Lima, abr. 27 (ANDINA). El Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética) presentará próximamente a los partidos políticos una declaración de compromiso en la lucha contra la corrupción, anunció la directora ejecutiva de esta organización, Cecilia Blondet.

Dijo que, de esta manera, se busca que la labor de control no recaiga exclusivamente en la Contraloría General de la República, sino también en las agrupaciones políticas, pues al final son sus representantes quienes resultan electos y manejan la cosa pública. “Estamos trabajando una propuesta de declaración para los partidos políticos, y busca que estos se comprometan en la lucha contra la corrupción, ya que sus representantes son los que tras las elecciones, ocupan los cargos a nivel del gobierno nacional, regional o local”, señaló.

Blondet señaló que, desafortunadamente, ha habido en los últimos tiempos un gran desinterés por el tema de la lucha contra corrupción y ello explica que la población “piense que nada va a cambiar”.

“La situación de los últimos años ha hecho que el desánimo sea parte constitutiva de la actitud de la población, y por eso consideramos necesario que los partidos se involucren más en el tema”, anotó. Refirió que en países como México los partidos están muy involucrados con el sistema de control y los resultados se aprecian “posteriormente al momento de las elecciones”.

Señaló que, con la suscripción de la declaración, la sociedad civil posteriormente podrá solicitar cuentas a las agrupaciones políticas, y decirles ante cualquier hecho irregular “esa es gente colocada por tu partido y debes sancionar al funcionario corrupto porque forma parte de tus filas”.

“Es momento que los partidos también asuman su responsabilidad sobre las personas que, una vez llegado al gobierno, son designadas para cumplir labores de Estado”, remarcó.

Lima, abr. 22 (ANDINA). La directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proteica), Cecilia Blondet, consideró hoy que urge resolver la situación de los jefes de órganos de control interno que, en número de 500, no pertenecen a la planilla de la Contraloría, sino que dependen de los entes a los que deben fiscalizar.

Sostuvo que esta situación es realmente crítica, ya que dichas oficinas de control “no tienen ninguna importancia” dentro de sus respectivas entidades, al punto que el “personal que se les asigna en muchos casos no está capacitado o no es profesional”, lo cual dificulta la labor anticorrupción. Según explicó, la realidad se torna dramática, pues por un lado quienes dependen de la Contraloría se manejan bajo una serie de normas y exigencias; mientras que los otros, “actúan por su cuenta y dependen de las personas a las que deben controlar”.

“La situación es muy delicada. Las oficinas de control no tienen local, o si lo tienen, es muy precario. La formación de personal es mediocre. No tienen recursos y en esas condiciones, su accionar es prácticamente nulo”, declaró a la agencia Andina. El contralor Genaro Matute informó en la víspera que de los 700 jefes de oficinas de control interno en todo el país, sólo 200 pertenecen a la planilla de su entidad, mientras 500 son pagados por las instituciones a las cuales controlan.

Blondet precisó que esos 500 jefes de oficinas de control se encuentran principalmente en los sectores educación y salud dependientes de los gobiernos regionales así como de los municipios. “El tema central es que el sistema nacional de control debería estar regido y controlado por la Contraloría y no lo está por aspectos presupuestales”, anotó. En ese sentido, instó al Gobierno central a disponer la partida presupuestal correspondiente para hacer frente a esta necesidad.

Mencionó que este es un problema que se arrastra desde la época del ex presidente Alberto Fujimori, en cuyo mandato la Contraloría inició un proceso de desinstitucionalización. “Además, es muy conocido que a las autoridades no les gusta el control. Entonces, mientras peor funcionan las oficinas de control, mejor es su situación porque podrán tomar decisiones y hacer lo que les da la gana, tendrán mucha mayor discrecionalidad. Si funciona bien el control, la discrecionalidad se reduce”, anotó.

