Lima, set. 18 (ANDINA). La directora ejecutiva de Proética, Cecilia Blondet, consideró hoy “exagerado” anunciar una acusación constitucional contra el contralor Fuad Khoury por la supuesta contratación irregular de un asesor, en momentos en que investiga presuntos actos de corrupción en el pasado régimen.

Opinó que dicha imputación no resulta relevante para presentar una denuncia constitucional, y opinó que toda acusación debe ser investigada a fondo, pues genera desconfianza innecesaria de la población hacia instituciones como la Contraloría.

“No me parece tan relevante para formar una comisión investigadora o presentar una acusación constitucional contra el contralor; se tiene que formular (una acusación) cuando los casos lo ameriten, y a mi parecer, no existen razones”, sostuvo.

“El contralor debe continuar su trabajo y no distraerlo con casos que, en mi opinión, son bastante menudos”, recalcó.

Indicó que acusaciones ligeras solo banalizan la lucha contra la corrupción, por lo que consideró que los parlamentarios no deben caer en acusaciones sin fondo u objetivos claros.

Un grupo de congresistas anunció la presentación de una acusación constitucional contra Khoury, por la supuesta contratación irregular de un asesor sin título profesional.

Sin embargo, legisladores de diversas bancadas coincidieron en que la acusación contra el contralor tendría la finalidad de “neutralizar” su labor de fiscalización, que ha puesto en evidencia supuestas irregularidades ocurridas en el quinquenio pasado.

¿Cómo explica la condonación de la deuda a prestatarios del Banco de Materiales hecha al finalizar la gestión de Alan García?

Es muy extraño, el Banco de Materiales está lleno de irregularidades que hay que investigar.

¿Fue una medida política?

Más que una medida política, me parece que es la expresión de la ineficiencia, el mal funcionamiento y el desorden de la institución. No es de filantropía, tampoco es banca regular, pero está en el medio, sin la adecuada regulación ni los mecanismos de control necesarios. En este escenario, funcionarios irresponsables o interesados pueden actuar de manera discrecional.

¿Qué mecanismos de control garantizan la transparencia en el manejo de los fondos del Estado? Se anuncia una cartera de inversión de US$ 73 mil millones para los próximos 5 años.

Urgen dos medidas básicas: Transparencia, para garantizar su fiscalización; y de control gubernamental, político y social efectivo. Está mejorando la legislación para que la Contraloría tenga mejores herramientas de intervención pero no es suficiente. Los partidos deberían tener una función de control mas efectiva sobre sus militantes, aunque, claro, ¿hay partidos capaces de ejercer esta función? Es un pregunta pendiente de respuesta.

¿En qué sectores del Estado se detecta la mayor corrupción?

Nuestros Mapas de Riesgo muestran que hay riesgos de corrupción donde hay compras y adquisiciones de todo tipo; donde se ejecutan obras; y donde se contrata, se ubica o se reasigna personal, al margen del sector. Los maestros, enfermeras, médicos o policías que sirven en el Perú rural, por lo general, suelen estar ahí porque les faltó una “recomendación” o porque su jefe lo destacó por considerarlo incómodo.

¿Cuánto ha perdido el Estado por corrupción?

El contralor acaba de anunciar que el Estado ha perdido entre 2009 y 2010 S/. 68 millones por corrupción, y es muy posible que se haya quedado corto. Me parece una cantidad bajísima, pues representa el 0,03% del presupuesto modificado de esos años. Ojalá fuera cierto, pero se trata de resultados de las auditorías de casos emblemáticos de la CGR. ¿Qué pasa con los casos de corrupción que no son emblemáticos, que no se detectan o que no se denuncian? La encuesta de Proética 2010 muestra que la tasa de no denuncia llega al 92%. Por contraposición, la última estimación de la procuraduría ad hoc para el caso Fujimori-Montesinos (2010) arrojaba un desvío de fondos de hasta $ 6 mil millones. La brecha entre ambos datos es enorme.

La Contraloría ha detectado a 10 mil 659 funcionarios involucrados en actos irregulares entre enero de 2009 y julio del 2011. ¿Es una cifra alta o está dentro de los estándares de corrupción?

