciones que lo componen auguran que, después de 4 años de haberse iniciado las investigaciones, recién estamos en los capítulos iniciales de lo que promete ser una serie por entregas al mejor estilo de Netflix.
En las últimas semanas, diversos acontecimientos han remecido a varios de nuestros países, en algunos casos con consecuencias negativas, y en otros, alentadoras. Veamos.

Jimmy Morales, presidente de Guatemala y ex cómico profesional, ensayó una broma de muy mal gusto. Como se sabe, hace casi 10 años, ante los altísimos niveles de grave criminalidad e impunidad en ese país, Naciones Unidas decidió crear la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una especie de fiscalía internacional con un equipo de 50 investigadores calificados de diversos países del mundo. La Cicig, que trabaja de la mano con la fiscalía guatemalteca, ha logrado éxitos notables en la lucha contra la corrupción, al punto que el ex presidente Pérez Molina y su vicepresidenta están en prisión tras haberse demostrado que lideraron una trama corrupta llamada La Línea.

Pues bien, la Cicig investiga al presidente Morales (cuyo hijo y hermano están presos por corrupción), y para ello pidió el levantamiento de su inmunidad. Morales reaccionó declarando persona non grata a Iván Velásquez, el impecable colombiano jefe de la Cicig, y ordenó su expulsión del país. La reacción de rechazo interno e internacional fue unánime (salvo los corruptos, claro está), y la Corte Constitucional declaró inconstitucional la orden presidencial. El presidente ha dado marcha atrás por ahora, pero esta ópera bufa está inconclusa.

En Panamá, la Corte Suprema de ese país, seriamente cuestionada por corrupción, decidió esta semana archivar el caso Finmeccánica, un escándalo de corrupción que involucra al ex presidente Martinelli y en el que sobran las pruebas. Pese a ello, la Suprema, retorciendo el derecho, cerró el proceso. Casi en simultáneo, la fiscal de la Nación, Kenya Porcell, declaró, en conferencia de prensa, en clara alusión al Poder Judicial y a otros oscuros actores, que “poderes políticos, económicos, mediáticos, de la banca y empresariales, están tratando de impedir que las investigaciones sean concluidas, amenazando e intimidando a los fiscales”. La corrupción siempre contraataca.

Sin embargo, en una nota positiva, un juez de Miami decidió el jueves conceder la extradición de Martinelli a Panamá, donde existen varias investigaciones en su contra, entre ellas, una por haber recibido, con sus hijos, decenas de millones de dólares de Odebrecht.

En Ecuador, el recientemente electo vicepresidente, Jorge Glas, ha sido procesado por corrupción, acusado de recibir sobornos para favorecer a Odebrecht con la entrega ilegal de contratos. El nuevo presidente, Lenin Morales, ha marcado distancia de Correa y ha prometido luchar frontalmente contra la corrupción.

En Venezuela, la chavista ex fiscal de la Nación Luisa Ortega ha fugado del país y viene acusando a Maduro y a varias otras altas autoridades de ese país de estar comprometidos en graves casos de corrupción. Dice contar con pruebas irrefutables. Venezuela es el país donde Odebrecht obtuvo más contratos.

En México, Emilio Lozoya, ex director de Pemex, la gigante empresa petrolera estatal, ha sido acusado de recibir diez millones de dólares de Odebrecht para asegurar los contratos de la empresa brasileña.

Finalmente, en lo que a los peruanos nos toca, Joseph Maiman, amigo y encubridor de Toledo, se ha acogido a la colaboración eficaz, con lo cual no hay que ser pitoniso para saber que este “ya fue”.

¿Alguien duda de que la corrupción en la región es sistémica?

Sin embargo, cabe insistir en que esta crisis de proporciones abre una ventana de oportunidad para repensar nuestros sistemas de control, de inversiones, de compras, de financiamiento de la política y de cómo se hacen los negocios en esta parte del mundo. Si la dejamos pasar, tal vez no haya otra.