Lima, ene. 08/2008 (ANDINA). El capítulo peruano de Transparencia Internacional, Proética, saludó hoy el fin de la controversia entre la Contraloría y la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), y consideró indispensable una clara delimitación de sus funciones para evitar controversias que afecten la lucha contra la corrupción. Sostuvo, en ese sentido, que los organismos jefaturados por Genaro Matute y Carolina Lizárraga, podrían llegar a un acuerdo para luchar contra la corrupción desde dos ámbitos complementarios: la prevención y la investigación.

Cecilia Blondet, directora de Proética, opinó que eso sería indispensable para evitar un conflicto de funciones, entre ambas instituciones, así como también con el Ministerio Público y el Poder Judicial. “Sin ánimo de fijarle una función a la Oficina Nacional Anticorrupción, creo que esta institución no debiera dedicarse a hacer investigación porque eso le corresponde a la Contraloría, que necesita reforzar ese lado del control previo”, manifestó

Consideró que el Contralor actuó correctamente a la hora de defender, preservar y definir las competencias de la Contraloría porque si ésta se deslegitima y se debilita el rol de investigación sobre hechos de corrupción. “Hay que tener claro el rol de cada quien. La Oficina Anticorrupción llega en un campo donde ya tenemos instituciones como la Contraloría”, remarcó al indicar que es necesario fortalecer a esta última, pues no tiene presencia suficiente en las regiones y provincias del interior del país.

Advirtió que si la ONA comienza a hacer también investigación entrará en conflicto con la Contraloría o el Poder Judicial y a ambas instituciones las necesitamos fortalecidas. “No hay nada peor para una institución que no tener funciones claras y un campo delimitado en el cual actuar (…) Necesitamos que ambas instituciones tengan sus funciones muy bien definidas”, expresó.

Chiclayo, nov. 08 (ANDINA).- La directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética), Cecilia Blondet, afirmó que existe voluntad de algunas autoridades del departamento de Lambayeque para luchar contra la corrupción.

Fue tras desarrollar en Chiclayo el taller “Fortaleciendo los Gobiernos Locales en la Lucha Anticorrupción” que se realizó en coordinación con el Gobierno Regional de Lambayeque, la Asociación de Exportadores (Adex), la Comisión Andina de Juristas y Transparencia. Blondet comentó que pueden presentarse en esta zona hechos de corrupción serios como el acontecido en el Municipio Provincial de Chiclayo que desencadenó el despido de tres funcionarios “pero hay gente que quiere luchar contra la corrupción”.

Aclaró que si bien en algunas localidades es mayor el grado de esta lucha, “la transparencia y rendición de cuentas es importante en los municipios y el gobierno regional, así como el portal web de transparencia”. Recordó que en la última encuesta de Proética, el 94 por ciento de población decía que no denunciaba nada porque nada cambiará.

Agregó que se debe ayudar a que las instituciones cambien y se fortalezcan, y que las autoridades sepan que están haciendo mal y ayudar para que los delitos se procesen y sancionen. De otro lado, el presidente regional de Lambayeque, Yehude Simon, expresó que en la lucha contra la corrupción es importante la transparencia.

Mencionó que en Lambayeque existe un buen grupo de burgomaestres que no presentan en la web su portal de transparencia pública, y reconoció el papel que juegan los medios de comunicación serios en “destapar” los hechos de corrupción que hay en algunas comunas e instituciones públicas.

Lima, nov. 08 (ANDINA).- “No existen argumentos para rechazar la propuesta que busca homologar en 90 por ciento el rendimiento de cuentas por gastos operativos en todo el sector público”, manifestó hoy la directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética), Cecilia Blondet.

“Puede ser complicado pero es necesario (…) Al comienzo puede resultar difícil porque muchas veces es difícil que a uno le den factura, pero en la medida que todos los funcionarios del Estado tengan la obligación de rendir cuentas, las personas que les prestan servicios se van a ver en la obligación de formalizarse para darle facturas y boletas”, detalló.

