Proética promueve la brigada anticorrupción en Piura

Del 07 al 10 de noviembre se llevará a cabo la octava edición descentralizada de la Brigada Anticorrupción en Piura, una iniciativa de vigilancia ciudadana orientada a identificar riesgos o casos de corrupción en las instituciones públicas. En esta ocasión, nuestro equipo de brigadistas visitará la Municipalidad Distrital de Catacaos y la Municipalidad Provincial de Piura.

Esta iniciativa ciudadana que se realiza desde el año 2015, cuenta con la colaboración de la Contraloría General de la República (CGR), la cual se encargará de capacitar a nuestros brigadistas en control social de la gestión pública en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre esta institución y Proética.

Durante estos cuatro días, nuestros brigadistas informarán a la ciudadanía sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información, y se brindará los servicios de orientación legal sobre casos de corrupción.

Nuestro módulo de atención en Catacaos estará ubicado en la Plaza de Armas del martes 07 al miércoles 08 de noviembre, y en Piura en la Plaza La Paloma de la Paz del jueves 09 al viernes 10 de noviembre. El horario de atención será de 9 a.m. a 3:00 p.m.

La Brigada Anticorrupción forma parte de la Red Nacional Anticorrupción, un espacio de encuentro de personas y organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional comprometidas en activar propuestas y acciones en contra de la corrupción.

Foto: Proética

7/11/2017

Proética consideró buena la decisión del congreso de impedir candidaturas de personas sentenciadas

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, consideró positiva la decisión del Congreso de la República de la semana pasada, al aprobar un proyecto de ley que impide que las personas sentenciadas por terrorismo, corrupción, violación y narcotráfico, puedan ser candidatos a puestos de elección popular.

“No es que podamos sentirnos satisfechos con esta decisión, pero cuando menos abre una expectativa”, señaló Albán en la última edición de La Voz de Proética.

Como sabemos, este proyecto de ley se desarrolla en el marco de una reforma electoral mucho más ambiciosa y exigida desde hace años por la sociedad civil y las propias instituciones electorales, a fin de frenar la penetración del crimen organizado en la política.

“De alguna manera, parecía que habíamos tenido ya un pésimo resultado en el debate que se desarrollaba en el Congreso, porque nada de lo verdaderamente relevante se había aprobado y por el contrario, se adoptaron algunas medidas que han sido objeto de varios cuestionamientos”, indicó.

Por ello, espera que, así como se llegó a un consenso para adoptar esta última medida electoral, se aprueben también sanciones de carácter político para las organizaciones que no cumplan con lo que la ley exige, particularmente respecto de “las limitaciones que se han establecido tratando de que el dinero sucio no llegue a financiar más la política”.

Entre tanto, demandó a quienes se han opuesto votando en contra, o se abstuvieron de votar expliquen su decisión.

“El país requiere saber con quién contamos para luchar contra la corrupción y, en este caso, para limpiar la política”, finalizó.

6/11/2017

José Ugaz: “Aporte del Congreso en investigaciones ha sido poco”

(Por: La República) Ex procurador anticorrupción José Ugaz señala que la Comisión Lava Jato no contribuye al esclarecimiento de los hechos sino que los contamina políticamente. Incluso señaló que muchas veces sirve para encubrir intereses o actos irregulares de los propios congresistas o para distraer la atención y crear ruido político.

¿Qué opina sobre el trabajo que realiza la Comisión Lava Jato en el Congreso?

La responsabilidad de las investigaciones recae sobre la Fiscalía y el Poder Judicial. La participación del Congreso, a través de comisiones, no contribuye mucho al esclarecimiento de los casos sino, todo lo contrario, a contaminar políticamente las investigaciones. ¡Que los resultados caminen por el lado técnico, el sistema de administración de justicia y no por el lado político!

El tema es que se ha vuelto común crear comisiones investigadoras en el Congreso.

Lamentablemente se ha convertido en un vehículo de publicidad que atrae la atención cuando en realidad históricamente los aportes en investigaciones del Congreso han sido pocos. No hay investigaciones importantes o relevantes en las que una comisión política haya contribuido al esclarecimiento de la verdad o la sanción penal de los responsables. Esta comisión, como la de Ética también, sirve muchas veces para encubrir intereses o actos irregulares de los propios congresistas o para distraer la atención sobre hechos que son importantes y generan una serie de confusiones y ruidos políticios.

