Observatorio de casos de corrupción en medio de la pandemia: más de 1400 investigaciones en fiscalías en todo el país

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Desde que se decretó el estado de emergencia en marzo para contener el avance de la pandemia del Covid-19, el gobierno peruano ha destinado miles de millones de soles para financiar distintas acciones: apoyo a población en situación vulnerable, mediante bonos y canastas de alimentos, materiales de protección biomédica para el personal que ha estado en la primera línea, productos de limpieza y desinfección para permitir la continuidad de las actividades del sector público, apoyo financiero a empresas, entre otras. A fines de setiembre, según el portal oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, se había transferido a distintas entidades de todo el aparato público más de S/20 mil millones para estos fines.

Al mismo tiempo, y prácticamente desde el inicio, saltaron los escándalos de corrupción relacionados a varias de estas adquisiciones y en algunos de los casos más sonados los avances de las diligencias fiscales, como allanamientos y detenciones, fueron registrados en medios de comunicación. La posibilidad de realizar compras directas, en el marco de la emergencia, que le da discrecionalidad a los servidores para agilizar procesos que de otra manera serían muy engorrosos, también trae consigo la tentación de obtener un beneficio indebido al postergar la regularización y publicación de la información hasta 30 días después de ejecutar el contrato. Este podría haber sido el principal incentivo para incurrir en estos actos.

¿Pero cuál es la extensión de la corrupción en el combate a la pandemia? Es difícil determinarlo, por la propia naturaleza de la corrupción, que se desenvuelve en la oscuridad. Sólo podremos aproximarnos a ella a través de las investigaciones que se desplieguen y que lleguen, al final del debido proceso, a determinar si hubo o no y de qué magnitud podría haber sido.

Para contribuir a mantener la atención pública sobre este esfuerzo tan importante, Proética abre una sección para darle seguimiento a algunas variables como la cantidad de investigaciones registradas, los montos involucrados o los tipos de bienes y productos comprometidos.

Este Observatorio de Casos de Corrupción en la Pandemia utiliza datos centralizados por la coordinación nacional de las fiscalías anticorrupción y los presenta en un formato que permita entender la situación actual y darle seguimiento.

En esta primera entrega, se comparte datos que cubren el periodo desde el inicio del estado de emergencia, el 16 de marzo pasado, hasta el 20 de agosto.

Investigaciones abiertas

Entre el 16 de marzo y el 20 de agosto, en el sistema de seguimiento del Ministerio Público se registraron 1497 investigaciones abiertas por los fiscales y las fiscales contra la corrupción en todo el Perú. Las sedes fiscales de Huánuco y Ayacucho son las que agrupan la mayor cantidad de casos: 157 y 118, respectivamente.

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Las instituciones públicas más afectadas

Al desglosar el total de casos en los que se sospecha de corrupción, según el tipo de entidad pública afectada, la mayoría se agrupa en los municipios (889).  Esto no sorprende, debido a que hay cerca de dos mil municipios en el país.  Por otra parte, si se observa los gobiernos regionales y ministerios, se verá una desproporción, pues los primeros agrupan 250 investigaciones y los segundos, 274.

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Los bienes y servicios de mayor riesgo

Las canastas básicas familiares, encargadas a los municipios al inicio de la emergencia sanitaria, son el rubro que acumula más investigaciones (603). Lo siguen los equipos de protección personal (127) y de limpieza (53), aunque bastante por detrás. De verificarse estos casos, estaríamos ante situaciones donde no sólo se habrían afectado las arcas públicas, sino que también se habrían violentado los derechos a la salud de la gente, tanto individual como colectivamente.

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¿Cuánto dinero público estaría comprometido?

Los datos manejados por el sistema del Ministerio Público contemplan más de 4,4 mil millones de soles entre el total de casos bajo investigación. Al desglosarlos según los distritos fiscales que manejan los casos, no es posible identificar un patrón: las jurisdicciones con los montos más bajos son Lima sur y Apurímac (sede Abancay), que investigan casos por S/ 500.00 y S/ 510.00, mientras que la que agrupa el monto más alto es la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, que pasa de los 1,9 mil millones de soles.

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