(Por Luis Felipe Gamarra / Revista Cosas). José Ugaz Sánchez-Moreno es probablemente uno de los pocos abogados peruanos que puede hablar con conocimiento sobre la lucha anticorrupción. Durante catorce meses encabezó la Procuraduría Ad-Hoc para el caso Fujimori-Montesinos, el más importante en la historia judicial peruana, en el que se llegó a sentenciar a más de ciento veinte personajes claves de ese periodo, empezando por el propio Alberto Fujimori.
¿Considera que la elección del nuevo contralor, Nelson Shack, representa un paso firme en materia de lucha anticorrupción?
No necesariamente. La precipitación de la caída del ex contralor Edgar Alarcón no ha permitido un debate amplio para poder auscultar en el pasado de Shack. La oposición ha cuestionado que se haya enviado un solo candidato. Si bien parece tener un buen perfil, hubiera sido ideal generar algo de competencia para poder comparar propuestas. En estos casos, el acceso a los antecedentes, a la trayectoria, ayuda a que sea una elección legítima y se eviten futuros cuestionamientos.
¿Considera que el tema anticorrupción está en el ADN del presidente Pedro Pablo Kuczynski?
Me queda claro que no es su prioridad. Su percepción del problema es superficial. En una entrevista reciente, el presidente señala que estamos de salida del caso Lava Jato, cuando en realidad recién estamos entrando. Si considera que, porque ya salieron dos o tres nombres, hay un presidente preso y otro perseguido, Lava Jato está resuelto, está equivocado. Los implicados están recién por aparecer. En Brasil llevan cuatro años y están en una etapa que dista de ser la de salida.
¿La medida en contra del expresidente Ollanta Humala y su esposa ha sido excesiva?
A diferencia de otros casos, en este hay información de los orígenes del financiamiento que se ha reunido después de tres años de investigaciones. Lo que no se comprende es por qué el fiscal, en lugar de terminar la investigación, formalizando la acusación penal, recurrió a la ampliación de dieciocho meses, dilatando el proceso. No tiene sentido.
¿Cuál cree que ha sido el problema?
Es un problema de enfoque de la Fiscalía. Y, sobre el peligro procesal (la posibilidad de fuga), parece que la decisión del juez no ha sido proporcional. La detención antes de la condena es la última opción para un juez. ¿No bastaba impedimento de salida del país? ¿Una prisión domiciliaria?
¿La justicia peruana está preparada para este caso?
Ningún país, menos en América Latina, por la falta de recursos, tanto humanos como económicos, está realmente preparado para competir con el poder político y económico de la corrupción. Pero existen formas, como en Brasil, que en un caso complejo como este creó una Fuerza de Tareas. En el caso peruano se advierte una falta de coordinación al más alto nivel. En el caso Fujimori-Montesinos, donde se creó el subsistema anticorrupción, se creó un coordinador superior a nivel de la Fiscalía, que hacía que todos los fiscales provinciales actuaran de una manera coordinada. Aquí hay desorden; incluso, hay quienes se declaran en rebeldía frente al sistema anticorrupción.
En este contexto, ¿siente que las exprocuradoras Julia Príncipe y Katherine Ampuero estuvieron a la altura del cargo?
La Procuraduría en general ha sufrido una serie de embates que la han colocado en una situación muy precaria. Eso mismo ha llevado al propio Ministerio Público a que no confíe en la Procuraduría. Aquí ha habido procuradoras que se mandan por su lado. Primero, declaran que no van a pedir reparación civil; después, dicen que sí; primero, hablan de una cifra; después, de otra, y eso genera disfunción. La Procuraduría no está en su mejor momento, porque, además, el Ministerio de Justicia tampoco define cuál será la estructura que tendrá y cuál será el perfil para tener buenos procuradores.
¿Cómo golpea este clima el hecho de que se hable de un indulto a Alberto Fujimori?
Alberto Fujimori, además de estar preso por casos de derechos humanos, se allanó a los casos por corrupción. Es claro que sería un golpe para la lucha anticorrupción. El problema del presidente Kuczynski, que está evaluando esta posibilidad, es que él es un hombre que viene del mundo empresarial, sin historia en materia anticorrupción, ni lucha por los derechos humanos. Viene de las finanzas, donde todo lo que fue violencia política fue ajeno e incomprendido.
¿Su olfato de exprocurador le dice que hay suficientes indicios para ir detrás de Alan García?
En materia penal no puedes confiar en tu olfato. Hay que analizar lo que hay sobre la mesa, y hay elementos iniciarios: su amistad con Barata, su participación en las obras, su entorno, donde ya hay gente procesada y detenida. Todo justifica por lo menos una indagación más profunda; por eso, llama la atención que, viniendo de Brasil una mención a la situación de financiamiento de partidos, la Fiscalía no haya tomado ese elemento para abrir otra investigación.
31/07/2017
