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Elaborarán proyecto de ley sobre declaración jurada de intereses, ingresos y bienes de funcionarios
(Fuente: El Peruano). Una propuesta normativa para regular la declaración jurada de intereses, ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos con el propósito de convertirla en una herramienta eficaz de prevención de la corrupción que permita detectar posibles conflictos de interés en la administración pública elaborará la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) en 45 días hábiles.
Ese grupo de trabajo llevará a cabo esa tarea junto con otras instituciones, como la Contraloría General de la República, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
Con ese objetivo, en la última sesión de la CAN, los miembros de esta comisión acordaron formar un subgrupo de trabajo, que se instaló formalmente con la participación de representantes de las referidas instituciones.
En su primera reunión se acordó incorporar a Proética como miembro de este subgrupo; además, se invitará a otras entidades, como la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Al culminar su labor, el subgrupo de trabajo presentará la propuesta normativa ante el pleno de la CAN para que la apruebe y, posteriormente, la derive al Congreso de la República como un proyecto de ley, mediante la intervención de uno de sus miembros con iniciativa legislativa.
Respecto a la declaración jurada de intereses, existe un anteproyecto elaborado por la CAN y un proyecto de decreto legislativo, desarrollado por el Minjus, que serán insumos importantes para redactar la propuesta normativa.
En cuanto a la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, existe la Ley Nº 30161, modificada por la Ley Nº 30521, que no rige porque no se aprobó su reglamento.
Trascendencia
A criterio de la CAN, resulta importante contar con un marco legal que permita una mayor eficiencia en la supervisión de los ingresos, bienes, rentas e intereses de los principales funcionarios y servidores públicos, y que incorpore, además, la utilización de las nuevas tecnologías para contrastar y supervisar de manera efectiva la información proporcionada.
El objetivo es contar con un sistema articulado y coordinado entre diversas instituciones para prevenir los actos de corrupción, así como los conflictos de intereses en el Estado, acorde con los estándares internacionales, informó la CAN.
Foto: CAN
25/08/2017
Proética plantea tomar con reserva la ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción
El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, planteó tomar con reserva la reciente modificación de la Constitución para establecer la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, debido a que esta decisión del Congreso, resultaba mucho menos importante que abordar los reales un problemas de fondo en esta materia, que se relacionan más bien con las excesiva dilación de la que con frecuencia son objeto las investigaciones fiscales y los procesos judiciales contra funcionarios corruptos, permitiendo que tales actuaciones se prolonguen por años, sin que se llegue a un resultado.
“Pareciera que se cumple por fin una vieja aspiración para evitar la impunidad, y que ningún funcionario responsable de esos delitos pueda encontrar, en el simple transcurso del tiempo, la oportunidad para escapar de la persecución penal y su sanción”, dijo en la última edición de La Voz de Proética.
Sin embargo, advirtió que a pesar de existir en la actualidad plazos suficientes para procesar debidamente, incluso aquellos casos que por su complejidad requieren investigaciones y juzgamientos prolongados, estos no son respetados y la lentitud con la que suelen tramitarse precisamente estos casos, es más que preocupante.
“Los delitos de corrupción más graves, cuentan ya con penas elevadas y conforme al actual Código Procesal, la prescripción se suspende al iniciarse el proceso penal. Resulta discutible entonces que la imprescriptibilidad pueda ser entendida como el gran remedio”, recalcó.
Sostuvo que hoy en día asistimos a varios procesos importantes que por su carácter complejo, el Ministerio Público viene investigando desde años atrás, sin siquiera formular las acusaciones que permitan dar paso a un cabal juzgamiento de los imputados.
Por ello, manifestó que urge mejorar los procesos y diseños de actuación en lo que toca a las etapas de investigación y juzgamiento, para que culminen en plazos que correspondan a su complejidad, pero sin dejar de ser razonables.
“Es importante acabar con la impunidad, pero debemos lograr este objetivo de la mejor manera. La verdadera justicia es también oportuna”, finalizó.
Foto: Agencia Andina
21/08/2017
Eduardo Vega: “Falta más iniciativa en lucha anticorrupción”
(Por Ricardo Monzón/Perú21). El Legislativo y el Ejecutivo sacaron adelante el proyecto de reforma constitucional para permitir la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en el Estado, el cual pretende ser un antídoto contra este flagelo que campea en todo estamento público. Eduardo Vega, ex presidente de la Comisión Presidencial de Integridad, opina sobre las repercusiones de la ley.