Illustración: Giovanni Tazza

4/09/2017

“Gobierno abierto para la reconstrucción con cambios”, por Carlos Arroyo

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  •   Por Carlos Arroyo
  •   Coordinador de Gobierno Abierto y Auditorías Ciudadanas
  •   @carlosarroyo007 

La Presidencia de Consejo de Ministros presentó una versión preliminar del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, para recibir aportes de los gobiernos regionales y locales, así como de la sociedad civil hasta el 04 de setiembre.

La inversión para la reconstrucción supera los S/ 23 mil millones y el gobierno calcula se generarán al menos 150 mil empleos formales.  El plan establece que las obras sean ejecutadas por las municipalidades. Si se encuentran limitaciones para su ejecución, aquellas pasarán a cargo del gobierno regional o el ministerio competente. En última instancia, o para obras de gran magnitud, será la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARC) la responsable de la ejecución.

El director de la ARC, Pablo de la Flor, ha manifestado que se viene construyendo una web para transparentar los avances de las obras. Esto se complementará con la presencia de la Contraloría General de la República en los concursos y adjudicaciones. El plan compartido reafirma ambos puntos.

Gobierno abierto y reconstrucción

Uno de los tres ejes transversales de la Política de Modernización de la Gestión Pública del país es el Gobierno Abierto, el cual, de forma muy sintética, busca que los ciudadanos puedan obtener fácilmente información relevante y comprensible e interactuar con las instituciones públicas, participando en las tomas de decisión o fiscalizándolas.

Al poner en consulta pública el plan de reconstrucción, la ARC empieza a cumplir con esta obligación. Queda pendiente ver si los aportes llegan a ser atendidos por la Autoridad, incluyéndolos en el plan o, al menos, respondiéndolos.

También es positivo el uso de tecnologías digitales para aumentar la transparencia. Aunque aún es pronto para evaluar el portal, si éste llega a ofrecer información en formato de datos abiertos estaría poniéndose un largo paso por delante de los numerosos portales de transparencia del Estado ya existentes.

La opinión ciudadana

El Observatorio de Integridad viene preparando auditorías ciudadanas al proceso de reconstrucción, para lo cual está reuniéndose con organizaciones civiles de las zonas afectadas. Como parte de esas conversaciones, se ha podido identificar demandas y sugerencias respecto al proceso de reconstrucción que pueden ayudar a promover una efectiva participación ciudadana y mejorar la calidad de la transparencia del proceso. Las principales son:

  • Se debe definir con claridad el rol que cumplirá la ciudadanía dentro de los propios instrumentos de gestión de la reconstrucción. Que el ciudadano sea el centro del proceso no se agota con que sea beneficiario de éste, puede ser un agente de colaboración y vigilancia; sin embargo este papel no está reconocido en la ley que crea la ARC ni en el borrador del plan.
  • En cada nivel de gobierno debe determinarse las responsabilidades sobre la difusión de información acerca del proceso de reconstrucción. Hasta el momento, pareciera que la comunicación de la ARC con gobiernos regionales y locales está funcionando;  sin embargo, en opinión de los actores que hemos consultado, la comunicación con la ciudadanía es muy débil, pues sienten que saben muy poco del proceso.
  • La transparencia activa desde un portal electrónico no basta, por más funcional que este sea. Nuestra experiencia nos dice que muchas personas interesadas en vigilar obras públicas no necesariamente cuentan con recursos o posibilidades para acceder a Internet. Cabildos abiertos, rendiciones de cuentas públicas o notas informativas en medios de comunicación locales pueden ser más efectivos.
  • Lo más importante: sin acceso a información pública es imposible ejercer vigilancia ciudadana. Por ello, sería de mucha utilidad que el plan oriente a las entidades gubernamentales vinculadas a la reconstrucción a facilitar el ejercicio del artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que establece el acceso directo a la información, inmediato y en las propias oficinas públicas, como complemento al mecanismo más conocido de solicitud de información.

La reconstrucción con cambios es una gran oportunidad para mostrar eficiencia en la gestión pública y también para hacer efectiva y real la promesa del gobierno abierto.