¿Usted cree que en este caso exista un ánimo de distraer a la opinión pública de temas realmente importantes?

En el mejor de los casos es una pérdida de tiempo. Los congresistas deberían dedicarse a su tarea que es generar leyes. Ya vemos todo el debate que se ha generado sobre la pena de muerte y los casos de violación sexual, cuando está pendiente la aprobación hace mucho tiempo de una norma que elimine la prescripción cuando se trata de abuso sexual de menores, que la historia ha demostrado que tarda mucho tiempo para que la víctima pueda denunciar los hechos.

¿Cree oportuno, entonces, que el presidente Kuczynski no haya asistido a la comisión?

Creo que ha actuado de acuerdo a ley, y basado en una experiencia negativa anterior, lo que justifica su decisión.

Ahora, la premier Aráoz será citada por el Congreso para que explique las acciones del Ejecutivo ante una eventual demanda de Odebrecht contra el Estado peruano…

En realidad no contribuye a nada ese tipo de citaciones o declaraciones que lo único que hacen es jugar para la tribuna y no resolver los problemas. Si el Estado va a tener una reacción frente a Odebrecht tiene que actuar a través de sus órganos oficiales y no tienen que ser interrumpidas por las prácticas del Congreso.

El vicepresidente de la Comisión Lava Jato, Jorge Castro, ha dicho que la actitud de Aráoz, quien ha dicho que no le corresponde ir, es demostrar falta de compromiso en la lucha contra la corrupción…

Los ministros, los presidentes y vicepresidentes tienen que estar ocupados con quienes estarían en el Ejecutivo y no estar yendo al Congreso cada vez que un legislador se le ocurra hacerle una pregunta. Nada tiene que ver la eficacia en la lucha contra la corrupción con el hecho de que asistan a una comisión.

¿El manejo que está haciendo este grupo de trabajo no es una forma de desestabilizar al Gobierno?

Creo que este tipo de comentarios o declaraciones de los congresistas generan mucho ruido político y pocos resultados. No sé si hay una intención de desestabilizar, pero hay una pérdida de tiempo cuando hay temas muy importantes que resolver y no lo hacen en las comisiones.

¿Qué temas considera usted que los congresistas deben legislar con prioridad?

Ya que hablan del tema de la lucha contra la corrupción tienen pendiente la aprobación de las reformas electorales.

3/11/2017

Expertos Anticorrupción presentan recomendaciones para avanzar la Agenda de Gobernabilidad Democrática en la VIII Cumbre de las Américas

(Comunicado de Atlantic Council/ Inter-American Dialogue/ Transparency International). Una nueva ola de escándalos de corrupción en las Américas erosiona la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Por eso, se han desatado nuevas demandas para mejorar la gobernabilidad y la institucionalidad. Tenemos entonces una oportunidad sin precedentes para sembrar conciencia sobre los costos que genera la corrupción y dar pasos concretos para combatirla.

En abril de 2018, durante la VIII Cumbre de las Américas, Perú recibirá a los países del hemisferio para generar discusiones críticas sobre el tema de “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción.” Urgimos a los negociadores de la Cumbre para que produzcan compromisos concretos a los que se les pueda hacer seguimiento, a través de un plan de acción que le muestre a los ciudadanos de las Américas que sus líderes están decididos a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Para aportar a ese proceso, nos hemos reunido en Lima, Perú, el 30 y 31 de octubre, para proponer recomendaciones para discusión y aprobación durante la Cumbre.

Los gobiernos de las Américas tienen una oportunidad incomparable para alcanzar cambios específicos de políticas públicas. Los negociadores de la Cumbre deberían proponerse fortalecer y expandir mecanismos ya existentes de la Organización de Estados Americanos (OEA), explorar nuevas posibilidades para generar acuerdos multilaterales, comprometerse a estándares nuevos y verificables de transparencia y rendición de cuentas y garantizar la supervisión mutua entre los diferentes países para que se cumplan los compromisos ya adquiridos.

