Conoce más sobre las acciones de vigilancia ciudadana emprendidas por las organizaciones de sociedad civil de Perú, México y Colombia a los recursos públicos destinados para enfrentar a la Covid-19.
En esta edición participan: Lupita de Proética, Susana Vigilancia de Transparencia Mexicana, Constancia y Vigilio de Transparencia por Colombia.
Desde que se decretó el estado de emergencia en marzo para contener el avance de la pandemia del Covid-19, el gobierno peruano ha destinado miles de millones de soles para financiar distintas acciones: apoyo a población en situación vulnerable, mediante bonos y canastas de alimentos, materiales de protección biomédica para el personal que ha estado en la primera línea, productos de limpieza y desinfección para permitir la continuidad de las actividades del sector público, apoyo financiero a empresas, entre otras. A fines de setiembre, según el portal oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, se había transferido a distintas entidades de todo el aparato público más de S/20 mil millones para estos fines.
Al mismo tiempo, y prácticamente desde el inicio, saltaron los escándalos de corrupción relacionados a varias de estas adquisiciones y en algunos de los casos más sonados los avances de las diligencias fiscales, como allanamientos y detenciones, fueron registrados en medios de comunicación. La posibilidad de realizar compras directas, en el marco de la emergencia, que le da discrecionalidad a los servidores para agilizar procesos que de otra manera serían muy engorrosos, también trae consigo la tentación de obtener un beneficio indebido al postergar la regularización y publicación de la información hasta 30 días después de ejecutar el contrato. Este podría haber sido el principal incentivo para incurrir en estos actos.
¿Pero cuál es la extensión de la corrupción en el combate a la pandemia? Es difícil determinarlo, por la propia naturaleza de la corrupción, que se desenvuelve en la oscuridad. Sólo podremos aproximarnos a ella a través de las investigaciones que se desplieguen y que lleguen, al final del debido proceso, a determinar si hubo o no y de qué magnitud podría haber sido.
Para contribuir a mantener la atención pública sobre este esfuerzo tan importante, Proética abre una sección para darle seguimiento a algunas variables como la cantidad de investigaciones registradas, los montos involucrados o los tipos de bienes y productos comprometidos.
Este Observatorio de Casos de Corrupción en la Pandemia utiliza datos centralizados por la coordinación nacional de las fiscalías anticorrupción y los presenta en un formato que permita entender la situación actual y darle seguimiento.
En esta primera entrega, se comparte datos que cubren el periodo desde el inicio del estado de emergencia, el 16 de marzo pasado, hasta el 20 de agosto.
La corrupción sistemática articulada con la agroindustria, la tala ilegal, el narcotráfico y el tráfico de tierras ocasiona que las comunidades indígenas sean despojadas de sus tierras y sean objeto de continuas agresiones y amenazas. Por ello, mañana martes 6 de octubre a las 3:00 p.m. (hora peruana), representantes de pueblos indígenas y sociedad civil se presentarán en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra al Estado peruano, para exponer cuatro graves casos en los que la corrupción ha generado graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el despojo de territorios indígenas y los asesinatos a defensores de los bosques. La audiencia temática será transmitida vía online por la CIDH. Para registrarse, puede ingresar aquí: https://bit.ly/3iaE8Os
En esta audiencia participarán miembros de las comunidades Alto Tamaya-Saweto (pueblo ashéninka), Santa Clara de Uchunya (pueblo shipibo-conibo), Unipacuyacu (pueblo kakataibo) y Nuevo Amanecer Hawai (pueblo asháninka), quienes vienen exigiendo justicia por el asesinato de sus líderes indígenas y la titulación de sus territorios. También estarán presentes los líderes indígenas de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (FECONAU), y la Federación Nativa Comunidades KAKATAIBO-FENACOKA. En representación de las organizaciones de sociedad civil, se presentarán Proética-capítulo peruano de Transparencia Internacional, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Rainforest Foundation US.
Parte de lo que están solicitando las comunidades indígenas a este organismo internacional es que manifieste su preocupación ante el Estado peruano sobre la forma en que la corrupción está facilitando las agresiones a los defensores y defensoras ambientales. Así como una evaluación del impacto de los actos de corrupción e impunidad sobre los derechos humanos y territoriales de las comunidades amenazadas, así como información sobre el estado de los procesos judiciales de estos casos que tienen a su cargo las instituciones del sistema de justicia.
