(Por Diego Chirinos/El Comercio) El Congreso de la República dio, la semana pasada, un nuevo paso en el camino hacia la tantas veces anunciada reforma electoral.
Con 72 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones, el pleno del Parlamento aprobó un dictamen que busca modificar aspectos de la Ley de Organizaciones Políticas vinculados a los aportes y a la entrega de dádivas en campaña electoral.
La votación del pasado miércoles no fue la definitiva. Y, si bien el dictamen necesitará ser aprobado en una segunda votación para convertirse en norma, diversos especialistas consultados por este Diario ya advierten que, como está, la iniciativa resulta incompleta.
1. La gradualidad en las sanciones para la entrega de dádivas
El aspecto del dictamen que más controversia ha generado es el que propone una amonestación económica de 30 UIT (121.500 soles) como primera sanción ante la entrega de dádivas.
De aprobarse la iniciativa, la expulsión del proceso electoral ya no será el primer castigo al candidato infractor.
“Hay que distinguir lo legal de lo popular. La exclusión es estrictamente un proceso sancionador y estos deben tener criterios de gradualidad. Pero esa flexibilidad también debe darse hacia el ente sancionador para, de ser un caso muy grave, aplicar la expulsión directa”, advierte el especialista en derecho electoral Diethell Columbus.
La norma, como está, no contempla esa posibilidad.
2. Cocteles con tope, recaudación sin tope
Otro de los aspectos que busca regular el dictamen es la recaudación a través de cocteles.
Si se aprueba el dictamen, se podrá recaudar como máximo 250 UIT (S/862.500) por cada uno de estos. Sin embargo, la iniciativa no establece un límite como parte de la recaudación total de la campaña.
“El riesgo de eso es que, al no tener límites, los cocteles sirvan para sacar la vuelta a la ley. Lo recomendable es que, a través de estos, se permita recaudar como máximo entre 10% y 20% de los ingresos de campaña”, indica el secretario general de Transparencia, Gerardo Távara.
3. Sanciones al candidato y no al partido
Si bien las fuentes consultadas destacaron el intento del Parlamento de establecer sanciones para diversas infracciones, consideran que estas aún son insuficientes. Ello ya que estas se orientan principalmente a los candidatos y no a las organizaciones políticas.
“Así como se reclama que cada candidato pertenece a un partido y no puede tomar distancia sin consecuencias, de la misma manera los partidos deben ser responsables. No es posible que queden sin ninguna afectación cuando cometen algún tipo de infracción”, comenta el director ejecutivo de Proética, Walter Albán.
4. Infracciones políticas sin castigos políticos
En línea con el punto anterior, los especialistas inciden en que resulta necesario incorporar sanciones políticas frente a infracciones de campaña, es decir, castigos que vayan más allá de las sanciones administrativas que ya contempla el dictamen.
“Está demostrado que las multas o no se pagan o no generan un efecto disuasivo. Es necesario complementar el dictamen para que, en casos graves, se permita suspender la participación de esas organizaciones o incluso quitarles la inscripción”, sostiene Roque Bravo, ex secretario general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
5. Aportes de campaña por parte de empresas
El dictamen aprobado también restringe el aporte de empresas con fines de lucro, nacionales o extranjeras, a las campañas electorales.
Y, en este punto en particular, las opiniones de los especialistas consultados por El Comercio son disímiles. Mientras Columbus y Bravo reconocen que es una medida necesaria por el actual contexto generalizado de corrupción, Távara y Albán consideran que esto podría convertirse en un incentivo perverso.
“Lo más importante es transparentarlos y poner límite. Prohibirlos alimentará los aportes por lo bajo”, concluye Albán.
10/10/2017
