Proética plantea cruzar información de hoja de vida de candidatos con Fiscalía y Sunat

Lima, oct. 19 (ANDINA). El Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética) planteó hoy reformar la hoja de vida que presentan los candidatos para poder cruzar esa información con la que manejan instituciones como la Fiscalía, la Policía y la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat).

Su presidenta ejecutiva, Cecilia Blondet, consideró lamentable que pese a que en las pasadas elecciones los candidatos presentaron su hoja de vida, se hayan presentado tantos casos de legisladores cuestionados.

“Pero también hay que aplaudir la rapidez con la que ha actuado la Presidencia del Congreso para enviar todos estos casos a las comisiones de Ética y Fiscalización”, añadió.

Blondet opinó que se deben evaluar algunas reformas a las leyes electorales y la Ley de Partidos Políticos, para evitar que en el futuro se presenten estos casos.

“Por ejemplo, que se reforme la hoja de vida, y que su información pueda cruzarse con la que mantienen instituciones como Sunat, Ministerio Público y Policía Nacional, para conocer los antecedentes de los candidatos”, indicó.

Manifestó que si con todos estos recursos, los partidos siguen incurriendo en fallas al seleccionar a sus candidatos, entonces que se sancione a las agrupaciones.

Según informó el Congreso la semana pasada, 12 legisladores, del oficialismo y de oposición, están siendo investigados por la Fiscalía o el Poder Judicial por presuntos delitos que van desde el lavado de activos hasta hurto agravado.

Ante esta situación, Blondet refirió en Canal N que debería pensarse de una vez por todas en poner en marcha el financiamiento público a los partidos políticos, para evitar que terminen “vendiendo” al mejor postor sus puestos en las listas al Congreso.

Advirtió que ante la imposibilidad de los partidos de sostenerse solo con los aportes de sus militantes, algunos empresarios o personas con dinero pueden acceder fácilmente, a cambio de aportes financieros, a formar parte de las listas de candidatos al Parlamento.

Proética respalda propuesta para eliminar inmunidad parlamentaria

Lima, oct. 06 (ANDINA). El Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética) respaldó hoy la propuesta para eliminar la inmunidad parlamentaria e indicó que dicha medida fortalecerá la lucha anticorrupción en el Estado.

La directora ejecutiva de Proética, Cecilia Blondet, dijo que algunos congresistas en el gobierno anterior se escudaron en esa prerrogativa para eludir a la justicia y no responder sobre juicios pendientes.

“Si queremos un verdadero shock anticorrupción tendremos que eliminar la inmunidad parlamentaria de plano y más bien se puede tomar alguna medida cuando sea necesario proteger al congresista por alguna investigación muy particular”, manifestó a la Agencia Andina.

El martes 4, el congresista y segundo vicepresidente de Perú, Omar Chehade, presentó una iniciativa legislativa que propone modificar la Constitución Política y eliminar completamente la inmunidad parlamentaria por considerar que se ha convertido en un escudo contra la justicia.

Señaló que en la inmunidad, en la práctica, se ha convertido en un “vicio” y en un “vehículo de la impunidad”, pues sigue siendo utilizado por algunos congresistas en la actualidad para burlarse de la justicia.

En ese sentido, consideró lamentable la actitud de nueve legisladores que son investigados por la Fiscalía y se rehúsan a responder por los datos falsos consignados en sus hojas de vida.

“Lo vemos ahora y lo vimos en el Congreso pasado, la cantidad de congresistas con procesos pendientes, simplemente no asistieron y le faltaron el respeto a la justicia, al Poder Judicial y a la ley. Ese es el referente que tienen los ciudadanos y termina siendo un referente muy contraproducente”, expresó.

Blondet afirmó que la imagen del Congreso mejorará si se aprueba la propuesta oficialista ya que la ciudadanía quiere de sus autoridades un deslinde claro con la corrupción.