Respecto al petitorio al Estado peruano, es que se reconozca la totalidad del territorio ancestral de las comunidades afectadas y la capacidad de control sobre su territorio ya titulado. Revocar todos los derechos otorgados de forma irregular a terceros sobre el territorio de las comunidades. Detener toda actividad económica legal e ilegal que afecten los derechos de los pueblos indígenas y brindar medidas de protección concretas y efectivas para garantizar la integridad de víctimas, denunciantes y operadores de justicia.
Luego de la audiencia, se realizará el miércoles 07 de octubre a las 11:30 a.m. una conferencia de prensa vía Zoom. Para participar, ingrese aquí: https://bit.ly/3ll1XF9
Contactos para periodistas:
In Peru, Transparency International is fighting to defend the human rights of communities vulnerable to environmental destruction, land grabbing and violence
(Published by Transparency International) Corruption kills.
This sad fact is particularly true for vulnerable communities like the indigenous peoples of the Amazon.
Proética, Transparency International’s national chapter in Peru, is taking the intersection of corruption and violations of the rights of indigenous peoples to the Inter-American Council on Human Rights (IACHR), in a public hearing on 6 October 2020 (register here).
Along with indigenous organisations, they will present four cases in which Amazonian indigenous leaders came under violent attack after speaking up about illegal activities on their ancestral homelands. This is the first presentation to a regional body to demonstrate how corruption affects indigenous people in a region where illegality, corruption and weak state control are the norm.
The cases concern four indigenous communities that have been fighting for decades for recognition of their right to their ancestral territories. The government has not only taken an unjustifiably long time to grant communities like these titles to their lands, but has actively given their land away to others who can make millions from drug trafficking and illegal logging. A publication by Proética shows that the process for assigning land titles in Peru is beset by irregularities at authorities such as the regional governments.
“These cases are not isolated events, but rather illustrate the workings of a network of environmental crimes in which the Peruvian State and its officials play a decisive and determining role. The State is responsible not only for its weak attempt to protect the human rights of native communities, but also for the active participation of public officials in systematic corruption. This has grave consequences for the human rights of indigenous peoples and contravenes Peru’s national and international obligations.
Magaly Avila Director of the Environmental Governance Programme at Proética
The real-life stories that will be presented to IACHR represent the struggle indigenous communities continue to face in demanding the restitution of their territories. They also highlight the failure of the Peruvian state to fulfil its obligation to protect ancestral lands and the lives of its citizens.
In 2014, four leaders of the Community of Alto Tamaya-Saweto who had been demanding recognition of their lands since 2002 were tortured and murdered: Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez and Francisco Pinedo Ramírez. They had sent more than 100 letters to authorities at all levels of government but they were rebuffed with excuses. Some official said they would only visit the area to make an assessment if the community paid the costs of their transportation and food.
In 2003, the government granted various companies more than three million hectares of land. This included 80 per cent of the ancestral territory of the Alto Tamaya-Saweto community. Illegal logging on the community’s land started soon after. The leaders continued their campaign for justice, resulting in retaliation that cost them their lives.
Despite being officially recognized as a community in 1975, the community of Santa Clara de Uchunya has not been granted the title to their ancestral territory. However, the Regional Directorate of Agriculture of Ucayali granted land permits to private palm oil companies in a murky process that lacked transparency. Illegal deforestation ensued, with the companies involved making death threats against the community’s leaders when they complained. Threats and acts of intimidation against the leaders of this community continue to this day.
Deforestation, land grabs, exploitation: in the province of Ucayali in Peru, corruption is widespread. International investors have snapped up huge tracts of land using dubious methods that leave local farmers destitute.
In Unipacuyacu this year, in the midst of a State of Emergency declared due to the COVID-19 crisis, indigenous leader Arbildo Meléndez was found dead from a gunshot wound. His grandfather was murdered in 2016. For years, Arbildo Meléndez had been petitioning the government for the title to the community’s lands while denouncing environmental crimes committed in its ancestral territory, as well as the actions of the Peruvian State.