Nuestras recomendaciones específicas se ordenan en tres ejes principales:

  • Acceso a la información, transparencia y libertad de expresión: Adoptar planes nacionales de acción en el marco de la Cumbre de las Américas que recojan los más altos estándares internacionales en temas como ética y probidad pública, presupuestos abiertos, financiamiento político, lavado de activos, beneficiario efectivo, protección de informantes (whistleblowers) y periodistas, datos abiertos (open data), digitalización de compras y contrataciones públicas.
  • Autonomía, independencia y capacidad de los sistemas de justicia:
    • Mejorar la cooperación penal transnacional incluyendo el intercambio de evidencia jurídica a través de la colaboración directa entre los ministerios públicos sin intermediación de los poderes ejecutivos y la facilitación de delaciones premiadas en múltiples jurisdicciones.
    • Fortalecer la independencia y autonomía judicial a través del cumplimiento de los estándares interamericanos y universales en la materia, así como el apoyo técnico internacional para los procesos de selección de jueces y fiscales.
  • Instrumentos de cooperación: Fortalecer mecanismos existentes o desarrollar nuevos mecanismos de cooperación regional como:
    • Crear dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una nueva relatoría especial sobre derechos humanos y corrupción y encomendar a la CIDH que haga un informe especial sobre el vínculo entre corrupción y derechos humanos.
    • Actualizar la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) para responder a las nuevas manifestaciones de la corrupción y modernizar los estándares regionales para que cumplan con los avances logrados en diversos tratados internacionales sobre corrupción.
    • Reformar el mecanismo de seguimiento de la CICC (MESICIC) para que tenga un carácter más independiente, transparente y técnico, incluyendo la participación activa y efectiva de la sociedad civil.

En la implementación de todas estas recomendaciones se debe asegurar la participación efectiva de todas las ramas del Estado, incluyendo la judicial y la legislativa, y de la ciudadanía en aras de fortalecer el control político y social. Al mismo tiempo, reconocemos la importancia del sector privado en la responsabilidad conjunta de combatir la corrupción.

Aplaudimos al gobierno peruano por liderar este esfuerzo para desarrollar resultados concretos y específicos contra la corrupción en el marco de la VIII Cumbre de las Américas, y alentamos a todos los líderes del hemisferio a unirse en este esfuerzo. Creemos que los pueblos del hemisferio comparten la determinación de dejarle a futuras generaciones sociedades que sean más justas, más seguras, más democráticas y más transparentes.

Firmado:

Walter Albán
Director Ejecutivo
Proética

Catalina Botero
Decana, Facultad de Derecho
Universidad de los Andes

Diego Bravo
Líder Región Andina
General Electric

Michael Camilleri
Director, Programa Peter D. Bell para el Estado de Derecho
Diálogo Interamericano

Santiago Canton
Secretario de Derechos Humanos 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Ana Caridad
Asociada del Programa, América Latina y el Caribe
Carter Center

Borja Díaz Rivillas
Técnico Sénior en Gobernanza Democrática
Programa de la Unión Europea EUROsociAL

Claudia Escobar
Investigadora, Escuela de Asuntos Internacionales
Universidad de Georgetown

Liliana Gamboa
Oficial de Advocacy, Iniciativa de Justicia 
Open Society Foundations

Rodrigo Janot
Ex Procurador General
Gobierno de Brasil

Hernán Larraín
Senador (Chile); Presidente, Red de Parlamento Abierto
ParlAmericas

Carolina Lessa
Directora, Asuntos Gubernamentales
Grupo RELX

Jennie Lincoln 
Directora, América Latina y el Caribe
Carter Center

David Lovatón
Abogado
Fundación para el Debido Proceso

Jason Marczak
Director, Centro para América Latina Adrienne Arsht
Atlantic Council

Manfredo Marroquín
Presidente
Acción Ciudadana

Olga de Obaldía
Directora Ejecutiva
Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana

Daniel Pinilla
Coordinador de Proyectos, América Latina
Konrad-Adenauer-Stiftung

Ben Raderstorf
Asociado del Programa, Programa Peter D. Bell para el Estado de Derecho
Diálogo Interamericano

Alana Roriz Rizzo Lobo
Consultora, Brasil
Transparencia Internacional

Samuel Rotta
Director Ejecutivo Adjunto
Proética

Andrea Saldarriaga Jiménez
Directora Adjunta, Centro para América 
Latina Adrienne Arsht
Atlantic Council

Pablo Secchi
Director Ejecutivo
Fundación Poder Ciudadano

Jennifer Smith
Directora, Asuntos 
Gubernamentales y de Ciudadanía 
Corporativa en América Latina
Citigroup

José Ugaz
Ex Presidente
Transparencia Internacional

Anabella Zavagno
Subdirectora
ParlAmericas

3/11/2017

Walter Albán: “Con la legislación actual, el señor Orellana puede ser candidato”

Habla fuerte y advierte de sus sospechas sobre los vínculos de algunos congresistas con organizaciones delictivas. Así explica el motivo por el cual no se aprueban reformas electorales para frenar el ingreso de dinero sucio a la política. Además, evalúa la delegación de facultades, la denuncia de magistrados del TC y el eventual indulto a Fujimori.