Dijo esperar que el proyecto se apruebe por unanimidad en el Parlamento. Si no es así, refirió, será bueno conocer quienes votaron a favor de la revitalización de la imagen y rol de ese poder del Estado y “quienes quieren seguir lucrando con su participación política”, acotó.

Proética plantea que abogados suscriban compromisos de buenas prácticas para evitar corrupción

Lima, set. 26 (ANDINA). El Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética) consideró hoy muy importante que en los diversos Colegios de Abogados se suscriban compromisos y declaraciones de buenas prácticas profesionales, con compromisos concretos, para evitar la corrupción.

La directora ejecutiva de Proética, Cecilia Blondet, pidió a los abogados un mayor compromiso en la lucha contra la corrupción, y sancionar a nivel gremial a quienes evidencien una conducta cuestionable en este terreno. Mencionó que, según denuncias, algunos profesionales del Derecho tienen un comportamiento cuestionable, que se constituye en un factor activo en la corrupción de autoridades, pero que muchas veces resulta “difícilmente identificable”.

En ese sentido, Blondet destacó la necesidad que en el propio gremio se genere una conciencia profesional que privilegie el accionar honesto, lo que debe ser seguido de un control para identificar y sancionar a eventuales los abogados corruptos.

De otro lado, señaló que la aprobación del dictamen sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción es un paso importante y un mensaje claro de compromiso y liderazgo en la lucha contra la deshonestidad en el país. Consideró positivo que el Gobierno y la bancada de Gana Perú estén actuando con celeridad en este tema, no sólo con la aprobación de la mencionada norma en la Comisión de Constitución, sino con la separación de congresistas que tienen cuestionamientos por conflictos de interés.

Proética considera exagerado anuncio de acusación constitucional contra contralor

Lima, set. 18 (ANDINA). La directora ejecutiva de Proética, Cecilia Blondet, consideró hoy “exagerado” anunciar una acusación constitucional contra el contralor Fuad Khoury por la supuesta contratación irregular de un asesor, en momentos en que investiga presuntos actos de corrupción en el pasado régimen.

Opinó que dicha imputación no resulta relevante para presentar una denuncia constitucional, y opinó que toda acusación debe ser investigada a fondo, pues genera desconfianza innecesaria de la población hacia instituciones como la Contraloría.

“No me parece tan relevante para formar una comisión investigadora o presentar una acusación constitucional contra el contralor; se tiene que formular (una acusación) cuando los casos lo ameriten, y a mi parecer, no existen razones”, sostuvo.

“El contralor debe continuar su trabajo y no distraerlo con casos que, en mi opinión, son bastante menudos”, recalcó.

Indicó que acusaciones ligeras solo banalizan la lucha contra la corrupción, por lo que consideró que los parlamentarios no deben caer en acusaciones sin fondo u objetivos claros.

Un grupo de congresistas anunció la presentación de una acusación constitucional contra Khoury, por la supuesta contratación irregular de un asesor sin título profesional.

Sin embargo, legisladores de diversas bancadas coincidieron en que la acusación contra el contralor tendría la finalidad de “neutralizar” su labor de fiscalización, que ha puesto en evidencia supuestas irregularidades ocurridas en el quinquenio pasado.

Transparencia Internacional saluda decisión de Perú de fortalecer lucha anticorrupción

Lima, set. 08 (ANDINA). Transparencia Internacional saludó hoy la decisión del gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso de fortalecer la lucha contra la corrupción en Perú y ofreció su colaboración para aplicar estrategias exitosas en ese campo.

Alejandro Salas, director regional para las Américas de Transparencia Internacional. El director regional para las Américas de esa organización, Alejandro Salas, señaló que esa voluntad política debe ir acompañada por gestos y acciones, para asentar los ejes de trabajo que deberá aplicar frente a ese problema en los próximos cinco años de administración gubernamental.

“Hay que felicitar al gobierno de Ollanta Humala el que tenga esta intención y esa voluntad, y que lo haga público. Lo más importante es llevar esas palabras a la práctica, y esto implica varias cosas”, declaró a la Agencia Andina desde Berlín.