¿Cuánto puede cambiar la administración pública con esta medida?
Va en la línea de reconocer que en los últimos años frente a la corrupción hubo mucha impunidad porque se aplicaban los plazos de prescripción, ya que los procesos se dilataban mucho. Una norma de este tipo intenta cambiar el rumbo de impunidad.
¿En qué plazos prescribían los delitos antes de esta norma?
En el mismo que tenía la pena. Por ejemplo, si se trataba de peculado, que tiene una condena de cuatro años, prescribía el caso en cuatro años. Esta figura de la imprescriptibilidad va a ir de la mano de otras que se han ido dando en los últimos meses, a partir de la delegación de facultades: agravamientos de pena, penas efectivas, es decir, sin beneficios penitenciarios, muerte civil, y luego esta imprescriptibilidad.
¿Entonces sí se ha impulsado un paquete integral anticorrupción?
Sí, en el plano normativo sí tenemos un paquete distinto del que teníamos hace un año atrás.
¿Las medidas que menciona, y en específico la de no prescripción, son disuasivas?
Frente a la corrupción tenemos que ver medidas preventivas, de control y represivas. En este caso, estamos frente a las medidas represivas, punitivas, y este paquete era necesario. Obviamente, hay que seguir viendo las medidas de control, la Contraloría requiere una modernización y, por supuesto, necesitamos también medidas preventivas. Debe haber mayor transparencia en cómo se actúa en el Estado.
¿Pero la sanción penal apunta al desaliento en la comisión de delitos?
Así es. Pero, mire, en el Poder Judicial se ha condenado a 3,356 personas por delitos de corrupción y solo están en la cárcel 506. Eso hace que los corruptos estén permanentemente haciendo su costo-beneficio. Ahora sabrán que, por lo menos, no va a prescribir el delito.
Cuando la Comisión Presidencial de Integridad entregó su informe, usted dijo que 30 de las medidas allí contempladas podían implementarse rápidamente. ¿Cuál es su balance de ello?
Me refería a propuestas normativas que tenían que ver con el ámbito penal. Si hoy, después de 8 meses de haber terminado el trabajo de la comisión, hago un balance, pues hay un nuevo marco jurídico, un avance. En cuanto a transparencia, el presidente publicó su declaración jurada de intereses, pero no hay una norma que respalde y obligue a eso. Hay que mirar los dos lados de la moneda.
¿Qué otras medidas que planteó la comisión no se han concretado?
Está la creación de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, que sí se creó, pero es una dirección dentro del Ministerio de Justicia. Yo no me imagino a un director pidiéndole a un ministro información y que le hagan caso. Y lo tercero está pendiente, una nueva ley de lobbies. Sí se reguló esta ley, pero, creo, de manera deficiente. Por el otro lado, sí es una buena ley la de protección al denunciante.
La Comisión de Integridad también hizo una propuesta para cambiar la conformación del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y esta dista mucho de la que finalmente propuso el presidente Kuczynski.
Quedé sorprendido por dos cosas. Primero porque, efectivamente, el presidente tenía una propuesta en mano de la comisión que proponía que la mitad de los miembros del CNM sean elegidos por concurso público y la otra mitad por instituciones y, dos, uno aceptaría esta propuesta si fuera buena, pero no, es mala. Un debate que se inicia con una propuesta de ese tipo no llegará a buen puerto. Sí hay necesidad de una reforma en el CNM, pero no para debilitarla o politizarla.
Jorge Medina, presidente de Proética, dijo en Perú21 que no había ni liderazgo ni energía del gobierno para impulsar políticas de lucha contra la corrupción. ¿Coincide?
Nosotros siempre hemos esperado un mayor liderazgo y energía frente a la corrupción, que sea el tema central de este gobierno y lo que vimos en los primeros meses no hablaba mucho en ese sentido. Siento que falta más iniciativa. El paquete normativo es un avance, pero no es todo. No hacen bien a la lucha anticorrupción estas tensiones, peleas, que vimos del Ejecutivo con la Procuraduría.
¿Qué podría hacer el presidente para tener más iniciativa en estos temas?