En ese sentido, dijo esperar que los funcionarios del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Congreso, no muestren objeciones a esa propuesta. “Ninguno puede decir que es más difícil rendir cuentas en su sector en comparación de otros. Yo creo que es una cuestión de voluntad y disciplina y la gente de cargos públicos tiene que acostumbrarse”, sentenció.

Blondet dijo que para evitar todo tipo de “pasiones políticas”, supuestas venganzas e intereses a la hora de elaborar la referida norma se debe convocar la participación y asesoría de expertos independientes del sector público. “Es bien importante que esa ley no la hagan ni los ministros, ni los congresistas, sino que lo haga un conjunto de expertos que no tienen intereses particulares en esta ley. Entonces así, no se verá como algo que está beneficiando a unos u a otros.

Recalcó que la participación del personal independiente garantía una buena ley, a favor de la reforma del Estado porque promueve la transparencia y el rendimiento de cuentas. “En la medida de que participen profesionales independientes tendremos una ley que no esté dada para perjudicar o fastidiar, sino para mejorar la transparencia y reducir los niveles de corrupción”, puntualizó.

Lima, oct. 22/Año 2007 (ANDINA)- La directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética), Cecilia Blondet, destacó hoy la designación de la jueza Carolina Lizárraga como jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción, y destacó su valentía y su alta preparación académica.

“Lizárraga está muy bien designada, es una decisión sumamente acertada. Creo que es una jueza muy preparada desde el punto de vista académico, y al mismo tiempo, es muy valiente, y se necesita ambos elementos para asumir este tipo responsabilidad”, declaró a la agencia Andina. Agregó que su papel debe centrarse en la coordinación de una estrategia contra la corrupción porque ya existen instituciones muy importantes, como el propio Poder Judicial y la Contraloría General de la República, que juegan un rol destacado en los últimos años.

Como representante de Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional, consideró que el papel de la jueza tendrá mayor importancia por su trabajo de coordinación, sin suplantar o duplicar la labor de los organismos ya existentes. “En la medida que se plantee su trabajo como el de una coordinadora de las instituciones del Estado que trabajan en la lucha contra la corrupción y diseña un plan para actuar, creo que va a cumplir una función muy importante”, precisó.

Por ese motivo, hizo hincapié en la estrecha colaboración que debe cultivar con la Contraloría General de la República para evitar duplicidad de funciones y esfuerzos que impidan obtener resultados positivos.

En ese sentido, rechazó el calificativo de “zarina anticorrupción” porque ese término la define como una sola persona encargada de tan importante trabajo. “Su independencia está garantizada mientras asuma su trabajo como parte de un equipo y no como ella sola. Si actúa como zarina, creo que allí está perdida porque ese nombre es lo más inconveniente posible y la aísla, poniéndola en una situación vulnerable”, comentó.

Blondet también consideró que Lizárraga debe darle “un espacio grande” a la sociedad civil y al periodismo porque son dos puntales para que las instituciones anticorrupción funcionen. Para ello, opinó que la Oficina Nacional Anticorrupción debe convocarlos permanentemente, haciendo convenios, teniendo reuniones de carácter consultivo, informando a la prensa, y siendo muy transparente con la información, sin poner en riesgo las investigaciones.

Sobre los cuestionamientos a la jueza por una supuesta parcialidad en el caso de las firmas falsificadas del partido Perú Posible, rechazó tales críticas al afirmar que en ese caso actuó de manera muy profesional y con mucha valentía. “Las decisiones de los jueces tiene que ver con el llamado tema de conciencia, y por eso muchas veces pueden haber diferentes opiniones, pero creo que eso no la invalida en lo más mínimo en su trabajo”, acotó.

* Nota originalmente publicada el 22 de octubre de 2007 en una versión anterior del portal de Proética. Fuente: Agencia Andina.