Mencionó que las instituciones vinculadas a la lucha contra la corrupción –como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Poder Judicial– deben gozar de los recursos necesarios y la autonomía requerida para actuar proactivamente.

La Sexta Encuesta Nacional sobre Corrupción de Proética, en 2010, reveló que el 51 por ciento de los peruanos considera los delitos de corrupción como el principal problema del país.

Salas añadió que la lucha anticorrupción no implica únicamente la aplicación de medidas represivas, sino dejar que las instituciones cumplan sus funciones en forma independiente y desligada del poder político coyuntural.

“También debe reconocerse que el trabajo anticorrupción no es cuestión de una sola persona, de una sola institución. (…) Para Transparencia Internacional es importante que la sociedad civil y el sector privado sean parte del diseño de estas políticas”, opinó.

Argumentó que ambos sectores deben tener esa participación porque no sólo los funcionarios del aparato público son los responsables de actos de corrupción, sino también las personas naturales y algunas compañías privadas.

El representante de Transparencia Internacional afirmó que la organización puede prestar colaboración en esa clase de políticas y programas de lucha contra la corrupción, a través de Proética, capítulo peruano de la institución.

“Podríamos ayudar mucho en términos de llevar experiencias en otros países, porque trabajamos en más de 100 naciones, y hay mucho de lo cual puede aprenderse y que no es necesario probar cosas que ya se han visto en otros ámbitos”, indicó.

De igual manera mencionó que Transparencia Internacional puede llevar la perspectiva de la sociedad civil, de cómo puede trabajarse en colaboración y de manera constructiva con el Gobierno y el sector privado.

El gobierno del presidente Ollanta Humala ha propuesto la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en agravio del Estado, la inhabilitación a perpetuidad de los funcionarios responsables de esos delitos y la supresión de las penas condicionales a los condenados por esos cargos, entre otras medidas.

Según estimaciones de la Contraloría General de la República, el Estado peruano pierde alrededor de 6,000 millones de nuevos soles cada año por la corrupción, cifra que representa entre el 10 y 15 por ciento de las compras y adquisiciones gubernamentales.

Cecilia Blondet: “Nos quedaría corta la cifra de casos de corrupción”

¿Cómo explica la condonación de la deuda a prestatarios del Banco de Materiales hecha al finalizar la gestión de Alan García?

Es muy extraño, el Banco de Materiales está lleno de irregularidades que hay que investigar.

¿Fue una medida política?

Más que una medida política, me parece que es la expresión de la ineficiencia, el mal funcionamiento y el desorden de la institución. No es de filantropía, tampoco es banca regular, pero está en el medio, sin la adecuada regulación ni los mecanismos de control necesarios. En este escenario, funcionarios irresponsables o interesados pueden actuar de manera discrecional.

¿Qué mecanismos de control garantizan la transparencia en el manejo de los fondos del Estado? Se anuncia una cartera de inversión de US$ 73 mil millones para los próximos 5 años.

Urgen dos medidas básicas: Transparencia, para garantizar su fiscalización; y de control gubernamental, político y social efectivo. Está mejorando la legislación para que la Contraloría tenga mejores herramientas de intervención pero no es suficiente. Los partidos deberían tener una función de control mas efectiva sobre sus militantes, aunque, claro, ¿hay partidos capaces de ejercer esta función? Es un pregunta pendiente de respuesta.

¿En qué sectores del Estado se detecta la mayor corrupción?

Nuestros Mapas de Riesgo muestran que hay riesgos de corrupción donde hay compras y adquisiciones de todo tipo; donde se ejecutan obras; y donde se contrata, se ubica o se reasigna personal, al margen del sector. Los maestros, enfermeras, médicos o policías que sirven en el Perú rural, por lo general, suelen estar ahí porque les faltó una “recomendación” o porque su jefe lo destacó por considerarlo incómodo.

¿Cuánto ha perdido el Estado por corrupción?