Foto: Agencia Andina

1/09/2017

Gobierno abierto para la reconstrucción con cambios, por Carlos Arroyo

CARLOS

Por Carlos Arroyo. La Presidencia de Consejo de Ministros presentó una versión preliminar del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, para recibir aportes de los gobiernos regionales y locales, así como de la sociedad civil hasta el 04 de setiembre.

La inversión para la reconstrucción supera los S/ 23 mil millones y el gobierno calcula se generarán al menos 150 mil empleos formales. El plan establece que las obras sean ejecutadas por las municipalidades. Si se encuentran limitaciones para su ejecución, aquellas pasarán a cargo del gobierno regional o el ministerio competente. En última instancia, o para obras de gran magnitud, será la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARC) la responsable de la ejecución.

El director de la ARC, Pablo de la Flor, ha manifestado que se viene construyendo una web para transparentar los avances de las obras. Esto se complementará con la presencia de la Contraloría General de la Republica en los concursos y adjudicaciones. El plan compartido reafirma ambos puntos.

Gobierno abierto y reconstrucción

Uno de los tres ejes transversales de la Política de Modernización de la Gestión Pública del país es el Gobierno Abierto, el cual, de forma muy sintética, busca que los ciudadanos puedan obtener fácilmente información relevante y comprensible e interactuar con las instituciones públicas, participando en las tomas de decisión o fiscalizándolas.

Al poner en consulta pública el plan de reconstrucción, la ARC empieza a cumplir con esta obligación. Queda pendiente ver si los aportes llegan a ser atendidos por la Autoridad, incluyéndolos en el plan o, al menos, respondiéndolos.

También es positivo el uso de tecnologías digitales para aumentar la transparencia. Aunque aún es pronto para evaluar el portal, si éste llega a ofrecer información en formato de datos abiertos estaría poniéndose un largo paso por delante de los numerosos portales de transparencia del Estado ya existentes.

La opinión ciudadana

El Observatorio de Integridad viene preparando auditorías ciudadanas al proceso de reconstrucción, para lo cual está reuniéndose con organizaciones civiles de las zonas afectadas. Como parte de esas conversaciones, se ha podido identificar demandas y sugerencias respecto al proceso de reconstrucción que pueden ayudar a promover una efectiva participación ciudadana y mejorar la calidad de la transparencia del proceso. Las principales son:

  • Se debe definir con claridad el rol que cumplirá la ciudadanía dentro de los propios instrumentos de gestión de la reconstrucción. Que el ciudadano sea el centro del proceso no se agota con que sea beneficiario de éste, puede ser un agente de colaboración y vigilancia; sin embargo este papel no está reconocido en la ley que crea la ARC ni en el borrador del plan.

  • En cada nivel de gobierno debe determinarse las responsabilidades sobre la difusión de información acerca del proceso de reconstrucción. Hasta el momento, pareciera que la comunicación de la ARC con gobiernos regionales y locales está funcionando; sin embargo, en opinión de los actores que hemos consultado, la comunicación con la ciudadanía es muy débil, pues sienten que saben muy poco del proceso.

  • La transparencia activa desde un portal electrónico no basta, por más funcional que este sea. Nuestra experiencia nos dice que muchas personas interesadas en vigilar obras públicas no necesariamente cuentan con recursos o posibilidades para acceder a Internet. Cabildos abiertos, rendiciones de cuentas públicas o notas informativas en medios de comunicación locales pueden ser más efectivos.

  • Lo más importante: sin acceso a información pública es imposible ejercer vigilancia ciudadana. Por ello, sería de mucha utilidad que el plan oriente a las entidades gubernamentales vinculadas a la reconstrucción a facilitar el ejercicio del artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que establece el acceso directo a la información, inmediato y en las propias oficinas públicas, como complemento al mecanismo más conocido de solicitud de información.

La reconstrucción con cambios es una gran oportunidad para mostrar eficiencia en la gestión pública y también para hacer efectiva y real la promesa del gobierno abierto.