Lima, oct. 12 (ANDINA).- La Directora Ejecutiva de Proética, Cecilia Blondet, calificó de “positiva” la iniciativa que plantea la creación de la central única de adquisiciones estatales Perú Compras, y dijo que esta entidad deberá ser “autónoma y técnica”.

“Es importante que sea autónoma, muy técnica, como es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), que nadie se mete, ni la cuestiona y que tenga mecanismos absolutamente transparentes, donde uno pueda ver, a través de la computadora exactamente qué licitación se está haciendo”, detalló.

La funcionaria sostuvo que bajo el referido mecanismo “se puede ahorrar y ganar credibilidad”. A comienzos de la semana, el poder Ejecutivo envió al Congreso la iniciativa de ley que crea “Perú Compras”, que se encargará de la administración y ejecución de las grandes adquisiciones corporativas.

En otro momento, la representante de Proética, saludó el anuncio del presidente de la República, Alan García, de relanzar la Comisión Nacional contra la Corrupción, que se encargará de promover la ética y transparencia pública. “Coincido en que es muy importante que se retome el tema de la corrupción y que sea el presidente Alan García quien lidere la lucha contra este flagelo, más que un zar anticorrupción. Además, lo que necesitamos es una estrategia”, manifestó en Radio San Borja

En ese sentido, dijo esperar que la Comisión Nacional contra la Corrupción se active y mantenga vigencia lo más antes posible. “Yo siempre soy bien optimista respecto a este tipo de anuncios, pero la verdad es que ya me voy tirando varios contrasuelazos. Ojalá que esto no sea como lo del Pacto Social en la que nos llamaron, fuimos, tuvimos la mejor voluntad pero nunca más en la vida se volvió activar esa instancia”, explicó.

Finalmente, sostuvo que para luchar contra la corrupción, se debe fortalecer las instituciones, simplificar los trámites y centralizar las compras del Estado.

Berlín, jul. 13 (ANDINA).- El fallo inicial de la justicia chilena que rechaza la extradición del ex-presidente peruano Alberto Fujimori es un “serio golpe” a la lucha contra la impunidad y contra los esfuerzos por hacer que ex-gobernantes rindan cuentas ante la justicia, dijo Transparency International (TI).

Huguette Labelle, presidenta de TI, dijo que la resolución del juez Orlando Álvarez que desestima las acusaciones contra el ex mandatario por corrupción y abusos contra los derechos humanos, significa que Fujimori “está un paso mas cerca de evadir el juicio” en el Perú. “El fallo inicial (de Alvarez) contra la extradición de Fujimori constituye un serio revés a los esfuerzos por erradicar la impunidad”, declaró hoy la titular de esta organización no gubernamental con sede en Berlín.

Según Labelle, aunque la última palabra en el caso Fujimori la pronunciará la Corte Suprema chilena, la primera decisión del magistrado Alvarez en contra de la extradición aumenta las probabilidades de que Fujimori evite un juicio en su país. ‘La simple idea de que un líder pueda abandonar sin más el país donde es acusado de robar millones y cometer atrocidades atenta contra el concepto básico de justicia y resulta cuanto menos chocante’, subrayó.

Labelle apeló por ello a la Corte Suprema chilena a considerar la ‘muy serias alegaciones’ hechas contra Fujimori y las numerosas evidencias presentadas contra él para que éste pueda hacer frente a las mismas en un tribunal peruano. “Fujimori debe responder a estos alegatos y la corte chilena debe otorgar al Perú la oportunidad de enjuiciarlo”, dijo por su parte Cecilia Blondet, Directora Ejecutiva de Proética, el capítulo nacional de TI en Perú.

Durante la pasada Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC por sus siglas en inglés), en el 2006, los más de 1.300 asistentes, de alrededor de 130 países aprobaron de forma unánime una moción que urgió a la corte chilena a que de el último paso en el debido proceso de extradición y regrese al ex-presidente al Perú.

Esta moción hizo eco a la voz del pueblo peruano que exige el regreso de Fujimori, no para elecciones sino para enfrentar a la justicia.