Decades of injustice and dispute over the right to maintaining ownership over their indigenous lands continues for the commmunity of Amanecer Hawaii. This year, their leader Gonzalo Pio, together with his wife, Maribel Cancho Flores, were kidnapped and tortured. Mirabel was fortunately able to escape, but her husband, Gonzalo, like his father only a few years prior, was brutally murdered for standing up against illicit activities taking place on the community’s ancestral lands.
Systematic corruption underpins the illegal logging, drug trafficking and land grabbing that leads to indigenous communities being dispossessed of their lands, deprived of their natural resources, and coming under continuous aggressions, threats, including even the assassination of community leaders.
Como parte de sus actividades para informar a la ciudadanía sobre las graves consecuencias de la deforestación de nuestros bosques amazónicos, el equipo de la Red Anticorrupción Forestal de Loreto realizó este 22 de setiembre el foro virtual “Tala ilegal en Loreto y su impacto en el cambio climático”.
Este evento contó con la participación del especialista forestal del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética, Frank Rivero; el especialista legal del SPDA, Federico Contreras Espino; el especialista de SENAMHI, Francis Villacorta; el Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto, Franco Gonzales Macedo y el Dr. en Ciencias Ambientales, Luis Campos Baca.
También estuvieron presentes el Presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra a la Pobreza, Federico Arnillas Lafert y el Apu Apu de la Comunidad Vencedor – Secoya, Roldan Ankutere Wajokapi.
Descarga la presentación aquí.
Lima, 18 de setiembre.- A diez días de que venza el plazo para adoptar cambios a las reglas que enmarcarán la elección del bicentenario, el debate parlamentario sobre la reforma para fortalecer el régimen de control del financiamiento de las campañas políticas está entrampado. Está previsto que el debate siga hoy, viernes, después de la discusión sobre la vacancia presidencial.
El Director Ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, señaló que esta reforma es fundamental para mejorar el sistema político y no puede pasar otra elección sin que se incorpore a estas regulaciones la rendición de cuentas durante la campaña (que había estado vigente con anterioridad), el fortalecimiento de las capacidades del órgano electoral (ONPE) para supervisar los fondos partidarios y la adopción de sanciones disuasivas, incluyendo la cancelación de la inscripción de un partido cuando no subsana faltas graves.
“La investigación ‘Lava Jato’ ha demostrado que capturar la política a través de donaciones a las campañas fue clave dentro de la estrategia de corrupción de Odebrecht”, recordó el representante de esta asociación civil. También señaló que el ciclo corrupto del financiamiento político no ha ocurrido sólo a gran escala, sino que ha afectado sistemáticamente a gobiernos regionales y municipales.
La Comisión de Constitución del Congreso había acordado un dictamen que reflejase las propuestas enviadas por el gobierno el año pasado y que respetase estándares básicos de transparencia e integridad. Pero en lo que va de la discusión en el pleno, iniciada el último martes, un grupo de bancadas han expresado reparos a que se adopten sanciones drásticas y a permitir al órgano electoral supervisar las cuentas partidarias.
Al respecto, el director de Proética señaló que sería necesario que las bancadas tomen en cuenta no sólo las evidencias sobre la materia, sino también la exigencia de la ciudadanía para mejorar la calidad de la política, expresada de forma abrumadora en el referéndum de diciembre del 2018 y en el apoyo a la disolución del congreso en setiembre del año pasado. “Que el parlamento no deje pasar esta oportunidad”, puntualizó.
Rotta también recordó que otra reforma pendiente es la eliminación del voto preferencial. El plazo para que se publiquen las modificaciones a las reglas electorales y que puedan estar vigentes en las próximas elecciones generales vence este 28 de setiembre.
Foto: Agencia Andina
El pasado 15 de setiembre de 2020, la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali envió tres solicitudes de acceso a la información pública a la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, orientados a conocer el nivel de las sanciones penales y administrativas en materia ambiental emitido por los órganos competentes durante el año 2018 y 2020.
Ante los recientes hechos suscitados en el Congreso de la República a raíz de la difusión de audios conteniendo diálogos que comprenden al presidente de la República, PROÉTICA, capítulo peruano de Transparencia Internacional, manifiesta a la opinión pública lo siguiente:
Lima, 11 de setiembre de 2020