Hay que crear verdaderos sistemas de integridad en las contrataciones públicas, en la selección de personal y mejorar los sistemas de transparencia. Con el sector privado, hay que mejorar el tema de las APP (asociaciones público-privadas), que han sido fuente de los casos más graves de corrupción en el país: Chinchero, Gasoducto, tren eléctrico, Interoceánica. Las empresas brasileras se han aprovechado de estos sistemas de APP para sobrevalorar las obras y para ganar en los arbitrajes.
Foto: USI
21/08/2017
Proética: Hay indicios para investigar a Keiko Fujimori por lavado de activos
(Fuente: Agencia Andina). Las anotaciones de Marcelo Odebrecht sobre Keiko Fujimori son suficientes indicios para investigar a la lideresa de Fuerza Popular por el presunto lavado de activos, señaló el director ejecutivo de Proética, Walter Albán.
Por ello, Albán consideró correcto el envío de fiscales a Brasil para el recojo de información al respecto debido a sus implicancias.
“En esto (las anotaciones de Odebrecht) habría suficientes indicios para hablar, por ejemplo, de lavado de activos. Esto necesariamente, obligará a abrir una investigación a fondo sobre estos hechos”, expresó en declaraciones a Andina.
Dijo que corresponde al Ministerio Público actuar frente a las versiones recogidas sobre una supuesta anotación de Marcelo Odebrecht sobre Keiko Fuijmori, porque debe existir una igualdad de criterios en las investigaciones.
El director de Proética, también exministro del Interior, recordó que la Fiscalía abrió investigación preliminar a los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala, así como a la exprimera dama, Nadine Heredia, por hechos similares.
“Sería inaceptable si el Ministerio Público no tomara medidas, pero lo está haciendo. El criterio no debe ser abismalmente diferente y aquí los elementos, que todos hemos podido apreciar, son bastante parecidos si comparamos casos”, agregó.
Indicó que investigaciones de esta naturaleza le hace bien al país porque los políticos deben actuar con transparencia.
Foto: Perú21
21/08/2017
Aprobaron imprescriptibilidad de delitos de corrupción de funcionarios
(Fuente: La República). El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación y por unanimidad la reforma constitucional referida a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos.
De esta manera, el plazo de prescripción de la acción penal se duplica en los ilícitos cometidos en contra de la administración pública.
No obstante, debe precisarse que la norma también alcanza a los servidores del sector privado e incluso a los procesos por corrupción pendientes.
La congresista de Nuevo Perú Marisa Glave saludó la aprobación de esta norma y la consideró “como un gran paso en la lucha contra la corrupción”.
El ex presidente de la Comisión de Constitución Miguel Torres sostuvo que en los próximos días se aprobará una ley para definir exactamente cuáles son los delitos que no prescribirán.
El congresista y presidente de la Comisión de Justicia, Alberto de Belaunde, saludó la aprobación por unanimidad de la ley de imprescriptibilidad porque “marca el camino para acabar de una vez con la impunidad”.
18/08/2017
Poder Judicial pide al Gobierno aprobar la política nacional de lucha contra la corrupción
(Fuente: Gestión). El titular del Poder Judicial y presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), Duberlí Rodríguez Tineo, invocó al Ejecutivo la urgente aprobación de la política nacional de lucha contra la corrupción, iniciativa elaborada por este grupo de trabajo y aprobada por su pleno en febrero.
“Es momento de mostrar que todos nosotros apuntamos a un mismo objetivo, por ello es indispensable avanzar con la aprobación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción así como su herramienta de implementación, el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2017-2021”, subrayó.
Ante las autoridades y representantes de las 23 instituciones públicas, privadas y la sociedad civil que conforman la CAN, refirió que esta política de lucha contra la corruupción, que se encuentra en proceso de aprobación en la PCM, servirá como marco de referencia para definir las acciones y medidas más prioritarias del Plan 2017 – 2021.
“Tener por primera vez una Política Nacional de Integridad resulta trascendental, por lo que solicitó a la PCM dar prioridad a la aprobación de dicha política pública”, subrayó.
Ante lo cual, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, indicó esta sería aprobada a más tardar, en la quincena de setiembre. Esto permitirá que la CAN inicie la elaboración del Plan Nacional de lucha contra la corrupción para lograr su aprobación antes de fin de año.