No hay estándares de corrupción. Es posible que el contralor nos sorprenda con una cifra mayor cuando sume a los casos emblemáticos presentados la acción regular de su institución. Son elocuentes los casos de Provías desapareciendo 198 cajas de documentos, del Banco de Materiales (Banmat) desapareciendo 5.000, y antes 26.000 carpetas de crédito; o del Ministerio de Salud desapareciendo 800 cajas con 41.000 expedientes, con la historia del paso de Garrido Lecca por el Ministerio. Y no hablemos de Foncodes, de Cofopri, o de Essalud, que sabe Dios cuántas sorpresas emblemáticas nos aguardan, si es que las llegamos a conocer.

Se dice que la corrupción está impregnada en el sistema…

Lo es según la encuesta realizada en el 2010. En comparación con ediciones anteriores, se nota una curva sostenida al alza en ese problema. Actualmente, supongo que la seguridad ciudadana estaría en el top de las preocupaciones.

¿Qué lleva al funcionario pedir y recibir la coima?

Hay innumerables variables, desde la necesidad de ganarse unos soles más, hasta el deseo de mostrarse poderoso (juez que pedía una bolsa de chifles, p.e.), pasando por el no querer quedarse atrás (si todos lo hacen…), la facilidad para hacerlo y que no pase nada hasta cuestiones de personalidad. Corruptos o pícaros siempre habrá, (y los ) procedimientos abigarrados y controles ineficientes aumentan los riesgos.

“Se tiene que chocar con gente poderosa”

¿La creación de la Procuraduría General Anticorrupción es una buena decisión?

La recomendación de Robert Klitgaard –uno de estos gurúes–es “fríe un pez gordo”, así que esta oficina estaría para eso. La corrupción de un director de UGEL, que trafica con plazas en sus escuelas, es distinta a, digamos, Comunicore, las concesiones petroleras o las exoneraciones tributarias, por lo tanto sí se justifica que haya una oficina de esta naturaleza.

¿Qué características debe reunir dicha procuraduría?

Autonomía, porque tiene que chocar con gente poderosa al más alto nivel, y profesionales con experiencia, bien capacitados y bien pagados. Requiere el apoyo presidencial y de Justicia, y que en el equipo haya fiscales y jueces anticorrupción calificados, con recursos e íntegros.

(Fuente: La República)

El Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética) pidió ayer no dejar impunes los actos de corrupción en los últimos años e instó al Gobierno asumir de manera activa la defensa del Estado, como parte afectada, a través de las procuradurías anticorrupción.

En un pronunciamiento, la asociación advierte que los escándalos de corrupción “que se han destapado en años recientes” no han sido sancionados apropiadamente.

“Para rebatir la sensación de impunidad, el nuevo gobierno debe mostrar una posición sin ambigüedades ante las denuncias, asumiendo activamente el rol de parte afectada a través de las procuradurías anticorrupción; pero a la vez respetando la autonomía de las instituciones en los ámbitos jurídico y administrativo”, refirió.

La posición de Proética se produce en momentos en que diversas bancadas legislativas han planteado formar una comisión investigadora de los presuntos casos de corrupción del gobierno aprista, que abarque temas como el llamado caso “petroaudios”, Forsur, Essalud, entre otros.

Proética afirmó que las instituciones encargadas de luchar contra la corrupción necesitan funcionar “como una maquinaria eficiente y armoniosa” y sugirió fortalecer la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, integrando en ella a la Contraloría General de la República.

También pidió que se plasme el ofrecimiento del Gobierno de legislar sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, en especial aquellos que tengan consecuencias mayores sobre la economía, la política, la institucionalidad o la sociedad peruana.

Inmunidad parlamentaria

Proética propuso, además, que se aplique con rigor y sin ambigüedades el artículo 16 del Reglamento del Congreso, el cual señala que la inmunidad parlamentaria no es válida para procesos judiciales previos a la elección de un congresista.

Sostuvo que eso es necesario para recuperar la legitimidad del Congreso, “duramente golpeado con constantes escándalos durante esta década”.

Responsabilidad

Consejo Nacional para la Ética Pública pidió a la alianza Gana Perú, como partido de gobierno, asumir su responsabilidad por las autoridades elegidas y funcionarios que, bajo su confianza, ingresen al aparato estatal, y comprometerse a investigar y sancionar a los que resulten involucrados en escándalos.

Planteó reducir los riesgos de corrupción, mediante la aplicación de la ley de transparencia, mejorar la calidad de la gestión de los recursos humanos, imponer un sistema eficiente y transparente de incentivos y sanciones, entre otras medidas.