Proética demanda una respuesta más articulada del sistema judicial en la lucha contra la corrupción

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, saludó el anunciado acuerdo entre Josef Maiman y el Ministerio Público para que aquel brinde información relevante en el caso del ex presidente Toledo. Sin embargo, recomendó que este hecho se vea acompañado de otros cambios al interior de esa institución, que contribuyan a generarle credibilidad y respaldo ciudadano. Asimismo, demandó una labor más articulada del sistema judicial, para enfrentar con éxito la lucha contra la corrupción.

“De confirmarse este anuncio y verificarse las diligencias necesarias en la investigación, se habrá dado un paso significativo, no solamente en términos de la prueba necesaria para terminar de cerrar esta etapa del caso, sino para la credibilidad misma del trabajo de la Fiscalía”, indicó en la última edición de La Voz de Proética.

En ese sentido, exhortó al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez a promover dichos cambios y evaluar con cuidado la actuación de los distintos fiscales con el propósito de garantizar la idoneidad de los mismos en estos delicados casos. De otro lado, destacó la necesidad de contar con una mejor articulación entre las instituciones del Estado, si se quiere enfrentar la corrupción con éxito. “Lo deseable, además, es que estos esfuerzos no se limiten al Ministerio Público, sino que alienten también una actuación más articulada entre esta institución, las renovadas procuradurías y el Poder Judicial”, afirmó.

Finalmente, Albán remarcó que la corrupción aprovecha toda debilidad y que el Estado peruano no puede seguir ofreciendo flancos débiles, como los que ha sido posible constatar hasta este momento.

Foto: Ministerio Público

28/08/2017

Fiscal brasileño: “La anotación sobre Keiko Fujimori puede ser entregada en estos días”

(Por Rodrigo Cruz/El Comercio). El fiscal brasileño Orlando Martello, miembro de la Fuerza de Tarea de Lava Jato en Curitiba, fue quien confirmó –hace dos semanas– a la fiscalía peruana que existe la anotación “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita” en la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht. El fiscal, en esta entrevista telefónica, cuenta que existen otras personas en Brasil –además de Jorge Barata y Ricardo Boleira– que están dando información sobre los sobornos pagados en el Perú.

— ¿Cuándo llegará al Perú la anotación de Marcelo Odebrecht en la que se menciona a Keiko Fujimori?
Yo fui quien le pidió formalmente al juez Sergio Moro que autorice compartir esa información porque vi que la necesitaban. Esta ya fue enviada la semana pasada a nuestra Secretaría de Cooperación Internacional en Brasilia para que sea mandada al Perú. Lo tramité como una colaboración espontánea.

— ¿Por qué espontánea?
Primero, porque el pedido que hizo inicialmente el Perú estaba demorando. Además, sabía que la fiscalía peruana tenía prisa por tener esa información. El fiscal [peruano] Alonso Peña Cabrera me pidió que verifique aquí, en Curitiba, ese documento, lo localice y lo envíe como una colaboración espontánea.

—Hechos esos trámites, ¿cuándo cree que llegará?
No tengo cómo dar una precisión a eso porque no está bajo mi control. Pero sé que no hay problemas para que sea entregada. Falta apenas una gestión burocrática que puede ser resuelta en uno o dos días. Lo único que demoraba era conseguir la autorización del juez Sergio Moro.

— ¿Qué gestiones faltan para que llegue la anotación?
La traducción del documento y la asignación de un compromiso que diga que esa información no se usará en contra de nuestros colaboradores [eficaces]. Se trata de un trámite muy rápido. Por eso digo que puede demorar uno o dos días. Alonso Peña [quien se encuentra en Brasil] tiene una buena relación con Vladimir Aras, el jefe de la Cooperación Internacional del Ministerio Público de Brasil. Así que puede que esa información ya se le esté entregando a él en estos días.

— ¿Solo enviarán la anotación o tienen más pruebas?
Solamente enviaremos esa información porque no tenemos nada más en Curitiba.