Pasos urgentes
En otro momento, el titular de la CAN lamentó que, en la actualidad, la corrupción se haya convertido en el principal problema del país, de acuerdo a la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Por lo que anunció algunas medidas urgentes que implementará e impulsará a la brevedad, entre ellas, la reactivación de las Comisiones Regionales Anticorrupción (CRA), con el objetivo de comprometer a las autoridades del interior del país en la promoción de la integridad y lucha contra la corrupción.
Del mismo modo, dijo que su gestión impulsará el fortalecimiento de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, con el fin de consolidar su institucionalidad y lograr un mayor compromiso de sus miembros en las actividades que desarrollan.
Como primer paso, hoy se aprobó el anteproyecto de ley de reforma de la CAN que será enviado al Congreso de la República y que incorpora al Ministerio de Educación y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como nuevos miembros y, además, otorga voz y voto a todos sus integrantes.
Otro de los acuerdos fue la creación de un grupo de trabajo conformado por la CAN, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Contraloría General de la República, Proética y la Cámara de Comercio de Lima, que se encargará de elaborar una propuesta normativa que regule de manera armónica, la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas y la Declaración Jurada de Intereses, con el fin de lograr una mayor eficacia de estas importantes herramientas de prevención de la corrupción.
“Está en nuestras manos, de cara a la historia y ad portas del Bicentenario de nuestra Independencia, llevar adelante las acciones detalladas y las demás que sean necesarias para hacer frente a la corrupción y sentar las bases para un Estado íntegro y más justo para todos sus ciudadanos”, enfatizó el titular de la CAN.
Foto: CAN
16/08/2017
Proética se pronuncia sobre investigaciones del Ministerio Público y situación de Keiko Fujimori
El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, reiteró la necesidad una nueva normatividad que prohíba determinado tipo de donaciones o aportes para las campañas electorales, tras las declaraciones brindada por Marcelo Odebrecht de haber financiado a Keiko Fujimori.
Además, recalcó que el Ministerio Público y el Poder Judicial deben realizar investigaciones a fondo sobre este y otros casos, con absoluta independencia, imparcialidad y equidad.
“La reciente confirmación acerca de lo declarado por el Sr. Marcelo Odebrecht en Brasil, dando cuenta de los aportes que su empresa hizo también a la Sra. Keiko Fujimori durante la campaña del 2011, no dejan lugar a dudas respecto a las acciones que le corresponde adoptar al Ministerio Público, para investigar a fondo estos hechos y obrar en consecuencia con los resultados que de allí se deriven”, dijo en la última edición de La Voz de Proética.
Precisó que, como ocurre también en el caso del ex presidente Ollanta Humala, se trata de asuntos que no los involucran en calidad de autoridades o funcionarios, sino como candidatos en un proceso electoral, por no haber declarado y rendido cuentas respecto a las importantes sumas de dinero provenientes de la denominada ‘Caja 2’ de la empresa Odebrecht, que usaba para actividades ilícitas, según el testimonio del máximo directivo de esta compañía.
“Nos encontramos entonces ante situaciones muy parecidas, que merecen sin duda un procesamiento riguroso por parte de las autoridades jurisdiccionales, a fin de establecer si, en efecto, hubo o no delito”, agregó.
Ambas situaciones, agregó, se distinguen de las que comprenden a otras personas involucradas en el escándalo Lava Jato, como el ex presidente Alejandro Toledo, a quienes se imputa haber recibido sobornos cuando ejercían cargo de la más alta autoridad en el Estado. Conductas de esta naturaleza, hace mucho que se encuentran tipificadas como graves delitos de corrupción, por lo que solamente se trata de una cuestión de probanza para que se se tengan que aplicar las penas correspondientes.
“En el caso de los aportes para campaña en cambio, no hay legislación que los prohibía, ni conductas claramente tipificadas como delito, por no declararlos debidamente, y es esa la razón por la que el Ministerio Público recurre a otras figuras delictivas como el lavado de activos, que exigen la concurrencia de otros elementos para que puedan quedar acreditados ”, indicó.
Por ello, manifestó es evidente la necesidad de que el Congreso de la República legisle, para impedir que el dinero sucio continúe entrando en las campañas políticas.
“Aquí se trata de poner límites claros, para que todos estemos advertidos y protegidos contra la economía ilegal en la política”, finalizó.
14/08/2017