Usted ha dicho que el Congreso es el foco infeccioso a partir del cual la política se ha intoxicado en el país. Son palabras serias…

Y no solo la política sino el Estado está infectado. Los grados de infección varían pero las instituciones que siempre fueron débiles están sufriendo una infección que puede convertirse en septicemia si no le ponemos freno. Y prácticamente ya no están solo en peligro de ser corrompidas sino que los corruptos están adentro, así los miembros de organizaciones criminales están cautelando sus intereses para que la criminalidad organizada crezca.

¿Se refiere a congresistas?

También están en el Congreso, por supuesto.

Por eso no da una reforma electoral que ponga énfasis en cerrar el paso al dinero sucio a la política?

Con la legislación actual el señor Orellana puede ser candidato. Está privado de libertad pero con detención provisional. Es alguien sobre quien hay fundadas sospechas de que encabeza una organización delictiva que ha tenido un enorme efecto negativo en el país, y ese señor puede ser candidato porque no quieren aprobar normas para impedir que pueda candidatear quien esté en esa situación. El Congreso anunció el debate o primeras votaciones para que, por ejemplo, el dinero deba ser bancarizado a fin de que no haya aportes anónimos, que no se permita la pantomima de la recolección de grandes cantidades en polladas, cenas, reuniones sociales, cocteles, que francamente es una burla.

Y no se llegan a aprobar…

Así es. ¿Qué está pasando? Las elecciones para nuevos alcaldes y gobernadores serán en menos de un año. Que no ocurra lo que en Congresos anteriores, en que debatían y hacían como que iban a aprobar algo y no lo hacían.

¿En el Parlamento hay una doble moral al condenar la corrupción pero no priorizar temas de la agenda electoral que ayudarían a frenarla?

Quiero pensar que buena parte de ellos no conocen del tema. Y creo que de eso se vale gente inescrupulosa vinculada a organizaciones delictivas, que estoy seguro sí la hay.

Insisto, ¿son congresistas?

Sí. Van a decir que diga los nombres. Tengo sospechas como muchos, y me reservo expresar quiénes en concreto.

Difícil creer que no conozcan el tema de la reforma electoral con toda la información que ha salido al respecto…

Pongamos el ejemplo de la Unidad de Inteligencia Financiera que durante más de ochos años ha pedido que le den acceso a la información bancaria y tributaria, y el Congreso no se lo otorgaba. Si uno busca las actas de la Comisión de Economía del Congreso, se verá que el entonces parlamentario que más decididamente se oponía era Joaquín Ramírez, quien financiaba a Fuerza Popular y era su secretario general. Hay que recordar que la DEA lo investigaba por vínculos más o menos claros con el narcotráfico y lavado de dinero. Y por sus antecedentes se veía que había hecho fortuna casi de manera fugaz.

La premier Mercedes Aráoz ha iniciado una ronda de conversaciones con las bancadas sobre un pedido de facultades. Fuerza Popular anunció que no se las dará. ¿Es importante que las concedan?

Con la llegada de Mercedes Aráoz, al parecer se había producido una suerte de armisticio temporal y había bajado un poco la temperatura de la confrontación y había espacios para esta delegación de facultades. El país necesita gobernabilidad, se requiere tomar decisiones en varios campos para solucionar o al menos paliar problemas. Lo que peor nos hace es una confrontación abierta y permanente. Pero se están dando señales de que otra vez vamos a volver a un escenario como el de antes. Esto es una politización perversa, porque todos saldremos afectados, incluso Fuerza Popular, que es el partido que tiene amplia mayoría y la capacidad de decidir. No se da cuenta del daño que se hace al actuar de esa forma porque la gente no es tonta, sabe por qué las cosas no mejoran.

Magistrados del Tribunal Constitucional (TC) denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que existe una amenaza a su independencia por el Congreso por el caso El Frontón. ¿Podían hacerlo?