— ¿No tienen más información respecto a Keiko?
No en los documentos que tenemos. Pero es posible que haya más información en las delaciones hechas por los ex ejecutivos de Odebrecht. Existe un material que está separado en Brasilia con todas las irregularidades que sucedieron en el Perú . Es posible que en esos testimonios se hayan revelado más cosas sobre Keiko Fujimori.

— ¿También sobre otros políticos peruanos?
También es posible. Sin embargo, el contenido de ese material no lo conozco.

— ¿Por qué esa información solo está en Brasilia?
Porque fue hecha como parte de la colaboración premiada de la empresa. Todo ese material fue encaminado a Brasilia. No solo la parte respecto al Perú, sino la que refiere a todos los demás países. Además, en Curitiba no tenemos competencia jurisdiccional para procesar lo sucedido fuera de Brasil.

— ¿Y por qué recién envían la anotación sobre Keiko?
Porque no sabíamos que había una anotación importante [para ustedes]. Esa anotación por sí sola no era relevante para nosotros.

—¿Cómo la obtuvieron?
Estaba en el celular de Marcelo Odebrecht que fue incautado cuando lo arrestamos [en el 2015]. Analizamos su contenido, y ahí estaba. Pero fue por el pedido de la fiscalía peruana, creo que a raíz de la publicación de un medio, que se hicieron las gestiones para que sea remitida oficialmente.

—Para usted, ¿esa anotación prueba que Odebrecht financió a Keiko Fujimori?
No puedo concluir eso. Se tiene que comprender el contexto y oír a las personas involucradas. Puede ser un punto de partida para investigar. Pero hay que recordar que en las anotaciones de Marcelo Odebrecht había anotaciones sobre conversaciones con varias personas. De hecho, aparecen nombres de políticos brasileños en esas agendas pero no quiere decir que estén involucrados en algún ilícito.

— Según su experiencia, ¿es posible que Odebrecht haya financiado a más de un partido político en el Perú?
Solamente puedo hablar respecto de Brasil porque no conozco la realidad en el Perú. En Brasil era común que Odebrecht financiara a los principales candidatos porque uno u otro iba a ganar la elección. Entonces, lo hacía para estar bien con todos. Es posible que haya pasado lo mismo en el Perú. Solo es una hipótesis.

— ¿Solo Jorge Barata y Ricardo Boleira están hablando sobre sobornos en el Perú, o hay más colaboradores?
Hay más personas.

— ¿Luiz Mameri, ex jefe de la constructora en América Latina, es uno de ellos?
No le puedo decir porque no tengo los testimonios conmigo. Pero sé que hay más.

— ¿Ya se han hecho las coordinaciones con el Perú para que sean interrogados los nuevos colaboradores?
Falta que se haga un acuerdo. Es necesario que se proteja a los colaboradores. Ellos quieren hablar, pero no pueden ser procesados por lo que dicen. Es necesario que el Perú haga un acuerdo que permita que entreguen las pruebas. Creo que la empresa no está totalmente protegida en su parte civil en el Perú.

— ¿Sería un acuerdo como el que firmó la fiscalía peruana con Marcelo Odebrecht en Curitiba?
Aquella vez, por ejemplo, los fiscales se comprometieron a no utilizar su testimonio contra él o la compañía.

— ¿Hay un nuevo pedido para interrogar a Odebrecht?
No lo sé aún. Los pedidos llegan primero a Brasilia y luego son enviados a nosotros.

— ¿Y para Jorge Barata?
En el caso de Jorge Barata, el pedido no viene a Curitiba porque él no está aquí. Creo que Barata está en Bahía.

— En setiembre entrará Raquel Dodge como procuradora general de Brasil, ¿es posible que con su entrada cambie la cooperación que tienen con el Perú?
No creo que nada cambie. Es cierto que esta pregunta debe ser hecha a ella, pero puedo decir que la doctora Dodge es una persona con mucha experiencia y comprende la importancia de la cooperación internacional, sobre todo en casos transnacionales y de gran complejidad.

Foto: El Comercio