El contralor acaba de anunciar que el Estado ha perdido entre 2009 y 2010 S/. 68 millones por corrupción, y es muy posible que se haya quedado corto. Me parece una cantidad bajísima, pues representa el 0,03% del presupuesto modificado de esos años. Ojalá fuera cierto, pero se trata de resultados de las auditorías de casos emblemáticos de la CGR. ¿Qué pasa con los casos de corrupción que no son emblemáticos, que no se detectan o que no se denuncian? La encuesta de Proética 2010 muestra que la tasa de no denuncia llega al 92%. Por contraposición, la última estimación de la procuraduría ad hoc para el caso Fujimori-Montesinos (2010) arrojaba un desvío de fondos de hasta $ 6 mil millones. La brecha entre ambos datos es enorme.

La Contraloría ha detectado a 10 mil 659 funcionarios involucrados en actos irregulares entre enero de 2009 y julio del 2011. ¿Es una cifra alta o está dentro de los estándares de corrupción?

No hay estándares de corrupción. Es posible que el contralor nos sorprenda con una cifra mayor cuando sume a los casos emblemáticos presentados la acción regular de su institución. Son elocuentes los casos de Provías desapareciendo 198 cajas de documentos, del Banco de Materiales (Banmat) desapareciendo 5.000, y antes 26.000 carpetas de crédito; o del Ministerio de Salud desapareciendo 800 cajas con 41.000 expedientes, con la historia del paso de Garrido Lecca por el Ministerio. Y no hablemos de Foncodes, de Cofopri, o de Essalud, que sabe Dios cuántas sorpresas emblemáticas nos aguardan, si es que las llegamos a conocer.

Se dice que la corrupción está impregnada en el sistema…

Lo es según la encuesta realizada en el 2010. En comparación con ediciones anteriores, se nota una curva sostenida al alza en ese problema. Actualmente, supongo que la seguridad ciudadana estaría en el top de las preocupaciones.

¿Qué lleva al funcionario pedir y recibir la coima?

Hay innumerables variables, desde la necesidad de ganarse unos soles más, hasta el deseo de mostrarse poderoso (juez que pedía una bolsa de chifles, p.e.), pasando por el no querer quedarse atrás (si todos lo hacen…), la facilidad para hacerlo y que no pase nada hasta cuestiones de personalidad. Corruptos o pícaros siempre habrá, (y los ) procedimientos abigarrados y controles ineficientes aumentan los riesgos.

“Se tiene que chocar con gente poderosa”

¿La creación de la Procuraduría General Anticorrupción es una buena decisión?

La recomendación de Robert Klitgaard –uno de estos gurúes–es “fríe un pez gordo”, así que esta oficina estaría para eso. La corrupción de un director de UGEL, que trafica con plazas en sus escuelas, es distinta a, digamos, Comunicore, las concesiones petroleras o las exoneraciones tributarias, por lo tanto sí se justifica que haya una oficina de esta naturaleza.

¿Qué características debe reunir dicha procuraduría?

Autonomía, porque tiene que chocar con gente poderosa al más alto nivel, y profesionales con experiencia, bien capacitados y bien pagados. Requiere el apoyo presidencial y de Justicia, y que en el equipo haya fiscales y jueces anticorrupción calificados, con recursos e íntegros.

(Fuente: La República)

Proética pide reforzar competencias de Comisión de Alto Nivel Anticorrupción

Lima, ago. 31 (ANDINA). El Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética) pidió hoy reforzar las competencias de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) con la finalidad de impulsar la lucha contra este flagelo.

Cecilia Blondet. Foto: ANDINA/Archivo. La directora ejecutiva de Proética, Cecilia Blondet, dijo que la Comisión de Alto Nivel cumple una labor muy importante como coordinadora de la política anticorrupción con todas las entidades del Estado.

Sostuvo que ello no sólo debe continuarse, sino que tiene que ser reforzado con un rol más activo y nuevas competencias.