La ciudadanía espera que el Presidente Ollanta Humala, en los primeros meses de su gobierno, reafirme el compromiso de lucha contra la corrupción que ha expresado y reiterado durante la campaña y demuestre la voluntad política y el liderazgo necesario para combatir los riesgos de corrupción en el Estado y recuperar la confianza de la población en la autoridad, en la ley y en la democracia. Medidas de impacto positivo pueden y deben ser tomadas en el corto plazo:

Combatir la impunidad

Los escándalos de corrupción que se han destapado en años recientes no se han sancionado apropiadamente. Para rebatir la sensación de impunidad el nuevo gobierno debe mostrar una posición sin ambigüedades ante las denuncias, asumiendo activamente el rol de parte afectada a través de las procuradurías anticorrupción, pero a la vez respetando la autonomía de las instituciones en los ámbitos jurídico y administrativo. Debe cumplirse con el ofrecimiento de legislar sobre la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción, particularmente aquellos que tengan consecuencias mayores sobre la economía, la política, la institucionalidad o la sociedad peruana.

Para recuperar la legitimidad del Parlamento, duramente golpeado con constantes escándalos durante esta década, debe aplicarse con rigor y sin ambigüedades el artículo 16 del Reglamento del Congreso, que señala que la inmunidad parlamentaria no es válida para procesos judiciales previos a la elección de un congresista. La alianza Gana Perú, como partido de gobierno, debe asumir su responsabilidad por las autoridades elegidas y funcionarios que, bajo su confianza, ingresen al aparato estatal, para lo cual debe comprometerse a investigar y sancionar orgánicamente a quienes resulten involucrados en escándalos en vez de protegerlos.

Ensamblar el sistema anticorrupción

Las instituciones encargadas de luchar contra la corrupción necesitan funcionar como una maquinaria eficiente y armoniosa para que haya éxito. En ese sentido se debe fortalecer la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción integrando en ella a la Contraloría General de la República, así como ratificando su existencia a través de una ley en la que se precise sus funciones de promover, coordinar y evaluar la política pública contra la corrupción en el país, respondiendo ante el Estado y la sociedad por su desempeño. Las entidades con competencias anticorrupción –particularmente las salas contra la corrupción del Poder Judicial, las Fiscalías especializadas anticorrupción, el sistema de procuradurías anticorrupción, la Policía Anticorrupción, la Contraloría General de la República, el Organismo Supervisor de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y la Unidad de Inteligencia Financiera—deben contar con los recursos y capacidades necesarias para cumplir con sus funciones y metas, combinándose esa mejora con un afinamiento de los propios mecanismos de control institucional al interior de ellas.

Reducir riesgos de corrupción

Las condiciones que permiten que se den actos de corrupción deben ser minimizadas. Para ello, principalmente: Debe fortalecerse la implementación de la ley de transparencia. Debe asegurarse que todos los ministerios cumplan al 100% con las previsiones establecidas en esa norma y su reglamento. De otro lado, debe evaluarse seriamente la creación de un organismo autónomo que sea responsable de garantizar el derecho al acceso a la información pública, con capacidad para sancionar a funcionarios, emitir recomendaciones vinculantes ante las entidades y procesar los conflictos en este campo, descargando al Poder Judicial. Con respecto al Servicio Civil, están pendientes de discusión y aprobación en el Congreso una serie de normas complementarias, pero clave, para mejorar la calidad de la gestión de los recursos humanos. Además, debe establecerse un sistema eficiente y transparente de incentivos y sanciones. Debe crearse perfiles de puestos y se debe capacitar y evaluar al personal en cuanto a ética pública. Los mecanismos existentes de participación ciudadana deben revisarse para estimular y facilitar la vigilancia de organizaciones sociales a las decisiones y gestión sobre los recursos públicos.

Prestar atención a la política social del Estado

El clientelismo y uso patrimonial del Estado en los sectores sociales redunda en una pésima calidad de servicios públicos y afecta la lucha contra la pobreza. Por ello, implementar las medidas señaladas con anterioridad con especial atención en este campo, y con peculiar dedicación en el próximo Ministerio de Inclusión Social, es una medida fundamental de lucha contra la corrupción, la pobreza y la exclusión en el Perú.

Lima, agosto 2011

Contacto: María Eugenia Esparza mesparza@proetica.org.pe / 446 8581 – 446 8943