Es que en la anterior legislatura se vio ese tema y hubo un informe en la subcomisión en esa dirección, que yo suponía que estaba ya archivado. Por supuesto que eso sería muy grave para el país. Los fujimoristas tienen que saber mejor que nadie lo que pasó cuando fueron separados tres magistrados del Tribunal Constitucional, que fue un escándalo internacional, debilitó al régimen. Repetir eso le haría daño al país y más bien necesitamos fortalecer nuestras instituciones.

La jueza Ledesma señala que esa acusación es irregular porque el caso está en curso en el TC…

Efectivamente, eso muestra que lo hecho en el Parlamento no debió darse. Tal vez actuaron así por inexperiencia pero no se puede abrir un proceso de esa naturaleza en el Congreso si todavía el tema está en discusión en la propia instancia, en este caso en el Tribunal Constitucional. Hay pendiente una reposición que aún no se resuelve.

¿No se está respetando el debido proceso?

No corresponde; no se está respetando el debido proceso porque tiene que estar agotada esa vía, y eso no ha ocurrido.

Un alto comisionado de la ONU ha señalado que un indulto a Alberto Fujimori debe incluir una comisión internacional. ¿Eso procedería?

El presidente tiene la facultad para indultar pero en el caso del señor Fujimori la única razón admisible nacional e internacionalmente sería un indulto humanitario, que requiere una suerte de peritaje, que en este caso corresponde a médicos. Lo que ha ocurrido últimamente ha generado muchas suspicacias con bastante razón. De un día para otro cambian a la Comisión de Gracias Presidenciales por personas que parecían no estar enteradas. Pareciera que todo se prepara para darle un cariz de indulto humanitario. Hemos tenido casos de gente que salía porque estaba en fase terminal y de pronto estaban vivitos y coleando. Si una entidad internacional de prestigio, como Naciones Unidas, puede contribuir en la evaluación, debe ser considerada, pues evitaría cualquier duda y suspicacia.

2/11/2017

Proética exige al Congreso modificar la legislación electoral para frenar el ingreso del crimen organizado en la política

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, consideró alarmante que el Congreso de la República no aborde hasta la fecha, el grave problema del ingreso de dinero ilícito en el financiamiento político, más aún cuando estamos próximos a las elecciones municipales y regionales previstas para octubre de 2018.

“Es verdaderamente alarmante que un problema tan grave como el que el dinero proveniente de la corrupción y el crimen organizado sigan financiando campañas y candidatos, no sea abordado seriamente por el Congreso”, dijo Albán en la última edición de La Voz de Proética.

Además, señaló que otro aspecto que debe ser abordados en la reforma electoral, es impedir que personas responsables de graves delitos como los de corrupción, narcotráfico, terrorismo o violencia sexual, puedan postular en estas elecciones.

“Bajo las actuales circunstancias por ejemplo, los señores Orellana u Oropeza, claramente involucrados en redes criminales, podrían candidatear sin ninguna dificultad”, agregó.

De otro lado, calificó de suma importancia la aprobación de sanciones políticas para aquellas organizaciones o partidos, que burlen el interés ciudadano, incurriendo en malas prácticas o en groseras transgresiones a la ley.

“Allí donde por ejemplo reciban dinero de fuentes prohibidas o ilícitas, este tipo de conductas debieran dar lugar, en los casos más graves, a la anulación de la inscripción en el registro electoral de la organización política involucrada, impidiéndoles participar en la contienda electoral”, indicó.

Recalcó que para implementar estos puntos en la reforma electoral, sólo se requiere que los congresistas tengan la voluntad para decidirlo.

“Desde Proética queremos hacer un llamado para seguir de cerca estas discusiones, e identificar a quienes, en lugar de defender el interés del país, utilizan el Congreso para protegerse y permitir que la gangrena de la corrupción, siga destruyendo nuestra ya débil institucionalidad”, finalizó.

30/10/2017

Proética demanda al Gobierno de PPK y al Congreso cumplir con recomendaciones formuladas por la Comisión Presidencial de Integridad

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, lamentó que de las 100 recomendaciones planteadas por la Comisión Presidencial de Integridad al Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski para llevar adelante una lucha frontal contra la corrupción, solo se hayan adoptado a plenitud, 13 de ellas, según el primer reporte publicado por el Observatorio de Integridad.

“El balance que arroja este reporte, es francamente decepcionante. Solamente 13 de aquellas 100 recomendaciones han sido adoptadas plenamente, 17 de manera parcial y restan otras 70 que, simplemente, no han sido atendidas”, dijo Albán en la última edición de La Voz de Proética.