Añadió que debe reconocerse el liderazgo que el gobierno del presidente Ollanta Humala ha asumido en este tema y que se manifiesta en iniciativas como la creación de la procuraduría general anticorrupción.

“La acción anticorrupción demanda la coordinación de muchas instituciones, no es suficiente la sola actuación del Ejecutivo, por eso creo que hay que reforzar la Comisión de Alto Nivel, tener una secretaria técnica más proactiva, con mayores recursos (…) darle un rol más dinámico”, recalcó.

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción es un espacio de coordinación entre los poderes del Estado, organismos autónomos, gobiernos locales y regionales, y organizaciones de la sociedad civil, para unir esfuerzos y proponer políticas a mediano y largo plazo, a fin de prevenir y combatir la corrupción.

Actualmente es presidida por Gonzalo García Núñez, titular del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). La procuraduría única va a permitir centralizar y tener mayor efectividad en la acción.

La titular de Proética presentó esta mañana el Informe Global de la Corrupción sobre Cambio Climático, publicado por Transparencia Internacional.

Al respecto comentó que cada vez son mayores los fondos de la cooperación destinados al cambio climático en países como Perú, y el temor es que dichos recursos no sean bien utilizados por causa de la corrupción.

Mencionó que en el caso de Perú, el mayor problema es que “la institucionalidad ambiental está todavía inconclusa, es insuficiente”, lo que podría generar algún tema de corrupción.

Destacó, por ello, la importancia de que el Ministerio del Ambiente haya asumido el liderazgo, a fin de asegurar que la cooperación que llega al país para el cambio climático cumpla con los objetivos trazados.

Invocan no dejar impune la corrupción de años pasados

El Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética) pidió ayer no dejar impunes los actos de corrupción en los últimos años e instó al Gobierno asumir de manera activa la defensa del Estado, como parte afectada, a través de las procuradurías anticorrupción.

En un pronunciamiento, la asociación advierte que los escándalos de corrupción “que se han destapado en años recientes” no han sido sancionados apropiadamente.

“Para rebatir la sensación de impunidad, el nuevo gobierno debe mostrar una posición sin ambigüedades ante las denuncias, asumiendo activamente el rol de parte afectada a través de las procuradurías anticorrupción; pero a la vez respetando la autonomía de las instituciones en los ámbitos jurídico y administrativo”, refirió.

La posición de Proética se produce en momentos en que diversas bancadas legislativas han planteado formar una comisión investigadora de los presuntos casos de corrupción del gobierno aprista, que abarque temas como el llamado caso “petroaudios”, Forsur, Essalud, entre otros.

Proética afirmó que las instituciones encargadas de luchar contra la corrupción necesitan funcionar “como una maquinaria eficiente y armoniosa” y sugirió fortalecer la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, integrando en ella a la Contraloría General de la República.

También pidió que se plasme el ofrecimiento del Gobierno de legislar sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, en especial aquellos que tengan consecuencias mayores sobre la economía, la política, la institucionalidad o la sociedad peruana.

Inmunidad parlamentaria

Proética propuso, además, que se aplique con rigor y sin ambigüedades el artículo 16 del Reglamento del Congreso, el cual señala que la inmunidad parlamentaria no es válida para procesos judiciales previos a la elección de un congresista.

Sostuvo que eso es necesario para recuperar la legitimidad del Congreso, “duramente golpeado con constantes escándalos durante esta década”.

Responsabilidad

Consejo Nacional para la Ética Pública pidió a la alianza Gana Perú, como partido de gobierno, asumir su responsabilidad por las autoridades elegidas y funcionarios que, bajo su confianza, ingresen al aparato estatal, y comprometerse a investigar y sancionar a los que resulten involucrados en escándalos.

Planteó reducir los riesgos de corrupción, mediante la aplicación de la ley de transparencia, mejorar la calidad de la gestión de los recursos humanos, imponer un sistema eficiente y transparente de incentivos y sanciones, entre otras medidas.