Además, precisó que entre las 70 recomendaciones no atendidas, están aquellas orientadas a no permitir el ingreso del dinero sucio a la política y que deben ser abordadas con suma prioridad.

“Así, tenemos entre ellas algunas tan importantes, como impedir que personas condenadas por graves delitos puedan ser candidatos o aplicar sanciones por brindar información falsa o inexacta, además de imponer sanciones también políticas a las organizaciones responsables de las transgresiones normativas”, manifestó.

En ese sentido aunque la responsabilidad de liderar estas iniciativas corresponde al Poder Ejecutivo, no cabe duda que ésta también recae sobre el Congreso de la República. Precisamente, tratándose de la reforma electoral, es allí donde cabe centrar ahora nuestra atención.

“Todas estas propuestas siguen esperando que el Congreso de la República las apruebe, antes de que tengamos que ir en las actuales condiciones al proceso electoral de octubre de 2018, cuando tendremos que elegir nuevos gobernadores y alcaldes”, sostuvo.

Al respecto, recordó que desde años atrás los sucesivos Congresos se han resistido a emprender los cambios necesarios para evitar los problemas del financiamiento ilícito de candidatos y organizaciones políticas. Es por eso muy preocupante que en actual Congreso se siga dilatando este asunto, sin que hasta ahora se apruebe nada.

“No permitamos entonces que, una vez más, el interés ciudadano sea burlado. Hay que acabar con los focos infecciosos de la política”, finalizó.

23/10/2017

Proética pidió estar alerta ante fallos judiciales que afecten la lucha contra el lavado de activos

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, consideró de suma importancia atender con sumo cuidado las consecuencias del fallo que emitió hace algunas semanas la Segunda Sala Penal Transitoria, que preside el Juez Supremo César Hinostroza Pariachi. En esta decisión, la indicada Sala Suprema, sin motivo aparente, se pronunció en el sentido de que para que se configure el delito de lavado de activos, la Fiscalía debe demostrar primero que los procesados conocían lo suficiente sobre el origen ilícito del dinero recibido. Por lo demás, si bien este fallo se produjo en un caso concreto, adoptó la figura del precedente vinculante, con lo que, el mismo criterio, tendría que ser aplicado en cualquier caso futuro en esta materia.

“El Perú no es hoy ciertamente un paraíso fiscal, pero si uno para lavado. No solamente somos el primer país exportador de cocaína en el mundo sino que, además, dada la debilidad de nuestras instituciones y la profunda corrupción que campea en el Estado, nuestro territorio es también un lugar muy atractivo para el dinero mal habido en el resto del planeta”, dijo en la última edición de la Voz de Proética.

Este fallo, (técnicamente llamado de casación), generó varios pronunciamientos de diversos especialistas señalando los riesgos de impunidad que acarreaba y mereció también el comentario crítico de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad administrativa que, precisamente, investiga las ingentes operaciones de lavado en nuestro medio.

Ante esta preocupante situación, el Presidente del Poder Judicial convocó a una reunión especial de los Jueces supremos en materia penal, para revisar sus alcances. Como resultado de ello, hace pocos días la Corte Suprema decidió anular los efectos vinculantes (obligatorios) de esa cuestionada decisión anterior. En consecuencia, sus efectos ya no obligan a los jueces a resolver a futuro en el mismo sentido.

“Hizo bien entonces el Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez al convocar un plenario de jueces para discutir este fallo, que, entre otros efectos, ha servido de base para días después de pretendiera archivar la investigación que se seguía al Sr. Joaquín Ramírez, ex Secretario General y mecenas del partido de la Sra. Keiko Fujimori”.

Teniendo presente lo ocurrido, Albán pidió a la ciudadanía no pasar por alto el rol que juegan algunos magistrados, cuya actuación pareciera revelar posibles lazos con el lado oscuro de la economía nacional, así como una larga cadena de intereses también comprometidos en ese propósito, que incluiría a algunos abogados con más ambición que escrúpulos, como señala una reciente investigación de Ojo Público.

“Debemos pues declararnos en alerta permanente, el enemigo acecha desde diferentes ángulos y necesitamos aprender a no caer en la tentación de descalificar a las instituciones, sino denunciar a quienes, parapetados en ellas, le siguen haciendo enorme daño al Perú”, finalizó.

16/10/2017